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Las empresas en su captura del sector sanitario público

Fecha de Publicacion : 24/10/2016
Fuente :http://www.bez.es/622403928/empresas-captura-sector-sanitario-publico.html

Autor: Luisa Lores

La Ley General de Sanidad (LGS) de Ernest Lluch sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal y de gestión pública, con profesionales formados en universidades públicas, y a los que se les exigía la dedicación exclusiva para evitar interferencias en su práctica clínica. La atención sanitaria ya no se basa únicamente en decisiones unipersonales, y comienzan a importar las opiniones de los pacientes.

La sanidad privada no puede competir con un Sistema Nacional de Salud (SNS) en ascenso, y las empresas forman lobbies o grupos de presión, con el objetivo de debilitarlo. Tan solo cinco años después de la aprobación de la LGS, en 1990, el Gobierno encarga el Informe Abril, que supone un enorme misil en la línea de flotación del SNS, al tratar de implantar los copagos y la provisión privada de la asistencia sanitaria pública.

El revuelo generado transformó el misil en miles de proyectiles, que fueron agujereando el sistema por todos los flancos:

- Generación de listas de espera en el sistema público para incrementar la derivación a los centros privados.

- Incumplimiento de la ley de incompatibilidades, permitiendo a los centros privados disponer de los profesionales del sector público.

- Campañas de desprestigio de los empleados públicos, recorte de plantillas y de salarios y externalización de servicios.

- Fragmentación y debilitamiento de la Administración pública mediante la creación de una maraña de entes públicos de derecho privado para gestionar la sanidad, con el supuesto objetivo de mejorar su eficiencia.

- Construcción de hospitales con el modelo PFI, de financiación privada, con la disculpa de la escasez de fondos públicos, debido a las amnistías fiscales y rescates bancarios, aunque hayan salido mucho más caros o hayan sido rescatados con fondos públicos y devueltos a las mismas empresas.

Esta contrarreforma se acentúa con el Gobierno de Rajoy. Su ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, dota de personalidad jurídica propia a la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia (CNMC) y la hace aún más ineficaz a la hora de detectar cualquier vulneración de la libre competencia en varios supuestos:

- En las adjudicaciones mediante bajas temerarias, contratos negociados sin publicidad, mediante figuras como el socio tecnológico o la “compra pública innovadora", o a empresas vinculadas al capital riesgo, con sede en paraísos fiscales.

- Cesión de los hospitales gestionados por las cajas de ahorros que habían sido previamente rescatadas con miles de millones de euros de dinero público.

- Persistencia en el tiempo de la gestión de servicios públicos por parte de empresas investigadas en tramas corruptas, como las grandes constructoras de los hospitales PFI (Gürtel, papeles de Bárcenas), la gestión de la HC electrónica y de la Receta electrónica por parte de Indra (trama Púnica), Centros de salud de Galicia a Cofely (trama Púnica), servicios no sanitarios a Acciona (desfalco de 147 millones de euros en la empresa pública Aragonesa Plaza).

- La fusión de múltiples empresas sanitarias privadas para formar oligopolios

Los principales gestores de la sanidad pública son:

Ribera Salud

Empresa vinculada al PP; creada por Zaplana para la gestión privada del hospital de Alzira, junto a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) y Bancaja. Posteriormente, los otros hospitales y servicios sanitarios públicos privatizados en la Comunidad valenciana también fueron adjudicados a Ribera Salud.

El rescate de la CAM costó 10.750 millones de euros y el de Bankia, cuyo mayor agujero negro era Bancaja, 22.000 millones de euros, sin embargo, el Gobierno no exigió la devolución de los hospitales y servicios sanitarios que gestionaban las cajas nacionalizadas. Los cinco hospitales valencianos, el Erescanner de Valencia y el Laboratorio Central de Madrid, acabaron en manos del banco Sabadell y de la empresa estadounidense Centene Corporation a cambio de 60 millones de euros, menos de lo que costó un único hospital. Un nuevo esquilme a las arcas públicas de la Comunidad Valenciana y una nueva afrenta a los valencianos, cuya asistencia queda en manos de una empresa de EE.UU, el país cuya sanidad es considerada la más ineficiente del mundo, con antecedente poco recomendables, como haber dejado sin cobertura a miles de asegurados, al no considerarlos rentables.

Quirónsalud

Su origen se remonta a IDC (Ibérica de Diagnóstico Cirugía), que nace en una pequeña clínica de Albacete y crece gracias a las listas de espera de la sanidad pública, con la colaboración de un ex alto cargo experto en conciertos públicos.

Con Ruiz Gallardón como presidente e Ignacio Echániz como consejero, Capio logra la gestión de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la joya de la corona. Posteriormente, Echániz vuelve de consejero a la Castilla-La Mancha de Cospedal, para privatizar sus hospitales.

EE.UU es el país cuya sanidad es considerada la más ineficiente del mundo, con antecedente poco recomendables, como haber dejado sin cobertura a miles de asegurados, al no considerarlos rentables

Capio, perteneciente al fondo de capital riesgo CVC y con sede en paraísos fiscales, se hace con otros hospitales públicos y privados de Madrid, el Hospital General de Cataluña, 300 centros de prevención de riesgos laborales y los grupos privados Quirón, USP, Ruber, la clínica Dexeus, y el Centro Tecknon.

Tras constituir este fuerte oligopolio sanitario, Quirónsalud fue vendida a Helios-Fresenios, por 5.760 millones de euros, empresa farmacéutica (cuyos principales nichos de negocio son la insuficiencia renal, la donación y el procesamiento de sangre, la nutrición enteral y los tratamientos oncológicos) y empresa de gestión hospitalaria, con 60 hospitales solo en Alemania y ahora con 43 hospitales en España.

Fresenius ha reconocido que solo con el concierto de los cinco hospitales de la Comunidad de Madrid y del Hospital General de Cataluña ingresará anualmente más de 800 millones de euros desde las arcas públicas. También reconoce el enorme negocio que supone la captación de los pacientes que deseen tratarse en sus centros, gracias a las listas de espera creadas con los recortes en el sistema público, al decreto madrileño de libre elección de hospital, y a la derivación de pacientes a través de los call center.

La Iglesia católica

Es una gran impulsora de la privatización sanitaria en España, ya que tiene fuertes intereses en la sanidad pública. Dispone de cerca de 11.000 camas hospitalarias, de las que 7000 pertenecen a la Orden Hospitalaria san Juan de Dios (OHSJD), el mayor grupo hospitalario privado de España.

La Iglesia católica tiene una gran presencia en la docencia de los profesionales del SNS, para influir sobre la ideología de médicos y enfermeras. Es propietaria de La Universidad de Navarra, de la escuela de negocios IESE y del Hospital Clínico de Navarra (Opus Dei), de la universidad de Deusto, la escuela de negocios ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas y la escuela de negocios ICADE (Jesuitas), y de la Universidad Francisco de Vitoria, de los legionarios de cristo, vinculada a la AECC, organización privada, levantada con miles de voluntarios pero controlada por el gran poder, que influye en exceso en la atención a las personas con cáncer, exigiendo la implantación del cribado de cáncer de colon o la ampliación del cribado del cáncer de mama, a pesar de no disponer de aval científico que respalde sus recomendaciones. Su programa Lazo Rosa contra el cáncer está patrocinado por Ausonia, empresa vinculada a la industria farmacéutica.
La Iglesia católica tiene una gran presencia en la docencia de los profesionales del SNS, para influir sobre la ideología de médicos y enfermeras

Los hospitales del SNS disponen de sacerdotes católicos pagados con dinero público, que suponen alrededor de 15 millones de euros anuales.

Las asociaciones de cuidados paliativos y los consejos de bioética también tienen una fuerte presencia católica, a pesar de su principio ideológico de que “con el sufrimiento se llega a Dios” y de su posición contraria al derecho al aborto y al derecho a una muerte digna.

Debemos recordar que la OHSJD, presente en el patronato de la farmacéutica Grifols, fue la principal beneficiaria de la privatización de la atención a los pacientes terminales en la comunidad madrileña, tras el caso Leganés.

La OHSJD también controla, junto a la familia Ferrer, la fundación Vicente Ferrer, que curiosamente es la que selecciona las investigaciones biomédicas que serán financiadas, mediante los premios Severo Ochoa.

La Caixa

La Caixa tiene fuerte presencia en la sanidad pública y en la investigación biomédica en Cataluña a pesar de ser propietaria de Adeslas y de la aseguradora Mutua Madrileña. Esta aseguradora privada ha fichado al presidente de la Organización nacional de Trasplantes para presidir su comité científico

El Gobierno ha aprobado recientemente una gran investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, que recogerá muestras genéticas de 4.000 pacientes españoles, y que será realizada por La Caixa y Grifols, a pesar de que es precisamente la enfermedad de Alzheimer uno de los principales nichos de negocios a los que aspira Grifols.

La Caixa también forma parte de la fundación Josep carreras para la leucemia, junto a los laboratorios Roche, Janssen y Esteve, a pesar de que esta fundación gestiona la lista de donantes de Médula Ósea.

Negocios por encima de las necesidades de la población

Con la disculpa de la crisis económica, se han recortado profesionales, se han desmantelado los servicios estratégicos del SNS, y grandes hospitales y servicios sanitarios públicos han sido vendidos a multinacionales extranjeras, fondos de inversión y empresas imputadas, a precio de saldo, situando a la sanidad privada en una posición de fuerza a la hora de imponer sus políticas. La vinculación de estas empresas a los laboratorios farmacéuticos priorizará las enfermedades de su interés y los tratamientos que les aportan mayores beneficios, por encima de las necesidades de la población.

Es urgente y posible, gracias a las maniobras ilegítimas que cuestionan la legalidad de las privatizaciones, reintegrar los centros y servicios desgajados, recomponer nuestro Sistema Sanitario Público y refundar el SNS, universal, público, gratuito, transparente y de calidad, a salvo de grupos de presión o de cualquier influencia externa que pretenda reorientar la práctica clínica hacía sus intereses, por encima de la seguridad y de la salud de la población.

Luisa Lores es especialista en Radiología Médica y forma parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública



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