FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Combatir el cáncer infantil

Fecha de Publicacion : 16/02/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/combatir-cancer-infantil/20170216083921136769.html
Autor: Luisa Lores

Existe una enorme diferencia entre la sanidad pública, cuyo objetivo es la salud, y la sanidad privada, cuyo objetivo es la enfermedad.

     El pasado día15 de febrero se celebró el día mundial contra el cáncer infantil. Nadie se opuso a semejante evento, ya que cada año se diagnostican en España 1400 dolorosos casos de cáncer en niños menores de 14 años.


     Las peticiones para incrementar los fondos de la investigación centraron las declaraciones del día del cáncer infantil, incluso con la solicitud de una nueva casilla en la declaración de la renta para este fin. Sin embargo, un SNS público debe tener un sistema de financiación público y finalista, tanto para la asistencia como para la docencia e investigación. Depender de las donaciones privadas o del número de personas que marquen determinada casilla condicionaría aún más la continuidad y la autonomía de la investigación biomédica.

     Por otra parte, según la OMS, el sobrepeso, la ingesta reducida de frutas y verduras, la falta de actividad física, y el consumo de tabaco y de alcohol son responsables de la tercera parte de todas las muertes por cáncer. Además este organismo internacional reconoce que tanto el humo de los tubos de escape de los motores Diesel como la exposición a las radiaciones ionizantes causan cáncer en humanos.

     Si esto ocurre en los adultos de hoy, expuestos desde edades más tardías a la comida basura y a niveles elevados de contaminación y radiación, nadie sabe que podrá ocurrir con nuestros hijos en el futuro.

     Es necesaria una buena dosis de voluntad política para combatir el cáncer infantil. Se trata de disminuir la pobreza y mejorar la alimentación y los hábitos de vida de los niños (aunque suponga enfrentarse a la industria alimentaria). Ampliar la ley antitabaco (aunque suponga disminuir los beneficios de la industria tabaquera). Reducir las emisiones de los vehículos a motor e incrementar el transporte público y la peatonalización (aunque suponga mermar los beneficios de la industria automovilística y energética), y controlar las dosis de radiación y evitar los estudios innecesarios de TAC y PET-TAC (aunque con ello disminuyan los beneficios de la industria tecnológica).

     Pero grandes multinacionales y empresas privadas patrocinan las asociaciones científicas, las asociaciones de pacientes, la AECC, los institutos de investigación, los medios de comunicación y los organismos reguladores, y han infiltrado el SNS.  Su objetivo es la innovación tecnológica y la creación de nuevas y jugosas patentes, aunque sus resultados en salud estén en cuestión.

     Con su marketing tratan de confundir a profesionales y pacientes.

     La 1ª confusión intencionada pretende identificar la investigación con el desarrollo de nuevos fármacos y tecnologías para diagnosticar y tratar a los pacientes con cáncer, obviando la investigación epidemiológica, que trata de detectar las causas que provocan cáncer en las distintas áreas geográficas y grupos poblacionales. Esto da lugar a un grave desconocimiento de la situación del cáncer en España.

     La 2ª confusión intencionada es identificar la prevención del cáncer con la realización de costosas y polémicas campañas de cribado poblacional, uno de los mayores negocios sanitarios emergentes, obviando la prevención primaria, que trata de combatir las causas que originan la enfermedad, lo que incrementa año a año la incidencia de esta enfermedad.

     Para combatir el cáncer no es necesario colgarnos un lazo rosa, dedicarle varias fechas del calendario y tratar reiteradamente el tema en cada medio de comunicación de masas, con el fin de recordarnos día tras día la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Es necesario combatir la pobreza y la obesidad infantil, eliminar las máquinas expendedoras de comida basura de centros educativos, organismos públicos y hospitales, y sustituirlas por los productos de nuestra dieta mediterránea, poner los medios para que nuestros hijos respiren un aire más puro, e implantar la cartilla dosimétrica para controlar las dosis de radiación impartida en los centros sanitarios públicos y privados, especialmente a la población infantil.

     Existe una enorme diferencia entre la sanidad pública, cuyo objetivo es la salud, y la sanidad privada, cuyo objetivo es la enfermedad.

     Solo una sanidad pública y una investigación pública potente e independiente de la industria nos permitirán detectar y combatir las causas del cáncer y proteger la salud de nuestros hijos.

Amenazas para la Sanidad Pública

Fecha de Publicacion : 06/02/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/opinion/marciano-sanchez-bayle/amenazas-sanidad-publica/20170206130300136414.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle

    Cuando se analizan los problemas que tiene planteados la Sanidad Pública con frecuencia nos equivocamos poniendo el foco en aspectos que  aun siendo importantes no son las principales causas de los mismos y que suelen usarse como verdaderas “cortinas de humo” para encubrir los temas cruciales. Eso suele suceder con el envejecimiento de la población que siempre se utiliza como un poderoso argumento para justificar la supuesta “insostenibilidad” del sistema sanitario, cuando en realidad lo que se conoce es que el envejecimiento no es quien incrementa principalmente el gasto y la demanda sanitaria, sino la innecesaria sobreutilización de la tecnología.

    Las verdaderas amenazas para la Sanidad Pública están situadas en otros problemas, en gran parte creados por las políticas sanitarias desarrolladas y las presiones de la industria tecnológicas del sector, resumiéndolos serian las siguientes:

    Privatización y mercantilización. La Sanidad Pública es el resultado del esfuerzo solidario de las personas más sanas y con más recursos con aquellas que son más pobres y tienen más problemas de salud. El ejercicio del derecho a la protección de la salud rompe con los criterios mercantiles que priman la demanda económicamente solvente por encima de la necesidad y la provisión privada antepone los intereses económicos de las empresas por encima de la resolución de los problemas de salud de la población.

    Nuestro sistema sanitario ha tenido una deriva privatizadora desde mediados de los años 90 del siglo pasado que ha sido distinta en intensidad según las CCAA y que he tenido un recrudecimiento a partir de 2011 lo que ha supuesto importantes sobrecostes de la asistencia sanitaria y numerosos problemas asistenciales, así como un aumento de las inequidades. Por eso uno de las primeras cuestiones que hay que afrontar es acabar con la deriva mercantilista y privatizadora del sistema sanitario reforzando el sector público, recuperando lo privatizado y anteponiendo el derecho de la población a una atención sanitaria de calidad a los intereses del mercado.

    Recortes y subfinanciación. El segundo problema tiene que ver con la subfinanciación crónica de nuestro sistema sanitario que se ha visto seriamente agravada por los recortes impuestos por el gobierno con la excusa de la crisis, y que se pretende continuar de acuerdo con los memorándum enviados por el este a la UE que plantean que en 2018 el gasto sanitario público sea el 5,3% del PIB (era el 6,5% en 2009) lo que nos situaría casi a 2 puntos del promedio de gasto sanitario público de la UE.  El daño que han producido los recortes ha sido especialmente intenso, primero porque se trataba de un sistema sanitario subfinanciado con presupuestos crónicamente por debajo del gasto real, y luego porque se han realizado de manera indiscriminada provocando verdaderos desastres asistenciales.

    Hay que ser conscientes de que esta política de subfinanciación / recortes esta incardinada en el horizonte de la privatización del sistema sanitario, tal y como señalaba una viñeta de El Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”. Si la Sanidad Pública empeora notablemente lo más probable es que aquellas personas que puedan costeárselo busquen en el sector privado la alternativa a sus problemas asistenciales, y de alguna manera los recortes y el subsiguiente deterioro del sistema público (listas de espera, etc) sirven como incentivo y promoción del sector privado de provisión y aseguramiento, lo que aumenta los costes del sistema sanitario en su conjunto, empeora la calidad de la asistencia e incrementa las desigualdades y la inequidad de cara a la atención sanitaria.

    Por lo tanto es necesaria una financiación suficiente de la Sanidad Pública para permitirle afrontar con éxito las necesidades asistenciales de la población, y además establecer un adecuado sistema de financiación que acabe con la tremenda dispersión de financiación per capita entre las CCAA, lo que debe pasar por una financiación finalista para el sistema sanitario público.

    Sobreutilización tecnológica y encarnizamiento terapéutico. La tercera amenaza, que suele pasar desapercibida pero que es muy importante proviene del uso inapropiado y abusivo de la tecnología médica (incluyendo de manera relevante los medicamentos). Desde hace tiempo se viene señalando que aproximadamente el 30% de la utilización de los medios tecnológicos para el diagnostico se usan de manera inapropiada y a veces incluso con serios riesgos para la salud (la relación entre el TAC y el cáncer ha sido bien establecida). Esta situación se amplifica en el caso de los medicamentos que frecuentemente se utilizan sin una clara indicación y con más riesgos que beneficios potenciales para la salud (España es uno de los países de la UE con mayor utilización de antibióticos per capita, por lo que también nos situamos a cabeza en porcentaje de resistencias bacterianas, y también el país de la UE con mayor consumo per capita de antiúlcerosos, 1,68 veces más que el promedio de la UE-17) y además hay que tener en cuenta los precios desorbitados de los nuevos medicamentos protegidos por las patentes y situación de monopolio (un buen ejemplo es el Sofosbuvir contra la hepatitis B), la promoción de la denominadas “terapéuticas personalizadas” de inciertos resultados pero de precios exorbitantes, a lo que se suma la actitud del Ministerio de Sanidad que apuesta claramente por favorecer los intereses de la industria farmacéutica por encima del interés general (en un entorno en el que como ya se ha señalado la tendencia es a disminuir el presupuesto sanitario público en relación con el PIB se le garantiza a Farmaindustria un crecimiento de gasto paralelo al aumento del PIB). Todo ello agravado por la continuada intervención de la industria en la “formación” de los profesionales y sus agresivas políticas de marketing que últimamente también se dirigen hacia las asociaciones de enfermos.

    El encarnizamiento terapéutico es un complemento y en parte una de las causas de esta inapropiada utilización tecnológica. Hace tiempo se conoce que aproximadamente el 80% del consumo sanitario de una persona se produce el último año de su vida lo que pone en evidencia que frecuentemente se utilizan exploraciones y tratamientos innecesarios en personas con problemas de salud que prácticamente carecen de probabilidades de mejoría.  Ahí intervienen muchos factores que van desde una cultura médica que considera la muerte como un fracaso profesional hasta la creación de falsas expectativas en muchos tratamientos (los nuevos productos contra el cáncer solo han logrado un aumento de 2,1 meses de la supervivencia), y la lógica negación de los pacientes y sus familiares ante situaciones muy negativas.

    Afrontar estas tendencias es tan necesario como complicado, tanto por las interferencias de las multinacionales de la tecnología, como porque precisan de un cambio en la cultura profesional, y porque el uso apropiado de las tecnologías puede ser entendida equivocadamente como una actuación más en un entorno de recortes económicos. No obstante, se trata de un tema crucial para la sostenibilidad del sistema sanitario público y por lo tanto debe ser abordado con urgencia limitando las prácticas abusivas de la industria (patentes, precios, etc), promocionando la medicina basada en la evidencia científica y desmedicalizando la vida y la muerte.

    Incoordinación.  Cuando ya ha pasado un tiempo suficiente desde que se finalizaron las transferencias a las CCAA (2001) puede asegurarse que la descentralización del sistema sanitario en las CCAA aunque ha tenido indudables efectos positivos ha llevado aparejada una descoordinación del sistema sanitario en su conjunto, de manera que se ha llegado a decir, un tanto exageradamente que hay 17 sistemas sanitarios distintos. Es por lo tanto importante el establecer sistemas eficaces de coordinación, objetivos comunes del Sistema Nacional de Salud (el Plan Integrado de Salud, pendiente nada menos que desde 1986 cuando se aprobó la Ley General de Sanidad) y una financiación finalista que acabe con las escandalosas diferencias presupuestarias actuales.

    Olvido de la Atención Primaria.  El desarrollo de la Atención Primaria (AP) ha sido una de las grandes mejoras de nuestro sistema sanitario y debería ser capaz de resolver el 90% de los problemas de salud de la población, sin embargo ha sido sistemáticamente olvidada en los últimos años, disminuyendo sus recursos profesionales y su capacidad de resolución con la excusa de la crisis a pesar de que es precisamente la que puede dar una respuesta más eficiente a las necesidades asistenciales de la población. Un buen ejemplo son los planes de crónicos donde se intenta promocionar la tecnología, que en muchos caso no saben utilizar los pacientes, en detrimento de la atención domiciliaria (conviene recordar que España es el país de la UE con menor número de profesionales de enfermería por habitante). Fomentar la AP es fundamental para mejorar la asistencia sanitaria de una manera eficiente y también para desarrollar labores de prevención y promoción que están prácticamente abandonadas.

    Abandono de la Salud Pública. La Salud Pública está siendo progresivamente abandonada y en ella se han cebado los recortes económicos (- 17,09%) en estos últimos años, cuando precisamente una gran parte de las patologías prevalentes y precisamente las que provocan mayores costes para el sistema sanitario deben de abordarse desde la promoción, la prevención y el estudio y control de los determinantes de salud.

    Desatención de los profesionales. Los profesionales, los trabajadores sanitarios, son una de las calves para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública, y aunque las declaraciones oficiales siempre suelen enfatizarlo, la realidad es que la actuación de las administraciones públicas lo ha olvidado sistemáticamente y es mas ha actuado con evidente desprecio y maltrato hacia los mismos. El cambio es urgente, habría que favorecer el compromiso profesional con el sistema sanitario mediante una adecuación de los salarios, de los sistemas de provisión de plazas, fomento de la dedicación exclusiva, sistemas de formación continuada públicos, etc.
    
    Ausencia de participación. La participación social y profesional es el gran ausente de la Sanidad Pública, aunque su conveniencia este siempre presente en todas las leyes y declaraciones de las administraciones sanitarias. Se necesita un sistema de participación de ciudadanos y profesionales que tenga capacidad real para intervenir y controlar en la gestión y funcionamiento de la Sanidad Pública, aparte de porque sea una necesidad democrática, porque es imprescindible para mejorar la corresponsabilidad, la eficacia y la eficiencia, en los procesos de atención a la salud.

    Como es lógico estas amenazas no son las únicas que tiene nuestro sistema sanitario, pero si las que precisan unas respuestas más rápidas y contundentes. Por suerte en los últimos años se está produciendo una importante respuesta social y profesional concretada en grandes movilizaciones que cuestionan la deriva de recortes y privatizaciones de la Sanidad Pública y que han conseguido algunos éxitos, se trata de continuar avanzando para garantizar una Sanidad Pública, universal, de calidad, eficaz y eficiente que garantice el acceso al derecho a la salud.

La actuación contra el cáncer debe centrarse en la atención primaria, en la prevención y en la salud pública

Fecha de Publicacion : 02/02/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/salud/actuacion-cancer-debe-centrarse-atencion-primaria-prevencion-salud-publica/20170202113135136276.html
Autor: Fadsp

La Sociedad Española de Oncología Médica ha elaborado un informe que demuestra que el cáncer en España ha aumentado más de lo previsto, sobrepasando ampliamente las estimaciones hechas para 2020. Ante esta información desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública quieren comunicar que:

1.- El cáncer, especialmente los más frecuentes como el de colon, pulmón, mama o vejiga, tienen una estrecha relación con los estilos de vida (tabaquismo, consumo de alcohol, alimentación o el ejercicio físico) y la contaminación ambiental. Para modificar estos determinantes es esencial llevar a cabo actividades de promoción y prevención de salud, en los que la educación e información sanitaria de la población son fundamentales.

2.- La Atención Primaria es esencial para llevar a cabo estas actividades. La promoción y la prevención son parte fundamental de este nivel asistencial. Pese a ello en los últimos años, con el subterfugio de la crisis, ha sufrido importantes recortes, muy superiores a los hospitalarios. Así mientras en el año 2014 el gasto hospitalario creció un 3,02 % el gasto en Atención Primaria decreció un 12% y el de salud pública a un 17,08%.

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Fuente: Ministerio de Sanidad

3.- Como consecuencia la participación de la AP en los prepuestos sanitarios ha quedado reducida al 14% del gasto sanitario total, muy por debajo del 25% establecido por el propio Ministerio de Sanidad en la Estrategia AP21. Para alcanzar estos ahorros los servicios sanitarios han recurrido a recortar de plantillas por lo que actualmente el 52,5%  por ciento de los cupos de médicos de Familia estén masificados con más de 1.500 tarjetas (las organizaciones profesionales establecen una ratio de 1.250) y obliga a cada facultativo/a a atender entre 40 y 50 paciente al día. Si tenemos en cuenta que las actividades burocráticas absorben el 30% del trabajo médico en AP, estas no tienen apenas tiempo para desarrollar las actividades de información, educación o trabajo comunitario, necesarias para intervenir sobre los hábitos de vida o los riesgos medioambientales que generan los principales casos de cáncer.

4.- La política del Gobierno de Rajoy está orientada a privatizar el sistema implantando la competencia y el mercado en sanidad, ya que considera la salud como una mercancía más. El negocio sanitario está unido a la atención hospitalaria, al uso intensivo de las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas y al consumo de medicamentos (cuanto más costosos mejor), en lo que no tiene cabida la promoción y prevención al ser actividades difícilmente comercializables.

5.- La creación de las Gerencias Integradas de Área supuso la desaparición de las gerencias de Atención Primaria (AP) absorbidas y sometidas a los hospitales. Como consecuencia la AP ha quedado relegada a controlar la puerta de entrada de los mismos y los llamados Procesos Asistenciales.

6.- La gran mayoría de las estrategias contra el cáncer se basan en el diagnóstico temprano como los screenig del cáncer de mama, colon, próstata, pulmón; a la utilización masiva de los nuevos instrumentos diagnósticos (TAC multicortes, Resonancias Magnéticas, mamografías, gammagrafías, aceleradores, etc); o a costosos tratamientos que suponen ya el 12,3% del gasto hospitalario sin que hayan incrementado significativamente la supervivencia de los enfermos. Los nuevos fármacos biológicos (que modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis y que están solo al alcance económico de unos pocos, según la propia industria farmacéutica) absorben ya el 40-50% del gasto farmacéutico hospitalario (entre 1.800 y 2.250 millones de euros cuando hace apenas 10 años  su gasto era nulo). En esta estrategia están implicados responsables políticos de la administración, el complejo de la industria farmacéutica y de equipamientos, las grandes corporaciones  tecnológicas y los fondos de inversión internacional, para los que el cáncer es una evidente fuente de negocio.

7.- Desde la FADSP exigen que "para hacer frente a esta epidemia de cáncer, es necesario poner en marcha estrategias de promoción de salud que eviten la aparición del cáncer, en lugar de centrarlas en diagnosticarlo los más temprano posible o en tratamientos imposibles de financiar por los sistemas públicos por sus elevados costes y los recortes presupuestarios, que los dejarán al alcance de unos pocos".

Es esencial potenciar y recuperar el sistema sanitario público y el papel central de la Atención Primaria y los Servicios de Salud Pública.

La sanidad pública en peligro. El abuso tecnológico

Fecha de Publicacion :30/01/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sanidad-publica-peligro-abuso-tecnologico/20170130094920136176.html
Autor:
Manuel Martín García

La política sanitaria del Gobierno Rajoy ha estado orientada a privatizar el Sistema Nacional de Salud, para lo que se han recortado recursos y aumentado la presencia del sector privado en la provisión de atención sanitaria con fondos públicos.

Además se ha complementado con 2 estrategias que tienen como objetivo favorecer la privatización y descapitalizar la Sanidad Pública, la primera de ellas es una política sanitaria que deja en manos de las grandes multinacionales farmacéuticas una parte creciente de los presupuestos públicos favoreciendo un gasto incontrolado y frecuentemente irracional en medicamentos con escaso o nulo impacto para la salud.

La segunda de estas estrategias es la generalización de las nuevas tecnologías pagadas con fondos públicos, (en detrimento de la promoción, prevención y la Atención Primaria) que está promovida por una alianza  en la que están involucrados grupos de poder económico y sanitario denominada Club Gertecht en el que participan altos cargos del Ministerio de Sanidad y de los Servicios de Salud Autonómicos; instituciones docentes, organizaciones profesionales y las principales empresas tecnológicas  que han realizado grandes inversiones en el sector sanitario. En teoría este selecto Club nació con la finalidad de promover la difusión de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios públicos, aunque su auténtica intención es promocionar el uso intensivo de tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. La alianza esta consiguiendo controlar los principales resortes del Sistema apoderándose de los recursos de Información Sanitaria (conocer la salud de la población,  las demandas asistenciales y la actividad de los centros públicos); la compra del equipamiento tecnológico por los centros públicos participando directamente en las decisiones sobre ubicación y precios; participando en la definición de  las prioridades de investigación e innovaciones tecnológicas  (biotecnología y medicina personalizada) controlando los Institutos Biotecnologicos Hospitalarios; orientando la formación del personal sanitario  al consumismo sanitario y la medicalización; haciéndose con los nuevos centros gracias al modelo de Colaboración Público Privada (CPP) que les permite financiar, construir y gestionar los nuevos centros sanitarios; quedándose con servicios diagnósticos  como los Laboratorios Centrales y los servicios de radiología, la donación de sangreel screenig de mama o el Cáncer; o la Estrategia  de Enfermos Crónicos que sustituye los cuidadores de los pacientes por recursos electrónicos instalados en los hogares. Entre los promotores de esta trama  están las multinacionales de la informática,  consultoras, escuelas de negocios, agencias de calidad que auditan hospitales públicos para acceder a información de los mismos y agencias de acreditación y certificación  Hospitalaria que otorgan premios a la gobernanza y a la excelencia de los centros, directivos y profesionales colaboradores. Las empresas del complejo farmaindustrial extiende su red de influencias a las Asociaciones de Pacientes mediante  económicas con ayudas para organizar y asesorías técnicas con el objetivo de que reivindiquen los nuevos y costosos medicamentos e innovaciones de la industria, aunque carezcan de evidencia contrastada.

Para afrontar el riesgo de vaciamiento económico del Sistema Nacional de Salud por estos poderosos grupos de presión económica y profesional proponemos:

1.- Modificar los criterios de la financiación pública y  fijación de precios (con la participación de las Comunidades Autónomas que los pagan) para que estos incluyan criterios que tenga en cuenta los costes reales de la investigación y producción.

2.- Generalizar medidas para reducir costes como las subastas de medicamentos, revisiones  de los precios abusivos, precios por equivalentes terapéuticos, contratos de riesgos compartidos e incluso denunciar las patentes cuando las empresas quieran imponer precios abusivos e irracionales valiéndose de su situación de monopolio. 

3.- Garantizar el abastecimiento de las medicinas eficaces, evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas, para eso es importante contar con una empresa pública farmacéutica que pueda asegurar la fabricación de las medicinas necesarias.

4.- 
Fomentar el uso racional de los medicamentos y nuevas tecnologías creando un Agencias de Evaluación y poner en marcha una política de formación del personal sanitario (pre y post grado) independiente de la industria, que garantice la utilización de los medicamentos y de los recursos tecnológicos  basada en la evidencia y prevenga el uso inapropiado de los mismos.

5.- Complementario al anterior un control estricto del marketing y la información realizada por la industria y su financiación de eventos científicos. Prohibición de financiación privada de las Asociaciones de Pacientes.

6.- Volver a un modelo de atención a la cronicidad basado en los cuidados personales

7.- Recuperar para el sistema sanitario público los sistemas de información, la compra de equipamiento, la investigación, el tratamiento del cáncer, los screenign poblacionales y la gestión de la sangre de los trasplantes.

8.- Impedir a las empresas privadas realizar auditorias de centros públicos y formación de administradores y gestores sanitarios vía MIR.

9.- Desarrollar la investigación pública tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica que suponen las patentes.

10.-Eliminar los copagos del RDL 16/2012 para acabar con las barreras económicas para el acceso de medicinas necesarias.

Sucedió en Granada

Fecha de Publicacion :22/01/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sucedio-granada/20170122111101135892.html
Autor:
Lola Martínez Ruiz y Bernardo Santos Ramos

Las  manifestaciones que se han realizado en Granada contra la fusión de los dos hospitales de la ciudad han tenido un gran éxito de participación y una gran repercusión mediática, tanto por la participación de la población, por su continuidad como por haberse  producido un fenómeno de extensión a otras ciudades de Andalucía.

Los proyectos de fusión podrían tener algún sentido si por ello se entiende la unificación de la gestión, de algunos servicios comunes y logísticos y el compartir servicios altamente especializados que podrían estar ubicados en uno u otro centro. Es un fenómeno existente en grandes aglomeraciones como Londres o Bruselas.

En Andalucía lo que se ha hecho en estos años no tiene nada que ver. Ha sido un proceso que no ha estado planificado, que no ha seguido a una búsqueda de las mejores evidencias en gestión, a un análisis de las carteras de servicios y las cargas asistencias, y que por tanto no ha tenido un plan estratégico de implantación ni se ha explicado ni consensuado con profesionales y con la población. No se puede explicar o consensuar un plan que no existe. Los procesos han sido pura improvisación. Se ha ido fusionando aquellos servicios en los que había una coyuntura de acuerdo, posibilidad de presión o debilidad, con continuos avances y retrocesos. Independientemente de que fuera mejor o peor para la prestación de servicios.

Lo de Granada ha sido ya el colmo del despropósito. El proyecto de fusión de los hospitales parece bastante disparatado y motivado sobre todo por criterios económicos de ahorro. La intervención del viceconsejero Martín Blanco, un personaje bastante oscuro cuya ascensión en el escalafón político no es fácil de explicar por sus méritos, ha sido decisiva en imponer un modelo pensado más hacia una logística y economía de laboratorio sin importar los resultados asistenciales.

Resulta difícil entender que se pretenda mantener urgencias hospitalarias en centros que carecen de los servicios clínicos y diagnósticos básicos, y más aún que se  plantee una gran parte de la asistencia en base a desplazamientos entre dos centros geográficamente alejados y con unas comunicaciones muy deficientes. Y sobre todo que se haya hecho con escaso dialogo, sin escuchar las quejas y las protestas planteadas hace ya muchos meses que señalaban los problemas que luego acabaron planteándose, y que una vez iniciado el conflicto no se abriese una vía de negociación con quienes estaban protagonizándolo.

La prepotencia de la Consejería ha conseguido el triple salto mortal, que la inauguración de un gran hospital como el Parque Tecnológico de la Salud de Granada,  en el que se han invertido grandes recursos durante muchos años, no sea una celebración sino un estrepitoso ridículo.

Es obvio que la amplia respuesta que han tenido las manifestaciones tiene un caldo de cultivo que viene desde lejos.

Conviene recordar que Andalucía lleva años ajustando plantillas, aplicando el aumento de jornada para evitar contratos o pago de guardias, reduciendo la jornada a miles de profesionales, (lo cual, aunque actualmente revertido, ha dejado una huella de crispación que la reversión no ha eliminado), reduciendo prácticamente a cero las sustituciones en atención primaria, reduciendo el número de residentes, con una eventualidad cercana a un tercio de la plantilla, con profesionales de más de treinta y de más de cuarenta años que no han tenido o apenas han tenido ocasión de consolidar su puesto, con un sistema de acreditación de calidad y carrera profesional cuestionado profundamente por los profesionales y dejando de invertir en la reposición de tecnología y dejando que se deterioren las instalaciones. A esto se añade que la participación ciudadana efectiva en los  servicios de salud quedó hace bastantes años confinada en documentos y discursos.

Todo ello inevitablemente ha deteriorado el funcionamiento del sistema sanitario generando un importante descontento entre los trabajadores del mismo y entre la población. A lo que hay que sumar la puesta en funcionamiento de las unidades de gestión clínica que, en la práctica,han estado centradas de una manera importante en el ahorro, de las que las fusiones hospitalarias son una secuela, y los modos excesivamente autoritarios y prepotentes de una administración sanitaria que ha invertido más en propaganda que en pedagogía y donde el Goebeliano repetir de los éxitos en terapias avanzadas o trasplantes e investigación cansaba, irritaba y desmotivaba a los profesionales que estaban sacando adelante el sistema cada día a pesar del nulo apoyo político que recibían. Los profesionales han mantenido el Sistema Sanitario Público Andaluz por puro profesionalismo y responsabilidad con la población, por eso no hay cosa que más irrite que se sacaran réditos políticos continuamente de su trabajo.

Desde la administración andaluza se vende queel grado de privatización en comparación con las otras CCAA es  bajo. Esto es cierto si se miran solo las cifras del presupuesto público que va a conciertos o prestaciones externalizadas. Sin embargo, si se mira la ingente cantidad de recursos que los andaluces dedican a la privada, ha crecido más del doble en los últimos 10 años. Más de un millón de andaluces tienen una póliza privada en una región económicamente desfavorecida, más del 40% de las camas instaladas en Málaga son privadas y hay que recordar que 260.000 andaluces reciben atención hospitalaria de la Empresa Pascual y unos 320.000 de San Juan de Dios. Las puertas giratorias de los directivos del SAS y Empresas Públicas hacia las empresas privadas de asistencia sanitaria, pero también social no han parado de funcionar en estos años.

Por otro lado y como es evidente a las movilizaciones se han apuntado muchos que nunca han tenido el menor interés en la Sanidad Pública pero que ven la ocasión de debilitar al gobierno de la Junta de Andalucía, mas en un momento en que este, o al menos su presidenta, parecen tener ambiciones de ámbito estatal. Esto es legitimo, aunque hay que tenerlo en cuenta, como también lo es que la amplitud de la respuesta social y profesional evidencia el gran aprecio que tienen la ciudadanía y los sanitarios por el sistema sanitario público y la disposición a tener un  compromiso activo con el mismo.

En esta situación ¿Qué se puede hacer?. Lo primero es asumir la realidad, cuando hay un movimiento tan mayoritario de rechazo es que las cosas se han hecho mal y es necesario rectificar. A veces, las administraciones sanitarias tienen el reflejo de intentar doblegar la protesta social con el cansancio y con la represión de mayor o menor intensidad. Es lo que se ha hecho otras veces, el clientelismo entre los profesionales, las maniobras tácticas con los agentes sociales. Sería un error porque estas acciones solo consiguen aumentar la crispación y el descrédito, y  hay que ser conscientes de que, aunque se consiga desactivar la protesta se deja detrás un sentimiento de desapego y frustración que es lo peor que le puede pasar a la Sanidad Pública que precisa del compromiso activo de profesionales y ciudadanía para su buen funcionamiento.

Lo segundo debería de ser buscar una salida razonable que solo puede surgir del acuerdo con las entidades que protagonizan la movilización, porque un acuerdo solo es bueno si hay un consenso social sobre el mismo. Sin querer dar lecciones a nadie, es obvio que existen muchas fórmulas que pueden ser razonables para todos los participantes y que deben ponerse en marcha ya y estar abiertas a todos los que tienen algo que decir, porque, ya lo dice la Declaración de Ottawa  de 1986: La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos.

Entra dentro de lo probable  que la  administración sanitaria andaluza obre de buena fe, pero ya se sabe que “el infierno está empedrado de buenas intenciones” y creemos que es hora de rectificar, de llegar a acuerdos y de entender que la mayoría de quienes convocan y participan en las movilizaciones solo desean mejorar la Sanidad Pública y contribuir a su mejora.