FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Propuestas para un nuevo modelo de financiación de la Sanidad pública

Fecha de Publicacion : 21/04/2017
Fuente : http://www.elmedicointeractivo.com/articulo/tribuna/propuestas-nuevo-modelo-financiacion-sanidad-publica/20170421152534111410.html
Autor: Manuel Martín García

   El modelo de financiación es fundamental para garantizar la calidad y sostenibilidad sistema sanitario público, especialmente en un sistema donde las competencias sanitarias han sido transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.). En segundo lugar estaría la política del Gobierno de Rajoy de reducir el gasto sanitario público (20 por ciento desde 2009) a pesar de que la crisis ha incrementado los niveles de enfermedad y reducido la recaudación fiscal. Entre 2007 y 2013 la caída de recaudación fue de 46.851 millones de euros (3,4 por ciento del PIB). Las CC.AA. han sido las Administraciones públicas que han soportado el mayor recorte de gasto social (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que descendió del 62,8 por ciento en 2013 al 59,7 por ciento en 2014 (Estabilidad Presupuestaria).

   En tercer lugar estaría la estrategia de desmantelamiento y privatización sanitaria: La desviación de gasto público al sector privado (creció un 52 por ciento en los últimos 10 años); la utilización de la colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos centros (ha multiplicado 7 veces su coste real); el aumento de la concertación con el sector privado (creció un 42 por ciento desde 2009 ); las externalizaciones de los servicios de apoyo (Sistema de Información Sanitaria, Centrales de Llamadas, Servicios de Logística, laboratorios centrales de los hospitales, servicios de diagnóstico por imagen, etc.), que han disparado los gastos por actividades que se realizaban con recursos propios. En cuarto lugar, el crecimiento disparatado del gasto farmacéutico (financiación de nuevos fármacos de elevado precio); de la compra de equipamiento tecnológico (RNM, TAC, etc.); y la medicalización y el consumismo sanitario de la población.

   El Modelo de Financiación Sanitaria: la historia de un desastre

   Antes del año 2001 el sistema se financiaba con fondos específicos que se repartían de acuerdo al porcentaje de población de cada Comunidad. A partir de ese año la Sanidad se integró en la financiación general y pasó a financiarse mediante el 30 por ciento del IRPF y el 35 por ciento del IVA recaudado en cada Comunidad); Impuestos Especiales transferidos por el Estado (40 por ciento por ventas de alcohol, tabaco y céntimo sanitario) y por impuestos cedidos previamente a las CC.AA. (patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, e impuestos de trasmisiones patrimoniales). También se modificó la forma de reparto en base a la población mayor de 65 años (24,5 por ciento de total) y la insularidad (0,5 por ciento).

   El cambio de modelo se justificó en la necesidad de aumentar la transparencia, la suficiencia y la corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. Sin embargo no se alcanzaron ninguno de estos objetivos: El sistema se volvió mucho más opaco y enrevesado, hubo que inyectar nuevos fondos estatales para evitar su quiebra, y la rigidez del modelo fiscal impidió hace que CC.AA. pudieran modificar los impuestos cedidos (incluso algunas CC.AA. eliminaron o redujeron algunos de los impuestos como los de Sucesiones o Capital para captar inversiones).

   Además el nuevo modelo a) No contemplaba indicadores de necesidades de salud ni los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología) para establecer el gasto sanitario y su distribución; b) Al perder la financiación sanitaria su carácter finalista (supone entre el 30 y el 40 por ciento del gasto público autonómico) se favoreció que una parte del mismo se destinara a fines no sanitarios; c) La financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) hizo que la Sanidad perdiera su carácter redistributivo.

   En 2005 se parchea el modelo repartiendo más dinero para pagar a proveedores y contener el malestar de los gobiernos autonómicos

   Cuatro años después se puso en marcha otro nuevo modelo (Ley 22/2009) que incrementó el porcentaje del IRPF y del IVA para la financiación autonómica (hasta alcanzar el 50% en ambos casos) y los impuestos al alcohol y el tabaco (pasaron del 40 al 58 por ciento). Aunque se incrementó un 10 por ciento la financiación autonómica, se mantuvieron los problemas estructurales del mismo.

   Para reducir las insuficiencias y desigualdades se crearon una serie de fondos: Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, destinado a que las comunidades ofrezcan un nivel similar; el Fondo de Suficiencia Global, para evitar que algunas autonomías pierdan fondos; y los fondos de Competitividad y Compensación (3,5 por ciento del total). El modelo además de difícil de entender mantuvo la insuficiencia del gasto, no redujo las diferencias entre las CC.AA.(445 euros entra la que más y menos recibe) mantuvo las tensiones entre ellas.

   Aunque debería haberse modificado en 2014, fue paralizado por Rajoy alegando la necesidad de mantener la Estabilidad Presupuestaria. El pasado 17 de enero la Conferencia de Presidentes acordó crear una Comisión de Expertos para elaborar otro Nuevo Modelo de Financiación Autonómica, antes de finalizar el año.

   Desde la FADSP proponemos una serie de medidas para la financiación sanitaria:

      1.- Garantizar la suficiencia financiera y la equidad, para lo que habría que incrementar los impuestos a los sectores económicamente más poderosos (que apenas pagan).
      2.- Modificar el sistema para que no descanse en impuestos indirectos , que incrementan la desigualdad y afectan al modelo de una sanidad redistributiva, y obligar a todas las CC.AA. a recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
      3.- Devolver el carácter finalista de la financiación sanitaria, obligar a las CC.AA. a destinar a la misma un montante similar y combatir el dumping social de algunas de ellas que reducen impuestos a las empresas y capitales para conseguir nuevas inversiones.
      4.- Dar transparencia al sistema, simplificando el sistema de cálculo y eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad. Crear una partida económica específica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencias de financiación.
      5.- Utilizar para el cálculo del gasto sanitario indicadores de necesidades de salud: Enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad, determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios.
      6.- Racionalizar el gasto priorizando la promoción, la prevención, la atención Primaria, la asistencia basada en la evidencia científica (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y el enfoque integral de los procesos asistenciales
      7.- Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico que alcanza la astronómica cifra de 17.000 millones de euros (2º lugar mundial) que sigue aumentando (8 por ciento en farmacia y 26 por ciento en hospitales), controlado a laboratorios (marketing) , los prescriptores (racionalización de las decisiones) y la población (información contra la medicalización)
      8.- Crea una Agencia Estatal para evaluar y controlar las nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema.

En Marea denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir la venta del Xeral-Cíes a un precio "irrisorio"

Fecha de Publicacion : 01/04/2017
Fuente : http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/04/01/marea-denuncia-irresponsabilidad-xunta-permitir/1652663.html
Autor: Sandra Penelas

Defensa de la Sanidad Pública se suma a las críticas ante una subasta "a precio de saldo" de un centro "pagado con el dinero de todos"
La diputada autonómica de En Marea Eva Solla denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir que la Tesorería de la Seguridad Social saque a subasta el Xeral-Cíes "a un precio irrisorio" a pesar de las "elevadas necesidades sanitarias" que presenta la ciudad. 

"No entendemos que un centro en una situación absolutamente privilegiada, al que se han destinado fondos públicos y que está dotado con quirófanos, área de reanimación y habitaciones acabe en manos de una empresa privada no sabemos con qué intereses y a un precio irrisorio", critica. 

Según el anuncio publicado en el BOE esta misma semana, el antiguo policlínico saldrá a subasta el 15 de mayo por 3,5 millones de euros. "Es una mala noticia para la ciudad y no nos extrañaría que acabe en manos de una empresa sanitaria o sociosanitaria a pesar de que Vigo necesita, por ejemplo, una residencia pública. Todavía está sin decidir qué se hará con el centro de A Doblada, pero la ciudad ya ha perdido el de Coia y, debido al proyecto de la Ciudad de la Justicia, también el anexo I del Xeral, que iba a contar con un centro de alta resolución para realizar pruebas diagnósticas. Nosotros pedimos visitar estas instalaciones pero Presidencia nos dice que es imposible", añade Solla. 

La diputada de En Marea reprocha a la Xunta la falta de una planificación sanitaria del área. "El nuevo hospital no tiene el número de camas ni los servicios previstos. Y en Vigo se necesitan servicios accesibles en el centro", insiste Solla, que preguntará en el Parlamento por la subasta del Xeral-Cíes. 
A las críticas de En Marea se suma la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública. Jesús Araújo lamenta la "política de tierra quemada" que la Xunta aplica a las infraestructuras sanitarias que "Vigo tanto necesita". 

El colectivo propone que el policlínico albergue un centro sociosanitario en pleno centro de la ciudad que resolvería el "déficit" de plazas en lugar de entregarlo a la Seguridad Social "para una subasta a una entidad privada a precio de saldo cuando fue pagado con dinero de todos los ciudadanos". Por ello, solicitan la paralización del proceso y una "reordenación" de las necesidades asistenciales de Vigo tras el cierre del Xeral.

El copago deja sin medicamentos al 13,4% de los pacientes

Fecha de Publicacion : 01/04/2017
Fuente : http://www.bez.es/646421665/El-copago-de-medicamentos-y-el-gasto-farmaceutico.html
Autor: Luis Palomo

Que el copago de medicamentos fuerza a muchas personas con pocos recursos a dejar de tomarlos es algo que observan con cierta frecuencia los médicos de atención primaria. Puede servir de ejemplo el caso real de un paciente de unos 50 años en situación de paro, que percibía una prestación de unos 400 €/mes, que sufrió un infarto, que pidió a su médico de cabecera que le cambiara la medicación recetada en el hospital porque el importe de las recetas rondaba los 100 €/mes, y no los podía pagar.


Cuando se habla de copago pensamos sobre todo en los pensionistas. Mucha gente opina que un pensionista no dejará de tomar la medicación porque su aportación no excederá de 0,27 euros/día, como no deja de comer si paga 1 euro/día por la barra de pan. Pero lo cierto es que las encuestas realizadas a pacientes de los centros de salud de Madrid muestran que, como consecuencia de los copagos establecidos en 2012, el 13,43% de los entrevistados ha dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 euros. El mayor porcentaje de quienes dejaron de tomar medicamentos eran del grupo de parados; luego del de pensionistas y el menor del grupo con trabajo.

Los defensores del copago

Los defensores del copago hablan de copagos evitables, y de regular que los pacientes que tienen que adelantar mucho dinero no deban hacerlo, para evitar abandonos de tratamiento. Sin embargo, la realidad es que se ha introducido una barrera en el acceso a los medicamentos prescritos para un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos; es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y en el grupo con enfermedad crónica.

La literatura internacional muestra que los copagos aumentan la no adherencia a los tratamientos y que empeora el uso adecuado de los medicamentos. En España, ni ha habido mejoras de la equidad ni ha habido ahorro farmacéutico, dos de los objetivos perseguidos por la Administración al incrementar en 2012 el copago. Además, en un estudio reciente se ha descrito que hasta el 7,8 % de los pacientes españoles pensionistas con problemas cardiacos dejan de tomar algunos de los medicamentos prescritos. El copago afecta tan negativamente a la adherencia a los tratamientos prescritos que los resultados pueden ser catastróficos, en términos de seguridad para el paciente pero también económicos. Tan es así que una aseguradora americana pasó a financiar al 100% (copago 0) el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva después de demostrar en un estudio piloto el efecto negativo del copago previo .


En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos
Estas reflexiones en torno al copago vienen a cuento de su nula influencia para reducir el gasto farmacéutico. Comprobamos una y otra vez cómo se favorecen medidas que esquivan las causas primeras del imparable incremento de la factura farmacéutica. Éstas son la difusión de nuevas tecnologías sanitarias, a menudo muy efectivas pero también muy costosas (tratamiento de la hepatitis C), y la distribución asimétrica del poder en el mercado sanitario, que favorece a la oferta por encima de la demanda.

Este poder asimétrico tiene como consecuencia que los gestores públicos solo parecen capaces de instaurar medidas destinadas a penalizar el consumo (copagos), o a presionar la prescripción directa de los médicos de atención primaria (necesidad de visados de inspección para algunos productos, incentivos a recetar menos, incentivos a la supuesta mejor calidad de prescripción). Sin embargo, nada se hace sobre el omnímodo poder de la industria farmacéutica; ni sobre la calidad de los nuevos medicamentos; ni sobre los requisitos para incluir en la financiación pública nuevas moléculas, que cada vez aportan menos a la salud colectiva pero cada vez cuestan más al erario público y a los usuarios; ni sobre el comportamiento científico y profesional de muchos médicos abducidos por las nuevas tecnologías, poco sensibles a las condiciones particulares de los pacientes y nada alineados con los objetivos salubristas y de justicia distributiva del sistema sanitario.

Centro de evaluación

En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos. Algo similar al NICE inglés. Se trataría de tener una medida independiente de la aportación a la salud de cada nueva medicina, en los términos que importan al paciente (beneficios, riesgos, inconvenientes y costes) y en el balance coste-beneficio para el conjunto de la asistencia sanitaria y, en su caso, para su financiación por el sistema sanitario público.


Cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales
Afortunadamente cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales, así como las iniciativas que persiguen visibilizar las intenciones confesas e inconfesas de la industria farmacéutica, y que abogan por unas relaciones independientes de la política con la industria (eliminar las denominadas puertas giratorias), y por alejar la actividad médica de los “humos industriales”, como promueve en España NoGracias.

Para el caso concreto del infarto de miocardio, en los Estados Unidos se ha comprobado en algunos estudios que la eliminación de los copagos para los fármacos prescritos después del infarto no empeoró los resultados en salud; que al mejorar la cobertura de medicamentos recetados aumentó la adherencia a los tratamientos; y que descendió la tasa de eventos vasculares mayores. Por su parte, la reducción del gasto del paciente no supuso incrementos en los costes generales de salud.

Volviendo al caso del paciente infartado aludido en el primer párrafo, si el cardiólogo que le dió el alta hubiera sido menos proclive a estar a la última de tal nueva medicación a cada cual más costosa, y hubiera sido más sensible a las condiciones socioeconómicas del enfermo, habría encontrado una medicación tan eficaz pero más barata, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Menos mal que hubo un médico de cabecera capaz de enmendar la plana al prestigiado cardiólogo.

Sería necesario, sin embargo, que los otros mecanismos de control de la prescripción y el gasto farmacéutico que se han citado, si funcionan de verdad, no exigieran mecanismos de solución de problemas in extremis.

Reintegrar el Hospital de Alzira en la Sanidad Pública

Fecha de Publicacion : 31/03/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/000337/marciano-sanchez-bayle
Autor: Marciano Sánchez Bayle

El hospital de Alzira construido en 1997 mediante el sistema de “concesión administrativa” en la localidad valenciana del mismo nombre ha acabado constituyendo un paradigma de los sistemas de privatización sanitaria en España. En síntesis este modelo consiste en que una UTE formada por varias empresas (en este caso bancos y una aseguradora sanitaria) construye un hospital y se encarga posteriormente de la gestión del mismo durante un largo plazo de tiempo (entre 10 y 30 años) cobrando un canon anual de los presupuestos públicos y responsabilizándose de la atención sanitaria de una determinada zona o área de salud.

En Alzira después de una primera concesión en 1997, en 2003 y como las cuentas no le salían a la empresa concesionaria se revirtió el hospital a la Sanidad Pública valenciana que pago el coste de la inversión realizada, e incomprensiblemente 25,9 millones € por lucro cesante, cuando la reversión se había producido porque la empresa declaraba perdidas y a petición de esta.

Inmediatamente se hace un nuevo concurso que se adjudica a la misma empresa y en el que se añaden los centros de salud del área. Obviamente incrementando notablemente el canon con lo que las pérdidas se convierten en ganancias. El contrato esta previsto para un incremento continuado y blindado de los ingresos de la empresa privada, así se aumenta el canon en un 6,75%, y los ingresos por enfermos procedentes de otras áreas en el 12,5%, entre 2009 y 2014, mientras en este mismo periodo el presupuesto sanitario valenciano disminuyo el 20,3%.

Además se le dan todo tipo de facilidades para atraer enfermos de otras áreas, con financiación extra, y se les favorece todo el proceso, con escaso o nulo control por parte de la Consejería que procura, como sucede en todos estos hospitales privados o semiprivados, mirar para otro lado. Así en cuanto empiezan a realizarse controles más estrictos se detectan muchas irregularidades que ya están siendo investigadas en los juzgados.

El hospital por otro lado apuesta por mucha dotación tecnológica, que casualmente coincide con la infradotación de los centros públicos más cercanos y oferta un número de camas y de trabajadores claramente inferior a los hospitales públicos (1,2 camas /1.000 habitantes versus 1,7; 7,39 trabajadores/1.000 habitantes frente a 9,3), por supuesto las condiciones laborales son netamente diferentes y peores a la de la red pública

El modelo se extendió a 4 centros más de la Comunidad Valenciana (Torrevieja, Denia, Manises, Elche) y cubre ahora al 20% de la población de la Comunidad. Los otros centros tienen similares características aunque problemas concretos distintos y algunos de ellos han sido denunciados por importantes carencias asistenciales e incluso en uno de ellos, uno de los socios (la aseguradora DKV) quiere retirarse vendiendo su parte.

Los resultados en salud tampoco son buenos, por ejemplo en la comarca de La Ribera (la que corresponde a Alzira) la esperanza de vida es casi 2 años menor que en la media de la Comunidad valenciana y las tasas estandarizadas de mortalidad general y las de mortalidad específicas por grupos de edad de los mayores de 14 años están en los valores más altos de la misma.

En resumen es un modelo que es mas caro, que tiene contratos blindados que le aseguran incrementos a pesar de que el presupuesto sanitario sufra recortes (lo que supone mayores recortes en los centros públicos a los que acaba parasitando), que realiza selección de riesgos atrayendo los enfermos “rentables” de otras áreas, tiene una total opacidad, y además está incurso en fenómenos de irregularidades todavía en fase de investigación.

Así las cosas parece perfectamente razonable la decisión de la Consejería de Sanidad de Valencia de, aprovechando la finalización de la concesión en abril de 2018, proceder a la reintegración del hospital en la red pública, y también parece sensato el que se haya anunciado con una antelación suficiente y que se den normas estrictas de control para el periodo que resta de la concesión y para evitar un proceso de desinversión y/o desmantelamiento del centro. Lo que resulta incomprensible son las declaraciones de Ribera Salud que pretende llevar el asunto a los tribunales ¿no se finaliza el plazo de la concesión y la reversión es automática como cuando acaba cualquier contrato?, o es que en realidad se pretende que son contratos de duración infinita que solo pueden ser rescindidos por los concesionarios. Una vez más nos enfrentamos con lo que mejor caracteriza estos modelos privatizadores, todas las ventajas y los beneficios para las empresas privadas, ninguna para la administración pública y el interés general, es decir una vez más estamos ante el “capitalismo de amiguetes” que tantos desastres ha traído a este país.

Por eso también, además de porque la Sanidad debe de garantizar una atención sanitaria de calidad, a toda la población y de manera eficiente, es necesario acabar con todos los experimentos privatizadores que lejos de mejorar las cosas las han emporado notablemente.

El proceso está abierto, esperemos que llegue hasta el final y sea el primer paso del final de este modelo privatizador. La Administración sanitaria ha dado el primer paso, pero para que tenga éxito se precisa de una amplia movilización social y profesional porque las transformaciones sanitarias precisan de la colaboración de la ciudadanía y los trabajadores del sector.

La Marea Blanca puede ser decisiva para cambiar el modelo de Sanidad

Fecha de Publicacion : 26/03/2015
Autor: Arturo Borges Álamo (ADSP Tenerife)

Continuamente se nos bombardea, desde los poderes económicos y su influencia tanto en los poderes públicos como en los medios de comunicación, acerca de la insostenibilidad del sistema sanitario público, abundando en datos que dejan constancia del enorme gasto sanitario y basando toda su estrategia en la reducción del mismo, los conocidos recortes, como una de las alternativas que derivan de su idea de insostenibilidad.


Además proponen también una aproximación cada vez más intensa hacia lo que presentan como una futura solución final, empezando por la llamada colaboración público-privada para avanzar hacia un papel determinante de la privatización en un modelo que supere el que estableció el llamado Estado del Bienestar.

Ante eso y negando la mayor, es decir, que lo descrito sea el camino inevitable, desde una perspectiva que apueste decididamente por una Sanidad Pública sostenible, universal y de calidad debemos señalar que efectivamente el modelo actual, con un gasto sanitario mediatizado por los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas y de tecnología sanitaria y con unos efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria que son un problema de salud pública debido a su magnitud (en torno al 10% de los pacientes que son atendidos en los hospitales sufren un efecto adverso relacionado con la atención recibida), debe ser declarado insostenible.

Pero que quede claro que hablamos de una insostenibilidad diferente, lo que es insostenible es el negocio, con sus consecuencias, que las multinacionales hacen con la sanidad pública y también el que ha venido haciendo la sanidad privada, en la mencionada colaboración público-privada, con el dinero público que debería haber servido para potenciar la atención de salud, sobre todo en programas de atención primaria y de promoción de la salud pública.

En Canarias tenemos una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera comunidad en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Así mismo, nuestra población tiene una de las cifras más altas de incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes  2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria  por esta enfermedad  el triple de complicaciones. Además el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina por llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis y de trasplante renal. Por otra parte, según diferentes estudios impulsados en los últimos años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se sabe que más de la mitad de los efectos adversos de la atención sanitaria se podrían evitar y hasta el 40% están relacionados con la medicación.

Efectivamente, lo que procede es un cambio de modelo, pero no hacia el que quieren y promueven los poderes económicos y financieros sino hacia un modelo de prevención de las enfermedades, tanto de las que genera el propio sistema sanitario actual como de prácticamente el 90% del total, causado por un amplio espectro de factores relacionados con las condiciones de vida y ambientales en un sentido amplio de ambiente físico, social, político, económico y cultural,  mediante políticas intersectoriales saludables, “salud en todas las políticas”. Este modelo sería mucho menos costoso y con muchos menos efectos adversos para la salud. La clave radicaría en el efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para obtener ganancias en salud. Sin embargo, los recortes en las políticas de protección social han aumentado las desigualdades sociales en salud cuyas causas, desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, y consecuencias, alimentación, medioambiente y vivienda insalubres, etc., han provocado que el deterioro de la salud junto con el de la asistencia sanitaria de la población hayan llegado a los extremos inasumibles que conocemos.

Como herramientas para el abordaje de dicho cambio de modelo necesitamos en primer lugar una política gubernamental, apoyada en una mayoría parlamentaria que apueste por el mismo, condiciones necesarias para aplicar otras dos herramientas, una nueva Ley de Salud y Sanidad Canaria y un sólido Plan de Salud, ambas ya con referencias de partida tanto en la ILP “para la Promoción de la Salud y la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias” como en el actual Plan de Salud de Canarias. Solo queda ‘imponer’ la cordura al gobierno y al Parlamento de Canarias y en eso habrá de intervenir de modo determinante la ciudadanía canaria con su movilización contundente en la calle.

Ahora o nunca, tenemos varias citas por delante, entre ellas el 6 de abril en el acto de la Plaza de La Candelaria y el 18 de mayo en las manifestaciones convocadas. También el Parlamento de Canarias tendrá que hacer su labor, esperamos que en consonancia con lo que suceda en la calle y también que el gobierno de Canarias tome nota y actúe en consecuencia.