FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

Sanidad Hospital Publica Enfermera Medico Doctor Gestion privada operaciones sanitario paciente

35 años defendiendo la Sanidad Publica

La sanitat pública, el millor recurs contra el càncer

Fecha de Publicacion : 29/11/2017
Fuente : http://www.eldiario.es/cv/opinion/Alfons_C-_Polo-opinio-Acdesa_6_713288666.html
Autor: Alfons C. Polo

Recentment l’IVO (Institut Valencià d’Oncologia), entitat privada que sens dubte ha fet serveis valuosos als pacients valencians al llarg del temps, ha emès algunes afirmacions que només es poden qualificar de propaganda interessada.  És sens dubte el que fa l’IVO –propaganda interessada- quan difon a través de la seua pàgina web, i repleguen determinats mitjans de comunicació, que “es el único centro que realiza una atención integral del paciente con cáncer de la Comunidad Valenciana”.

Aquesta és una informació no errònia, sinó totalment falsa, perquè en tots els hospitals públics del País Valencià, des que es feren les transferències en matèria de sanitat en la dècada de 1980, es desenvoluparen els serveis d’oncologia mèdica. El 1988 s’encetà el que es va conèixer com el primer Pla Càncer. Es tractava d’oferir una assistència oncològica integral i de qualitat posant les persones en el centre d’atenció i garantint l’accessibilitat als recursos en tot el territori, independentment del lloc de residència. Actualment  la valenciana és una de les comunitats autònomes que disposa d’una atenció als malalts de càncer més completa tant pel que fa a prevenció, diagnòstic precoç, assistència infantil i d’adults, cures pal·liatives, unitats d’hospitalització a domicili, així com en investigació.

A més a més, els hospitals terciaris de la xarxa pública disposen de la tecnologia més avançada.

Als hospitals de primer nivell, comarcals o de departament, igualment s'hi tracten pacients oncològics, i només per a algunes teràpies específiques s’ha de recórrer al suport dels hospitals terciaris amb els quals existeix la necessària coordinació.

Vist tot això, que és la pura realitat a l’abast de qualsevol persona informada, podem concloure que  no és ètic difondre a la societat, i especialment a pacients amb greus problemes de salut, missatges que generen dubtes pel que fa a la qualitat de l'assistència sanitària que reben als centres públics.

Aquest tipus d’arguments o de falses informacions són inacceptables i revelen, a banda d’una manca preocupant de principis ètics, una actitud de falsejament de la realitat que només pot obeir a interessos crematístics d'una entitat privada amb ànim de lucre.

En aquesta nova etapa del poble valencià, superada una època d’abús i corrupció a gran escala, cal dir alt i clar que l’exigència d’ètica, transparència, credibilitat i bones pràctiques ens obliga a tots, també a les entitats privades i als continguts difosos a través de les webs, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

 

Las academias MIR y las Facultades de Medicina

Fecha de Publicacion : 08/11/2017
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/las-academias-mir-y-las-facultades-de-medicina
Autor: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca (ADSP)
La misión de las facultades de Medicina es formar médicos, pero este objetivo y las formas de alcanzarlo han sido condicionados durante los últimos años por el examen MIR y, especialmente, por las academias de preparación del MIR.

Como uno de los criterios que se utilizan para valor la calidad docente de las diferentes facultades de Medicina es el puesto que sus alumnos sacan en el MIR, las facultades han ido cediendo terrero a las academiaspara facilitar a sus alumnos la preparación de dicho examen.

Los planes de estudio de prácticamente todas las facultades se han adaptado para facilitar la preparación del examen: inicialmente, vaciando o aliviando de contenido el sexto curso para que los alumnos pudieran compatibilizar su último año académico con la preparación del examen, lo que ha supuesto sobrecargar los cursos previos.

En los últimos años, la preparación del MIR por las academias comienza a invadir también el espacio de quinto curso con un invento impulsado por estos centros llamado Pre-MIR, por lo que la mente de los alumnos a partir de quinto curso ya comienza a estar más puesta en las academias y el examen que en la formación que deberían adquirir en las facultades, precisamente en los años en los que la formación clínica que tiene lugar en los hospitales es la más importante.

Es indudable que las academias mueven un importante negocio, y no solo por el coste de la matrícula, que por lo general cobran a un alto precio y con muchos meses de adelanto, sino por otros muchos factores que existen alrededor de las mismas: pisos de alquiler, servicios de comida y limpieza para los estudiantes e incluso planificación del ocio durante los fines de semana. Sin duda, un negocio boyante y en crecimiento que se opondrá a cualquier cambio en el statu quo actual.

En muchas ocasiones levantamos la voz para señalar que las altas tasas de la universidad y la falta de becas suponen una discriminación para los alumnos de las familias más humildes; sin embargo, no he leído ningún artículo en los medios de comunicación, ni tampoco he oído una sola voz acerca del elevadísimo coste de las academias para las familias. Este es otro tema que también merece una reflexión ad hoc.

Las facultades, sin duda, deben adaptar su currículo (e incluso sus planes de estudio) para formar mejores médicos, pero no pueden ignorar el problema y continuar cediendo competencias a las academias. Es indudable que la situación actual está condicionando la docencia en las facultades de Medicina, por lo que parece necesario que las autoridades universitarias reflexionen acerca de posibles soluciones para este problema.

La Conferencia de Decanos de Medicina e incluso la Conferencia de Rectores de las universidades españolas deberían plantear al Ministerio de Educación y al Ministerio de Sanidad (que es quien convoca el examen MIR) la necesidad de cambiar las reglas del juego, para devolver a las facultades el papel central en la formación de los futuros médicos. Existen múltiples soluciones, algunas tan sencillas como realizar el examen MIR quince días después de finalizar sexto curso.

La sanidad pública en Madrid cinco años después del plan de sostenibilidad

De los 13 objetivos,  8 no se llevaran a cabo, 4 avanzaron parcialmente y solo uno se consiguió totalmente, es decir el Plan de Sostenibilidad fue un absoluto fracaso gracias al amplísimo rechazo social y profesional.

El 31 de octubre de 2012, se cumplen ahora 5 años, los Sres González (en ese momento presidente de la Comunidad de Madrid y en la actualidad interno de la prisión de Soto del Real) y Lasquetty (entonces consejero de Sanidad) presentaron el que denominaron PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID que recogía un total de 13 medidas que suponían el mayor ataque a la Sanidad Pública madrileña realizado hasta el momento.

El día 2 de noviembre comenzaron las movilizaciones contra el Plan, inicialmente en el Hospital de la Princesa, que en una asamblea convocada por los sindicatos que formaban parte de la Mesa sectorial (CCOO, UGT, etc) decidió el encierro en el hospital y manifestaciones alrededor del mismo seguidas masivamente por los trabajadores del centro en colaboración con los vecinos y los pacientes. Los encierros luego se extendieron a todos los hospitales públicos de la Comunidad y a algunos centros de salud durante varios meses (en el Hospital del Henares se mantuvo 131 días), se realizaron varias convocatorias de huelgas en noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013, se recogieron firmas contra el Plan (1.600.000), se efectúo una consulta popular en la que se recogieron 930.000 votos contra el Plan, varias acciones masivas abrazando todos los hospitales públicos de la Comunidad, 24 manifestaciones centrales masivas con más de centenares de  miles de manifestantes en cada una de ellas y un centenar más con una participación menor, así como concentraciones diarias en las puertas de los centros sanitarios que se mantuvieron hasta agosto de 2013, y muchos actos más (coreografías, vigilias, jornadas, mesas redondas, festivales de música, de poesía, etc). Es decir se consiguió el rechazo y la movilización mayoritaria de los trabajadores sanitarios y de la población madrileña, que finalmente forzaron la dimisión de Lasquetty.

Para evaluar lo sucedido desde entonces vamos a hacer primero un balance del cumplimiento de las propuestas del Plan de Sostenibilidad (PS), que por cierto fue aprobado por el parlamento regional con la Ley de Presupuestos de 2013 el 27 de diciembre de 2012, y después se analizara la evolución de la Sanidad Pública madrileña en estos 5 años.

El balance de la aplicación de las 13 medidas propuestas por el PS es el siguiente:

1. Externalización de la actividad sanitaria en 6 hospitales y sus centros de especialidades, utilizando el modelo de concesión, que pretendía convertir la parte sanitaria de los 6 hospitales construidos por el modelo PFI en concesiones administrativas, es decir convertir hospitales semiprivados en privados. No se llevó a cabo en ninguno de ellos.

2. Concesión de la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud, dando prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades, es decir convertir 27 centros de salud a la gestión privada. Tampoco se consiguió este objetivo.

3. Externalización de servicios no sanitarios, pasando a manos privadas áreas como cocinas, lavandería, almacenes y mantenimiento. En este tema se ha avanzado de manera notable aunque gracias a varias sentencias judiciales no se ha podido conseguir plenamente.

4. Transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores, la medida más impopular y la que inicio el conflicto y la primera en ser retirada.

5. Transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media, lo que también se ha logrado solo a medias al tener que reabrir la unidad de infecciosas con la crisis del Ébola.

6. Reducción del gasto medio por receta farmacéutica. En el año 2013 disminuyo el 4,10% (habría que descontar el efecto del euro por receta), a partir de ese año el aumento ha sido continuado: 3,39% (2014); 3,93% (2015); 1,93 (2016); 1,80 (enero-agosto 2017). El resultado es que el gasto media por receta ha pasado de 10,32€ en 2012 a 11,52€ en lo que llevamos de 2017. En resumen tampoco se consiguió.

7. Implantación de la tasa de un euro por receta. Puesta en marcha en enero de 2013 se mantuvo hasta que fue anulada por el Tribunal Constitucional en junio de ese año (aunque no se han devuelto las cantidades ilegalmente cobradas).

8. Incremento de las actividades de la central de compras. Probablemente la única medida del PS que no tuvo contestación. Se ha avanzado pero lentamente y menos de los deseable.

9. Retraso en la apertura del Hospital de Collado Villalba. También se llevó a cabo pero pagando 950.000 € mensuales a la concesionaria.

10. Reordenación de la actividad de los profesionales en los hospitales que se pretendía poniendo en marcha turnos de tarde en los centros sanitario. Ningún resultado.

11. Jubilación de profesionales mayores de 65 años. Aunque decía que las prórrogas se limitarían a un tercio de los profesionales, la realidad es que se utilizó para hacer una disminución de las plantillas de los centros sanitarios. Se aplicó de manera implacable.

12. Concentración de laboratorios para aprovechar economías de escala. Ningún resultado.

13. Concentración de la complejidad. Tampoco se produjeron resultados relevantes.

En resumen de los 13 objetivos,  8 no se llevaran a cabo, 4 avanzaron parcialmente y solo uno se consiguió totalmente, es decir el Plan de Sostenibilidad fue un absoluto fracaso gracias al amplísimo rechazo social y profesional.

Tras la dimisión de Lasquetty en enero de 2014, la Consejería de Sanidad y el gobierno de la Comunidad no abandonaron sus políticas privatizadoras pero optaron por otra vía, la de la privatización silente y a paso de tortuga potenciando fenómenos como las derivaciones sistemáticas al sector privado de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y la descapitalización de los centros públicos, política que ha continuado con matices, más bien relacionados con las fórmulas concretas que se aplicaban en cada momento.

La evolución del sistema sanitario madrileño en este tiempo ha continuado una deriva de recortes, deterioro y privatizaciones cuyos resultados se esquematizan a continuación:

*Hospitales con gestión privada y financiación pública

PGSC = porcentaje del gasto sanitario público dedicado a conciertos

Todos los datos coinciden en que se ha avanzado notablemente en la privatización, y en el deterioro del sistema sanitario, como se objetiva en el crecimiento del porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos, como en el número de camas hospitalarias privadas financiadas públicamente que se han doblado mientras que se han reducido 1.200 camas en los hospitales públicos de gestión directa (disminuyendo en 496 las camas totales). Paralelamente han disminuido las ratios de profesionales médicos y de enfermería en Atención Primaria (400 profesionales menos en una comunidad autónoma que tenía ya las ratios más bajas de profesionales por habitante, y donde la mayoría de médicos y profesionales de enfermería de AP superan ampliamente los ratios máximos recomendados de pacientes por profesional).

Estos recortes han disparado las listas de espera. La lista de espera quirúrgica ha aumentado desde 27.672 pacientes en junio de 2005 hasta 82.758 en septiembre de 2017 (después de abrir 11 hospitales nuevos), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas es de 403.338 y los que están en espera de pruebas diagnósticas es de 118.273, es decir un total de 604.369 personas (el 9,29% de la población madrileña) estaban en lista de espera el 30 de septiembre de 2017, unas cifras claramente escandalosas, más aun si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje de las personas en las lista permanecen más de 2 meses e incluso 6 meses, y que las esperas para la resolución de los problemas de salud se suman (consulta especialista + pruebas diagnósticas + lista de espera quirúrgica)

Obviamente el gasto de bolsillo por habitante se ha incrementado (un 29,75%) con un gran impacto sobre las desigualdades porque este incremento, la búsqueda de la alternativa del sector privado, solo es posible para los grupos económicamente mejor situados. Asimismo el impacto de los nuevos copagos del RDL 16/2012 se ha hecho notar (nada menos que el 13,4% de los que habían recibido una prescripción no la retiraban por motivos económicos).

Es importante resaltar que a pesar de esta situación ha aumentado el porcentaje de población que prefiere la Sanidad Pública

Como conclusiones señalar que, aunque las movilizaciones sociales y profesionales consiguieron parar casi todas las medidas del Plan de Sostenibilidad es evidente que la política privatizadora ha continuado y que se ha deteriorado la situación de la Sanidad Pública en estos últimos 5 años, con 5 Consejeros de Sanidad diferentes, si bien en un grado mucho menor de lo que pretendían los planes del PP de González - Lasquetty, lo que evidencia que las movilizaciones, sin son unitarias y masivas, consiguen resultados.

Con todo no debemos olvidar que sigue existiendo un grave problema para el mantenimiento del sistema sanitario público, y que es necesario un cambio en las políticas de las administraciones públicas para recuperar el terreno perdido y garantizar una Sanidad Pública universal y de calidad para toda la población.

 

Los médicos de Área no son la solución

Con la última OPE para médicos de Familia, en la que el 100% de las plazas ofertadas son para médicos de Área, la Junta de Castilla y León ha demostrado que no tiene ninguna intención de potenciar la Atención Primaria como base del sistema. Ha apostado únicamente por sacar unas plazas de médicos que se pueden mover dentro de un área de salud y así cubrir necesidades del servicio, sin reparar en que este no es el camino para atender a la población de forma continuada, de forma integral.

Los tutores de Medicina Familiar y Comunitaria instruyen a los médicos residentes durante cuatro años no solo en conocimientos, sino que también dedican gran parte del tiempo a educar en ese currículo oculto que forme a los futuros médicos de Familia en la atención al paciente pensando en él de forma integral, no solo como personas con una patología que hay que tratar.

Cuando estos médicos de Familia acaban su periodo de formación y por fin aprueban una oposición de Atención Primaria, creen que se van a incorporar a un centro de salud donde van a atender a sus propios pacientes y van a poder desarrollar todos los conocimientos y actitudes aprendidas en sus cuatro años de residencia; sin embargo, se encuentran con que únicamente se les ofertan unas plazas para cubrir a otros médicos, de forma puntual, en vacaciones, bajas y descansos postguardia; nunca tendrán una población estable a la que atender.

¿Dónde está la potenciación de los centros de salud? ¿Dónde queda la atención integral a la población? ¿Dónde la Atención Primaria como base y puerta de entrada al sistema?

Con estas medidas, la Junta de Castilla y León deja claro que el único objetivo que tiene es ahorrar, cuando lo que debería hacer es invertir en recursos humanos y recuperar una Atención Primaria de calidad, con unos médicos de Familia bien formados, que sean referencia para unos pacientes que acuden a su médico, en el que confían cuando tienen un problema de salud, que resuelve gran parte de sus demandas, los deriva al especialista cundo lo cree necesario y coordina la actuación entre los especialistas, evitando en muchas ocasiones duplicidad de pruebas y tratamientos.

La Administración todavía no ha reparado en que invirtiendo en una Atención Primaria de calidad se evitarían muchas derivaciones innecesarias, factor importante para disminuir las listas de espera, tanto para primera consulta al especialista como para la realización de pruebas complementarias de diagnóstico.

¿Cuándo se va a enterar la Administración de que con medidas como esta OPE nunca se van a poner las bases para potenciar los centros de salud y la Atención Primaria?

Sobre el registro de profesionales sanitarios

Fecha de Publicacion : 23/10/2017
Fuente : http://www.actasanitaria.com/sobre-el-registro-de-profesionales-sanitarios/
Autor: MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE

Ante la nueva promesa sobre la próxima entrada en funcionamiento del Registro de los Profesionales Sanitarios, el autor recuerda cuantas veces se ha prometido y duda de que, como ha sido la norma, vaya a hacerse realidad.

Recientemente ha aparecido una noticia en la que el Ministerio de Sanidad, por boca del director general de ordenación profesional, anuncia que antes del segundo semestre de 2018 estará en funcionamiento el registro nacional de profesionales sanitarios, promesa que está bien pero que debe ser vista con un prudente escepticismo porque tiene pocos visos de hacerse realidad.

¿Por qué pienso esto?. Es fácil de entender si repasamos los hechos: el registro de profesionales aparece por primera vez en 2003 en la Ley del Estatuto Marco; como parece que la cosa no corría prisa, vuelve a reaparecer en 2007 donde, aparte del compromiso de ponerlo en marcha, incluso se produce la dotación de subvenciones para que las distintas CCAA lo pongan en marcha (RD 1269/2007) y supongo que estas habrán percibido  las subvenciones (el dinero siempre es una cosa seria) sin que se conozcan avances al respecto hasta 2014, momento en que se aprueba el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

De seis meses a tres años

El registro de profesionales sanitarios no es ninguna prioridad de los responsables de las administraciones sanitarias que prefieren el caos y la incertidumbre

Este RD que entró en vigor al día siguiente de su publicación, fijaba en su adicional primera que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, se aprobará la orden que determine el soporte, formato y otras características de la transferencia de datos. Orden que se publica el 22 de septiembre de 2017 (Orden SSI/890/2017), es decir seis meses se convirtieron en tres años.

Esto es lo que hay. Visto el desarrollo de los acontecimientos, tenemos que un registro, que se crea normativamente en 2003, reaparece en 2007, vuelve a hacerlo en 2014 y, ahora, en 2017. Parece que sus apariciones públicas (en el BOE) tienen una cadencia de entre tres y siete años, casi como si fuera un cometa o cualquier otro fenómeno cósmico. Pensar ahora que una promesa oral de un responsable del Ministerio de Sanidad va a cambiar sustancialmente las cosas es francamente poco realista.

El registro de profesionales sanitarios, obviamente una necesidad por motivos sanitarios y de planificación de recursos, no es, como se ve, ninguna prioridad de los responsables de las administraciones sanitarias que prefieren el caos y la incertidumbre, probablemente porque eso favorece los objetivos generales de deterioro y privatización de la Sanidad Pública, pero no es menos probable que se trate de pura y simple incompetencia.

Quienes trabajamos en el sistema sanitario deberíamos tener un poco de memoria y desconfiar de las declaraciones de los irresponsables de las administraciones sanitarias, cuyas promesas, como se ha visto, incluso aunque estén en el BOE, tienen poca credibilidad. Ojalá cambien las cosas, pero no parece que sea lo más probable.