LA FADSP ante los vientres de alquiler {flike}
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En los últimos meses se están desarrollando diversas iniciativas a favor de la regulación de los llamados vientres de alquiler en España. Sirvan de ejemplo la feria Surrofair en Madrid en Mayo, la presentación por Ciudadanos de una ILP en la Comunidad de Madrid en marzo (con el apoyo de una parte del PP), o su reserva para presentar iniciativas en esta materia, al pacto con el PSOE tras las elecciones del 20D. Sin duda el debate está abierto.
Desde la FADSP opinamos que este asunto no debe abordarse exclusivamente desde los deseos individuales de paternidad/maternidad.; deben contemplarse sus aspectos bioéticos y su incidencia sobre la desigualdad económica y de género. Ambos factores determinantes de las desigualdades sociales en salud. Desde el concepto de salud integral que acuñó la OMS, no puede entenderse la maternidad como una mera técnica de reproducción, ni desligarse de sus aspectos biopsicosociales.
Cuando el embarazo no responde a los propios deseos de maternidad, sino que está forzado para satisfacer el deseo de otr@s, y/o condicionado por su situación socioeconómica, se está reforzando la desigualdad de género al situar su cuerpo a disposición de los demás.
Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos por la Conferencia de El Cairo de Naciones Unidas como pare integrante de los derechos humanos, lo que incluye el derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de ningún tipo. Poner el cuerpo de las mujeres como cualquier otro producto a disposición del mercado capitalista, afecta a los DDHH de las mujeres y lesiona gravemente su autonomía y la capacidad de control sobe el propio cuerpo, cuando su salud se pone al servicio de otros. Los derechos humanos no pueden ser materia de compraventa, sino que su desarrollo se basa en la exigencia de condiciones dignas para su ejercicio.
Sabemos que existe un mercado internacional que presiona por su regulación, que se alimenta de la pobreza de las mujeres de países pobres como Tailandia o la India, donde se gestiona el grueso del mercado de los vientres de alquiler. Por ello, de regularse afectaría gravemente a las mujeres en situación más vulnerable.
Sin duda son muy respetables los deseos de ser padres o madres, pero también lo son los derechos de las mujeres gestantes y los derechos de los menores. Las garantías que se establecen sobre estos en los procesos de adopción, (a conocer sus orígenes, o a la idoneidad de los futuros padres o madres), no están presentes en la práctica de los vientres de alquiler. Lo que prevalece es el contrato, donde se establece la renuncia expresa (y la indemnización por incumplimiento) de las madres a todo derecho sobre sus hijos.
Cabe recordar que existen otras opciones como la adopción de niños y niñas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Los menores son personas con sus derechos, no son propiedad de los padres/madres, y por eso es éticamente cuestionable el modelo de hijos a la carta que plantea la práctica de los vientres de alquiler.
Conviene señalar que la responsabilidad de legislar en materia de salud debe responder a las necesidades de salud de la población y no a deseos individuales, ni mucho menos responder a las presiones de un sector que ve un nicho de negocio en la capacidad reproductiva de las mujeres. Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales, sobre todo si estos no respetan los derechos de las personas social y económicamente más vulnerables.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Junio de 2016
