FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Comunicado de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB

   La Sra. Patricia Gómez, consellera de sanidad de esta comunidad, en su intervención de hace un mes en un “Desayuno informativo” organizado por el “Executive Forum” y esponsorizado por las empresas Ilunion, Intersystems y Becton Dickinson declaró que apostar por la colaboración público-privada es una “fórmula que atrae el éxito”. La consellera afirmó que “es más lo que nos une que lo que nos separa”, reconociendo que “no queda más remedio” que establecer una colaboración de esta naturaleza, la cual, “a día de hoy, se hace a veces difícil por la “rigidez administrativa” (las declaraciones completas se pueden consultar en:

 

   La consellera de sanidad aprovechó un foro empresarial para desvelar su línea de pensamiento, la cual reconoció que quizás no esté totalmente en sintonía con la opinión de su partido (PSIB-PSOE) acerca de la colaboración público-privada. Desde nuestra posición de defensores de una sanidad pública gestionada por instituciones públicas, el análisis que hacemos acerca de la bondad de la colaboración público-privada es contrario al de la Sra. Patricia Gómez.

   Los hipotéticos intereses compartidos entre ambos ámbitos que menciona la consellera quedan completamente minimizados por la diferencia radical existente entre los objetivos de la sanidad pública (maximizar el bienestar social) y los de la empresa privada (maximizar el beneficio económico). Esta diferencia de objetivos, reconocida incluso por los partidarios de esa colaboración, tan solo puede ser armonizada mediante estrictos mecanismos de control por parte de la administración pública. Estos mecanismos deben reducir la posibilidad de comportamientos oportunistas por parte del socio privado derivados de su mayor conocimiento de los costes de las infraestructuras y servicios sanitarios que se van a proveer. En contra de la opinión de la consellera, nuestra asociación aboga por una auditoria rigurosa acerca de los términos de cualquier contrato de colaboración público-privada.

  A pesar de las quejas acerca de la “rigidez administrativa” manifestadas por la Sra. Patricia Gómez, lo cierto es que Baleares es una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de privatización de la sanidad y al mismo tiempo una de las que menos gasto dedica a la sanidad pública. La gestión de la sanidad pública en las Islas Baleares en las últimas legislaturas ha sido un trasvase constante de recursos económicos sanitarios públicos a empresas del sector sanitario privado. Un ejemplo llamativo de esta tendencia es el concierto millonario subscrito por el GOIB con el sector empresarial privado (20.7 millones de euros) que hará que la asistencia de la mayoría de los pacientes en hemodiálisis se derive hacia centros privados.

   Esta desinversión en el sector público vacía de una parte significativa de su contenido asistencial a los servicios de nefrología de los hospitales públicos, motivando la denuncia a la prensa de esta situación por parte de los pacientes en hemodiálisis constituidos en una “Plataforma de defensa de la diálisis en la sanidad pública”. Otro ejemplo paradigmático de la deriva hacia la concertación privada de nuestra sanidad es la concesión al mismo grupo empresarial privado de la gestión de la radioterapia en Ibiza y, próximamente, en Menorca. En estas dos islas, la forma de colaboración con las clínicas privadas adoptará la fórmula de pago por cartilla sanitaria y no por servicio realizado. Es decir, la administración pública pagará una cantidad fija, independientemente de los tratamientos que se realicen. No es difícil coincidir en que, en acuerdos como estos, son más necesarios que nunca estrictos mecanismos de control.

    Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPIB) alentamos a nuestros gestores sanitarios a que desarrollen políticas basadas en la defensa del derecho a la salud como principio de equidad de la población y a no seguir avanzando en la privatización. Es necesario revertir la situación en la línea de medidas como las que se están tomando en otras comunidades autónomas. Consideramos que la llamada “colaboración público-privada” nos conduce a un futuro donde lo público será sinónimo de actividad no rentable para el sector privado, con la consiguiente pérdida de eficacia de nuestro excelente sistema público salud en favor de otras opciones de las que se conocen sus negativos resultados sobre la salud de la población y sobre el aumento de gasto.

Comunicado de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB

(ADSP-IB)

Palma, 21 de Julio de 2017