FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

TRIBUNA ABIERTA: LA SANIDAD CANARIA. Santa Cruz de Tenerife. 6 de abril 2017, 18,30 hs

Canarias20170321

¿Por qué la sanidad debe ser pública?

Encuentro Ciudades Madrileñas comprometidas con el Refugio. Madrid 16.3.2017

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Un año después del acuerdo UE-Turquía,

“Refugio por Derecho Madrid” impulsa el

“Encuentro de Ciudades Comprometidas con la Acogida”


       - Más de 15 organizaciones sociales y políticas invitan a todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a establecer un espacio de trabajo colaborativa en materia de acogida.

       - El proceso, que contará con varias fases, permitirá que desde las competencias de los municipios se pueda dar respuesta a las necesidades de las personas refugiadas y a los compromisos en materia de refugio y asilo.

MADRID, 10/03/2017. Diferentes organizaciones sociales, del ámbito del refugio, partidos políticos y sindicatos han impulsado esta iniciativa para dar una respuesta municipal a los compromisos del Estado español en materia de acogida. El “Encuentro de Ciudades Madrileñas Comprometidas” es un proceso a través del que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pondrán en marcha medidas desde su ámbito competencial con el objetivo de facilitar la reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de protección internacional.

En la próxima semana, coincidiendo con el aniversario del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, se presentará este marco de trabajo en un acto en el que participarán representantes de Ayuntamientos involucrados. Se darán a conocer las actuaciones que se van a adoptar, que incluirán la elaboración de planes y protocolos específicos, la previsión de soluciones habitacionales o la incorporación de la participación ciudadana al proceso.

Según “Refugio por Derecho Madrid”, la agrupación de organizaciones promotora, “se trata de establecer acuerdos iniciales para construir el debate y la reflexión colectiva, en torno a las estrategias a desarrollar en materia de acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas”. El acompañamiento a estas personas y el seguimiento de las medidas llevadas a cabo son un elemento fundamental que deberá dotarse de recursos y fondos adecuados, así como de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones.

Desde el comienzo de esta crisis, la ciudadanía se ha manifestado denunciando la falta de voluntad política y el cierre de fronteras como única respuesta a la situación de persecución y  de vulneración de derechos que sufren estas poblaciones. El Estado español se comprometió a acoger a 17.00 personas antes del final de 2017, aunque hasta la fecha solo lo ha hecho con 1.140. Alrededor del 10% de esas acogidas se han producido en la Comunidad de Madrid, según la Consejería de Asuntos Sociales. Por su parte, la Unión Europea también está incumpliendo el acuerdo inicial, al estar por debajo del 15% de su compromiso de acogida.

REFUGIO POR DERECHO MADRID

Organizaciones promotoras de esta iniciativa que forman parte del espacio colaborativo REFUGIO POR DERECHO MADRID:

CEAR Madrid, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Red de ONGD de Madrid, CEPAIM-Madrid, ACCEM, Madrid Paz y Solidaridad, Médicos del Mundo, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPM), FACUA Madrid, PSOE-M, Podemos Madrid, IU Madrid, EQUO Madrid, CCOO de Madrid, UGT-Madrid, USO-Madrid, Federación de Municipios de Madrid (FMM). 

Manifiesto por la recuperación de los Centros Sanitarios Privatizados

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Gran éxito de la Marea Blanca Gaditana en defensa de la Sanidad Pública

  MB1

   El pasado domingo día 19 de febrero se ha celebrado en Cádiz la primera manifestación organizada por la Marea blanca gaditana.


   Podemos concluir de forma rotunda que ha constituido un rotundo éxito, no sólo por movilizar a más de 9000 personas de toda la provincia, en un día lluvioso y con ventisca, sino por el ambiente de complicidad de toda la población en torno a la defensa del sistema sanitario público.

   La marea blanca ha hecho resurgir el clamor ciudadano en Cádiz y este hecho va a constituir nuestro mejor aval para comenzar en los próximos días las reuniones de trabajo con la Consejería de Salud.

   La marea ha constituido grupos de trabajo sobre las reivindicaciones claves y propondrá propuestas para la mejora del sistema sanitario público.

   Esperamos tener éxito porque ello supondrá la salvación de un sistema sanitario que ya ha demostrado sus posibilidades y por eso es valorado y defendido por la población.

Marea blanca gaditana en defensa de la sanidad pública


MB2

Presentación y Manifiesto ADSP Illes Balears

La Sanidad Pública universal ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, ya que supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años estamos viviendo una maniobra privatizadora donde juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público. Cuando son las políticas neoliberales las principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la excusa de la innovación buscan la oportunidad de extender sus negocios y descapitalizar el sistema sanitario público.

Hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagar la asistencia sanitaria, dejando para los menos favorecidos un modelo de beneficencia.

Se están produciendo grandes cambios no sólo en las organizaciones sanitarias, sino en todas las organizaciones públicas a causa de estas políticas neoliberales que se están implantando. Estas políticas nos llevan a un futuro donde la gestión de los servicios públicos por empresas con ánimo de obtener beneficios, nos sitúa ante una pérdida de derechos ciudadanos a costa del aumento de beneficios empresariales. Ante esta deriva tomamos posición contra este tipo de políticas y contra estos modelos de gestión y proponemos la creación de una Plataforma en defensa de la SANIDAD PÚBLICA de las Islas Baleares.

Esta Plataforma pretende conseguir:

1. Una sanidad universal, gratuita y de calidad, financiada por impuestos públicos.

2. Una gestión sanitaria pública, con políticas de RRHH que potencien la dedicación exclusiva de los profesionales a la asistencia pública.

3. Recuperar las privatizaciones o externalizaciones, mediante la rentabilización de los servicios públicos. Derogación de la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión de los servicios sanitarios.

4. Recuperación de la Ley 33 /2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública que promueve la disminución de las desigualdades sociales en salud, así como la derogación del RD 16/12 de medidas de sostenibilidad del sistema de salud que mantiene la condición de tener que estar asegurado para ser atendido con fondos públicos.

5. Potenciación y correcta dotación de los dispositivos de salud pública, desarrollando políticas encaminadas a la vigilancia del estado de salud de la población y sus determinantes (salud alimentaria, laboral, ambiental, brotes y riesgos epidémicos etc.). Fomentar la Inclusión de políticas de salud pública, en todas las políticas.

6. Reforzar la Atención Primaria como eje y ordenación de la asistencia sanitaria y mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada/hospitalaria.

7. Mejorar la atención a la salud mental, la atención socio-sanitaria y la atención a la cronicidad. Creación de centros socio-sanitarios y de residencias públicas.

8. Potenciar la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el área del medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con independencia de la industria farmacéutica y tecnológica.

9. Dotación suficiente para mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas a la evaluación de medicamentos, material, dispositivos y tecnología sanitaria, y a la promoción del uso racional con criterios de eficiencia.

10. Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los medicamentos, los dispositivos y la tecnología sanitaria, evitando los precios abusivos de los mismos. (Iniciativa “No es sano”).

11. Transparencia en la gestión del sistema sanitario como parte de toda política de gestión pública. Especialmente en la gestión de las listas de espera, conciertos y gastos, garantizando una atención sanitaria eficaz y equitativa.

12. Participación real de la población y de los profesionales, en la gestión de las Áreas de salud, Hospitales y Centros de Salud, con la creación de los Consejos de Salud que están definidos en la Ley General de Sanidad de 1986.

En Palma, 16 de Febrero de 2017

cartel vertical


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Los Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2017

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Marea Blanca Cadiz 19 de Febrero

MBCádiz19.2

Comunicado de la mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada

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ADSPC Convocatoria para organizar la Marea Blanca Canaria

Se pone en marcha la preparación de una Marea Blanca "preventiva"

   El pasado viernes, 20 de enero, tuvo lugar un primer contacto entre diversos colectivos de la sociedad civil, de profesionales sanitarios y de varios sectores de la ciudadanía, con el objeto de analizar la alarmante deriva que para la sanidad canaria está desarrollando el actual Presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y su partido Coalición Canaria. Del hecho incuestionable de la entrega de la gestión sanitaria pública a la patronal de la sanidad privada, a través de uno de sus principales representantes como es el señor Baltar, así como de las posteriores declaraciones públicas del Sr. Clavijo, no puede sino concluirse que ya hoy es tarde para dar la correspondiente respuesta ciudadana y profesional ante semejante amenaza para la existencia del sistema sanitario público en nuestras islas.

   La respuesta pues no se puede hacer esperar, es más, dadas las circunstancias es absolutamente necesario que se plantee con carácter "preventivo" que debemos adelantarnos a lo que evidentemente va a ocurrir si no nos movilizamos de inmediato. ¿Y que podría ocurrir?, pues que Baltar, mediante lo que denomina "colaboración público-privada" cuya necesidad dice que "van a estudiar", vacíe buena parte de la dotación presupuestaria de la sanidad pública hacia la concertación con la privada ofreciendo encima como "resultado" la disminución de determinados tramos de la lista de espera quirúrgica, los más rentables para la privada sobre todo, transgrediendo la normativa legal que exige "que antes de cualquier concierto el sector público esté al 100% de su rendimiento" y a costa de hundir aún más a la atención sanitaria con medios públicos, es decir, a la que debe garantizar la equidad en salud para toda la población sin ningún tipo de distinción. Es a esa consecuencia última a la que apunta el proceso privatizador que venimos sufriendo desde hace muchos años, la del desmantelamiento de la sanidad pública que quedaría como "beneficencia" para personas sin recursos y la de una boyante sanidad lucrativa privada como opción "obligada".

    Por todo ello la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) quiere hacer un llamamiento a la preparación de una gran Marea Blanca en nuestras islas, en todas y cada una de ellas, con la presencia más amplia y plural que sea posible, de colectivos de trabajadores, de profesionales, de pacientes, de familiares, de pensionistas, de sindicatos del sector sanitario, de asociaciones de vecinos, de plataformas, así como de las personas en general a título particular, como única forma efectiva de plantar cara a la situación.

    Estamos convencidos de ello, por eso pedimos ideas, propuestas y participación en las reuniones amplias que queremos celebrar, llegando a  una planificación  conjunta detallada del proceso a desarrollar de aquí en adelante que debe comprender una intensa y extensa labor explicativa y organizativa a lo largo y ancho de nuestro territorio archipielágico.

    La  primera convocatoria va a tener lugar en Tenerife, el próximo viernes 10 de febrero a las 18 horas, en el Espacio La Higuera 29 de la C/ La Higuera nº 29 de La Laguna. En el mismo sentido nos ponemos a trabajar para que en torno a esa fecha surjan más convocatorias en otras islas. Esperamos que se animen a participar todas y todos los que deben estar en tan trascendental momento para defender la herencia que no debemos dejar de preservar para las nuevas generaciones.

¡ LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE !
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
Canarias a 23 de enero de 2017

Nota sobre las declaraciones de la Ministra de Sanidad sobre “hacer más justo” el copago de los pensionistas

      El Real Decreto Ley 16/2012  de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso, entre otras nefastas consecuencias

       ·         La ruptura del principio de universalidad del sistema sanitario, derecho recogido en la Ley General de Sanidad

       ·         El copago de medicamentos por los pensionistas, la eliminación de 400 fármacos de gran uso y un importante incremento de la aportación económica de todos los usuarios

       ·         La fragmentación de la Cartera de Servicios ofertada por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, para incluir copagos por algunas prestaciones que son actualmente gratuitas (pendiente de desarrollo normativo .

      Este RD ha tenido serias repercusiones sobre la asistencia sanitaria de los grupos más desfavorecidos  como inmigrantes sin papeles, pensionistas, jóvenes emigrantes españoles y parados de larga duración:  

       ·         Entre el 15 y el 25% de los pensionistas, trabajadores precarios y parados de larga duración, no pueden retirar los medicamentos prescritos por sus médicos por motivos económicos.  

       ·          Se ha imposibilitado el acceso a los servicios sanitarios a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país en condiciones de gran precariedad y ha provocado la interrupción del tratamiento y seguimiento de enfermedades graves de muchos de ellos (que en algunos casos han llegado a la muerte)

      Los parches puestos en marcha en algunas Comunidades Autónomas, para contrarrestar los terribles efectos de este Decreto,  han tenido efectos diversos y en algún caso han fracasado por falta de información y por responder a un modelo carente de integralidad. Por otro lado los ahorros de estas medidas son un enorme fracaso (el ahorro real fue de menos de 400 millones de euros frente a los casi 2.000 millones previstos, que se han reducido a nada con los últimos incrementos del gasto farmacéutico).

      Ante las últimas declaraciones de la Ministra de Sanidad de introducir progresividad en el copago de los pensionistas, para hacerlo más justo y equitativo, desde la FADSP queremos comunicar:

      1.- Que el fracaso de la introducción del copago farmacéutico de pensionistas debería obligar a su retirada inmediata, para no hacer más daño a los colectivos afectados.

      2.- La progresividad de la financiación de los servicios sanitarios no pasa por hacer más o menos tramos de copago a los pensionistas, sino por hacer que quienes tienen más riqueza, patrimonio e ingresos contribuyan más a la financiación del  sistema con sus impuestos de manera justa y progresiva, acabando con las exenciones fiscales a las grandes fortunas y empresas multinacionales;  las reducciones del impuesto de patrimonio o  trasmisiones; o las sucesivas amnistías a los defraudadores (el fraude fiscal alcanza el 25% del PIB español) .

       Resulta escandaloso  que el 86% de los impuestos corren a cargo de los asalariados a través del IRPF (44%) y consumidores independientemente de su nivel de renta como el IVA (23%) y los impuestos especiales (que gravan el consumo de electricidad, productos energéticos y bebidas) (13%). Las empresas y sociedades apenas pagan el 14% de los ingresos fiscales totales.

       3. Finalmente reiterar que los copagos son un impuesto a la enfermedad porque recaen sobre quienes tienen mas problemas de salud y no sobre quienes tienen mas dinero

       Desde la FADSP exigimos que se derogue el Real Decreto 16/2012 para suprimir los copagos de los pensionistas y se restituya el derecho a una atención de salud universal y equitativa.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

20 de Enero de 2017

  

Movilizaciones descentralizadas contra el CETA - 21 ENERO

TTIP

El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), y también conocido como el ”TTIP canadiense”, por sus similitudes con ese acuerdo, se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación.

El CETA estuvo a punto de quedar bloqueado en el Consejo Europeo por la negativa del Parlamento de la región belga de Valonia a dar el visto bueno a su aprobación, pero finalmente las numerosas presiones internacionales forzaron a los belgas a aceptar el tratado.

El próximo 24 de enero el CETA será votado en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo; la Campaña NO al TTIP, CETA, TiSA, así como muchas otras campañas europeas, convoca movilizaciones en todo el territorio el día 21 de enero para incidir sobre la votación del Tratado en febrero.

En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo,en los primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales.

El CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

A pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas” han sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican sustancialmente el acuerdo, que continúa presentando numerosos problemas:

  • El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
  • En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los  derechos de los trabajadores o la protección del ambiente.
  • El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicosy para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
  • El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
  •  Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado seran fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
  •  El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentalescomo el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
  •  Las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y  a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés public.
  • En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida,obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el dersarrollo de una agricultura sostenible.
  • Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el del principio de precaución en la política regulatoria europea.
Por estos motivos, las organizaciones que formamos parte de la campaña NO al TTIP, CETA, TiSA convocamos un día de movilizaciones en todo el territorio el 21 de enero; mostramos nuestro rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y conminamos al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de la ratificación del tratado. 


Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso decimos:

¡No al CETA!  !No al TTIP!

Manifestacion Atencion Primaria Vigo 11 de enero

20170111 manifestacion

2016 Un año casi perdido para la Sanidad Pública

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Cuando va a finalizar el año, merece la pena hacer una breve evaluación de lo que ha sido la política sanitaria en 2016, tanto a nivel del gobierno central como de las CCAA.

A nivel del Gobierno se ha vivido una situación de interinidad que ha llevado a la inacción, y que en el caso de Sanidad ha sido más acusada porque es bien conocido que el titular del Ministerio dimitió en medio del año para presentarse a las elecciones en Euskadi.

Estas circunstancias han hecho que las cosas hayan seguido su curso, empeorando progresivamente. A resaltar algunas cuestiones como son la continuidad en el mantenimiento del RDL 16/2012 con los afectos negativos que tiene sobre el acceso a las prestaciones asistenciales, las exclusiones y la equidad, favoreciendo la desatención sanitaria y el aumento del gasto de bolsillo (lo que pagan las personas directamente para acceder a prestaciones sanitarias, bien en la Sanidad Pública, bien en el sector privado) que se ha incrementado en un 53%. Mientras tanto, y a pesar del importante incremento del gasto farmacéutico en 2015 (especialmente el hospitalario, pero también el de recetas a pesar del copago) y de que los presupuestos de Sanidad evolucionan por debajo del aumento del PIB, el Ministerio de Sanidad mantiene un acuerdo con Farmaindustria garantizándole un incremento del gasto farmacéutico ligado al PIB y continua haciendo el ridículo intentando paralizar las subastas de medicamentos (por suerte el Tribunal Constitucional por fin ha rechazado los recursos) y cualesquiera intentos de poner coto a los incontrolados precios que intenta imponer la industria farmacéutica.

Por otro lado se ha favorecido la deriva privatizadora del conjunto del sistema favoreciendo la provisión privada a cargo de los fondos públicos y la infrautilización de los recursos de la Sanidad Pública, como un ejemplo mas, Muface (cuyos fondos mayoritariamente acaban financiando al sector privado) ha visto incrementarse su presupuesto en un entorno de recortes generalizados de la Sanidad Pública.

Por otro lado no se ha producido ninguna iniciativa para solucionar los problemas pendientes, como la ausencia de fondos de cohesión, el desaguisado de la prescripción enfermera, etc, y el nombramiento de la nueva ministra no plantea perspectivas muy halagüeñas.

El resultado es que en el CIS de noviembre de 2016 la Sanidad aparece como el principal problema para el 13,6% de los encuestados (el valor más alto desde 2010).

En las CCAA ha habido más cambios, especialmente en las que tuvieron cambios de gobierno en mayo de 2015, aunque la tónica general ha sido de un ligero incremento presupuestario en 2016 que no ha superado los recortes realizados desde 2009 (parece que en 2017 la situación tendrá una mejora), y la continuación del proceso privatizador en marcha aunque de manera más lenta y silenciosa para evitar el contundente rechazo social y profesional.

Conviene destacar el caso de Valencia, que ha garantizado la universalización de la atención sanitaria, ha prometido la no continuidad de la concesión del hospital de Alzira (el paradigma del modelo de concesiones administrativas) y está haciendo un amplio trabajo de detección de las irregularidades y corruptelas en los centros sanitarios. Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura son otras CCAA donde se han producido cambios positivos de diversa entidad, aunque con repercusiones distintas, porque su grado de recorte y/o privatización era distinto y también lo era el tiempo que los gobiernos del PP habían destinado a desmantelar la Sanidad Pública.

En esta situación desde la FADSP entendemos que sería prioritario:

- Acabar con los recortes recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2009 y establecer una formula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista.

- Recuperar los fondos de cohesión sanitaria y elaborar un Plan Integrado de Salud para asegurar la equidad, coherencia y coordinación del Sistema Nacional de Salud.

- Derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y avalar la universalidad del derecho a la atención sanitaria

- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público comprometiéndose con la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública.

- Paralizar los procesos de privatización sanitaria y recuperar los centros privatizados - Control del gasto farmacéutico priorizando el derecho de las personas al acceso a los medicamentos por delante de los beneficios empresariales de la industria. - Poner en funcionamiento sistemas eficaces de participación social y profesional en todo el sistema sanitario público.

Algunas de estas medidas dependen directamente del Gobierno central, otras de las CCAA y otras de ambos, en todo caso entendemos que es el momento de apostar seriamente por la Sanidad Pública porque de ello depende la salud de la población.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


20 de Diciembre de 2016

Feliz 2017

Dic
16
2016
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Nota colapsos Hospital Vigo

      Como ya habíamos anunciado desde la AGDSP y la Plataforma SOS Sanidade Pública de Vigo,  pesar de la benignidad de la climatología y de que no existe una situación de repunte epidémiológico de la patología invernal ,  el servicio de urgencias del nuevo Hospital de Vigo, vuelve a padecer una situación de colapso asistencial cuando hace poco más de un año que se ha inaugurado un nuevo hospital. El diseño inicial del Nuevo Hospital respondía a una serie de líneas estratégicas entre las que tenía especial relevancia la potenciación de la atención de Urgencias y la Reordenación de los dispositivos asistenciales del área sanitaria de Vigo. Se  preveía la creación de un Centro de Alta Resolución en Vigo dotado de un Servicio de Urgencias Extrahospitalario con capacidad de resolución diagnóstica y terapeútica ( diagnóstico por imagen, laboratorio,  camas de observación etc ...)para evitar situaciones como las que se están produciendo en este momento de colapso asistencial del Servicio de Urgencias del Nuevo Hospital.

      Lejos de responder a esta estrategia, el gobierno de la actual Xunta de Galicia, cambió el diseño original del Nuevo Hospital y optó por un modelo privatizador de concesión de obra pública tipo PFI.  Para favorecer la rentabilidad privada y el beneficio de la empresa concesionaria, se redujo sustancialmente el proyecto inicial del hospital y concretamente el Servicio de Urgencias que pasó de 72 camas de observación a 34. Irresponsablemente se abandonó la reordenación asistencial del área sanitaria de Vigo, cerrando los centros existentes y dejando a Vigo-Ciudad sin ningún dispositivo de atención especializada. Concretamente se desechó la creación del Centro de Alta Resolución y sólo se sustituyeron los PAC de Bolivia y Coya por un PAC único en el Anexo II de las antiguas dependencias del Hospital Xeral que no mejora la capacidad de resolución de los anteriores y no responde a las necesidades de atención urgente de la ciudad de Vigo.

      Se ha perpetuado así el problema de saturacion y colapso asistencial del Servicio de Urgencias del Nuevo Hospital.

      Por todo ello reiteramos la exigencia de abrir una auditoria sobre los déficit estructurales y funcionales del centro, como paso previo a corregir los aspectos más lesivos, que provocan colapsos asistenciales, y de recuperación del mismos para la sanidad pública


Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública 

7 de diciembre del 2016

Mesa Redonda: Participación social y profesional en Sanidad. Madrid 13 de diciembre 2016

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Vídeo: 35 años defendiendo la Sanidad Pública

Continúan las movilizaciones en Granada

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