FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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INFORME: UNIDADES DE GESTION CLINICA ¿UN RODEO PARA LA PRIVATIZACION SANITARIA?

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Una evaluación rápida de las Principales Medidas de Privatización del Sistema Sanitario

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80 Propuestas para recuperar la Sanidad Pública

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Conmemoración 35 Aniversario Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Madrid 24 Noviembre

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

La Sanidad Pública ante las elecciones del 26 de junio

Comunicado de ACDESA PV en relación de la denuncia de irregularidades en la contratación del personal sanitario

      ACDESA - PV, ante la grabación que a en estos momentos está difundiéndose por la red y en un artículo de hoy de El País Comunidad Valenciana (06.07.16), sobre una médica que opta por bolsa a una plaza de Anestesiología en el Hospital Clínico de Valencia, quiere dejar patente que estas prácticas, tan habituales en otros tiempos no lejanos, es necesario cortarlas de raíz para preservar, por un lado , la dignidad de los profesionales y por otro , el buen nombre de una administración sensible a los problemas de los ciudadanos.

      Por lo tanto exigimos a esta administración las medidas oportunas para que hechos como estos no se vuelvan a producir, para lo que habrá que poner límites a algunos Jefes de Servicio para acabar con estas prácticas.

ACDESA , 08 Junio de 2016

LA FADSP ante los vientres de alquiler

En los últimos meses se están desarrollando diversas iniciativas a favor de la regulación de los llamados vientres de alquiler en España. Sirvan de ejemplo  la feria Surrofair en Madrid en Mayo, la presentación por Ciudadanos de una ILP en la Comunidad de Madrid en marzo (con el apoyo de una parte del PP), o su reserva para presentar iniciativas en esta materia,  al pacto con el PSOE tras las elecciones del 20D. Sin duda el debate está abierto.

Desde la FADSP opinamos que este asunto no debe abordarse exclusivamente desde los deseos individuales de paternidad/maternidad.; deben contemplarse sus aspectos bioéticos y su incidencia sobre la desigualdad económica y de género. Ambos factores determinantes de las desigualdades sociales en salud. Desde el concepto de salud integral que acuñó la OMS, no puede entenderse la maternidad como una mera técnica de reproducción, ni desligarse de sus aspectos biopsicosociales.

Cuando el embarazo no responde a los propios deseos de maternidad, sino que está  forzado para satisfacer el deseo de otr@s, y/o condicionado por su situación socioeconómica, se está reforzando la desigualdad de género al situar su cuerpo a disposición de los demás.

Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos por la Conferencia de El Cairo de Naciones Unidas como pare integrante de los derechos humanos, lo que incluye el derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de ningún tipo. Poner el cuerpo de las mujeres como cualquier otro producto a disposición del mercado capitalista, afecta a los DDHH de las mujeres y lesiona gravemente su autonomía y la capacidad de control sobe el propio cuerpo, cuando su salud se pone al servicio de otros. Los derechos humanos no pueden ser materia de compraventa, sino que su desarrollo se basa en la exigencia de condiciones dignas para su ejercicio.

Sabemos que existe un mercado internacional que presiona por su regulación, que se alimenta de la pobreza de las  mujeres de  países pobres como Tailandia o la India, donde se gestiona el grueso del mercado de los vientres de alquiler. Por ello, de regularse afectaría gravemente a las mujeres en situación más vulnerable.

Sin duda son muy respetables  los deseos de ser padres o madres, pero también lo son los derechos de las mujeres gestantes y los derechos de los menores. Las garantías que se establecen sobre estos en los procesos de adopción, (a conocer sus orígenes, o a la idoneidad de los futuros padres o madres), no están presentes en la práctica de los vientres de alquiler. Lo que prevalece es el contrato, donde se establece la renuncia expresa (y la indemnización por incumplimiento) de las madres  a todo derecho sobre sus hijos.

Cabe recordar que existen otras opciones como la adopción de niños y niñas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Los menores son personas con sus derechos, no son propiedad de los padres/madres, y por eso es éticamente cuestionable el modelo de hijos a la carta que plantea la práctica de los vientres de alquiler.

Conviene señalar que la responsabilidad de legislar en materia de salud debe responder a las necesidades de salud de la población y no a deseos individuales, ni mucho menos responder a las presiones de un sector que ve un nicho de negocio en la capacidad reproductiva de las mujeres. Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales, sobre todo si estos no respetan los derechos de las personas social y económicamente más vulnerables.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Junio de 2016

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las “26 medidas para el 26 J” propuestas por el PP

    La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las “26 medidas para el 26 J” propuestas por el PP, tiene que señalar:

1.   Los 6 primeros puntos solo plantean rebajas fiscales que son incompatibles con el mantenimiento de los servicios públicos, solo podrá haber buenos servicios públicos si existe una recaudación fiscal suficiente. Las pruebas que tenemos en España es que se bajaron los impuestos en la pasada legislatura y ello fue paralelo a unos brutales recortes en los presupuestos sanitarios que deterioraron el funcionamiento de la Sanidad Pública.

2.   El apartado que se refiere específicamente a la Sanidad (medida 16) señala algunos aspectos que conviene resaltar:

        - El asegurar que nos e produzcan diferencias en la atención sanitaria según la comunidad autónoma depende los recursos que tengan estas, es decir de una financiación suficiente y finalista que, como se ha señalado las propuestas que hace el PP, no solo lo garantizan sino todo lo contrario.        

        - Prometer la reducción de las listas de espera está bien, pero en la pasada legislatura sucedió todo lo contrario, es decir estas aumentaron.        

        - La libre elección de médico y centro, en las CCAA donde se ha puesto en práctica, por ejemplo Madrid, solo favoreció las derivaciones hacia el sector privado y el mayor deterioro de los centros públicos        

        - En cuanto a la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales quizás se refiera a los cierres  de puntos de atención continuada que realizaron los gobiernos del PP en Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura.

   En conclusión las propuestas de realiza el PP de cara a las próximas elecciones son algunas de ellas seriamente lesivas para los servicios públicos como la Sanidad y las otras contradicen la práctica de este partido, a nivel central y autonómico en los últimos años.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

6 de junio de 2016

Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

Volvemos una vez más al inevitable tema de las listas de espera en sanidad. Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses. Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes.

Los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo, revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000).

La información aportada nos crea la duda de si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables.

La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que “hacerlos dimitir”. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados.

Leer más:  Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

Reclamamos la exclusividad de los Centros Sanitarios Públicos para las Universidades Públicas

Nota AGDSP sobre el anexo 1 hospital Xeral Vigo

    Ante la noticia del aplazamiento temporal, por motivos técnicos de la devolución de la torre del Xeral y del Anexo I  a  la Tesorería General de la Seguridad Social por parte del SERGAS que estaba fijada para el 31 de mayo la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública quiere denunciar:

    1.-Que el Anexo I es absolutamente necesario para ubicar un Centro de Alta Resolución, un Centro de Atención Primaria, un Servicio de Urgencias Extrahospitalario dotado del personal y los recursos diagnósticos para descongestionar las urgencias del CHUVI sometidas a una presión asistencial desproporcionada, un Servicios de Salud Mental Comunitario, la rehabilitación extrahospitalaria, el Centro de Orientación Familiar y otros servicios de lo que carece el área de Vigo con carácter urgente. La reducción del proyecto funcional del Nuevo  Hospital Alvaro Cunqueiro de gestión privada, el desmantelamiento del Hospital do Meixuiero  y la desastrosa planificación de los dispositivos de atención especializada conforman un escenario desastroso da sanidad viguesa.

    2.-Destinar el Anexo I a   aparcamiento de la Ciudad de la Xusticia es una decisión irracional e insensata que dañara la sanidad pública de Vigo, dado que hay espacios suficientes en los alrededores del edificio para esta finalidad.

    3.-Hacemos un llamamiento a los colectivos vecinales, a la asociación de comerciantes del barrio y a los trabajadores sanitarios representados por la Xunta de Personal y la Plataforma SOS Sanidade Pública para que se opongan activamente a esta decisión que además de irreparable, lastimará  los derechos sanitarios de toda la población del área, los legítimos intereses de los comerciantes de la zona y contribuirá al deterior del barrio.

    4.-Esa decisión viene a mostrar, una vez más, el desprecio del Gobierno de Núñez Feijoo por los derechos ciudadanos y su desinterés por la mejora de los servicios sanitarios públicos de Galicia y especialmente de Vigo y su área. Los miles de manifestantes que reclaman reiteradamente la recuperación del CHUVI para la sanidad pública y acabar con la discriminación sanitaria  merecen otro gobierno. 

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

3 de Junio do 2106

Colectivos sociales, políticos y asociaciones vecinales denuncian la opacidad en la gestión público-privada del Consorcio Sanitario Aragonés

        Ayer miércoles 1 de junio, a las 12h, tuvo lugar una rueda de prensa, en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, a cargo de diversos colectivos en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, para denunciar la opacidad en la gestión público-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución).

Más de una veintena de colectivos, asociaciones vecinales y grupos políticos, se han adherido a esta denuncia y han firmado un escrito dirigido al Gobierno de Aragón, que fue entregado en el registro del Pignatelli, ayer a las 17h de la tarde.

La rueda de prensa, estuvo a cargo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de las Unidades de Salud Mental y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad. Dichos colectivos, se refirieron al último informe publicado por la Cámara de Cuentas de Áragón, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 del consorcio privado del CASAR. Dicho informe, pone de manifiesto graves irregularidades en la gestión del consorcio privado, cuyo resultado es una deuda aproximada de unos veinte millones de euros, que ahora, tras la integración del consorcio en el SALUD, tendrá que ser sufragados con fondos públicos.

La imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a toda la información , para poder realizar un informe riguroso, demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este experimento público -privado, en el que  todavía quedan por aclarar: los sobresueldos recibidos por altos cargos del consorcio fuera de convenio, el balance de cuentas de liquidación, el sistema de contratación del personal sanitario, los servicios prestados por el SALUD, los servicios externalizados y su rendimiento, los beneficios obtenidos por la mutua, etc. Un sinfín de irregularidades y de falta de información que hace sospechar que ninguno de los sucesivos gobiernos autonómicos (desde la fundación del consorcio en 2006) ni las alcaldías implicadas, parecen querer asumir las responsabilidades de una gestión en la que sabemos quienes pierden (una deuda millonaria que tendrá que ser asumida por todos los aragoneses) pero que, a día de hoy, no sabemos quienes ni cuanto han ganado.

Por ese motivo, los colectivos denunciantes exigieron públicamente la realización de una auditoría externa que aclare las gestión llevada a cabo, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso.

Del mismo modo, los colectivos resaltaron que el CASAR no es un caso aislado y enumeraron las diversas experiencias privatizadoras que se  han llevado a cabo en el resto del estado y que se han saldado con similares consecuencias (se ha demostrado que el SALUD es un 25% más barato que el modelo de gestión del CASAR). Así pues, declararon que la proliferación de asociaciones público-privadas responde a un proceso de privatización encubierta de los servicios públicos y que además, este modelo de gestión, genera el entorno idóneo para la corrupción. Denunciaron, que este tipo de asociaciones están acostumbradas a ocultar endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Y recordaron que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Hecho que es incompatible con el acceso universal a servicios públicos de calidad.

En ese sentido, reivindicaron también la derogación de la Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión”,  marco legal que permite la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública y que, pese a las continuas promesa electorales, aún sigue vigente.

Los colectivos denunciantes, advirtieron que las acciones de protesta seguirán hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones.

 

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Ponencias XVI Jornada Desigualdades Sociales y Salud, Cádiz 28 de mayo de 2016

Adjuntamos el enlace a las ponencias de las jornadas de desigualdades sociales y salud de Cadiz 2016

 

Enlace

TTIP Y Salud

Jun
02
2016

6º Informe Observatorio Madrileño de Salud

Contra los recortes y el deterioro del Hospital. Concentración Salamanca 3 de Junio 12 Hs

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Ante la noticia de la integración de Galaria S.A en el CHUVI

Ante la noticia de la integración de Galaria S.A en el CHUVI, la AGDSP quiere comunicar:

Como ha mantenido desde siempre la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Publica, y el Sergas parece admitir, la privatización de la gestión de servicios sanitarios públicos de Vigo fue una decisión equivocada, con motivaciones ajenas a la sanidad pública, convirtiendo a Vigo en la única Área sanitaria cuyo hospital de referencia no gestiona los equipos de Resonancia Magnética, a pesar de estar ubicados en sus propias instalaciones, dificultando la asistencia radiológica integral a radiólogos y pacientes.

Con esta medida el gobierno gallego trata de hacer un lavado de cara a la desastrosa situación en que ha dejado la radiología gallega y de forma especial la viguesa, dado que:

El servicio de Radiodiagnóstico del CHUVI:

    - Depende funcionalmente del SERGAS, pero se encuentra ubicado en un hospital cogerenciado por una UTE privada.

    - Parte de sus equipos son del Sergas y de gestión pública. Otra parte son de Philips, la multinacional holandesa adjudicataria de los nuevos equipos de TAC y mamografía, por medio de una figura contractual hecha a medida de la empresa “el socio tecnológico”. Los profesionales del CHUVI utilizan los equipos a cambio de un alquiler que el Sergas paga a la multinacional.

    - Otra parte pertenecen a la empresa de gestión privada Galaria S.A, comprados por Galaria y gestionados por su junta directiva. Sin embargo, los nuevos equipos de Galaria (RM, Radioterapia y Medicina nuclear) han sido o van a ser comprados a través del socio tecnológico y no pertenecen realmente a Galaria, sino a las multinacionales adjudicatarias, como ocurre con la nueva RM que va a ser ubicada en el hospital Álvaro Cunqueiro, que pertenece a Philips y el lissing lo financia el Sergas, así que sería absurdo si no ilegal que lo gestione Galaria. Lo mismo ocurrirá con los nuevos equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, o con los propios de Galaria y actualizados recientemente con fondos propios del Sergas.

Ante esta situación solo cabe el desmantelamiento de Galaria y la integración de todos los servicios sanitarios en el Sergas. Sin embargo, el gobierno gallego no pretende integrar Galaria. Simplemente, a Feijóo no le queda más remedio que devolver al hospital público la tecnología pagada con dinero público, por imperativo legal.

Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública

29 de mayo de 2016

www.fadsp.org
Twitter: @FADSPU
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