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Ante la denegación de cuidados terminales a una niña gallega

Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y la FADSP  rechazamos la decisión del Servicio de pediatría y de la gerencia del CHUS de mantener artificialmente con vida a una niña en situación terminal, en contra del consentimiento de sus padres, incumpliendo la ley de derechos y Garantías de los enfermos terminales aprobada por unanimidad en el parlamento gallego  hace 3 meses, además de otras normativas españolas (ley de autonomía del paciente) y europeas (Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y la biomedicina)

Con términos claros, la ley garantiza el respeto absoluto a las decisiones de enfermos o responsables legales en la fase terminal de la enfermedad, rechaza la obstinación terapéutica y afirma que prolongar la vida a cualquier precio no es una buena práctica clínica.

Con respecto a los derechos y obligaciones de las instituciones sanitarias y de los profesionales responsables:

La ley de Autonomía del Paciente señala que este puede elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazar cualquier intervención sanitaria.

La ley gallega no contempla la objección de conciencia para los profesionales, dado que no regula la eutanasia sino el derecho a morir cuando la vida se acaba, como ocurre en este caso, y porque considera que la retirada de medidas terapéuticas inútiles no impide la muerte pero tampoco la causa, sino la propia enfermedad que padece el enfermo. 

Además aclara que la limitación del esfuerzo terapéutico no es una opción para los profesionales implicados, sino una obligación moral y normativa, y que en caso de discrepancia entre instituciones o profesionales sanitarios y los pacientes se recomienda asesoramiento por parte del comité de ética asistencial, que en este caso apoya a los padres de la niña enferma.

Esta ley trata de apoyar a los profesionales en decisiones no siempre fáciles. Recordemos la utilización política de los antiguos responsables sanitarios del PP de Madrid, acusando a los profesionales que utilizaban la sedación a pacientes terminales en el Hospital de Leganés y la inseguridad jurídica que esto supuso para quienes las ponían en práctica, que puede explicar las reticencias de los profesionales gallegos, pero no del equipo directivo ni de la Consellería de Sanidad.

Desde la AGDSP y la FADSP exigimos que se cumpla la Ley. No pueden existir razones personales o profesionales para que se deniegue el cumplimiento de la legislación que ampara los derechos de las personas, especialmente en momentos tan críticos y dolorosos

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

30 de septiembre de 2015


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