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El Gobierno de Canarias privatiza la vacunación contra el coronavirus

adspCanariasLas mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.

El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada “colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios  a la misma porque además de continuar relegando la potenciación de la Sanidad Pública mediante los necesarios recursos humanos y materiales a efectos de cumplir con la función que le asigna democráticamente nuestra sociedad, deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión de la vacunación la exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.

Esta nueva privatización se añade a la que denunciamos en mayo del año pasado siendo entonces 33, y ahora 127, los laboratorios y clínicas privadas ajenas al Servicio Canario de la Salud autorizadas a realizar pruebas para la detección de la Covid-19, el "mercado" manda con nuevos "nichos de negocio" basados en los requerimientos de las empresas para sus trabajadores y en las solicitudes de particulares asintomáticos que se pueden costear las pruebas y que se llegan a facturar hasta por unos 200 euros cada diagnóstico del coronavirus.

En Canarias, y en el conjunto del Estado, lo que se debe hacer es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (noprofitonpandemic.eu/es/) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la Unión Europea, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables.

Insistimos en que estamos ante una iniciativa que no es altruista dado que supone una penetración, a través de ese caballo de troya llamado “colaboración pública-privada”, en las competencias de la Sanidad Pública como vía de ampliación del acceso privado a los fondos públicos. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 22 de marzo de 2021

Admitida la demanda de la ADSPC sobre el concierto de hospitalización de media estancia

 

  HospCiudTelde

 

 Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias.

   La demanda en lo contencioso-administrativo en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

   Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

   Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

   Con el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que admite la citada demanda, continúan las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 2 de marzo de 2021

Los planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privado

ConradoTrujLa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”. 

Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.

Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español. 

La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente. 

Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado? 

Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.

La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial  y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.   

También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.

Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo. 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda

En Canarias a 22 de febrero de 2021

Al final, ni navidad, ni turismo, ni vidas

GobCanarias

 

Hace meses denunciábamos la presión del empresariado que trajo la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias por parte de la patronal hotelera y turística. Desde el Gobierno de Canarias no se ha actuado debidamente ni en lo que se refiere a las normas de seguridad sanitaria como tampoco respecto de las ratios de "rastreadores". No se ha fortalecido a la Atención Primaria dotándola de los muchísimos recursos que precisa para cumplir con la enorme tarea asignada de ser el eje central en la fase actual de la pandemia. En cuanto al control de las residencias de mayores, resulta inconcebible a estas alturas la nula capacidad demostrada por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

 

Como consecuencia de todo ello estamos en la segunda oleada y adentrándonos en lo que va a ser la tercera (post navideña) en el mes de enero. El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias es ahora en la isla de Tenerife, donde a diferencia de los brotes centralizados en Las Palmas, que llegó a acumular cerca del 75% de los casos, están generalizados por toda la isla, con Santa Cruz y La Laguna como municipios más afectados, habiéndose desarrollado de modo paulatino y sostenido como expresión del fracaso de las medidas, tímidas y tardías, de un Gobierno canario que por otro lado ha venido insistiendo en responsabilizar a la ciudadanía al mismo tiempo que se demanda del Gobierno central la posibilidad de rebajar el control mediante PCR a los turistas para fomentar la movilidad hacia nuestras islas.

 

A raíz del cierre perimetral de Tenerife recién decretado, en una comunicación emitida desde Presidencia del Gobierno de Canarias, se hacía alusión a la “excepcionalidad adicional en la entrada y salida de turistas nacionales e internacionales” pretendiendo que el flujo de turistas a la isla quede asegurado a lo largo de las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones navideñas y las fiestas de Fin de Año. Nos preguntamos si los turistas británicos, u otros, traerán consigo la nueva cepa del coronavirus.

 

El llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con las normas de distanciamiento social, higiene, ventilación y uso de mascarilla y a su vez supeditar la salud a la economía por mor del negocio turístico, no hace sino fomentar la desobediencia de las normas y el desprecio de las recomendaciones y al final, queriendo “salvar el turismo y la navidad” no se salvan ni uno ni la otra y, lo que es mucho peor, tampoco las vidas correspondientes si se las hubiera priorizado por encima de cualquier otra consideración.

 

Si analizamos la situación de este fracaso utilizando símiles futbolísticos, vemos que comienza la epidemia (la Liga), llega el primer partido se toman medidas, confinamiento en un hotel y otras y antes de ver los resultados se produce  el despido del entrenador (la Consejera Cruz) y de sus técnicos, según parece por no anteponer la economía a la salud, se nombra nuevo entrenador y para sorpresa nuestra, aunque no tanta, se nombran unos nuevos técnicos que son los mismos que con sus ideas y procedimientos habían llevado a la Sanidad Canaria al último puesto en el ranking estatal en los últimos años. Siguiendo con el símil futbolístico, ahora que se ha fracasado, ¿qué se hace?, pues responsabilizar a los jugadores (ciudadanía).

Responsabilizan de su inacción e incapacidad a una ciudadanía que acumula el cansancio de tantos meses y fundamentalmente confundida por la labor “infantilizadora” del Gobierno para la comprensión de la pandemia, al decirle lo que quiere oír, y no haber sabido encauzarla respecto a las recomendaciones y normas. Ahora cuando la situación se ha descontrolado tratan de actuar con dureza, lo que debió hacerse cuando comenzó el ascenso de los contagios, de los ingresos hospitalarios y de las muertes, aunque ahora también se filtra la irresponsabilidad política del que busca votos, ¿por qué mientras todos los países ponen el toque de queda los días 24 y 31 por ser los días de mayor riesgo, en Canarias se aplica una ampliación de horario?. ¿Será que quieren compensar de su fracaso de gestión a la ciudadanía?

 

Desde Atención Primaria también cabe decir que un día sí y otro también hay cambios de protocolo, motivados por la incertidumbre y por las dudas sobre los métodos diagnósticos y por tanto a su vez con contradicciones frente a las dudas de la población. Entre marzo y agosto se dejaron de practicar muchísimas operaciones quirúrgicas, un dramático descenso de actividad de consecuencias todavía indeterminadas. Por el contrario, Atención Primaria ha multiplicado su actividad, por ejemplo, en un centro de salud urbano de tamaño medio (14.000 habitantes asignados) se resolvieron en los dos meses de marzo y abril 174.000 consultas telefónicas o se incrementó la actividad registrada en un 15 %.

 

En esta segunda ola de la pandemia nos encontramos con la promoción machacona de las vacunas como si todas fueran adecuadas, todas buenas. La urgencia por disponer de una vacuna lo antes posible se está convirtiendo en una carrera contra reloj de apariencia esperpéntica y restando seriedad al rigor que el procedimiento de su elaboración requiere, saltándose en algunos casos los pasos necesarios de seguridad, biodisponibilidad, pruebas intermedias, etc. motivado todo ello por estrategias comerciales o por la ansiedad de los políticos, como si la estrategia decidida de vacunar a toda costa a todo el mundo (occidental) silenciara el eco de las dudas.

 

Siendo Atención Primaria la que va a vacunar, si se quiere que prospere la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias deben explicarle cómo se van a concretar las promesas hasta ahora incumplidas, cómo y cuánto será ese refuerzo que tanto se prometió durante la primera ola pandémica y que nunca llegó y cuáles serán las ayudas para emprender una campaña de vacunación masiva con los equipos de atención primaria diezmados por las bajas y hastiados por la carga laboral y una anómala forma de trabajar sin que todavía se vea la luz al final del túnel. Estamos a pocos días de comenzar las vacunaciones y mientras en otras CCAA han empezado desde hace días a formar al personal, a preparar la logística etc., aquí todo está como vulgarmente se dice en pañales y además con una huelga médica, ahora de momento en suspenso, por la nefasta gestión de personal que desde hace décadas han llevado los diferentes Gobiernos de Canarias.

 

Nos esperan días y semanas muy duras, solo podemos esperar que la salud pública prevalezca, así como la ética, el sentido común, la cordura y la decencia. Como se dice por Canarias “Dios nos guarde y nos coja confesados” como esto no cambie.

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 

En Canarias a 21 de diciembre de 2020

Al final, ni navidad, ni turismo, ni vidas

Hace meses denunciábamos la presión del empresariado que trajo la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias por parte de la patronal hotelera y turística. Desde el Gobierno de Canarias no se ha actuado debidamente ni en lo que se refiere a las normas de seguridad sanitaria como tampoco respecto de las ratios de "rastreadores". No se ha fortalecido a la Atención Primaria dotándola de los muchísimos recursos que precisa para cumplir con la enorme tarea asignada de ser el eje central en la fase actual de la pandemia. En cuanto al control de las residencias de mayores, resulta inconcebible a estas alturas la nula capacidad demostrada por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Como consecuencia de todo ello estamos en la segunda oleada y adentrándonos en lo que va a ser la tercera (post navideña) en el mes de enero. El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias es ahora en la isla de Tenerife, donde a diferencia de los brotes centralizados en Las Palmas, que llegó a acumular cerca del 75% de los casos, están generalizados por toda la isla, con Santa Cruz y La Laguna como municipios más afectados, habiéndose desarrollado de modo paulatino y sostenido como expresión del fracaso de las medidas, tímidas y tardías, de un Gobierno canario que por otro lado ha venido insistiendo en responsabilizar a la ciudadanía al mismo tiempo que se demanda del Gobierno central la posibilidad de rebajar el control mediante PCR a los turistas para fomentar la movilidad hacia nuestras islas.

 

A raíz del cierre perimetral de Tenerife recién decretado, en una comunicación emitida desde Presidencia del Gobierno de Canarias, se hacía alusión a la “excepcionalidad adicional en la entrada y salida de turistas nacionales e internacionales” pretendiendo que el flujo de turistas a la isla quede asegurado a lo largo de las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones navideñas y las fiestas de Fin de Año. Nos preguntamos si los turistas británicos, u otros, traerán consigo la nueva cepa del coronavirus.

 

El llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con las normas de distanciamiento social, higiene, ventilación y uso de mascarilla y a su vez supeditar la salud a la economía por mor del negocio turístico, no hace sino fomentar la desobediencia de las normas y el desprecio de las recomendaciones y al final, queriendo “salvar el turismo y la navidad” no se salvan ni uno ni la otra y, lo que es mucho peor, tampoco las vidas correspondientes si se las hubiera priorizado por encima de cualquier otra consideración.

 

Si analizamos la situación de este fracaso utilizando símiles futbolísticos, vemos que comienza la epidemia (la Liga), llega el primer partido se toman medidas, confinamiento en un hotel y otras y antes de ver los resultados se produce  el despido del entrenador (la Consejera Cruz) y de sus técnicos, según parece por no anteponer la economía a la salud, se nombra nuevo entrenador y para sorpresa nuestra, aunque no tanta, se nombran unos nuevos técnicos que son los mismos que con sus ideas y procedimientos habían llevado a la Sanidad Canaria al último puesto en el ranking estatal en los últimos años. Siguiendo con el símil futbolístico, ahora que se ha fracasado, ¿qué se hace?, pues responsabilizar a los jugadores (ciudadanía).

Responsabilizan de su inacción e incapacidad a una ciudadanía que acumula el cansancio de tantos meses y fundamentalmente confundida por la labor “infantilizadora” del Gobierno para la comprensión de la pandemia, al decirle lo que quiere oír, y no haber sabido encauzarla respecto a las recomendaciones y normas. Ahora cuando la situación se ha descontrolado tratan de actuar con dureza, lo que debió hacerse cuando comenzó el ascenso de los contagios, de los ingresos hospitalarios y de las muertes, aunque ahora también se filtra la irresponsabilidad política del que busca votos, ¿por qué mientras todos los países ponen el toque de queda los días 24 y 31 por ser los días de mayor riesgo, en Canarias se aplica una ampliación de horario?. ¿Será que quieren compensar de su fracaso de gestión a la ciudadanía?

Desde Atención Primaria también cabe decir que un día sí y otro también hay cambios de protocolo, motivados por la incertidumbre y por las dudas sobre los métodos diagnósticos y por tanto  a su vez con contradicciones frente a las dudas de la población. Entre marzo y agosto se dejaron de practicar muchísimas operaciones quirúrgicas, un dramático descenso de actividad de consecuencias todavía indeterminadas. Por el contrario, Atención Primaria ha multiplicado su actividad, por ejemplo, en un centro de salud urbano de tamaño medio (14.000 habitantes asignados) se resolvieron en los dos meses de marzo y abril 174.000 consultas telefónicas o se incrementó la actividad registrada en un 15 %.

En esta segunda ola de la pandemia nos encontramos con la promoción machacona de las vacunas como si todas fueran adecuadas, todas buenas. La urgencia por disponer de una vacuna lo antes posible se está convirtiendo en una carrera contra reloj de apariencia esperpéntica y restando seriedad al rigor que el procedimiento de su elaboración requiere, saltándose en algunos casos los pasos necesarios de seguridad, biodisponibilidad, pruebas intermedias, etc. motivado todo ello por estrategias comerciales o por la ansiedad de los políticos, como si la estrategia decidida de vacunar a toda costa a todo el mundo (occidental) silenciara el eco de las dudas.

Siendo Atención Primaria la que va a vacunar, si se quiere que prospere la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias deben explicarle cómo se van a concretar las promesas hasta ahora incumplidas, cómo y cuánto será ese refuerzo que tanto se prometió durante la primera ola pandémica y que nunca llegó y cuáles serán las ayudas para emprender una campaña de vacunación masiva con los equipos de atención primaria diezmados por las bajas y hastiados por la carga laboral y una anómala forma de trabajar sin que todavía se vea la luz al final del túnel. Estamos a pocos días de comenzar las vacunaciones y mientras en otras CCAA han empezado desde hace días a formar al personal, a preparar la logística etc., aquí todo está como vulgarmente se dice en pañales y además con una huelga médica, ahora de momento en suspenso, por la nefasta gestión de personal que desde hace décadas han llevado los diferentes Gobiernos de Canarias.

Nos esperan días y semanas muy duras, solo podemos esperar que la salud pública prevalezca, así como la ética, el sentido común, la cordura y la decencia. Como se dice por Canarias “Dios nos guarde y nos coja confesados” como esto no cambie.

En Canarias a 21 de diciembre de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Presupuestos sanitarios 2021, no es oro todo lo que reluce

Canarias2021presupu
 

Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.

Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Por otro lado se mantiene la desviación de fondos públicos al sector privado, aumentando la transferencia de capitales del capítulo VII correspondiente a asistencia sanitaria. Según el 7º informe (2020) de la FADSP sobre privatización sanitaria (https://fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2355-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa-2020-7-informe), Canarias sigue estando en el grupo de CCAA con un elevado grado de privatización, la cuarta en porcentaje de camas privadas (34,3 %), la cuarta en porcentaje de gasto en conciertos con empresas privadas (9,3%), etc.

En cuanto al HUC, recientemente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias volvíamos a denunciar su grave problemática asistencial y estructural(http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/por-un-proyecto-participativo-para-el-nuevo-huc/) planteando la absoluta necesidad de abordar una inversión urgente en recursos materiales y humanos que sirviera de soporte transitorio hasta que se llevara adelante la inaplazable construcción de un nuevo hospital que cubra la zona norte de Tenerife así como a la isla de La Palma. Es incomprensible e indignante que los presupuestos solo asignen 500.000 euros, absolutamente insuficientes, para el mal llamado hospital del Norte y 250.000 euros para el Plan Director del nuevo HUC. Es decir que el viejo HUC ya se puede seguir hundiendo mientras se elabora un plan director para el nuevo HUC que puede llevar años y hasta que pasen otros tantos para que sea realidad la construcción del nuevo hospital.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo ilustrativo, lo que podría ocurrir ante un cero energético, como los que reiteradamente hemos sufrido, sumado al fallo que puede ocurrir en cualquier momento de unos grupos electrógenos obsoletos. Sería una verdadera catástrofe, con graves perjuicios para los pacientes incluso con probables víctimas mortales. Por otro lado la, en su momento muy defectuosa, integración del HUC en el SCS determinó que arrastre un considerable desfase de inversiones que afecta también a los puestos de trabajo y a las ratios de personal.

Además cabe señalar que cuando aún pertenecía al Cabildo ya se elaboró un Plan Director para una obra nueva que además contó con una amplia participación (que llevó unos 3 años) de los distintos servicios pudiendo servir ahora, mediante la actualización correspondiente, para solventar dicha cuestión permitiendo ahorrar tiempo y dinero.

Evidentemente, visto lo visto, desconfiamos mucho de que el anunciado proyecto de nuevo HUC no sea más que una inversión propagandística que se quede en la más pura ilusión.

Por tanto, con los nuevos presupuestos sanitarios del Gobierno de Canarias estamos donde siempre, muchas palabras y promesas y luego nada, como diría Esopo Las palabras sin hechos son mentiras, lo que no nos sorprende viniendo del mismo equipo directivo de la Consejería de Sanidad en la anterior legislatura que por cierto fueron descalificados por los que hoy gobiernan. ¿Cómo se puede dejar la Sanidad Canaria en manos de los mismos que han sido responsables de su deterioro y de las practicas privatizadoras de la mano de CC?, ¿este es el Gobierno supuestamente progresista que iba a tomar medidas urgentes para solventar los problemas más acuciantes del HUC?. No se podía esperar otra cosa que el incumplimiento de sus promesas.

Justamente hace un año desde Marea Blanca promovimos la campaña SALVAR AL HUC mediante llamamientos a los ayuntamientos, profesionales y ciudadanía en general de la zona norte de Tenerife y de la isla de La Palma, luego se complicó todo mucho más con la llegada de la pandemia por coronavirus y en estos momentos necesitamos más que nunca al HUC que a su vez necesita más que nunca que luchemos por su presente y por su futuro, de modo conjunto ayuntamientos, ciudadanía, profesionales y sindicatos.

De nuevo exigimos al Gobierno de Canarias que termine con el continuismo en la Consejería de Sanidad, que si no hay hechos solo habrán mentiras y que aunque sea por vergüenza política piense en la salud de su pueblo y salve al HUC.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 16 de noviembre de 2020

Presupuestos sanitarios 2021, no es oro todo lo que reluce

La ADSP de Canarias ante el “caso” Rosy Cubas

 

RosyCubasAunque Rosy Cubas es única, desgraciadamente hay muchos casos como el suyo. En suma, se trata de la falta de camas hospitalarias de media y larga estancia que son los indicados para personas enfermas como Rosy, en su caso de una enfermedad muy invalidante que además sufrió una caída en su casa de Santa Cruz de Tenerife hace aproximadamente dos semanas golpeándose la rodilla izquierda, no puede caminar ya que tiene la rodilla inflamada y no tiene familia en Tenerife ni recursos para procurarse los cuidados necesarios. De modo que desde entonces, a pesar del alta, está en el Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria reclamando una solución a su situación que repetimos es la de muchas personas que acuden a nuestra Sanidad Pública y se les da el alta sin ofrecerles una continuación de cuidados mediante una estancia hospitalaria al salir del hospital de agudos de tercer nivel en el que se considera la estancia media de 7 días como máximo. Además, para más inri, Rosy ya está propuesta para intervención quirúrgica e incluso tiene el preoperatorio hecho.

Los Centros de media estancia son para aquellas patologías que estando ingresadas en uno de tercer nivel o directamente de urgencias puedan requerir una estancia superior a 7 días e inferior a los 21, son para post tratamientos tanto quirúrgicos como médicos oncológicos etc. que no necesitan cuidados muy especiales y que no son crónicos. Dada nuestra insularidad serían fundamentales para pacientes de otras islas con ese perfil.

Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias, la mayoría de ellas de larga y media estancia. El posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el coronavirus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red de camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. 

En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, de marcado carácter continuista. Como lo es el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAC para 2021 y que analizaremos próximamente.

Todo depende de la voluntad política del Gobierno de Canarias y no queremos perder la esperanza acerca de la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para “encaminarla” hacia el interés general. El “caso” de Rosy Cubas lo ha vuelto a recordar.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a  11 de noviembre de 2020

Gestión sanitaria, pandemia y hospital del Sur

HUCanarias
 
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos salir al paso de las incongruencias del Gobierno de Canarias en materia sanitaria, por eso este comunicado también podría llevar el título de "Sexo, mentiras y cintas de vídeo".
 

Para empezar queremos denunciar la falta de transparencia en la gestión tanto de la Covid-19 como del resto de actividades sanitarias. No es baladí que la Consejería de Sanidad haya adjudicado a dedo 14,3 millones de euros en material Covid a 4 empresas. Empresas con las que llueve sobre mojado en cuanto a la participación de algunas en los habituales chanchullos de Coalición Canaria y el sector de empresas sanitarias privadas. Llama la atención que  tal cosa ocurriera 2 meses después de la destitución de la consejera Teresa Cruz y que la dispensa a la contratación la otorgara el entonces nuevo director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Al parecer dichas adjudicaciones están en el origen del cese del siguiente director del SCS, Alberto Pazos, al negarse a validarlas.

 

También queremos referirnos a la falta total de transparencia en lo que se refiere a datos como el número de rastreadores y aunque ha sido notorio el incumplimiento del Gobierno canario de las normas y obligaciones comprometidas con el conjunto de gobiernos autonómicos para la desescalada, solo se resaltan por parte de la Consejería los datos favorables semiocultando los negativos como ha sido la gestión de los rebrotes con incumplimiento de medidas de prevención para anteponer criterios empresariales.

 

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Canarias: Vuelve Conrado, mascarón de proa de la sanidad privada

Como si de un espectáculo de transformismo se tratara hemos asistido, con el telón de fondo de nada más y nada menos que una pandemia con su cohorte de sufrimiento, al enésimo ajuste a conveniencia politiquera en la Consejería de Sanidad de Canarias. Según parece han cambiado a un director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pazos, que según los medios de comunicación no avalaba las irregularidades detectadas respecto a determinados gastos en la gestión derivada de la pandemia por otro director, Conrado Domínguez, que se atreve con todo. En realidad Conrado ya estaba en camino de regresar del todo al ser integrado por el Gobierno "de las flores", el pasado mes de marzo, en el Comité para la emergencia sanitaria de la Covid-19. Por tanto, no es ajeno a la mencionada gestión de la pandemia. Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) lo señalado constituye un auténtico escándalo, en cuanto a los principios democráticos y ya veremos cuánto se tarda en demostrar si también lo es respecto a la honestidad y ética en la administración pública.

Por otro lado, con Conrado Domínguez y otros altos cargos nombrados el mismo día que él vuelve el equipo completo del Consejero Baltar, dudoso papel el del actual Consejero Blas Trujillo que estará a la sombra del auténtico Consejero en la sombra, José Manuel Baltar, con la patronal del sector sanitario privado detrás suyo. También llama la atención que Blas Trujillo habiendo nombrado a Alberto Pazos, con quien había trabajado en cargos anteriores, por ser de su absoluta confianza no presente la dimisión por mínima coherencia. La ADSPC proseguirá denunciando los presuntos chanchullos que se produzcan ya sean respecto al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr, Negrín, respecto a los tratamientos de Oncología Radioterápica, respecto a la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud, etc. Todos ellos casos en los que tanto el señor Baltar como Conrado Domínguez han de rendir cuentas.

Por ilustrar cómo se las gasta el señor Domínguez, queremos señalar que en el último caso mencionado referido a la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, siendo el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en dicha adjudicación, había dictado durante el concurso la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al concurso.

Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a las y los usuarios del sistema público de salud.

Está claro que al señor Domínguez no se le puede dar ni un solo día de tregua. Conocemos su andadura de años y por tanto no nos va a coger desprevenidos aunque despliegue sus tácticas de manipulación de cifras, cortinas de humo y encantamiento de serpientes. Ante todo lo señalado, procede continuar sin desmayo la lucha por la Salud y la Sanidad Pública de Canarias que de modo ininterrumpido llevamos sosteniendo, contra viento y marea, desde hace 12 años justamente en este mes de septiembre.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 7 de septiembre de 2020

ADSP CANARIAS: Ante la pandemia potenciación de la organización ciudadana y profesional

 

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Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos manifestar nuestra valoración y propuestas ante la preocupante evolución de la pandemia por coronavirus en el conjunto del Estado español y particularmente en Canarias.

 

En primer lugar cabe señalar que la epidemia nunca remitió por completo porque tiene su base de desarrollo en una estructura social especialmente desigual en comparación con la media europea, tiene su base de contagios en el sistema productivo, en las actividades laborales calificadas como esenciales y otras que lo son menos (salvo para generar ganancias a los poderes económicos), en la economía sumergida, en el trabajo precario, precariedad y capacidad de contagiarse que se extiende a los barrios obreros, que se potencia en las viviendas insalubres y con el hacinamiento.....

 

Posteriormente se añadió, precisamente por la presión del sistema productivo, la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y con una enorme presión en Canarias de la patronal hotelera y turística que en su momento la ADSPC denunció públicamente por activa y por pasiva. Ahora, sin dudas, estamos viviendo un desarrollo prematuro de la prevista segunda oleada para la estación otoñal que tiene su raíz coyuntural en la precipitada apertura a las actividades turísticas y de ocio cuya responsabilidad soslayan atribuyendo sus consecuencias exclusivamente al comportamiento individual en las relaciones sociales.

 

El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias ahora es en la isla de Gran Canaria donde más se manifiesta, pero avanza proporcionalmente en otras islas, Lanzarote, El Hierro…. Y ahora hay que recordarle al señor Presidente y a todo el Gobierno de Canarias varios de sus compromisos cuyo incumplimiento nos está llevando al desastre. En primer lugar, respecto a su obligación de garantizar el cumplimiento general de las normas de seguridad sanitaria actuando con notable desidia, tampoco ha cumplido con la potenciación de la Atención Primaria ni con las ratios de "rastreadores". Se ha duplicado el trabajo sin cumplir la promesa de contratar a más personal y además no se sustituye al personal de vacaciones, aunque hay gente comprometida que echa una mano, e incluso dobla, pero todo tiene un límite. Además, cabe señalar que ya los hospitales no tienen capacidad para dar el resultado de la PCR en 24 horas.

 

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Interpuesto recurso contencioso ante el silencio administrativo de la Consejería de Sanidad

 

adspCanarias

Tras haber presentado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) una solicitud ante la Consejería de Sanidad/ Gobierno de Canarias el 20 de mayo de 2019 y un recurso de alzada el 25 de noviembre de 2019, lADSPC ha interpuesto ahora recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud.

Tal acción judicial se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

Así mismoun día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Don Conrado Jesús Domínguez Trujillo, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

Con la presentación de este contencioso se continúan así las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 27 de julio de 2020

Carta abierta al Consejero de Sanidad de Canarias

 
BlasTrujillo

Ante todo, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, le deseamos lucidez y suerte en su nuevo puesto en un Área tan sensible y complicada como es la de Sanidad, aunque como persona y economista de profesión nos merece todos nuestros respetos nos gustaría hacer unas reflexiones, que quizás le ayuden en su cometido.

La Covid-19 no es el problema de la Sanidad y la Salud en Canarias, el problema es el estado de la Salud y de la Sanidad en Canarias que nos ha conducido a estar en la cola de las CCAA con unos índices de Salud y Sanitarios que dan pena y que desdicen de lo que es una buena gestión a lo largo de los años por parte de los diversos Partidos Políticos.

Como usted bien sabe, administrar no es lo mismo que gestionar, según la Real Academia de la Lengua administrar es dirigir una institución o bien ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda y los bienes, gestionar es llevar adelante una iniciativa o un proyecto.

El mayor problema de la Sanidad en Canarias es la mala gestión que se ha transformado en un problema estructural y fundamentalmente porque se necesitan personas con conocimiento y haber vivido la problemática desde el campo de batalla que es el contacto en primera línea con el diario quehacer de la Sanidad y de la problemática de la Salud y esos conocimientos no se obtienen por muchos años que se haya trabajado en la administración sanitaria pues, para más inri, esa administración es propiamente la responsable de la actual situación que padecemos con los resultados  que estamos sufriendo y este ha sido el error que se ha cometido durante todos estos años. En este sentido queremos resaltar la importancia de la participación profesional y ciudadana en las decisiones de la propia gestión sanitaria, como se reconoce en la normativa incumplida sobre los Consejos de Salud, en cuanto a "identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación".

Siempre que se habla del tema sanitario surge la palabra gasto que tanto aterra a los administradores, pero es que gasto no es lo mismo que inversión y si no ahí tenemos un ejemplo reciente, se hizo un enorme gasto en construir un Puerto en Granadilla que actualmente ya se reconoce que no tiene razón de ser o sea que se ha hecho un gasto multimillonario, pero como inversión ha sido un fracaso.

Si algo nos ha enseñado esta Pandemia es que no haber invertido correctamente en personal, infraestructuras, Salud Pública, Atención Primaria, etc. y haber apostado por el eufemismo de la externalización, para encubrir la inacción en el sector público y usar sus presupuestos para dirigirlos al sector privado, somos la tercera CCAA mas privatizada después de  Madrid y Barcelona que "casualmente" son las que peor se han comportado en esta Pandemia, son las que nos han llevado a descubrir por si alguien no se había enterado de lo mal que estamos en Salud y Sanidad Pública.

Son muchos los retos que tiene sobre la mesa y solo un giro de 180º puede salvar la salud de la población canaria. Hace unos días publicamos un manifiesto que pensamos le puede dar algunas ideas de lo que necesitamos en la Sanidad Canaria. Podrá encontrarlo en "los medios" y en nuestra web http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/manifiesto-de-2020-por-la-salud-y-la-sanidad-publica-canaria/

El futuro nos dirá si hemos aprendido algo del gran problema que ha sido y seguirá siendo esta Pandemia, pero no debemos olvidar que lo más importante es lo que se ha hecho evidente de un modo más manifiesto aún, la grave situación de la Sanidad y de la Salud en Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 6 de julio de 2020

Manifiesto de 2020 por la Salud y la Sanidad Pública Canaria

 

Bandera de Canarias 1

Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.

                           

Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.

 

La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.

 

Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la voluntad política de los gobiernos autonómicos frente a la que se tiene que desarrollar la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para evitarla. En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa.  Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Por tanto hacemos un llamamiento al Gobierno central y al de Canarias para que se deroguen la Ley 15/97, el RD 16/2012 y toda aquella normativa que legaliza y posibilita la externalización de servicios y/o su privatización. Canarias ha sido de las CCAA que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y además a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado.

 

Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales. Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica....y que también ha manifestado sus debilidades en el desarrollo de la pandemia en Canarias. Además en estos momentos hay que añadir la particular dificultad por el deterioro de la salud de la población canaria que supone la mayor agudeza del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo derivada del modelo económico altamente dependiente del turismo.

 

En cuanto a la Atención Primaria la "nueva relevancia" que se le ha adjudicado como pieza clave para el control de la pandemia, choca con la realidad de que su gasto en Canarias, de media, de 176,26 euros por cada habitante, la coloca, después de Extremadura, como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial. El incremento en 2018 con respecto a 2010 es de apenas 35 céntimos por paciente. La media española se sitúa en 197,47 euros. El porcentaje destinado en Canarias a la Atención Primaria con respecto al total reservado al sistema de salud apenas ha variado, en 2010 ascendía al 13,58% y ocho años después, al 13,71%. Destaca además en Canarias el alto porcentaje de médicos de familia que tienen más de 1.500 pacientes asignados, el límite que las autoridades sanitarias consideran recomendable no superar para evitar la sobrecarga laboral de los profesionales y para prestar la asistencia debida a la población.

 

Medidas necesarias:

 

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Asumir las enseñanzas de la pandemia en Canarias

 

Pacto CanariasAcaba de ver la luz el llamado Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que, en lo que se refiere a los aspectos sanitarios, aunque en el papel contempla con acierto las prioridades para la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria Públicas así como en relación con la Asistencia Sociosanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, continúa situándose en los presupuestos de la llamada "colaboración público-privada" para "desarrollar las capacidades sanitarias". Por cierto, no sabemos si tener un Director del Servicio Canario de la Salud que dice la barbaridad de que "el coronavirus ya no está en las calles de Canarias" está comprendido dentro de las "capacidades sanitarias" para seguir desescalando.

Nuestro sistema sanitario ha estado orientado esencialmente al tratamiento de enfermedades crónicas originadas en determinantes económicos, sociales y medioambientales. Pero los cambios introducidos por el neoliberalismo (contaminación, recortes de los servicios públicos y una globalización incontrolada con un incremento exponencial de desplazamientos de personas y mercancías) ha reintroducido las epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres, para las que nuestro sistema no está adaptado para hacerles frente.

Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es la debilidad de nuestros servicios de Salud Pública, poco desarrollados desde siempre pero penalizados especialmente con los recortes. Hay que reforzar el dispositivo de la Salud Pública y desarrollar la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP. Estos servicios deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de la enfermedades crónicas (pobreza, comprar prednisone online, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y con los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ébola, SARS, Covid-19…) asociados al cambio climático y la globalización. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación.

En Canarias al contrario de otras CCAA no existe Ley autonómica de Salud Pública aunque tras la entrada en vigor, el 6 de octubre de 2011, de la Ley General de Salud Pública tocaba concretar en nuestro archipiélago la organización y funcionalidad en dicho terreno. A estas alturas del año 2020, y con mucha más fuerza si cabe, seguimos precisando en Canarias una Ley de Salud y de Sanidad con mayor nivel e integración de lo epidemiológico, sanitario, sociosanitario, social, preventivo, asistencial...., una Ley que integre la “Ley de Sanidad” y la “Ley de Salud Pública”. Que por un lado actualice la obsoleta Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias y por otro lado concrete en Canarias la Ley General de Salud Pública.

 

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¿Desescalada canaria o caída al abismo?

 
desescalada El Comité científico asesor para la emergencia sanitaria del Gobierno de Canarias a través de su portavoz, Luis Serra Majem, considera que no podemos "tardar en abrir.....ciertos hoteles o apartamentos en mayo". Esta afirmación claramente dictada por la patronal de hostelería que no ha parado para que el Gobierno de Canarias adelante el desconfinamiento (llegando a proponerlo Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez) ahora se traduce en un "Plan canario de desconfinamiento" que remitirá para su consideración por el Gobierno central el próximo domingo. Sobre el citado portavoz además cabe señalar que hace unas semanas insistía en que deberían salir de sus casas personas de especial riesgo ante la Covid-19 como pacientes diabéticos, hipertensos y cardiovasculares y que incurre al parecer  en "conflicto de intereses" por la financiación que recibe, en sus proyectos de investigación, de la citada patronal de hostelería.

El susodicho "Plan canario de desconfinamiento" es un dislate epidemiológico al pretender su aplicación desde el lunes 27 de abril ya que en Canarias al ser la prevalencia (proporción de casos) de Covid-19 baja eso implica que la proporción de susceptibles a infectarse es alta. Por otro lado la incidencia diaria (número de casos nuevos) se mantiene muy baja gracias al aislamiento insular y al confinamiento de las personas. La precipitación en relajar el confinamiento se puede traducir en un disparo hacia arriba de la incidencia dada la elevada proporción de susceptibles (según los datos del Ministerio de Sanidad, en Canarias no está garantizada una inmunidad poblacional alta que nos daría protección de grupo). Por eso tal relajación solo se podrá hacer cuando además de la incidencia diaria cercana a cero haya transcurrido el plazo prudencial que lleva hacer la PCR a la proporción requerida de la población, detectando así a las personas asintomáticas que portan el virus y que para desconfinarse deberán antes cumplimentar el correspondiente aislamiento añadido de 2 semanas. Tal cosa podría ser realizable a corto plazo en las islas de La Graciosa, El Hierro, La Gomera e incluso quizás hasta en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote pero llevará mucho más tiempo aplicarlo también en Gran Canaria y en Tenerife.

De todos modos el epidemiólogo Fernando Simón nos remite a una valoración dentro de 2 semanas ya que de momento no se dan las condiciones en ningún sitio, es decir, habrá que esperar ese plazo para entonces diseñar la forma de "relajar las medidas del estado de alarma" y que no se den precipitaciones. Solo entonces se podrán plantear más salidas programadas, por horas y para distintos grupos vulnerables, véase población mayor o con patologías tipo diabetes, enfermedad mental, cardiovascular, etc. siendo la fecha indicativa la del 10 de mayo. Por supuesto, deberá ser más tarde cuando se plantee la posibilidad de "abrir ciertos hoteles o apartamentos". Por otro lado, también Fernando Simón insiste en que "no solo se trata de la magnitud de la epidemia en cada momento y lugar sino de la capacidad para responder a ella, tanto de recursos de asistencia sanitaria como de medios preventivos y de salud pública (capacidad de detección precoz y de diagnóstico, aislamiento de casos y seguimiento de contactos)".

En el período de retirada progresiva de las medidas de confinamiento la Atención Primaria debe ser una pieza clave en la nueva fase de atención a la pandemia, debe desempeñar un papel esencial para vigilar posibles repuntes epidémicos, mantener el tratamiento y cuidados domiciliarios de los afectados, realizar pruebas diagnósticas y mantener la información y educación de la población. Para una Atención Primaria deficitaria como la canaria se necesita recuperar recursos recortados, ampliar plantillas y los recursos actuales, garantizar medios materiales suficientes (material de aislamiento personal, test diagnósticos, etc) sin los cuales no podría desempeñar esta importante actividad. También se precisa reforzar los recursos de Salud Pública que en Canarias reciben un miserable 0,98% del presupuesto sanitario como ha denunciado repetidamente en el pasado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC).

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Secuestran a la Sanidad Pública Canaria en plena emergencia de Salud Pública

 

ConsjSanCanEl Gobierno de Canarias se equivoca por completo cuando en plena emergencia de Salud Pública en vez de dotar de solidez al equipo directivo de la Sanidad Pública nombra para dirigirla a la directiva de la patronal sanitaria privada, no hay sino que ver lo que hay detrás de los pomposos currículums de los elegidos, y no se trata de un episodio de demencia transitoria del Presidente Torres sino de una impresentable actuación colectiva.

 

Creíamos que lo habíamos visto todo en cuanto al sometimiento a intereses bastardos por parte del sistema político institucional de nuestras islas pero el asalto que acaba de ocurrir ante nuestras narices por parte del régimen eterno de las oligarquías insularistas empresariales que, como siempre, se autogenera para seguir controlando el poder político y de modo innovador nada más y nada menos que desde las mismísimas entrañas de lo que esas oligarquías han venido calificando como "gobierno de comunistas" y encima en medio de una grave crisis de salud pública, supera la mayor de las capacidades de imaginación.

 

De resultas de tal ejercicio de funambulismo tenemos a los intereses de la llamada sanidad privada, en realidad la única que reconocemos digna de ese nombre es la pública porque lo otro son actividades empresariales que por definición buscan el máximo beneficio con la mínima inversión posible, ahora controlando de nuevo nuestra Sanidad Pública a través del cuadro de mando de la Consejería de Sanidad, del Servicio Canario de la Salud y del Comité para la emergencia sanitaria del Covid-19.

 

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ADSP Canarias: Dudas sobre el papel de las empresas del sector sanitario privado frente al coronavirus

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En su comparecencia pública de ayer el Sr. Presidente Ángel Víctor Torres afirmó con rotundidad la disponibilidad de camas de UCI tanto públicas como privadas para atender a los pacientes afectados por coronavirus. Se sabe que la capacidad de ingreso en UCI define el riesgo de saturación del sistema sanitario y ante el dato manejado por el Sr. Presidente nos preguntamos hasta qué punto el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que él encabeza ha evaluado correctamente la situación real de esas camas en la privada ya que no es la misma que en el papel.

El pasado viernes comenzó a funcionar dicho Comité y ese mismo día se reunió con las empresas privadas del ámbito sanitario. Se comunicó que el objetivo de este encuentro era "coordinar la atención sanitaria en Canarias para combatir conjuntamente la propagación del Covid-19" y habiendo acordado trasladar enfermos crónicos a centros privados, eso sí "antes se les harán pruebas que demuestren que están libres del virus y no suponen una amenaza de contagio en su nuevo destino", los portavoces de la patronal privada afirmaron que "la estrategia es concentrar los casos de coronavirus en la pública."

Esto último nada tiene que ver con lo afirmado por el Sr. Presidente ni con lo estipulado en el Decreto del Estado de Alarma cuando dice "el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus" y si habiendo esperado hasta ahora que la Consejera actuara en consecuencia nos ha venido a generar también dudas la participación en el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Conrado Domínguez y de José Julián Istúriz personajes claramente comprometidos con los intereses de las empresas privadas del sector sanitario, este último sustituyó a José Manuel Baltar como Vicepresidente de ASPE, alianza de la patronal española, cuando Baltar asumió la Consejería de Sanidad junto a Conrado Domínguez .

Si ya nos desesperaba la timidez de Teresa Cruz para ejercer las competencias que le delegaba el Decreto del Estado de Alarma lo que ahora nos indigna sobremanera es la desfachatez de la patronal y la presencia de los denominados "técnicos" citados que, mucho nos tememos, en vez de disponer de las infraestructuras y el personal de la sanidad privada para atender pacientes contagiados por el coronavirus se aprestan a lo que llaman "colaboración pública-privada" en el marco habitual de acuerdos y conciertos bajo condiciones que les convengan a las empresas privadas. Con la correspondiente selección de riesgos y además que presenten, como es el caso del Grupo San Roque, ERTES que pueden suponer que tampoco estén ni se les pueda esperar para ayudar en estos graves momentos. "..el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus"..el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus"..el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus

Sr. Presidente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos que ante un servicio de urgencias saturado en un hospital público, se proceda a derivar a centros privados solventes y con capacidad para ello a los pacientes urgentes que vayan llegando. Exigimos que ante una falta de camas en un hospital público por la cantidad de pacientes ingresados por el contagio del coronavirus, se deriven pacientes a un hospital privado con la obligación ineludible por parte de éste de atenderlo con todos los medios necesarios.

Solo de esa manera entenderemos la participación de las empresas privadas ante la dramática crisis sanitaria actual y desde luego consideramos que se lo deben a una población que ha visto muy gravemente dañado el escudo protector que debía constituir su Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad por la ingente cantidad de dinero público que desde hace muchos años le ha sido sustraída de sus recursos para que dichas empresas se convirtieran en boyantes negocios para enriquecer a sus propietarios y condicionar las políticas de los sucesivos gobiernos de Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 23 de marzo de 2020

Sra. Consejera no hay peor sorda que la que no quiere oír

 

sordaEsa es la conclusión a la que estamos llegando a estas alturas del año 2020 sobre todo tras su última comparecencia en el Parlamento de Canarias. Y reconocemos que empezó usted el desempeño de su responsabilidad con mucho ánimo de escuchar y se lo agradecimos en su momento, pero según va pasando el tiempo vemos que  los problemas se van estancando y no hay avances claros en lo que se refiere al freno del deterioro de la Atención Primaria, de los Servicios de Urgencias, de las LE (Listas de Espera) tanto para pruebas diagnósticas como de consultas, tanto médicas como quirúrgicas, dándose un aumento significativo en la lista de espera para cirugía de más de 6 meses y un incremento notable para rehabilitación, continúa la carencia de una Planificación para la Prevención y la Salud Pública, para evitar la medicalización y sobreconsumo farmacéutico y de tecnologías sanitarias, para revertir la privatización vía conciertos sanitarios, etc. y las consecuencias de todo ello para la Sanidad, la población y las arcas públicas. 

Tampoco en cuanto a cuestiones más especificas que le hemos demandado como son los casos de la Rehabilitación así como de la Oftalmología, Dermatologia, Traumatologia, ORL y Urologia, particularmente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ya que un tercio de las listas de espera actuales de toda Canarias tienen que ver de modo directo con la situación del HUC que presenta la relación personal/población atendida más baja de los 4 grandes hospitales de Canarias. 

En cuanto a la Rehabilitacion el 80% de los pacientes ingresados por un proceso agudo con rehabilitación hospitalaria son dados de alta sin que lleguen si quiera a ser incluidos en la LE para tratamiento lo que puede conllevar una recuperación con secuelas en algunos casos irreversibles o entrada finalmente en LE para tratar de revertir algunas secuelas. También es lamentable la constatación de múltiples casos que son abandonados en unas LE extraordinariamente mal gestionadas durante meses y meses, viendo el deterioro progresivo de su estado ante la impotencia material de sus familias para abordar una solución en solitario. Es una auténtica situación de emergencia que vive nuestra población más vulnerable que por su edad o patología se encuentra abocada a engrosar ese cúmulo de personas dependientes sin expectativas de ayudas. Además de la incesante sangría de dinero público empleado en concertar estos servicios de rehabilitación de forma privada dicho concierto específico  de Atención Especializada  de Rehabilitación  no hace sino retroalimentar las LE por la incompleta resolución de las patologías, llegándose a atender en cadena a varios pacientes sin atención directa individual, lo que se hace adrede para seguir justificando el sustancioso desvío de fondos públicos a lo que es un auténtico "negocio" inmoral. 

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Año Nuevo, Sanidad y Salud casi iguales

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Ha comenzado un nuevo año y nuestra Sanidad sigue en precario, los presupuestos para 2020 aunque mejoran los anteriores no son suficiente para el despegue urgente que necesita la Salud de la población canaria. Seguimos con un gasto per cápita por debajo de la media estatal y situada nuestra Sanidad la 6ª por la cola de las 17 CCAA, con unos malos indicadores de Salud que no se puede dejar para más adelante su recuperación necesitándose una financiación por encima de la media para que lo antes posible podamos equipararnos a la media estatal en cuanto a Sanidad y Salud.

Está claro que la “herencia” de CC, y sus distintos socios en los sucesivos gobiernos, no se puede sanear fácilmente en una legislatura, pero hay problemas importantísimos, alguno de ellos sin coste o con coste económico mínimo, que hay que solucionar de manera urgente.

Para empezar, afrontar el pésimo comienzo de año que han tenido las personas pensionistas más precarias en Canarias (por debajo de los 18.000 euros de ingreso) por una clara dejadez del "gobierno de las flores". Desde el mismísimo día 1 de enero los pensionistas más precarios se encuentran al ir a retirar sus medicamentos en las farmacias con que tiene que pagar su porcentaje al haber caducado, por no renovación por parte del nuevo Gobierno de Canarias, la subvención de gratuidad que venían disfrutando desde el mes de mayo de 2019 respecto a uno de los copagos introducidos por el PP en su RDL 16/2012. Esa subvención era absolutamente electoralista, ya que la adoptó en plena campaña electoral el gobierno de Clavijo, aunque no deja de ser absurdo que el  nuevo gobierno de Canarias no haya tomado alguna medida paliativa hasta ver si se confirmaba por el Gobierno Central la derogación del referido RDL 16/2012. No se puede ser más torpe al dejar que Coalición Canaria siga dañando a la población después de haber sido derrotada y que encima sea el nuevo gobierno canario el que asuma las consecuencias políticas.

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Sra. Consejera la Rehabilitación no puede esperar más

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La Rehabilitación en Canarias ha mantenido uno de los más altos niveles en las listas de espera (LE) desde el año 2003 siendo el último dato publicado en junio de 2019 de 11.000 personas, datos por otro lado sesgados e incompletos, que no muestran la brutal realidad de aquellos pacientes que se encuentran en espera de un tratamiento que no les conduzca a una situación irreversible, pérdida de autonomía personal y/o discapacidad.

Por otro lado, la incesante sangría de dinero público empleado en concertar estos servicios de rehabilitación de forma privada ascendió a 41.000.000 € entre 2015-2018 destacando algunos hospitales como el de La Candelaria que derivó 7234 pacientes a centros concertados y atendió a 6630 en 2017, datos inexplicables frente a la realidad asistencial: servicios de rehabilitación prácticamente inexistentes por la tarde. Además habría que sumarles todos aquellos pacientes, los que pueden, que tienen que sufragarse de su bolsillo los tratamientos ante la inoperancia de los Servicios Públicos. Capítulo aparte lo constituye el desastroso servicio de transporte para estos pacientes que tienen que ponerse en otra lista de espera, la del transporte, para ir a rehabilitación una vez se la han concedido o costeárselo por su cuenta con lo que esto puede conllevar, tanto en cuanto a posible pérdida de su cita como en gasto personal.

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Sanidad o la herencia de una legislatura inútil

 

canariassAnte la nueva legislatura parece que por fin empezamos a tener más elementos de juicio para ir situando la acción política del Gobierno de Canarias, particularmente en el terreno del que nos ocupamos como Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC).

En concreto, tenemos datos sobre el último corte de las listas de espera que corresponde a la gestión del equipo de Baltar, la referencia del Informe 2019 de los Servicios Sanitarios de las CCAA y por último la información de la que disponemos sobre la conformación del nuevo equipo directivo de la Consejería de Sanidad y del SCS.

Listas de Espera

Que expresan la realidad de que casi 25.000 personas están en espera de una intervención quirúrgica, cerca de 130.000 esperan una consulta del especialista y unas 6.000 aguardan a una prueba diagnóstica. Al respecto cabe señalar que:

1-    Se trata de cifras escalofriantes que no son de recibo para la ciudadanía.

2-   Con amaños, de todos conocidos, se puede conseguir que bajen algo las listas quirúrgicas, pero el hecho de que las listas de consultas y de pruebas diagnósticas hayan subido se traduce en pacientes que no han sido diagnosticados y a los que no se les ha prescrito tratamiento, hechos gravísimos que además han evitado que muchos fueran incluidos en las listas quirúrgicas.

3-  Por otro lado, a las demoras inaceptables en los tres apartados citados hay que añadir las que ya se están dando en Atención Primaria.

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