FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Unas malas propuestas para la financiación sanitaria de las Comunidades Autónomas

 

Para el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la Financiación Autonómica, entre otros defectos, pasa de largo sobre la sanidad.

Recientemente, en julio de 2017, se hizo público el Informe de la Comisión de Expertos para la Financiación Autonómica, que se supone tenía como objetivo el realizar propuestas para solucionar los problemas de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA), muy especialmente los servicios públicos que han tenido problemas crónicos de financiación y de desigualdad entre las mismas que se han agravado notablemente con la crisis y los recortes a que han sido sometidas en parte con la excusa de esta.

La Sanidad aparece fuera del foco del Informe que le dedica, de manera específica, menos de media página

El Informe es un documento largo y de contenido básicamente economicista que, además, ha contado con bastantes desacuerdos entre los miembros de la comisión de expertos (9 votos particulares, uno suscrito por 6 miembros; dos por 3; uno por 2 y otros 5 individuales) y realiza propuestas algunas de ellas razonables (asegurar una suficiencia financiera de las CCAA, homogenizar las cargas tributarias, favorecer acuerdos entre ellas a la hora nuevas medidas fiscales, etc) y otras claramente desenfocadas, como hacer pivotar un aumento de los ingresos sobre un incremento de los impuestos indirectos o favorecer el incremento de tasas sobre la Sanidad.

La Sanidad, fuera del foco

Con todo, la Sanidad aparece fuera del foco del Informe que le dedica de manera específica menos de media página (en un documento con 162) y que obvia los tres principales problemas de la financiación de la Sanidad Pública que, como es bien conocido, son, aparte de la insuficiencia financiera de base (que se recoge de manera general en el Informe, es decir para todas las competencias asumidas por las CCAA), el hecho de que los fondos provengan de un sistema de fiscalidad indirecta basada en el consumo, que es un sistema fiscalmente regresivo y permite la baja presión fiscal sobre las grandes fortunas y las empresas y. por fin, el que se trata de una financiación no finalista (es decir, que está incluida en el bloque general de financiación de las CCAA siendo estas las que deciden la cuantía que dedican a la Sanidad).

El cuadro siguiente recoge la financiación per cápita de las CCAA de régimen general en 2014 y el gasto sanitario consolidado de ese mismo año (recogido en el Informe Anual del SNS 2016 publicado por el Ministerio de Sanidad) y el porcentaje de esa financiación general que supone el gasto sanitario.

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En él se observa que, aunque el promedio de financiación autonómica per cápita que se destina a la Sanidad Pública es del 56,66%, este porcentaje oscila entre el 46,21% de Canarias y el 68,09% de Murcia. O, por ejemplo, que la comunidad autónoma con menor financiación general per cápita (Valencia) destina un 59,68% a la Sanidad.

Decisión política

El gasto sanitario no tiene tanto que ver con la financiación autonómica como con la decisión política de cada una de las CCAA

Todo ello evidencia que el gasto sanitario no tiene tanto que ver con la financiación autonómica como con la decisión política de cada una de las CCAA.

Por otro lado, llama la atención que aspectos centrales de las necesidades de financiación sanitaria, como el establecimiento de las necesidades de salud de la población, de los objetivos de salud del sistema sanitario, o el establecimiento de sistemas de compensación para la atención sanitaria realizada a personas residentes en otras CCAA (ahora mismo cerca del 25% de la población española se encuentra en una comunidad autónoma distinta a la de su residencia habitual) ni siquiera se hayan considerado.

Soluciones a problemas existentes

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entendemos que las soluciones a los problemas existentes no van por estas propuestas economicistas y desenfocadas; en nuestra opinión un nuevo modelo de financiación sanitaria debería:

1. Garantizar la suficiencia financiera y la equidad entre CCAA, muy afectada por la crisis, los recortes y las deficiencias del actual modelo (basado en población y unos fondos de compensación irracionales). Para lo que habría que incrementar la carga impositiva a los sectores económicamente más poderosos, que apenas pagan impuestos; modificar el sistema para que no descanse en impuestos indirectos que incrementan la desigualdad y afectan al modelo de una sanidad redistributiva; y obligar a todas las CCAA a recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.

2. Devolver el carácter finalista a la financiación sanitaria, con obligación de destinar un montante similar en cada CCAA e impedir que algunas CCAA practiquen dumping social reduciendo impuestos a las empresas y capitales para conseguir mayores inversiones.

3. Dar transparencia al sistema, simplificar el sistema de cálculo y de nivelación eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad.

4. Crear una partida económica específica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencias de financiación (no basadas en necesidades objetivas de salud de cada población) entre CCAA, para lo que podrían utilizarse los Fondos de Cohesión.

5. Introducir para el cálculo de las necesidades de gasto, además de los actuales indicadores basados en la estructura poblacional, otros basados en las necesidades de salud, como la carga de enfermedad (enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad, principales determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios).

6. Cambiar la orientación estratégica de la política sanitaria: Pasar de la actual estrategia orientada a la enfermedad y la curación a otra basada en la promoción, la prevención, la equidad y los cuidados a los crónicos.

Cambio de modelo

El cambio de modelo para ser eficaz precisa de otras actuaciones complementarias Para evitar que un aumento de la financiación sanitaria se traslade directamente a una sobreutilización innecesaria y a financiar actividades ineficaces, etc, habría que acompañar el cambio del modelo con la puesta en marcha de una estrategia destinada a:

• Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico, que alcanza la astronómica cifra de 17.000 millones de euros (2º lugar mundial en consumo de medicamentos) y que sigue aumentando (8% en farmacia y 26% en hospitales).

• Crear una agencia estatal para evaluar y controlar las nuevas tecnología antes de introducirlas en el sistema

• Poner en marcha una Estrategia Estatal destinada a racionalizar la actividad asistencial basada en la evidencia científicamente comprobada (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y en el enfoque integral de los procesos asistenciales

Conclusión

En conclusión, las sucesivas reformas del Modelo de Financiación no afrontaron dos problemas básicos y reiterados de la financiación autonómica y las propuestas actuales tampoco lo hacen. Uno es la discriminación económica que se produce ente las comunidades forales y las financiadas a través del régimen común (artículo 138 de la Constitución Española). El segundo deriva de la ausencia de un pacto político amplio, solvente y previo, fundamentado en la equidad y en la responsabilidad fiscal. Si estos principios no se tratan con rigor y generosidad, la fragilidad del sistema será otra vez evidente, porque así lo avala la experiencia y también la lógica y los conocimientos que tenemos sobre el desarrollo de los distintos sistemas de financiación sanitaria en nuestro país y a nivel internacional.

Los planteamientos de la CEOE van contra la sanidad pública

Recientemente, la patronal CEOE anunció su intención de hacer 'lobby' en defensa de la sanidad privada y los conciertos con dinero público, argumentando que está en riesgo la solvencia y sostenibilidad del Sistema Sanitario. Este grupo de presión empresarial pretende promover acciones para influir sobre la Administración Pública para que adopte decisiones favorables a que las empresas hagan negocio con fondos públicos.

La cúpula de la patronal española aprobó un autodenominado ‘Pacto en defensa de la sanidad privada española’ en el que define su estrategia para potenciar la sanidad privada y blindar los acuerdos de Colaboración Público-Privada aprobados por los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, frente a la pretensión de algunos gobiernos progresistas (como la valenciana), de rescatar la para la gestión pública los centros y servicios privatizados.

La patronal considera que no hay nada que pueda cuestionar la aplicación de la colaboración público-privada en el campo sanitario y aprovechar los recursos privados disponibles para mantener una sanidad de calidad.

Con el subterfugio de la crisis y la necesidad de reducir gasto público muchas comunidades autónomas han recurrido al capital privado para financiar, construir y gestionar nuevos centros sanitarios y ha externalizado importantes servicios de apoyo (documentación clínica, información, servicios de apoyo como limpieza o seguridad, logística etc,). Esta privatización ha beneficiado especialmente a multinacionales, bancos y fondos de inversión que han pasado a ser los dueños de los mismos, y se justifican en que son menos costosas y proporcionan más agilidad y flexibilidad a la gestión del sistema. La CEOE considera que el sector privado es un aliado esencial e imprescindible para reducir el gasto sanitario, gestionar los recursos o agilizar las listas de espera.

La CEOE propone como líneas esenciales del lobby sanitario 

  • Potenciar el sector privado
  • Consolidar las privatizaciones tanto la colaboración público-privada para construir y gestionar los centros como las externalizaciones de servicios
  • Favorecer la contratación de seguros sanitarios privados, mediante rebajas fiscales a quienes puedan contratarlos.
  • Ampliar este modelo a los servicios de media estancia, convalecencia y curas paliativas.
  • Establecer un rankig de hospitales públicos y privados en función de sus resultados (utilizando indicadores de productividad), con la finalidad de promocionar los centros privados.
  • Incrementar los médicos y flexibilizar las normativas para que puedan trasladarse de centros públicos a privados
  • Promover la formación en los centros privados y hacer que estos cursos tengan valoración para las ofertas públicas de empleo (OPE).

Pretende alcanzar el reconocimiento de un estatus legal del sector sanitario privado dentro del Sistema Nacional de Salud como forma de blindarla  frente a los intentos de recuperar para la sanidad pública los recursos privatizados y acceder a los fondos públicos en las mismas condiciones que la sanidad pública.

Antes de analizar estas propuestas, parece necesario establecer quien es la CEOE y que situación tiene el sector privado dentro del sistema sanitario.

  • Según fuentes sindicales (CCOO) la CEOE carece de la más mínima sensibilidad social y su objetivo fundamental es aprovechar al máximo las posibilidades que ha proporcionado el PP a las empresas privadas con la Reforma Laboral del 2012. Esta Patronal no parece interesada en un sistema económico y social estable ya que sus estrategias están dirigidas a maximizar los beneficios empresariales a corto plazo aunque esto sea perjudicial a medio y largo plazo para el país), su funcionamiento es antidemocrático (es imposible conocer su nivel de representatividad en el mundo empresarial). La CEOE está controlada por las grandes empresas y existe evidencias de que sus órganos directivos han recurrido a la corrupción como forma de funcionamiento (su anterior presidente, Díaz Ferrán, tuvo que dimitir debido a la quiebra fraudulenta de su empresa y en la actualidad está encarcelado acusado de prácticas ilegales).
  • La sector sanitario privado ya recibe en la actualidad importantes ayudas del sector público: Uno de cada seis euros del gasto sanitario público termina en empresas privadas a través de conciertos; las administraciones destinaron a conciertos 10.647 millones de euros en 2015, mientras que  la facturación de los hospitales privados creció un 8,1% desde 2010 hasta alcanzar los 6.450 millones, un 23% de esta facturación corresponde a conciertos sanitarios con la Administración
  • Por último, las normas fiscales favorables a las grandes empresas les permiten pagar en impuestos sólo el 7,3% de sus beneficios. Las bonificaciones y deducciones rebajaron en 2015 la factura que abonan estas compañías a la hacienda pública, ya que aunque el tipo oficial del impuesto de sociedades es del 28% (en 2015) los grandes grupos empresariales (beneficiarios de las privatizaciones y conciertos con la sanidad pública) abonaron sólo un 7,3% de media.

Algunas estrategias utilizadas por las empresas, con la complicidad del gobierno del PP, para maximizar sus resultados económicos y favorecer el desmantelamiento de la sanidad Pública:

  • Generalizar las listas de espera para incrementar la derivación a los centros privados.
  • Incumplir la ley de incompatibilidades, permitiendo a los centros privados disponer de los profesionales del sector público.
  • Campañas para desprestigiar a los empleados públicos, recortar sus plantillas y externalizar servicios.
  • Fragmentar y debilitar a la Administración pública mediante la creación de una maraña de entes públicos de derecho privado para gestionar la sanidad, con el supuesto objetivo de mejorar su eficiencia.
  • Financiar la construcción y gestión de nuevos hospitales recurriendo a la Colaboración Púbico Privada (PFI), con la disculpa de la necesidad de limitar el endeudamiento público para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.  En buena parte de las adjudicaciones las empresas recurren a bajas temerarias, contratos negociados sin publicidad o nuevas figuras como el socio tecnológico o la compra pública innovadora, que favorecen los negocios de las empresas vinculadas al capital riesgo, con sede en paraísos fiscales, que se están apoderando de los centros y servicios privatizados.
  • Ceder a las multinacionales de los hospitales gestionados por las antiguas Cajas de Ahorros (Hospital de Alzira) rescatadas con miles de millones de euros de dinero público. Estas empresas se están fusionando para formar oligopolios para influenciar a a las administraciones públicas: Ribera Salud fue creada por el presidente Zaplana para introducir la gestión privada en el hospital de Alzira, junto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja.  Aunque el rescate de la CAM costó 10.750 millones de euros y el de Bankia 22.000 millones de euros, el Gobierno no exigió la devolución al sistema público de los hospitales y servicios gestionados por entidades nacionalizadas. Como consecuencia los cinco hospitales valencianos, el Erescanner de Valencia y el Laboratorio Central de Madrid, acabaron en manos del banco Sabadell y de la empresa estadounidense Centene Corporation por 60 millones de euros (menos de lo que costó un solo hospital).  Capio perteneciente al fondo de capital riesgo CVC y con sede en paraísos fiscales, se ha hecho con otros hospitales públicos y privados de Madrid, el Hospital General de Cataluña, 300 centros de prevención de riesgos laborales y los grupos privados Quirón, USP, Ruber, la clínica Dexeus, y el Centro Tecknon.  Quirónsalud fue vendida a Helios-Fresenios (empresa farmacéutica), por 5.760 millones de euros. Esta empresa gestiona en la actualidad 43 hospitales de todo el Estado y ha reconocido que solo con el concierto de los cinco hospitales de la Comunidad de Madrid y del Hospital General de Cataluña ingresará anualmente más de 800 millones de euros de las arcas públicas.
  • La Iglesia Católica controla una parte importante de la docencia de los profesionales del SNS, lo que le permite influenciar ideológicamente a los nuevos médicos y enfermeras. Esta organización es propietaria de la Universidad de Navarra, de la escuela de negocios IESE y del Hospital Clínico de Navarra (Opus Dei), de la universidad de Deusto, la escuela de negocios ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas y la escuela de negocios ICADE (Jesuitas), y de la Universidad Francisco de Vitoria, de los legionarios de cristo.

En resumen, con la disculpa de la crisis económica, se han recortado profesionales, se han desmantelado servicios estratégicos y grandes hospitales, que han sido vendidos a multinacionales extranjeras, fondos de inversión y empresas imputadas, a precio de saldo.  La vinculación de muchas de estas empresas a laboratorios farmacéuticos les facilita priorizar aquellas enfermedades y tratamientos que les aportan mayores beneficios, en menoscabo de las necesidades de salud de la población. Es decir, contrariamente a los que afirma la CEOE, la sanidad privada goza de una situación de privilegio dentro del sistema de salud. 

Las principales propuestas por la CEOE carecen de racionalidad y perjudicarían gravemente al Sistema Sanitario Público

1.- Facilitar los seguros privados con rebajas fiscales supondría una descapitalización de la Sanidad Pública (que se financia con los impuestos pagados por todos los españoles) y un aumento de la desigualdad, dado que estas rebajas solo beneficiarían a los sectores sociales con mayor capacidad económica, que son los que pueden permitirse el lujo de contratar pólizas de seguros privados.

2.- Potenciar la Colaboración Público Privada para construir y gestionar centros sanitarios, argumentando que esto permitiría ahorrar recursos al sector público es una absoluta falacia. La experiencia nacional e internacional ha puesto en evidencia que la Colaboración Público Privada (CPP) multiplica por más de 7 el coste real de los centros y servicios. Estas fórmulas han sido una de las principales causas del endeudamiento brutal de la Comunidad Autónoma Valencia (según el Tribunal de Cuentas). El coste real para las empresas que han construido y gestionan los nuevos hospitales madrileños fue de 701 millones aunque el gobierno madrileño deberá pagar 5010. El gobierno conservador del Reino Unido ha anunciado que renuncia a este modelo por sus enormes sobre costes (han generado un endeudamiento de 1 billón de libras esterlinas), dado que la deuda por los hospitales construidos por la CPP fue de 114.000 millones euros en 2014 con un coste final que supera en 7 veces esta cantidad el dinero invertido por las empresas privadas.  Por último, los centros CPP cuentan con menos recursos que los públicos y concentran su actividad en las áreas de mayores beneficios empresariales.

3.- Realizar un ranking de hospitales en función de sus resultados sería una trampa que solo beneficiaría a los centros privados dado estos se centran en actividades asistencial en los procesos y pacientes más rentables (para sus cuentas de resultados), mientras que los hospitales públicos deben atender a todas las patologías, especialmente las más costosas y complejas, para garantizar la atención de salud a todos los ciudadanos.

4.- Intentar quedarse con parte de los profesionales sanitarios, formados en universidades y centros con dinero público, para sus hospitales y acceder al sistema de formación de médicos y enfermeras para poder influenciarlos de acuerdo a sus intereses (utilización intensiva de los recursos tecnológicos o medicamentos cada vez más costosos o potenciar la colaboración público - privada).  Esta estrategia esta favorecida por la enorme  o. Entre 1996 y 2016, el 52% del empleo creado en el Sistema Nacional de Salud  ha sido temporal.

En resumen, contrariamante a los planteamientos de la CEOE, es necesario  reintegrar los centros y servicios privatizados  al Sistema Sanitario Público para poder mantener sus características de universalidad, gratuidad, equidad y calidad, frente a la acción de los grupos de presión  que pretenden reorientar la práctica clínica hacía sus intereses, por encima de la seguridad y de la salud de la población.

ADSP Región de Murcia: Carrera Profesional, Exclusividad Y Huelgas de celo

Fecha de Publicacion : 21/06/2017
Fuente : http://www.actasanitaria.com/region-de-murcia-carrera-profesional-exclusividad-y-huelgas-de-celo/
Autor: Mario Soler Torroja
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia no sólo se pone en cuestión las medidas adoptadas hace diez años y que están suponiendo una losa económica para el sistema sanitario, sino que se apunta por dónde debería ir la solución.
      Los sistemas sanitarios tienen dos maneras de reconocer a sus profesionales: por su desempeño y por su pertenencia en exclusiva a la organización. Entre los años 2006 y 2007 ambos conceptos fueron dinamitados en la Región de Murcia, fruto de convicciones ideológicas, la presión de una élite profesional y la estrategia política de comprar la paz social desarrollada en esa época por parte del gobierno de Valcárcel. Ambas decisiones, 10 años más tarde, están suponiendo una losa económica y organizativa que debe solucionarse.
      El complemento de exclusividad
      Hasta el año 2006 los médicos murcianos que declaraban trabajar fuera de su horario en la medicina privada cobraban 1/3 del complemento específico. Ahora sabemos que ese plus era ilegal ya que contravenía una ley nacional de 2003, el Estatuto Marco. Pero la consejería, para comprar la paz social, fue más allá: acordó premiar a los médicos sin exclusiva sumando a ese tercio ilegal un nuevo complemento llamado productividad fija que suponía los 2/3 restantes del complemento específico para que, de facto, los médicos con y sin dedicación exclusiva cobraran lo mismo.
      La gestión de las compatibilidades ha sido nefasta… El SMS contravino su propia ley durante más de 10 años permitiendo que sus jefes de servicio tuvieran compatibilidad para trabajar en la privada
      El complemento de exclusividad, es bien sabido, no pretende penalizar a los médicos que trabajan en la privada, sino premiar e incentivar a los que lo hacen en exclusiva en la pública. Esta política pretende disminuir los riesgos asociados a los conflictos de interés que pueden generarse en la actividad pública de un médico que también tiene actividad privada. Es una estrategia común a muchas empresas privadas de otros sectores y a muchas organizaciones sanitarias en todo el mundo (incluyendo algunas privadas norteamericanas, como Kayser Permanente, que prohíben directamente la compatibilidad).
      La gestión de las compatibilidades ha sido nefasta desde entonces. Como sabemos, el Servicio Murciano de Salud (SMS) contravino su propia ley durante más de 10 años permitiendo que sus jefes de servicio tuvieran compatibilidad para trabajar en la privada. Sólo la pérdida de la mayoría absoluta ha permitido que el resto de partidos de la Asamblea pudieran hacer cumplir la ley al gobierno del partido que la aprobó.
      Ahora, el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales afirma que los complementos cobrados por los médicos con compatibilidad que no son jefes también deben ser retirados por ser ilegales y, añadimos nosotros, perniciosos en términos organizativos y motivacionales.
       La carrera profesional
Pero en esos años la Consejería de Sanidad no solo igualó el sueldo de los médicos con y sin dedicación exclusiva sino que decidió arruinar una buena idea: reconocer las trayectorias profesionales excelentes y comprometidas con la calidad asistencial. Sin embargo la Consejería, al reconocer la carrera profesional, decidió no tener en cuenta más que el tiempo trabajado; es decir, de hecho, convertir la carrera profesional de médicos y enfermeras en un asunto de antigüedad. Esta decisión favorecía de nuevo a los médicos con compatibilidad, puesto que la carrera profesional contabilizaba participación en comisiones clínicas y actividad de mejora de la calidad que normalmente es llevada a cabo por los médicos dedicados en exclusiva al sistema público.
    En los años 2006 y 2007 se tomaron dos decisiones no solo costosas en términos económicos para el sistema público, sino que consideraron prioritariamente los intereses de un pequeño grupo de profesionales con actividad privada
    Esa regularización por tiempo trabajado se detuvo en 2010 debido a la crisis económica. Como consecuencia de ello, los médicos y enfermeras que han obtenido su plaza con posterioridad no han podido cobrar la mal llamada carrera profesional. En la actualidad, en un mismo servicio conviven profesionales que, haciendo el mismo trabajo y teniendo la misma implicación, cobran sueldos con diferencias significativas. Una inequidad injustificable.
    Es decir, en los años 2006 y 2007 se tomaron dos decisiones no solo costosas en términos económicos para el sistema público, sino que consideraron prioritariamente los intereses de un pequeño grupo de profesionales con actividad privada. Esas dos decisiones dinamitaron las posibilidades de incentivar trayectorias excelentes y comprometidas con el sistema público. Una barbaridad en términos de gestión y un incentivo motivacional negativo como reconocería cualquier experto en management. En términos de gestión, es pegarse un tiro en el pie.
      La huelga de celo
Tras sucesivas contradicciones del Gobierno Regional, que incluyen el incumplimiento de acuerdos tomados en Mesa Sectorial, el nuevo consejero Manuel Villegas ha afirmado que la carrera profesional “no se podrá llevar a cabo tal y como estaba diseñada en la Mesa Sectorial”, con seguridad debido a los muy importantes problemas presupuestarios que arrastra nuestro sistema sanitario público debido a una nefasta gestión que ha priorizado el gasto en tecnologías, fármacos y atención hospitalaria sobre la atención primaria y la salud pública. Los sindicatos, con razón, están indignados y han planteado medidas de presión que incluyen la huelga de celo, a la que denominan eufemísticamente “extremar la calidad en la práctica médica”.
    El prestigio moral de la profesión ganado durante generaciones de médicos no puede dilapidarse en nombre de reivindicaciones corporativas por muy justas
En nuestra opinión es un grave error. La indignación no puede ofuscar el compromiso primero que los médicos tienen con la salud de los ciudadanos. Una huelga de celo que implique menos altas hospitalarias o menos cirugías programadas pone en riesgo la salud de los enfermos, algo intolerable. No se puede chantajear a la administración tomando rehenes indefensos como son los enfermos. Con la confianza de la sociedad en los profesionales no se juega. El prestigio moral de la profesión ganado durante generaciones de médicos no puede dilapidarse en nombre de reivindicaciones corporativas por muy justas que sean y que tienen cauces legales para poder expresarse, precisamente para no poner en juego la salud de los ciudadanos.
    No cuestionamos el derecho inalienable a la huelga de cualquier trabajador y de los sindicatos para convocarla, a una huelga legal con los servicios mínimos correspondientes. Una huelga de celo que genere colapsos en urgencias, aumente la estancia media de una hospitalización (y el riesgo, por tanto, de sufrir complicaciones ligadas al ingreso como las infecciones nosocomiales) o que haga que aumenten el número de suspensiones en quirófano dejando de intervenir a enfermos que llevan meses esperando, no tiene justificación y hace perder la razón a los sindicatos. Además, finalmente, pone en peligro la credibilidad de todo el colectivo profesional, haga o no la huelga de celo. Es algo inadmisible y una irresponsabilidad por parte de los sindicatos que la están promoviendo.
      Buscando soluciones
      En nuestra opinión, estamos ante la oportunidad histórica de solucionar dos errores graves que ocurrieron hace 10 años, con consecuencias organizativas, profesionales, de gestión y económicas inadmisibles.
Creemos que hay que volver a incentivar la exclusividad y recuperar la idea original de la carrera profesional como instrumento para fomentar la excelencia y el compromiso con la empresa.
Por ello proponemos:
 
         1. Que se cumpla la ley y que los médicos con compatibilidad dejen de cobrar los complementos ligados a la exclusividad: 1/3 del complemento específico y los 2/3 llamados productividad fija.
         2. Que se elimine la inequidad que representa que haya profesionales con y sin carrera profesional y que, por tanto, se reconozcan los tramos de carrera que correspondan a los médicos con plaza que en la actualidad no lo están cobrando.
         3. Que los siguientes tramos de carrera profesional obedezcan a la idea original de recompensar la excelencia y el compromiso con la mejora de la calidad de la organización.
         4. Por supuesto, condenamos rotundamente la estrategia que pretende presionar a la administración poniendo en juego la salud de los pacientes y ciudadanos. Hay otros cauces legales y éticos para mostrar el rechazo a las erráticas políticas del gobierno.

Sanitarios sin violencia

Fecha de Publicacion : 16/06/2017
Fuente : http://www.adspsalamanca.org/2-uncategorised/1051-emilio-ramos
Autor: Emilio Ramos

   Hace muchos añossiendo yo un muchacho  con la ilusión de ser médico algún a, leí una historia que me impresionó sobre manera y que siempre he tenido en mi recuerdo. Trataba de un médico que había sido llamado  desde el hospital en el que trabajaba para que acudiera a atender una urgencia, un niño que precisaba una intervención quirúrgica. Por el camino, en un semáforo,  era asaltado por una persona que violentamente le arrebataba el coche. No obstante ,el médico contusionado logra llegar al hospital a cumplir con su obligación. Allí se encuentra de nuevo con su asaltante , el padre del niño a quien debe intervenir. Padre que, en ese momento, pide perdón al médico.

   Esta historia  la interioricé como  la necesidad de que los profesionales de la salud llevemos adelante nuestra obligación aún en situaciones muy adversas . Durante mi vida profesional como médicoy ha pasado mucho tiempo, he podido seguir viendo sanitarios cumpliendo su deber  con ilusión, entrega  y valor en situaciones difíciles . En conflictos armados : médicos sin fronteras, médicos del mundo y tantos sanitarios anónimos . En tiempos de paz :trabajando en una ONG ,para el sistema de salud público español, unas veces dedicados a actividades llamativas como trasplantes , otras,  dedicados a actividades discretas y cotidianas como el trabajo en atención primaria. Los sanitarios  aceptamos las dificultades del ejercicio de nuestra profesión como algo intrínseco  a nuestro trabajo , como elementos que debemos saber manejar para lograr nuestro fin. Pero la violencia no es intrínseca a nuestro trabajo, es la antítesis. Porque donde hay sufrimiento nuestro deber es poner atención, donde soledadcompañía , donde dolor remedio  y donde nada ya es posible hacer , lo más importante,cariño y cuidado. Pero ante los conflictos,  la violencia noesherramienta para contestar, nadie nos enseñó a hacerlo . Ni nunca quisimos aprenderPorque quisimos ejercer este oficio  para paliar el sufrimiento ajeno y no para generarlo,y aquel de entre nosotros que vulnere esta norma ya no será uno de nosotros.

   Hablaba con mi amigo y compañero médico tras su agresión.  Me contó que le pegaron a la puerta de comisaría cuando iba a intentar rebajar la tensión , a quitar importancia al incidente ocurrido en su consulta. Pero no pudo hacerlo , le agredieron muy violentamente y ya no pudo hablar. Ante esta violencia piensa en cómo continuar haciendo lo que durante tantos años y con tantos pacientes ha hecho , atenderles  con toda dedicación y sin conflictos.

Tenemos que recuperar la Sanidad Pública madrileña

Fecha de Publicacion : 07/06/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/tenemos-recuperar-sanidad-publica-madrilena/20170606204145140601.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle y Sergio Fernández Ruiz.
 

La Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid ha sufrido un periodo de progresivo deterioro, desmantelamiento y privatización que se ha agravado con la excusa de la crisis.

Desde las transferencias sanitarias, en diciembre de 2001, la Sanidad Pública madrileña ha estado infrafinanciada, con unos presupuestos per capita por debajo del promedio de las CCAA, situación que se ha agravado con los recortes realizados después de 2009 (una disminución del 18,5% en el presupuesto sanitario per capita entre 2009 y 2013). Estos recortes no se han recuperado en los últimos años en los que ha crecido, de manera insuficiente el presupuesto sanitario.

Paralelamente se ha llevado acabo un importante proceso privatizador. Se han puesto en funcionamiento 4 hospitales por el modelo de concesiones administrativas, es decir totalmente privados y 7 hospitales semiprivados (modelo PFI), también se le ha asignado la asistencia sanitaria de un área a un centro privado (FJD), además de la derivación sistemática de enfermos en lista de espera quirúrgica o para pruebas diagnósticas a los centros privados (aprovechando la normativa sobre lista de espera quirúrgica y la implantación del área única). Todo ello con unos importantes sobrecostes que se detraen de los presupuestos sanitarios (los hospitales PFI suponen un incremento de los costes en 7-8 veces, las concesiones administrativas supone un aumento del coste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un  hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual). Sorprendentemente después de abrir 11 hospitales han disminuido en 300 el número de camas existentes y se han disparado las listas de espera.

Los recortes más los sobrecostes de las privatizaciones han hecho que los presupuestos de los centros públicos sean cada vez más insuficientes, con disminución de los trabajadores sanitarios (6.000 menos desde la crisis), reducción de las camas hospitalarias (300 en total, 649 si solo nos fijamos en las que tienen financiación pública), abandono de las labores de mantenimiento de las infraestructuras  y de la renovación tecnológica y de los equipamientos.

Paralelamente se ha abandonado la Salud Pública, postergado y descapitalizado la Atención Primaria (Madrid es la comunidad autónoma con menor densidad de profesionales de AP por habitante) y se han eliminado los escasos mecanismos de participación existentes.

Esta política ha producido que la Sanidad Pública madrileña que era una de las mejores del país haya retrocedido comparativamente respecto a las de otras CCAA, y que exista una gran insatisfacción de la ciudadanía tal y como se refleja en los barómetros sanitarios.

Es una mala situación que precisa de la adopción de medidas urgentes para abordar los graves problemas de nuestro sistema sanitario, de manera esquemática planteamos las que habría que abordar a corto plazo:

1)     Desarrollar programas y actuaciones  para identificar y reducir las desigualdades en salud. Sería necesaria la aprobación urgente del Plan de Salud de la Comunidad de Madrid

2)     Adaptar medidas para reducir la contaminación medioambiental y planes de actuación urgentes cuando se producen picos de la misma.

3)      Presupuestos suficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad a toda la población de la Comunidad de Madrid. Se precisaría un presupuesto anual de al menos 9.000 millones €.

4)      Garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas, prestando atención sanitaria a todos los grupos de población excluidos por el RDL 16/2012 y acabando con los copagos farmacéuticos.

5)      Utilización intensiva de los recursos públicos, abriendo las camas, quirófanos y consultas cerradas, y asegurándose de la utilización intensiva (en régimen de mañana y tarde) de los recursos tecnológicos.

6)      Recuperar el empleo en la Sanidad Pública para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía madrileña.

7)      Se necesita incrementar el número de camas hospitalarias, para alcanzar un total de 5/1000 habitantes de camas totales (actualmente 2,9) y 1,2/1000 habitantes de media y larga estancia (ahora menos de 0,5.

8)      Es preciso potenciar la Atención Primaria de la Comunidad para lo que se necesita aumentar los recursos profesionales garantizando una atención de calidad y el desarrollo de labores de promoción y prevención.

9)      Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado, empezando por terminar con el envío sistemático de pacientes al sector privado (intervenciones quirúrgicas, consultas, pruebas diagnósticas), rescindiendo los contratos con entidades privadas que incumplen sus compromisos y poniendo en marcha un calendario de recuperación de los centros públicos privados y semiprivados.

10)   Garantizar mecanismos efectivos de participación social y profesional, desarrollando órganos de gobierno con participación social y profesional que controlen el funcionamiento de los centros sanitarios públicos. Esto implica la creación de un marco  jurídico y organizativo que garantice la participación responsable y crítica de los ciudadanos y los profesionales de manera estable y segura.

Todas estas cuestiones precisan de actuaciones urgentes para poder recuperar la Sanidad Pública madrileña y evitar que siga el deterioro continuado y también necesitan  un cambio en la política sanitaria del gobierno de la Comunidad.