FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

Traslados de médicos. Una oportunidad de mejora

Fecha de Publicacion : 17/01//2017
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/traslados-de-medicos-una-oportunidad-de-mejora
Autor:  Aurelio Fuertes

El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.

Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.

Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados;  otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.

Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.

Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.

Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.

La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.

El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.

Aurelio Fuertes

Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.

Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados;  otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.

Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.

Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.

Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.

La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.

Una ley que favorece poco la participación Social y Profesional

Fecha de Publicacion : 15/01//2017
Fuente : http://www.actasanitaria.com/una-ley-que-favorece-poco-la-participacion-social-y-profesional/
Autor:  Marciano Sánchez Bayle
 

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la ley que busca la profesionalización de la gestión de los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) adolece de algunos defectos, como el de la participación, al tiempo que su contenido no se ha respetado el mismo día de su entrada en vigor.

Recientemente (3/1/2018) el BOCM ha publicado la LEY 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, que viene a establecer los mecanismos de funcionamiento de los organismos de control y participación de los centros sanitarios y que ha sido vendida por la presidenta madrileña, Sra Cifuentes, como un ejemplo de democratización, transparencia y despolitización de la gestión de la Sanidad Pública de Madrid.

La representación social y profesional se encuentra siempre en minoría pese a que las competencias de los organismos de participación son limitadas y sin carácter ejecutivo

No obstante, de la lectura de la Ley se desprenden una serie de consideraciones que merece la pena destacar:

   1. La necesidad de establecer sistemas de participación y control de la gestión de los centros sanitarios públicos era patente y así se aprobó en octubre de 2015 en la Asamblea de Madrid el compromiso de establecer una regulación especifica en la Comunidad de Madrid al respecto, lo que era más necesario aún si se tiene en cuenta que la normativa anterior era el RD 521/87, es decir de hace más de 30 años.

   2. No obstante, cuando se conoció el primer borrador desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) señalamos que presentaba numerosas insuficiencias que no le permitían responder a la necesidad de establecer sistemas efectivos de control y participación social y profesional (La ADSPM ante el anteproyecto de Ley de reglamento de los centros sanitarios).

   3. Una vez aprobada esta Ley se constatan dos cuestiones: primera, que los mecanismos de participación son reducidos y poco efectivos, porque la representación social y profesional se encuentra siempre en minoría pese a que las competencias de los organismos de participación son limitadas y sin carácter ejecutivo y, además, porque la supuesta profesionalización de la gestión se queda en la obligatoriedad de realización de concursos públicos y la existencia de una comisión de selección, controlada por la Consejería de Sanidad.

   4. Llama especialmente la atención el mecanismo de elección de las Juntas de Gobierno hospitalarias: de sus 13 componentes, siete los nombra la Consejería de Sanidad; cuatro, la Junta Técnico Asistencial, cuya composición queda abierta e indeterminada (se fijará reglamentariamente, señala el artículo 13.2, es decir por la Consejería, sin que precise aprobación ni control de la Asamblea), entre los propuestos por casi cualesquier tipo de organizaciones, de acuerdo con unas condiciones y una convocatoria a realizar por la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud (de nuevo la Consejería tendrá potestad de control sobre los candidatos); y dos, la Federación de Municipios de Madrid, que en realidad serán los únicos representantes provenientes de una elección ciudadana aunque sea indirecta. Se trata pues de una Junta de composición muy sesgada y controlada por la Consejería de Sanidad, que empeora notablemente la de la Comisión de Participación Ciudadana que establecía el RD 521/87.

   5. Tampoco abona a favor de la credibilidad de esta Ley el que, coincidiendo con la publicación de la misma, se haya nombrado subdirectora gerente del Hospital Gregorio Marañón mediante libre designación y el que se contrate, mediante el sistema de contrato de alta dirección, al gerente del Hospital de la Cruz Roja. Por supuesto, en ambos casos sin que mediara convocatoria pública alguna, lo que indica la escasa voluntad de la Comunidad de Madrid de cumplir sus propias leyes.

En resumen, estamos ante una Ley que favorece poco la participación social y profesional y que la Consejería de Sanidad parece dispuesta a ningunear en la primera ocasión que se le presenta.

Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2018

Fecha de Publicacion : 09/12/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/presupuestos-sanitarios-ccaa-2018/20180109132325147070.html
Autor:  Marciano Sánchez Bayle
 

Los presupuestos que las CCAA dedican a la Sanidad son un exponente de su preocupación por el sistema sanitario público, ya que el actual modelo de financiación autonómico, al hacer transferencias globales a cada comunidad para atender todas las competencias recibidas permite a estas trasladar a los presupuestos su interés por la Sanidad y a la vez abre un amplio abanico de financiación por habitante y año entre todas ellas.

Los presupuestos para 2018 deben ser vistos con cierta prudencia, porque Cataluña no los han presentado todavía y no se sabe cuando lo hará, y varias más no los han aprobado definitivamente, por lo que las cifras finales pueden diferir de las que se presentan en el siguiente cuadro que recoge el presupuesto destinado a Sanidad por habitante y año.

Captura de pantalla 2018-01-09 a las 13.17.34
Captura de pantalla 2018-01-09 a las 13.18.39
Nota: para Cataluña se ha incluido la misma cifra de 2017

De lo que conocemos podemos sacar algunas conclusiones:

Es preciso incrementar la financiación sanitaria y hacerla mas justa y finalista para paliar estas excesivas desigualdades

La primera es que resulta preocupante que varias CCAA no hayan aprobado aún de manera definitiva los presupuestos, y que otra ni siquiera los haya presentado, porque eso supone que se aprobaran como pronto en 3 meses o cerca del verano y solo serán de aplicación en el segundo semestre del año.

Además las 16 que los han presentado en todos los casos realizan incrementos sobre los de 2016, en muchos casos muy modestos, y solo en once de ellas se superan los de 2010 que fue el momento de mayores presupuestos per capita destinados por las CCAA a la Sanidad Pública. El resultado es un aumento global del 4,97% sobre 2017.

La comunidad autónoma con menor presupuesto per capita continua siendo Andalucía y la que lo tiene mayor es el País Vasco que tradicionalmente es la mejor situada. La diferencia entre el máximo y el mínimo sigue siendo muy importante (527,1 €/ habitante y año) lo que obviamente hace casi imposible que se den las mismas prestaciones con igual nivel de calidad.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el gasto farmacéutico no ha parado de incrementarse desde 2010, tanto el hospitalario que lo ha hecho de manera muy importante (casi el 19%), como el de recetas, y que el Ministerio de Hacienda acaba de volver a ratificar el acuerdo con Farmaindustria que le garantiza un incremento en el gasto igual al de PIB, con lo que el presupuesto disponible para asistencia sanitaria ha disminuido globalmente, y todo ello teniendo en cuenta que el gasto farmacéutico se situaba en 2015 en el 18% del gasto sanitario mientras el promedio de la OCDE estaba en el 16,2%

En resumen, se produce un aumento de los presupuestos sanitarios de las CCAA, aunque la distribución del aumento ha sido muy variable entre ellas, de manera que solo once han superado los valores de 2010 (otras 6 continúan por debajo), evidenciándose también que se mantiene una gran diferencia entre los presupuestos por habitante y año de las CCAA, diferencia que estimamos excesiva, no justificada y lesiva para la cohesión y la equidad interterritorial. Conviene no olvidar que el gasto sanitario de las CCAA supone el 91% del gasto sanitario publico y que algunas otras partidas como la de la administración central y las corporaciones locales continúan con grandes recortes (25% y 29% menos presupuesto respectivamente)

Evidentemente una de las causas está en el retraso de la negociación sobre la financiación de las CCAA y en la postura cicatera del Ministerio de Hacienda que sigue imponiendo techos de gasto inaceptables a las autonomías. Es preciso incrementar la financiación sanitaria y hacerla mas justa y finalista para paliar estas excesivas desigualdades.

Participación y transparencia en la Sanidad Pública

Fecha de Publicacion : 0812/2017
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/participacion-transparencia-sanidad-publica/20180108125554147023.html
Autor:  Lola Martínez Ruiz y Antonio Vergara de Campos
 

La administración pública, salvo en cuestiones muy concretas de seguridad nacional o muy reservadas, tiene la obligación de ser transparente para los ciudadanos

Los defensores del sistema sanitario público desde siempre hemos defendido dos elementos imprescindibles para lograr los objetivos adecuados: la transparencia y la participación de los trabajadores y de la ciudadanía en la gestión, elaboración y desarrollo de las actividades. Estas reivindicaciones son idénticas para defender cualquier otra institución del sector público.

La administración pública, salvo en cuestiones muy concretas de seguridad nacional o muy reservadas, tiene la obligación de ser transparente para los ciudadanos. Es decir, todas las actividades, resoluciones, presupuestos y agendas tienen que estar a disposición de cualquier persona que las quiera consultar. Esta característica que en nuestro entorno es algo casi escandaloso y desde luego infrecuente, en el mundo sajón y en el norte de Europa es algo constante y además desde hace muchos años. Este hecho ayuda a mantener la confianza en las instituciones públicas y en el ejercicio de la política.

Esta transparencia tiene que ser real. Es decir, los portales tienen que expresar una información no tecnificada que dificulte su comprensión para los neófitos y además deben ser fácilmente accesibles. No hay que tener conocimientos técnicos ni formación en informática para poder acceder a la información puesto que el interés público debe prevalecer sobre la información interna o reservada.

Estas cuestiones fundamentales siguen siendo reivindicaciones porque la realidad está muy lejos de estos parámetros. Acceder a información en las administraciones suele ser complicada, compleja y la mayoría de las ocasiones no se consiguen los resultados buscados. Es inadmisible que a estas alturas siga ocurriendo.

Las justas reclamaciones ciudadanas a favor de la transparencia han logrado que en muchas administraciones públicas no puedan evitar “mejorar parcialmente” pero como no están convencidos de las bondades de “ser claros por no tener nada que esconder” lo hacen con trampas: complicado de acceder, información descaradamente tecnificada, gráficas complejas, tamaño ilegible y además una característica común, los datos son muy antiguos y, por lo tanto, su análisis está desfasado. Es una forma de ser “pseudotransparentes sin riesgo a la crítica”.

Sólo en algunos ayuntamientos se han conseguido niveles de transparencia adecuados. Es un placer entrar en sus páginas webs y poder constatar y estudiar sus datos y sus propuestas para conocimiento general. Como en tantas otras cuestiones, se demuestra que es fácilmente conseguible, sólo se necesita honestidad, compromiso con la verdad y voluntad política.

Por lo tanto, que no nos engañen. Esta reivindicación es perfectamente posible con el desarrollo tecnológico puesto al servicio de la ciudadanía. El conseguirlo es muy importante para recuperar la confianza en nuestras instituciones. No sólo es decisivo para las personas a las que debería servir esa administración sino también para los grupos de la oposición que podrían trabajar para hacer propuestas de potenciales mejoras con las decisiones políticas que se hubieran tomado.

La segunda de las claves que queremos abordar es igualmente muy importante. Las decisiones, la gestión, el desarrollo y la consolidación de las políticas aplicadas deben concebirse de forma participativa tanto con los profesionales del sector implicado como con los movimientos sociales organizados. Es mucho más probable el acierto si se deciden de forma colectiva que cuando se hace de forma individual o por pequeños grupos jerárquicos. Además, se evitan los indudables sesgos que tiene cualquier juicio individualizado.

El primer aspecto que queremos destacar es que participar no es fácil ni cómodo. No se trata de analizar las decisiones ya tomadas y aceptarlas de forma pasiva, protestando sólo en el ámbito privado. Se trata de compromiso, de trabajo, de esfuerzo y de actividad en la gestión de tu labor profesional. No existe cultura previa en este sentido, estamos acostumbrados a obedecer aunque no se comparta la decisión, lo cual es deprimente pero cómodo. No tengo responsabilidad individual sino siempre la tiene el jefe, el director o el gerente. Nosotros nos dedicamos a criticarlos, eso sí, en la cafetería o en casa pero nunca en los órganos de participación que puedan existir. Esta segunda posibilidad es más comprometida y puede ser “perjudicial para tu futuro”. Mejor “pasividad segura” que “actividad arriesgada”. Así nos va.

Esta crítica a la falta de participación de los profesionales la hacemos porque existen mecanismos que la permiten, al menos en el ámbito sanitario. Las Juntas Facultativas, de Enfermería, de Personal, las comisiones múltiples existentes (de dirección, calidad, morbimortalidad, infecciones, tumores, farmacia, etc) y otras diversas fórmulas permiten la participación. Los equipos de dirección al menos en el ámbito andaluz, que es el que conocemos, son multidisciplinarios en muchos aspectos. Lo que ocurre en la realidad es que la pasividad de los mismos posibilita que las decisiones sigan tomando de forma jerárquica y piramidal y estos mecanismos participativos se encarguen de aprobarlas sin análisis ni estudios previos que permitan su adecuación. Por lo tanto, es una prostitución de las herramientas existentes. Tenemos que exigirnos una cultura participativa que les complique las tendencias al manejo colectivo. Estos hechos son similares en otras muchas organizaciones incluyendo los partidos políticos, sindicatos y otras importantes instancias de control de los sistemas públicos.

Es cierto que la administración pública en general no facilita la participación pero tenemos que modificar estas tendencias con actitudes comprometidas y sacrificadas.

Vamos a detenernos en una iniciativa que en Andalucía ha sido muy potenciada y que nos demuestra la auténtica voluntad política, como son las Unidades de Gestión Clínica. Cuando se comenzó a plantear esta posibilidad la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública se opuso frontalmente porque suponía una atomización del sistema sanitario público y con la capacidad de gestionar de forma autónoma incluso en las inversiones y gastos existían riesgos elevados de malversación o corrupción. Esta posibilidad se modificó y no han supuesto una privatización. Por otro lado la participación en la gestión clínica de los profesionales nos parece un aspecto positivo. Para ello tiene que haber una participación universal y multisectorial en las unidades, el consenso de unos objetivos clínicos que mejoren la asistencia sanitaria y que dichos objetivos tengan una dimensión colectiva pero también individual: es decir, pueden ser evaluados como resultados del Servicio Andaluz de Salud pero también como del centro sanitario, de la unidad y además individuales. De esa manera la productividad económica derivada tendría un refrendo en resultados de mejora real en la calidad asistencial de los ciudadanos.

El análisis histórico del recorrido de las Unidades de Gestión Clínica es muy negativo. La participación no ha sido real aunque este hecho ha dependido de los directores que la hayan permitido y del “interés” del personal de cada unidad. Los objetivos propuestos por la Consejería de Salud y que nada tienen que ver con la calidad asistencial han sido cada vez mayores y de obligado cumplimiento. En la realidad las productividades se condicionan al cumplimiento de “órdenes” disfrazadas de objetivos que deciden las cúpulas políticas. La perversión de las Unidades de Gestión Clínica es un hecho incuestionable y tenemos que recapitular. No es posible seguir en esta dinámica.

Otra cuestión relacionada es que nuestra opinión defiende que la participación de los profesionales en la gestión clínica si es real, efectiva, comprometida y en equipos es muy favorable para conseguir objetivos de mejoras en la atención sanitaria. Por lo tanto si se derogan las Unidades de Gestión Clínica hay que reinventar mecanismos que persigan los elementos antes descritos.

En cuanto a la participación de la ciudadanía estamos aún más lejos de lo ideal. Se le tiene auténtico pavor. Cuando forzados por alguna tendencia se aplican mecanismos en este sentido son ridículos. Una demostración de la falta de voluntad política para conseguir participación real y efectiva de la ciudadanía es que existen descritos y aprobados, desde hace muchos años,  mecanismos de potencial utilidad: un ejemplo sería los consejos de salud. Están perfectamente elaborados, publicados en boletines oficiales pero sin desarrollo alguno. Además, pensamos que están activamente diseñados con una complejidad de composición y desarrollo que hace muy difícil su eficiencia. 

La administración pública andaluza también le tiene alergia a la participación ciudadana. A pesar de tener claros las características de la misma no ha tenido nunca voluntad política para llevarlas a cabo. Cuando ha propuesto iniciativas participativas son tan ridículas como considerar como tal a visitas guiadas a los distintos servicios sanitarios de ciudadanos, elegidos por sorteo. Increíble pero cierto.

Pero en esta ocasión la responsabilidad del fracaso es también de muchos [email protected] La participación exige primero formación en el sector correspondiente y después honestidad, falta de egoísmo, evitar personalismos y además compromiso con el sector público y con la importancia que ello tiene. Si no es así los intentos que se han realizado en algunos sectores (los más avanzados quizás los consejos escolares en la educación pública con las asociaciones de madres y padres) si resultan inefectivos o conflictivos conceden argumentos a los excépticos de sus potenciales ventajas.

Opinamos que es exigible formación, al menos básica o conceptual, porque participar no es opinar solamente sino colaborar en las soluciones mediante propuestas viables. Para ello es necesario tener conocimientos técnicos o bien organizativos para poder diseñarlas, elaborarlas y posteriormente defenderlas en el seno del consejo correspondiente. No consiste sólo en criticar, que desde luego es el principio si se hace de forma constructiva, sino proponer alternativas reales de mejoras.

Queremos transmitir un proyecto que está resultando muy enriquicedor porque es un resultado de una participación ciudadana consolidada y una coordinación plena entre recursos institucionales y movimientos sociales, todos con el mismo objetivo compartido y consensuado.

La llegada de los nuevos ayuntamientos constituye una posibilidad histórica para intentar proyectos que nunca habíamos podido siquiera plantear por alejamiento de las instituciones públicas y por la ausencia de mecanismos que los pudieran hacer posible. Una de las características que tienen (o deben tener) estas administraciones locales es que su gestión debe ser transparente y participada. Hace falta tiempo en ocasiones para conseguir estas dinámicas porque en muchos casos existen culturas contrarias que hacen difícil sus modificaciones. Además, con independencia de los políticos existen miles de técnicos municipales que son los encargados de desarrollar los planes propuestos.

La participación ciudadana organizada en materia de Salud Pública y Comunitaria con los recursos municipales y de las Consejerías de las comunidades autónomas es muy aconsejable de intentarla aprovechando esta circunstancia histórica.

En el Ayuntamiento de Cádiz se está intentando con buenos resultados hasta el momento. El equipo de gobierno defiende estos postulados previamente descritos y están posibilitando el Plan Municipal de Salud. El instrumento de referencia que hemos utilizado es el RELAS (Red de Acción Local en Salud), elaborado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía desde el año 2008.

Este hecho nos lleva a una reflexión inmediata. La mayoría de las cuestiones fundamentales están ya estudiadas, elaboradas o incluso desarrolladas. Cuando no se llevan a cabo no es por falta de información sino por ausencia de voluntad política.

El programa RELAS contiene los elementos fundamentales que hemos planteado: posibilidad de participación social multidisciplinaria de forma real, efectiva, en igualdad de condiciones y con poder decisorio junto a una coordinación plena con los recursos institucionales públicos.

El primer paso es la información conceptual a los grupos municipales. El descubrimiento de la Salud Pública, de la Salud Comunitaria, de la salud como algo más que la ausencia de enfermedad, de los determinantes sociales de la salud y del impacto de las desigualdades sociales en la salud, produce un impacto muy positivo entre la mayoría que consigue una implicación y compromiso con este proyecto, que es una dinámica poco habitual en las administraciones públicas. La celebración de un Acto plenario con estos objetivos posibilitó la aprobación por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz para apoyar la utlización del RELAS en el Plan Municipal de Salud.

A continuación, se organizó un taller de formación para el impulso y el desarrollo de la acción local en salud en Cádiz. Se invitaron a técnicos municipales, sanitarios, educativos y organizaciones sociales diversas. El éxito de participación fue de tal dimensión que resultó verdaderamente complicado elegir entre los discentes a las quince personas que iban a constituir el Grupo Motor, clave de todo el proceso. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública no tuvo dudas para integrarse de forma inmediata. La coordinación general se encargó a una técnica de Salud del municipio y la política a la concejala del Área de salud.

La estrategia que se decide fue la de comenzar con el plan en un barrio para después extenderlo al resto de la ciudad. Se eligió la Viña por varias razones: es una comunidad con un sentido de pertenencia importante, con criterios de necesidades sociales y además teníamos entre el grupo motor recientemente constituido a personas muy implicadas del centro de salud, colegio de enseñanza primaria, escuela infantil y organizaciones sociales con largo recorrido, lo que le daba a esta elección muchas posibilidades. La historia ha dado la razón.

Una asamblea ciudadana para presentar el proyecto y una jornada de participación comunitaria para que nos transmitieran cuáles eran los problemas del barrio fueron las guías en las que nos basamos para el trabajo posterior.

Se constituyeron grupos de trabajo en todas las dimensiones que define a la Salud Comunitaria: antecedentes históricos, epidemiología social y clínica, hogar y vivienda, personas sin hogar, educación, servicios sociales, condiciones socioeconómicas, migrantes, medioambiente físico, estilos y hábitos de vida, adicciones, mortalidad y morbilidad, infraestructura y equipamientos (deportivos, de ocio y esparcimiento, juventud, mayores, culturales y cívicos), sociosanitarios (planes, programas y servicios de salud Pública), participación,  asociacionismo y medios de comunicación locales.

Se tardó algo más un año en elaborar el documento completo del diagnóstico de salud comunitario del barrio La Viña pero pensamos mereció la pena ese tiempo. Todos los capítulos completos se pueden encontrar en la página web del ayuntamiento: Transparencia-plan de salud municipal.

Una nueva jornada de participación ciudadana nos priorizó las acciones que debíamos priorizar desde el grupo motor. Decidieron que trabajáramos en cinco grupos diferenciados: 1) desempleo, pobreza y exclusión social; 2) alimentación y sedentarismo; 3) vivienda; 4) salud mental; y 5) alcohol, tabaco y otras adicciones. Las relatorías de todos estos grupos transmiten acciones de salud para mucho tiempo.

La Fiesta de la Salud con participación masiva de áreas y empresas públicas municipales, distrito sanitario y centro de salud, recursos educativos públicos junto a más de 30 organizaciones sociales constituyó un definitivo impulso para terminar nuestro inicial proyecto.

Todo este recorrido, contenido en el Plan de Salud del barrio La Viña (web municipal) se presentará de nuevo al pleno del Ayuntamiento con peticiones concretas de acciones concretas que necesitarán de recursos institucionales y del apoyo comunitario.

El grupo motor, que ha conseguido una cohesión y compromiso muy evidentes, será el que continúe con la labor que exige un plan permanente de acciones de salud. Si se considera que la constitución de un Consejo de Salud es un mecanismo muy burocratizado, con muchos elementos sin compromiso garantizado, se denominaría grupo motor de salud del barrio para continuar con la eficiencia conseguida en estos últimos años.

La extensión al resto de la ciudad incluye tres nuevas áreas urbanas, tres cursos de formación en RELAS, tres grupos motores, tres perfiles de salud y acciones en salud. La coordinación técnica y política seguirá siendo la misma.

El Plan Municipal de Salud está evidenciando que cuando existe participación y transparencia es mucho más difícil las equivocaciones y las perversiones. Son valores que caracterizan al sector público cuyos objetivos no son mercantiles sino la consecución de servicios que alivien las necesidades de los sectores más desfavorecidos. El reto permanece intacto.

Vacunas necesarias para todos

Fecha de Publicacion : /20/12/2017
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/vacunas-necesarias-para-todos
Autor:  www.adspsalamanca.org

El objetivo último de todo buen político debería ser lograr el bienestar de todas las personas de la comunidad a la que sirve. Considero que para ello precisa un profundo convencimiento de que todos debemos tener acceso a los servicios públicos por igual, entre ellos la Sanidad. Sin embargo, no es así.

Acudamos a la vida real y sus ejemplos. La vacuna frente al meningococo B, no incluida en el calendario vacunal obligatorio, es accesible sólo para las personas, niños y jóvenes, con suficiente dinero para comprarla (106 euros por dosis... y pueden precisarse hasta cuatro) y contactos para obtenerla, pues suele haber problemas de abastecimiento en las farmacias españolas.

Esta situación genera preocupación, desorientación y desamparo en los padres y en los profesionales de la salud españoles. ¿Qué les digo yo, médico de Familia, a los padres cuando acuden a preguntarme sobre la vacuna del meningococo B? ¡Está claro! La vacuna frente al meningococo B protege frente a ese serogrupo de meningococo, y la Asociación Española de Pediatría recomienda su administración sistemática a TODOS los niños.

¿Sí?... Pues… quien hoy me pregunta está en paro, sólo cobra 426 euros de subsidio de desempleo, tiene dos hijos de 3 meses y 4 años, es decir, necesitan siete dosis de la vacuna del meningococo B que, a 106 euros la dosis, suman… 742 euros. ¿Ahora qué contesto? ¿Que en su caso no? ¿Que crucen los dedos? ¿Que enciendan una vela a un santo?… ¿Que se hagan a la idea de que sus hijos son prescindibles….?

Y en el caso de una familia con dos hijos de la misma edad que los anteriores, con suficientes recursos, que pueda dedicar 742 euros a vacunar a sus hijos… ¿Qué les digo? ¿Que eviten que sus hijos jueguen con los de la familia anterior? ¿Hacemos colegios para niños vacunados y no vacunados?

Las vacunas aportan su beneficio de dos maneras. Por una parte, evitan contraer la enfermedad a la persona vacunada, pero también, y quizás sea lo más importante, disminuyen el número de individuos susceptibles de contraerla. Por tanto, detienen la propagación de la enfermedad. Pero si sólo vacunamos a unos pocos, no evitaremos la enfermedad ni siquiera a todos los vacunados.

Por esto es imprescindible que las vacunas eficaces, insisto, las verdaderamente eficaces, sean incluidas en el calendario vacunal obligatorio acordado por los expertos sanitarios de todo el Estado. Un único calendario de vacunas accesibles para todos, no diecisiete.

En Sanidad, todos deberíamos tener acceso a lo verdaderamente útil, pero no a lo inútil, sobre todo si puede ser peligroso.

Son las autoridades sanitarias quienes deben realizar esta labor de forma clara y sin dejar lugar a dudas. Es un trabajo pendiente para las administraciones públicas, tanto del Gobierno central como de los autonómicos.

Como dije al principio, el objetivo de los políticos debería ser el bien comú,  y uno de los medios de lograrlo es atender la Sanidad pública con la celeridad que precisa. Y no dejarla deteriorarse para así justificar la pseudonecesidad de prestar los servicios sanitarios a través de negocios privados.