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Desmontando el informe sobre la eutanasia del Comité de Bioética

Fecha de Publicacion : 17/03/2021

Fuente:https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/desmontando-informe-comite-bioetica-espana-eutanasia/20210317170910185707.html

Autor: Juan Antonio Salcedo

En octubre del año pasado el Comité de Bioética de España publicó un informe (1) de setenta y cuatro páginas estructurado en varios capítulos a lo largo de los cuales, plantea su opinión en contra de la regularización de la eutanasia y suicidio asistido (SA). El documento fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros como ejemplo, según se refiere en la introducción, de una integración de todos los pareceres de sus miembros que a pesar de la obligada pluralidad, se pueden llegar a acuerdos desde la reflexión, la escucha y la deliberación. No hay votos particulares.

La tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la E y SA está en su rectal final y pronto será una realidad (recordar que cuenta con un importante apoyo social y profesional). Insistir a estas alturas en volver al debate, puede parecer que es anacrónico y carente de interés; no obstante, la obstinación de los partidos políticos conservadores, ciertos colectivos civiles y profesionales y la iglesia en seguir reiterando su opinión contraria a la misma y la lectura del presente informe, anima, como excusa, a volver a plasmar los comentarios y reflexiones que suscitan sus intervenciones públicas.

Antes de entrar en detalles, llama la atención el hecho de que no se haga referencia a los informes que se han elaborado en base a la experiencia existente en aquellos países donde la E y el SA se han legalizado. Del mismo modo, tampoco se hace mención de las opiniones favorables de otras entidades relacionadas con la Bioética (Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, Instituto Borja de Bioética, Comité Consultivo de Bioética de Cataluña). Alude a los Comités Nacionales de Suecia, República de Irlanda, Alemania, Portugal, Francia e Italia, exclusivamente, y siempre como apoyo a sus tesis contrarias a la legalización de las prácticas eutanásicas (PE).

También es preciso señalar que la raíz de la que nace el tronco argumental de todos los sectores y colectivos mencionados opuestos a la regularización de las PE, radica en la posición que mantiene la Iglesia Católica y su enorme poder de influencia. Mientras que en el mundo grecolatino se admitía el morir bien o morir dignamente, entendiendo por tal aquella que era fruto y consecuencia de una decisión libre y racional, en la Edad Media y a medida que se extiende el cristianismo, se rompe esa tendencia. La razón: el ser humano es una criatura de Dios y no puede tomar decisiones en contra de su propia vida. Su opinión sobre la E se concreta en un decálogo en el que se la criminaliza aunque se acepta el tratamiento del dolor, a pesar de poder acortar la vida, y la no utilización de procedimientos extraordinarios.

Recordar que tal y como se desprende de la Constitución Española (CE), Art. 16, el Estado debe garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto y ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo que parece olvidado por los sectores mencionados. También decir, que a pesar de las distintas concepciones desde las que se aborda la Bioética, parece que hay cada vez más consenso (2) en hacerlo desde una perspectiva laica de la misma pero sin excluir la aportación religiosa.

Entrando en el detalle, el documento no es fácil de leer ya que a pesar de estar distribuido en capítulos, en cada uno de ellos, se mencionan conceptos y argumentos similares restando concreción al texto. Trataré de dar mi opinión:

    1.- Al referirse a nuestro marco legal, el Art. 143.4 del Código Penal, introduce la compasión como atenuante en determinados casos singulares al reducir la pena en el caso de auxilio al suicidio bajo determinadas circunstancias, lo que refleja un tratamiento benévolo y prudente de estos actos por parte de nuestro ordenamiento jurídico, dando a entender que es suficiente para no regularizar la E y el SA. No obstante, muestra sus reservas en el sentido de que esta puerta tiene el riesgo de que el valor ético y legal de la vida humana se devalúe. Reconoce que son pocos casos pero todos han terminado en condena. Según datos del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia (2016-2018), hubo nueve condenas. Llama la atención el caso reciente de la muerte asistida a una enferma de esclerosis lateral amiotrófica por su marido y que a pesar de grabar el proceso, llamar a la policía y cooperar, fue detenido y enjuiciado por asesinato y violencia de género. El consentimiento, factor que se estima tiene que ser un requisito, no parece, de entrada, que se aplicase en el caso señalado y la doctrina (3) está dividida en considerarlo un eximente o no de pena. En el documento se afirma que en Holanda el derecho se ha retirado una vez que se ha despenalizado la E y SA, hecho que es falso, ya que siguen penalizadas ambas prácticas, salvo en las condiciones que se regulan en la ley (Capítulo 4 del informe, pp 23). El derecho ha mostrado una actitud paternalista y las leyes como la CE requieren interpretación, causa de las discrepancias. En la página 22 del informe se dice que la regularización atenta contra la tradición jurídica más inmediata, pero ni la CE ni las leyes han de tener carácter inmovilista y se deben adaptar a la realidad social.

    2.- No aparece en el capítulo de aclaración de conceptos definición expresa de pendiente deslizante, calidad de vida, muerte digna, autonomía y dignidad, aunque algunos de ellos aparecen en otros diferentes. Matiza que no hay diferencia sustancial entre E y SA dada la equivalencia existente entre ayudar a una persona que quiere quitarse la vida y ser la persona que le quita la vida, pero no dice nada de las posibles diferencias, si las hay, entre dejar morir y ayudar a morir. Parece estar de acuerdo en sustituir el término de limitación del esfuerzo terapéutico, ensañamiento o encarnizamiento, por el de adecuación del mismo, para no trasmitir la idea de abandono, fin de la atención o crueldad, sin embargo utiliza términos de homicidio intencionado o matar a una persona sin eufemismos.
 
    3.- Afirma que el reconocimiento constitucional del derecho a la vida no supone atribución de facultad que permite el ejercicio del derecho y constituye una garantía que prohíbe la violación del mismo, es decir, constituye un instrumento de protección de la vida. Además, es un derecho inalienable que lo condiciona en el sentido de no admitir su contenido negativo. El derecho a la vida es irrenunciable en la medida que no se puede exigir el derecho a morir. Esta manera de interpretarlo no es la única, y es recomendable leer (4) la revisión realizada por Juanatey Dorado en la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética dirigida por Romeo Casabona.
 
    4.- En relación con el concepto de dignidad y autonomía y lo que significa, el informe del Comité Consultivo de Cataluña (5), los aclara perfectamente. Despenalizar la E supone para bastantes personas vincular y reconocer dignidad y autonomía, conceptualizando aquella como la capacidad de autolegislarse y como derecho de cada cual a ser tratado como un fin y no como un medio, siguiendo a Kant o a Pico della Mirandola que la consideraba como la superioridad del ser humano la cual, radica en la capacidad de modelarse a uno mismo o a dotar de sentido a la propia existencia, decidir como vivir y como morir. Esta concepción convive con la que considera que la vida y la muerte depende de Dios y no puede interrumpir su vida, ambas respetables, pero sin tratar de imponerse una a la otra y viceversa. No solo la dignidad se debe de entender como la capacidad de decidir como morir, se trata, además, de defender la integridad moral y física de la persona la cual, se hace más vulnerable en el proceso de morir, con el deterioro físico y psíquico que le hace perder el control sobre si mismo, caso Karen Quilan. El derecho fundamental a la dignidad es inalienable e implica aceptar la percepción subjetiva de cada cual, pero también la obligación de los otros a reconocer y respetar otros puntos de vista. La dignidad es una expresión de la libertad individual por la que una persona puede decidir dejar de vivir porque sus condiciones de vida son indignas. Esta forma de ver la dignidad enlaza el derecho a la vida con el principio de autonomía o el derecho de cada uno a decidir libremente (derecho a la libertad. Art. 17 CE) e incluso a disponer de la vida. No se niega el valor de la vida sino la de una concreta que la hace inhumana y contradictoria. La autonomía es la capacidad de autogobierno y autogestión de la propia vida, y también, el derecho de cada uno a que otros, individuos o instituciones, no interfieran en sus decisiones y actuaciones siempre que no hagan daño a terceros. ¿Se puede admitir que “una concepción radical de la autonomía (como la           expresada) que conlleve habilitar a la persona para adoptar siempre la decisión   que considere más adecuada a sus intereses, sería la que justificaría, por ejemplo, la esclavitud, siempre que esta fuera decidida racionalmente”, tal y como figura al final de la página 32?
 
    5.-Se conoce como pendiente deslizante al riesgo de no poder prevenir la utilización de la E en aquellos casos que podrían ser susceptibles de otras alternativas o hacerla extensiva a situaciones en las que no se debe, como casos no previstos en la Ley, casos en que los criterios se aplican con escaso rigor, aquellos en los que por presión ambiental el paciente se viera abocado a aceptarla sin tenerlo claro, y también, al riesgo de que pueda convertirse en un tratamiento terminal habitual. Los detractores de la E nunca han aportado datos que demuestren que estos    riesgos son reales. Si leemos la revisión que hace la Asociación Derecho a Morir Dignamente (6), desde donde se puede acceder a abundante información, nos daremos cuenta de que este argumento es una mera suposición y no una realidad.
 
    6.-Hay que tener en cuenta el alto apoyo de las/os profesionales sanitarios a la regularización de las PE según se desprende de las encuestas realizadas. En consecuencia, se puede pensar que no se consideran criminales como se pretende desde determinados ámbitos. Es lógico que si se aprueba la Ley, la medida se incluya dentro de las prestaciones públicas y que sean las/os trabajadoras/es sanitarios las que las lleven a la práctica para garantizar su equidad y seguridad y por ser los que mejor conocen a los pacientes a lo largo de su vida. Hay dos temas que se suscitan en el informe: uno, la objeción de conciencia; y otro, la relación médico-paciente. En relación con el primero, estamos de    acuerdo en que hay que respetarla, pero no podemos compartir que se convierta en un factor de exclusión laboral, como se afirma en la página 37, lo que sería ilegal, ni que tampoco, se secuestre su ejercicio como ocurre en determinadas instituciones religiosas. En relación con el segundo tema ¿Qué datos sustentan   que la E y el SA son factores que la distorsionan? El impacto de la experiencia de Oregón, EE.UU,(7) una vez aprobada su Ley de Muerte con Dignidad, es muy demostrativo al respecto. Los planes que se desarrollaron allí, pueden constituir un ejemplo de por donde debe ir la formación en estos temas.
 
    7.- Hay un empecinamiento absoluto en que los CP constituyen una alternativa a las PE en base a que una buena instauración de los primeros eliminarían las demandas de los segundos. Por esta razón, solicitan su implementación y una Ley de CP en lugar de otra que regularice las PE sin aportar datos contrastados. Este debate es engañoso e inadmisible por varias razones. Casos como el de Ramón Sanpedro y similares o la opinión de las/os profesionales (84% según CIS 2002), demuestra que los CP no evitan demandas de ayuda a morir. No es necesario hacer una Ley ya que las mal llamadas de muerte digna, contemplan esta atención y reafirman el derecho de autonomía. Bélgica estableció una Ley de CP de forma paralela a la regularización de la E y nunca ha existido confrontación al respecto; es más, la Federación Flamenca de CP ha reafirmado en dos documentos (200 y 2003) que ambos no son excluyentes y tienen que estar interconectados, constituyendo la E un paso más allá de los CP. Es curioso que Caritas Flanders con el asesoramiento del Centro de Ética Biomédica y Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, ha adoptado una posición similar a la de los paliativistas y en sus centros se facilita la E, si bien con el   filtro previo de una aplicación de CP, lo que contrasta con la postura de la Iglesia en España. Recordar el caso de Inmaculada Echevarria, que se trasladó a un hospital público ante la negativa de la Orden de San Juan de Dios a desconectar la ventilación mecánica en su institución.

Para terminar, este texto constituye una mera pincelada de todos los comentarios que suscita el informe y probablemente se quede corto, pero en aras de la brevedad he pretendido resaltar lo que he considerado más importante.

No se puede acudir al debate de la regularización de las PE pretendiendo ejercer una defensa numantina de una posición extrema sin considerar el cambio social y profesional y sin sopesar bien las consecuencias que ha tenido en otros países. A pesar de todo, es una opinión que yo respeto, pero no es la mía, que estimo debe de ser igualmente respetada y no criminalizada.

Este tratamiento le iría muy bien, pero no lo cubre su seguro

Fecha de Publicacion : 11/03/2021

Fuente:https://www.saludadiario.es/opinion/este-tratamiento-le-iria-muy-bien-pero-no-lo-cubre-su-seguro

Autor: Alicia Alonso

"Este tratamiento le iría muy bien, pero no lo cubre su seguro" es una frase que no me imaginaba que tendría que usar en mi consulta. Y, sin embargo, no me he tenido que ir muy lejos de España para que irrumpa con frecuencia en mi día a día.

Alicia Alonso

En Bélgica, el sistema sanitario es público, pero está inmerso en un entramado de colaboraciones público-privadas y copago tremendamente complejo que complica mucho las decisiones tanto para médicos como para pacientes. Con mis colegas belgas suelo hablar llena de orgullo del sistema sanitario español. Cómo casi todo en la vida, es difícil valorarlo cuando lo tienes, cuando para ti es "lo normal". Pero la Sanidad española está llena de virtudes de las que uno se hace consciente al afincarse en otro país.

Para empezar, es un sistema increíblemente simple para el usuario: todo lo que necesitas es tu tarjeta sanitaria, y con ella puedes pedir cita para tu médico de Familia, ser atendido en Urgencias en caso de necesidad, ser remitido a un especialista, ingresar en el hospital…

Y salvo la compra de medicamentos, el resto lo haces sin abonar ni un solo céntimo. Puedes estar ingresado una semana en un hospital y, al volver a casa, centrarte en recuperarte con la tranquilidad de que no te va a llegar una factura de 3.000€ porque tu seguro no cubría esto o lo otro. En otros países, como en Bélgica, muchos de estos servicios implican una trama burocrática que podría ser el argumento de una temporada completa de Ally McBeal. Y, por supuesto, copago por delante: primero pagas la consulta y luego (tras el papeleo correspondiente) tu seguro te devuelve una parte.

Los médicos no nos escapamos de este infierno burocrático: para la prescripción de muchos medicamentos tenemos que hacer informes específicos, y debemos familiarizarnos con los seguros para no prescribir al paciente medicinas que no estén cubiertas y él no pueda pagar. Hasta para solicitar pruebas hay que tener cuidado con esto: si programas ciertas pruebas en el mismo día, el seguro sólo cubre una (por ejemplo, si el paciente necesita una resonancia magnética dorso-lumbar, hay que programar la zona dorsal y la lumbar en días diferentes (a pesar de la pérdida de tiempo) si no queremos que el paciente tenga que pagar de su propio bolsillo una resonancia magnética que, recordemos, se está haciendo en un hospital público.

Y, sin embargo, la Sanidad española es como ese niño brillante y trabajador al que hacen bullying en el colegio, se ríen de él y le roban el bocadillo en lugar de fomentar el desarrollo de su potencial. A la Sanidad española le han robado ya muchos bocadillos. En la ADSP hemos hablado largo y tendido sobre el expolio y el proceso de desacreditación al que lleva años sometida por políticos que, a pesar de tener en sus manos la posibilidad de mejorar la vida de la gente, solo piensan en su propio beneficio.

Queda mucho por mejorar, y yo todavía tengo esperanza de que se modifique el rumbo, de que se invierta en Sanidad y en investigación y de que el sistema sanitario español público y universal vuelva a ser envidiado en el mundo.

 

Avanzar en la vacunación

Fecha de Publicacion : 02/03/2021

Fuente:https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/03/02/avanzar_vacunacion_117323_2003.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

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En España se está avanzando en la vacunación a trompicones pero tampoco a un ritmo mucho menor que la mayoría de los países desarrollados: el 25 de febrero nos situábamos en un 6% de la población con al menos una dosis administrada, porcentaje mayor que el de Alemania, Italia, Francia y Portugal y un poco superior al promedio de la UE. En el mundo nos superaban claramente Israel, Reino Unido (este caso no es directamente comparable porque aunque hay un gran número de personas que han recibido una dosis, el 24,2%, solo el 0,9%, un porcentaje 2,77 veces menor que en España, tiene completada la vacunación), EEUU y algún otro país como Dinamarca, con una diferencia menor de un 1%, es decir una situación perfectamente equiparable con la mayoría del mundo desarrollado.

Es evidente que el objetivo de la vacunación es hacerlo lo antes posible y vacunar de manera preferente a las personas más vulnerables (las que tienen una mayor mortalidad), es decir los mayores de 60 años y a los que padecen enfermedades crónicas. Por otro lado no se puede olvidar que, cuanto más tiempo pase y haya más personas infectadas, será más probable que el virus presente mutaciones, y que alguna de ellas lo haga más letal y/o más transmisible, por lo que es importante vacunar pronto también a una mayoría de la población.

En España se están planteando dos estrategias de vacunación que aparecen como totalmente enfrentadas y excluyentes: realizar la vacunación en los centros de salud, aprovechando el amplio dispositivo de Atención Primaria, y hacerlo en grandes espacios como polideportivos, etc, por lo que conviene evaluar las ventajas e inconvenientes de cada modelo y si son realmente antitéticos.

En primer lugar los centros de salud tienen una gran ventaja que es la accesibilidad debido a una extensa red que acerca el servicio a toda la población, tanto en el área urbana como en la rural; por otro lado hay un mejor conocimiento de las personas a las que se atiende, lo que es muy importante en el caso de mayores y/o crónicos y se tiene acceso directo a su historia clínica, por lo que pueden evaluarse sus posibles contraindicaciones y/o problemas de salud que pueden interferir en la vacunación. Finalmente hay una dotación sanitaria apropiada en el caso de que se presente alguna grave complicación, que aunque son muy infrecuentes, obviamente pueden producirse, y por supuesto hay amplia experiencia en vacunación y su intervención mejora la adherencia de la población a la Atención Primaria.

Como no hay día sin noche, o si se prefiere sin “reverso oscuro”, también tiene inconvenientes. El primero es que puede mantener y reforzar el bloqueo de la asistencia de los enfermos no covid19 al dedicar tiempo y recursos a la vacunación, lo que obviamente puede solventarse incrementando recursos humanos; por otro lado, muchos centros presentan problemas de espacio para separar a los que se vacunan de los pacientes covid y no covid, aunque esto puede y de hecho se está realizando la vacunación en franjas horarias concretas; y finalmente es más probable que se produzcan tiempos muertos en la vacunación, por ejemplo por la no comparecencia de alguna/s de las personas citadas.

¿Qué sucede con la utilización de grandes espacios?. Obviamente es mas fácil separar a las personas que acuden a vacunarse y organizar circuitos seguros; y también la vacunación puede tener mayor rentabilidad (se puede vacunar con más velocidad y optimizar el tiempo de los profesionales que vacunan); pero también existe menor capacidad de respuesta en caso de complicaciones, no hay posibilidad de consultar la historia clínica de las personas a vacunar y se desconocen los problemas de salud previos de las mismas, y lo más importante, son en general lugares más alejados del domicilio habitual (problema serio para personas mayores y para las que tienen menos recursos económicos) y pueden generar una barrera al acceso precisamente de quienes son más vulnerables. Por supuesto Isabelita, y no solo ella, señalaría entre sus supuestas ventajas que permiten mejores operaciones de marketing (fotos, reportajes, etc) y con más glamour, y que pueden valer incluso para maquillar operaciones injustificables como el hangar con camas de la Sra Ayuso.

En ambos casos también se puede aprovechar para la subcontratación/ privatización de la vacunación, lo que de hecho está sucediendo en algunas Comunidades Autónomas, y también, en ambos casos, para una mayor fluidez de la vacunación se precisa el refuerzo del personal sanitario, aumentando las contrataciones, porque no tiene sentido el deteriorar unos servicios para atender a otros.

En resumen, son modelos que pueden funcionar de manera complementaria, por lo que sería bueno adaptar el modelo según cada caso concreto, es decir en el caso de personas mayores y/o con enfermedades crónicas y en núcleos pequeños de población, es claramente mejor el modelo de Centros de Salud, porque garantiza accesibilidad y previene riesgos. Cuando se trata de personas jóvenes y sanas, en grandes ciudades, el modelo de grandes espacios debería de considerarse en algunos casos (por ejemplo en universidades, donde los estudiantes suelen provenir de muchos sitios, distintos y distantes, donde siguen teniendo su centro de salud de referencia y/o grandes centros de trabajo) aunque siempre hay que valorar las ventajas e inconvenientes de cada caso.

Un último comentario. Avanzar en la vacunación y hacerlo pronto es una necesidad, pero no podemos olvidar que sus efectos sobre el control de la enfermedad solo serán eficaces a medio plazo, y que mientras tanto es muy importante mantener las restricciones y la precaución frente a los contagios, porque sigue habiendo aspectos clave que desconocemos, como la duración de la inmunidad y la capacidad de contagiar de las personas vacunadas. Y todo ello sin olvidar que para erradicar o contener el virus no basta con que nos vacunemos nosotros, sino que hay que extender la vacunación al conjunto de la población del planeta.

Cómo mejorar la atención especializada en la sanidad pública española

Fecha de Publicacion : 01/03/2021

Fuente:  https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/sanidad-publica-atencion-especializada-tenemos-hacer-mejorarla/20210301164223185128.html 

Autor: Sara Luque Moralo, Sergio Fernández Ruiz, Marciano Sánchez Bayle. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Después del análisis realizado y de los problemas detectados, conviene realizar una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que, en nuestra opinión, son imprescindibles para superar la situación actual y para asegurar la sostenibilidad de la Sanidad Pública.

Lo primero es deben incrementarse de manera importante el numero de camas hospitalarias con el objetivo de conseguir entre 4,5 y 5 camas por 1000 habitantes (entre 50.000 y 80.000 camas más en todo el país) y que en ninguna comunidad autónoma haya menos de 3,5 camas/1000. Este incremento debe de realizarse especialmente en camas de media y larga estancia, para lograr al menos 1/1000 habitantes. Las nuevas camas hospitalarias deberían de ser camas de titularidad y gestión pública.

Por otro lado habría que realizar por parte de las administraciones sanitarias un análisis de la dotación tecnológica de los centros sanitarios y de su adecuación a las necesidades asistenciales, así como un plan para asegurar su actualización. También debe garantizarse la dotación necesaria de personal en los centros sanitarios para garantizar una atención sanitaria de calidad, y también establecerse una dotación mínima de personal de los centros sanitarios privados para una adecuada atención sanitaria. Finalmente hay que asegurar la convocatoria y dotación económica de todas las plazas de formación especializada acreditadas.

Para ello tenemos que aumentar el gasto/ habitante y año siempre y cuando este no supere el 60% del presupuesto sanitario, es decir si aumentamos en 1.000 € por habitante y año el presupuesto sanitario supondría unos 400 € per capita más, pero también tenemos que disminuir el gasto farmacéutico para situarlo por debajo del 14%. Asimismo hay que  reducir el gasto en privatizaciones y el gasto en conciertos para que no supere el 5%, y paralizar  las privatizaciones en AE e iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente. Para ello habría que realizar cambios legislativos como la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión sanitaria pública.

Tenemos que evaluar las derivaciones hacia consultas de AE para valorar su idoneidad. En este sentido es importante proporcionar a la Atención Primaria de los medios necesarios para disminuir las derivaciones inapropiadas. Además hay que arbitrar mecanismos para controlar y disminuir las derivaciones a consultas externas y pruebas diagnosticas, con financiación pública, a los centros privados. Complementariamente tenemos que mejorar de manera sustancial la utilización de los quirófanos y la tecnología en los centros sanitarios públicos e incrementar las intervenciones por CMA

Un caso especial es el de la elevada tasa de cesáreas qua hay que controlar arbitrando mecanismos y protocolos de actuación para disminuir la tasa de cesáreas, tanto en los centros públicos como en los privados para acercarnos al objetivo de la OMS de un 15% sobre el total de partos, realizando inspecciones en aquellos centros que se desvíen de manera muy significativa del objetivo marcado.

Tenemos que evaluar las pruebas diagnosticas realizadas para analizar su pertinencia y adecuación, estableciendo planes para evitar la sobreutilización innecesaria. A la vez incrementar de manera significativa en la Sanidad Pública las actividades de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, implementando los recursos necesarios para ello.

Hay que reducir significativamente las urgencias hospitalarias mediante una mejora de la accesibilidad tanto en Atención Primaria como en la Especializada y actuaciones de educación para la salud .

Las listas de espera, tanto quirúrgica (LEQ) como en consultas externas (LEC) son un serio problema que hay que controlar. El objetivo debería ser que nadie espere mas de 6 meses en LEQ ni más de 60 días en LEC, y que las primeras consultas se realicen en 15 días en más del 90% de los casos.

Es muy importante una nueva política de recursos humanos para garantizar incentivos a los trabajadores sanitarios que primen la calidad de la asistencia sanitaria. Asimismo la formación continuada de los profesionales debe de estar garantizada por el sistema sanitario público y ser ajena a los intereses empresariales y regular estrictamente los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Por otro lado debería de primarse la dedicación exclusiva de los profesionales para evitar la competencia desleal y la colusión de intereses entre la sanidad pública y el sector privado.

Es muy importante el papel de la ciudadanía en el control del funcionamiento del sistema sanitario, para ello deben incluirse en los estándares de calidad de la AE las opiniones de la ciudadanía, recogida tanto a través de las encuestas de opinión como de las expresadas por las organizaciones sociales. En este contexto es imprescindible la puesta en funcionamiento de organismos de participación social y profesional en los centros de AE, con capacidad real para intervenir en la planificación y gestión de los mismos.

Finalmente tenemos que controlar el gasto farmacéutico, garantizando que el aumento del mismo en AE se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento presupuestario de este nivel asistencial, con el objetivo de disminuir el porcentaje de gasto farmacéutico progresivamente hasta alcanzar el 14%. Asimismo incrementar la utilización de genéricos y biosimilares y promocionar las compras agregadas de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las CCAA e impulsar la investigación pública, independiente de la industria farmacéutica

Aparte de las medidas que deberían adoptarse a corto plazo, seria conveniente la realización de un acuerdo estratégico sobre la Atención Especializada que estableciera los objetivos e instrumentos para garantizar una AE de calidad en la Sanidad Pública, incluyendo un modelo de organización y gestión, así como de la configuración de las especialidades médicas y de enfermería.

Problemas a los que se enfrenta la atención especializada en España

Fecha de Publicacion : 01/03/2021

Fuente:https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/sanidad-publica-atencion-especializada-problemas-evolucion-espana/20210301164152185127.html

Autor: Sara Luque Moralo, Sergio Fernández Ruiz, Marciano Sánchez Bayle. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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La Atención Especializada (AE) en España reúne tanto la atención en los hospitales como la que se realiza en consultas externas por los especialistas que no trabajan en la Atención Primaria y se ha visto especialmente tensionada por la pandemia, tanto en lo que hace referencia a los hospitales que han vivido un importante pico de la demanda, especialmente en las UCIs y durante la primera ola de la misma, como en el resto de la AE, que enfocada hacia la atención de los enfermos con covid19 han visto como se postergaba y/o suspendía la asistencia de enfermos que no presentaban esta patología y que siendo la mayoría, también tenían serios problemas de salud.

Se ha repetido con frecuencia que una parte importante de los problemas planteados en la saturación del sistema sanitario en la pandemia en realidad eran la expresión de unas políticas previas que habían disminuido de manera significativa la capacidad del mismo para responder adecuadamente ante una situación de estrés muy agudo e imprevisto.

La AE acumula la mayor parte del gasto sanitario público (el 62,8% en 2018) con grandes oscilaciones entre CCAA (el 68,6% de Madrid y el 56,6% de Extremadura), y en €/ habitante al año va desde 1.107,97 en el País Vasco hasta 750,41 en Andalucía (media de 916.97). Por otro lado el porcentaje dedicado a conciertos con el sector privado (9,09 en 2018) aumentó entre 2010 y 2018 en un 5,33%, con una gran variabilidad interautonómica (entre el –30,63% de Valencia y el +103,23% en Madrid), lo que sí es evidente es un aumento en la financiación del sector privado debido a la mayor privatización del sistema sanitario.

Lo más llamativo de la dotación hospitalaria es el bajo número de camas. El número de camas /1.000 habitantes instaladas es insuficiente en el país y ha disminuido entre 2010 y 2019, de 3,96 a 3,69 (0,27 menos/1.000). El número de camas en funcionamiento es aún menor, ello contrasta con los promedios de la UE (5,21) y la OCDE (4,5), por lo que el déficit de camas hospitalarias es preocupante. Del total de camas instaladas el 8,06 no estaban en funcionamiento en 2010 frente al 15,19% en 2018. Este déficit era todavía mayor en las camas de media y larga estancia que, siendo pocas, disminuyeron en este periodo (de 0,32 a 0,29/1.000, frente al 1,5/1.000 de promedio de la UE).

El 80,7% de las camas en funcionamiento en 2018 eran de titularidad pública (el 94,19% en Extremadura hasta el 43,09% en Cataluña) y la dotación tecnológica en el periodo aumentó, tanto en los centros públicos como en los privados, si bien más en los primeros (25 versus 5/100.000 habitantes)

Hay una gran variabilidad de dotación de personal que se produce en todas las categorías: médicos entre 2,53 de Navarra y 1,62 de Andalucía (media España 1,98); la tasa de profesionales de enfermería en AE /1000 habitantes entre 5,10 del País Vasco y 3 de Valencia (promedio 3,56); la de técnicos sanitarios entre 4,46 del País Vasco y 2,56 de Valencia (promedio 3,31); y  la MIR entre 0,64 de Madrid y 0,29 de La Rioja (media 0,45), evidentemente en este último caso tiene que ver con el grado de superespecialización de los hospitales autonómicos.

Por otro lado el personal de los centros públicos por cama es significativamente mayor que en los privados: personal total 4,83 versus 2,57 (1,87 veces más); medico 0,9 versus 0,36 (2,5 veces más); enfermería 1,44 versus 0,64 (2,25 veces más).

Con todo entre 2010 y 2019 se produjo un aumento de la actividad global de la AE, tanto en consultas externas como en hospitalización. Las altas y estancias/1.000 según fueran centros públicos o privados globalmente siguieron la misma evolución de aumento de las altas y una disminución de las estancias. En cuanto a las altas se produce un aumento en los centros públicos en 13 CCAA y una disminución en 4, mientras que en los centros privados aumentan en 8 CCAA y disminuyen en 9. Las altas/1.000 habitantes en centros públicos oscilan, en 2018, entre 129,75 en el País Vasco y 65,53 en Andalucía (media 89,30) y en centros privados entre 37,65 (Madrid) y 10,05 (Cantabria) con un promedio de 26,63.

El número de intervenciones/quirófano y año en 2018, presenta una variabilidad excesiva y que evidencia una gestión inapropiada de los mismos, aunque es obvio que puede estar influida por la complejidad de las intervenciones que se realizan. Con un promedio de 1.164,85 intervenciones por quirófano y año la tasa oscila entre 1.388,27 en Cataluña y 735,27 en Cantabria. Las intervenciones por cirugía mayor ambulatoria experimentan un crecimiento importante en el periodo, con una gran variabilidad entre CCAA. Así frente a un promedio de aumento del 14,7% en el conjunto del país este va desde el 121,76% en Navarra al 0,06% en el País Vasco. El porcentaje de intervenciones por CMA respecto al total de intervenciones quirúrgicas es del 32,82% de promedio en 2018, variando entre el 41,41% de Asturias y el 23,02% de La Rioja, lo que evidencia que hay un margen importante de mejora al respecto.

Un hecho preocupante es la tasa de cesáreas que es muy elevada. El número de partos disminuyó en todas las CCAA, asimismo el % de cesáreas también disminuyó en el país, pasando del 25,26 al 24,62%, pero no en todas las CCAA, aumentando en 6 (Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y La Rioja). La tasa de cesáreas en 2018 oscilaba entre el 29,22% (Extremadura) y el 14,63% (País Vasco) y sigue siendo excesiva ya que la OMS recomienda que se situé por debajo del 15% lo que solo pasa en el País Vasco y solo otras dos están por debajo del 20% (Navarra y Asturias). Esta situación esta relacionada en parte con el elevado grado de asistencia a partos en centros privados: en 2018 el 36,51% de los partos en centros privados lo fueron por cesáreas frente al 21,83% en los centros públicos.

La evolución de las tasas /1.000 habitantes de algunas pruebas diagnósticas frecuentes, evidencia un aumento de todas ellas en este periodo. La más utilizada en 2018 fue el TAC con una tasa de 113,99/1.000 seguida de la RM (75,07), la mamografía (51,92) y la colonoscopia (25,43), con una gran variabilidad entre CCAA que no parece estar relacionada no con la mortalidad ni con la situación de salud de las mismas.

Dos serios problemas son las urgencias y las listas de espera. Las urgencias hospitalarias se han incrementado notablemente. La tasa de frecuentación/1.000 habitantes ha pasado de 561,84 en 2010 a 649,52 en 2018, un 15,60%, aumento que se constata en todas las CCAA, situándose la tasa en 2018 entre 779,37 de Andalucía y 514,07 de La Rioja. Este aumento es en su mayoría de urgencias inapropiadas.

Las  listas de espera también han experimentado un aumento importante, tanto de lista de espera quirúrgica (LEQ) como de consultas externas de AE(LECE). Evidentemente las cifras más recientes están influidas por la pandemia que ha suspendido muchas intervenciones quirúrgicas y consultas externas en prácticamente todas las CCAA, aunque con una intensidad variable. Por lo tanto la población en ambas listas de espera ha aumentado así como la demora media y el % que espera más tiempo (> de 6 meses en LEQ y más de 60 días en LECE), si bien las demoras son presumiblemente mucho mayores porque alguna comunidad autónoma, como Madrid, simplemente ha borrado de las listas de espera las personas que vieron suspendidas su citas y ha vuelto a contar las demoras desde que se les asigno una nueva cita.

Otro hecho preocupante es la evolución del gasto farmacéutico. Entre 2014 y 2019 se ha producido un aumento del 43,34% en el conjunto del país, incremento muy superior al del gasto sanitario hospitalario. Este aumento iba desde el 66,29% en Baleares al 16,25% de La Rioja. Por otro lado los datos provisionales de 2020, en los que faltan los meses de noviembre y diciembre, señalaban un aumento del 4,7%. En 2019 el gasto per cápita en farmacia hospitalaria fue de 157,08 €/persona/año, oscilando entre 199,8 € en Asturias y 129,8 en Andalucía. De estos datos se deduce que el importante aumento del gasto farmacéutico hospitalario ha sido muy superior al incremento del gasto en AE.


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