Consideraciones de la FADSP tras la desfinanciación de los anticonceptivos de última generación por parte del Ministerio de Sanidad

1. La desfinanciación de fármacos se ha convertido en un gran negocio para la Industria farmacéutica (IF)  ya que le permite incrementar el PVP, como ya ha ocurrido con los 400 fármacos desfinanciados en 2012, algunos de los cuales han duplicado su coste.

 

2. Los anticonceptivos de última generación son consumidos por un millón de mujeres en España, y la desfinanciación incrementa las ganancias de la industria, que podrían superar los 100 millones de euros anuales solo con la venta de los 8 anticonceptivos desfinanciados.

 

3. La FADSP considera que la Ministra Mato no debe aceptar las condiciones de los lobbys de la IF, que  actúan como un “cartel” en sus negociaciones con el Ministerio al tomar de forma conjunta la decisión de desfinanciación de estos y otros fármacos de alto consumo, lo que supone un fuerte incremento del copago  por parte de los ciudadanos, que ya comienzan a dejar de retirar los medicamentos necesarios al no poder costearlos. Las trabas gubernamentales al derecho al aborto y al control de la natalidad son especialmente preocupantes en la situación de crisis económica actual, con recortes drásticos en las ayudas a la maternidad, la dependencia, los comedores escolares, los libros o las becas.

 

4. Esta forma de actuar de la IF debe tener consecuencias inmediatas por parte del Ministerio en forma de denuncias al tribunal de la competencia y de fuertes sanciones, como la de desincentivar la comercialización de dichos fármacos, innecesarios según la propia Ministra Mato, al existir alternativas subvencionadas y genéricos

 

5. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está revisando estos anticonceptivos, de 3ª y 4ª generación, a petición de Francia, debido a estudios repetidos que confirman el incremento de efectos adversos cardiovasculares en las mujeres que los toman, en relación con los anticonceptivos precedentes, por lo que creemos adecuado limitar o en su caso suspender la comercialización de estas  drogas y sustituirlas por otras menos dañinas en espera de las conclusiones de la EMEA, como ya está ocurriendo en Francia, donde  ya se han dado pasos para reducir su consumo. Este extremo, sin embargo, no ha valido ni tan siquiera un comentario por parte de la Ministra Mato, centrada exclusivamente en el ahorro del Gasto farmacéutico Público aunque sea expensas del Copago de unos ciudadanos cada vez más esquilmados.

 

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

12 de Julio de 2013

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