NOTA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Reunidos en Valladolid, representantes de plataformas en defensa de la sanidad pública de diversas provincias de la Comunidad, para valorar la situación del Sistema Sanitario Público en Castilla y León queremos comunicar las siguientes cuestiones:

1. Expresar nuestro desacuerdo con el cierre de plantas hospitalarias, en principio durante los meses de verano,  lo que supone hasta un 30% de la capacidad hospitalaria total, ello no tiene justificación alguna cuando hay un lista de espera quirúrgica de más de 37.000 pacientes, además de 57.000 pacientes en lista de espera para consulta especializada y 3.500 personas en espera de pruebas diagnósticas.

2. Expresamos nuestro desacuerdo con la política de recortes en personal: no sustituciones por vacaciones u otras licencias, jubilación obligatoria de 248 médicos en el conjunto de la red hospitalaria de la Comunidad que de hecho es una amortización encubierta, porque el 90% de las plazas ocupadas por esos profesionales no serán cubiertas por nuevos especialistas.  Todo ello supondrá una merma radical de la capacidad asistencial del  Sistema con el consiguiente deterioro en el nivel de atención sanitaria a la población.

3. Queremos expresar también nuestro rechazo al cierre de  los puntos de atención continuada en el medio rural (P.A.C.), así como una parte significativa de estos mismos servicios en el medio urbano. Ello supone un deterioro irreversible en el nivel asistencial del medio rural que como es bien conocido tiene un alto porcentaje de población envejecida y por tanto con mayores necesidades asistenciales.

4. Rechazamos las valoraciones expresadas por el presidente de la CEOE en su reciente viaje a Valladolid, en las que expresó nada menos que su deseo de que “la sanidad fuera industrializada” . Según este señor parece ser que los seres humanos debemos recibir un trato similar al de cualquier producto industrial.

5. Queremos informar a la opinión pública que en nuestra Comunidad también se está empezando a dar un proceso de exclusión, de sectores de la población, de la atención sanitaria, como consecuencia de la aplicación en ésta del Real Decreto 16/2012 del 20 de abril. 

6. La política sanitaria de la Consejería y por tanto del Gobierno Autónomo de Castilla y León no va orientada a garantizar la estabilidad y viabilidad del Sistema Sanitario Público en nuestra Comunidad, tal como reitera el Consejero, sino a privatizar ésta por otros medios distintos de los que se están utilizando en la Comunidad de Madrid, en concreto el deterioro de ésta desde dentro  para abrir cada vez espacios más amplios a la intervención de la sanidad privada.

Se adjunta Manifiesto:

MANIFIESTO POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL

Desde la Consejería de Sanidad, transmiten a la opinión pública en general y a l@s trabajadores y trabajadoras del Sistema Sanitario en particular, que aquí no hay ningún proceso de privatización en marcha, que en esta Comunidad hay una apuesta por lo público y que las medidas que se toman tienen como único objetivo la viabilidad del propio Sistema.

Nada más lejos de la realidad, en Castilla y León, se está aplicando exactamente la misma filosofía de desmantelamiento de lo público y de promoción del sector privado que la que se está aplicando en Madrid. Pero obviamente las circunstancias concretas: demografía, urbanización, nivel de riqueza, importancia del medio rural.... son muy diferentes en las dos comunidades y ello condiciona que la concreción de esa filosofía privatizadora sea diferente. Pero los objetivos, abrir los mayores espacios posibles al sector privado en la sanidad y por tanto a la mercantilización de nuestra salud, son bien similares.

Esa filosofía se recoge de una forma clara en el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril en el que se enmarca la política sanitaria llevada adelante en esta Comunidad autónoma. El Real Decreto referido supone de hecho la base jurídica para el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud que se convierte por esa norma en un sistema de aseguramiento, que se excluye por definición a todas aquellas personas que no reúnen los requisitos de asegurad@. El Real Decreto 16/2012 de 20 de abril restringe también de una forma clara la cartera de servicios a la que tienen acceso l@s pacientes y amplia de forma desmesurada el repago por parte de éstos.

Como parece evidente los procesos de privatización que conlleva el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril se materializa con diferentes ritmos y maneras dependiendo de las circunstancias y características de cada Comunidad Autónoma, pero los objetivos globales y finales son exactamente idénticos.

En la Comunidad de Castilla y León por su extensión y sus características demográficas la Atención Primaria ha sido un eje básico, muy especialmente en el medio rural, para la emmawatson-fans.com de un Sistema Sanitario Público y de calidad.

La red de A.P. fue un elemento determinante en la mejora de la atención sanitario en Castilla y León en los años ochenta del pasado siglo. Progresivamente se la van cargando.

Desde finales de los años noventa fueron debilitando, desde dentro, los equipos de atención primaria, pilar básico precisamente de ese nivel de la atención, destruyendo los valores éticos y profesionales que daban cohesión a los equipos. Sustituyendo esos valores por meras consideraciones productivistas que se plasmaron en la creación de la llamada “productividad variable”, que se obtenía por el cumplimiento de los profesionales de determinados objetivos-recortes asistenciales, en general muy relacionados con la reducción de costes.

Los equipos de A.P. Eran en los años ochenta y durante una parte de los noventa auténticos núcleos de trabajo colectivo en los que se hacía formación, investigación y atención sanitaria de calidad. Por supuesto esas características les convertían en sujetos críticos hacia las políticas sanitarias involucionistas. Su desmantelamiento como núcleos colectivos de trabajo, pasando a ser una suma, sin cohesión, de individualidades, fue un paso necesario para poder dar otros de mayor profundidad en el desmantelamiento del Sistema.

La reducción de plantillas en el medio rural, con una previsión de casi trescientos profesionales, es una medida que tendrá severas consecuencias en la ya decrépita vida de los equipos de atención primaria y en su labor de atención sanitaria a la población.

El cierre de los 17 puntos de Atención Continuada rural existentes en Castilla y León, es un claro ejemplo de recorte que no supone ahorro significativo alguno, se baraja alrededor de un millón de euros, pero que si tiene un gran simbolismo como ejemplo de desmantelamiento del Sistema y de desatención a la población.

Una Comunidad como la nuestra, por su amplísima extensión y dispersión geográfica, debería de tener una red significativa de hospitales comarcales. Los casos de Benavente, de Ciudad Rodrigo o Guardo..., ejemplos en los que la población lleva demandando tal cuestión con insistencia, sin que se haya obtenido respuesta positiva alguna por parte de la administración.

La no toma en consideración de las demandas de la población que en algunas zonas limítrofes de la Comunidad que solicitan su incorporación a áreas hospitalarias mixtas con otras comunidades como es el caso de la comarca de Campoo en relación con Reinosa (Cantabria)

En cuanto a la red de Atención Hospitalaria y Especializada, la situación es también más que clarificadora de la tendencia que se impone.

El nuevo hospital de Burgos según el modelo de UTE, Nuevo Hospital de Burgos Sociedad Anónima, se ha construido siguiendo el modelo PFI, es decir de financiación mixta. Una empresa privada (grupos financieros) construye el hospital que tenia un presupuesto de 242 millones de euros a los que luego se añadió 157 millones más. El SaCyL pagará un canon anual de 71 millones de euros durante 30 años, asegurando a esta UTE un beneficio de casi un 7% anual por gestionar el servicio no sanitario. El SaCyL aporta el servicio sanitario. Con el agravante de que se cerró el que era público, Divino Vallés, en éste traspaso setenta trabajadores de limpieza, cocina-cafetería, se quedaron en la calle al no ser subrogados por la nueva empresa como en principio se había pactado con la Junta.

Se han cerrado numerosos puntos de Atención Continuada en el medio urbano en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Se ha recortado de una forma brutal el personal contratado. En vacaciones, bajas..., l@s trabajadores y trabajadoras tienen que acumular la actividad asistencial de las personas que no están con la consiguiente sobrecarga y deterioro de la atención.

Se ha despedido a un total de 248 médicos especialistas hospitalarios, por haber cumplido los 65 años, que no serán sustituidos por nuevos especialistas en más de un 90%, lo que va a suponer de hecho, prácticamente, el desmantelamiento de diversos servicios.

Se están cerrando plantas hospitalarias de forma indiscriminada, con la excusa de que en el verano disminuye la actividad asistencial. Por poner un ejemplo significativo, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid se ha cerrado la planta 3ªSur de Cirugía y se van a cerrar a partir de este mes de junio la 5ª Norte de trauma; la 9ª norte de ORL y Cirugía cardiovascular; la 4ªSur de Medicina Interna y una REA.

Como lógica consecuencia de la brutal reducción de los recursos disponibles las listas de espera aumentan de una forma vertiginosa. En estos momentos según datos publicados por el periódico El Mundo de Castilla y León el 13 de mayo de 2013, hay 57.000 pacientes en lista de espera para consulta especializada, los tiempos de espera pueden llegar hasta los 7 meses. 3.500 personas esperan una prueba diagnóstica, lo que supone un 47% más que en 2011. Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas es más de 37.000 pacientes.

Desde la Consejería de Sanidad, bajo la justificación de dar salida a este incremento de las listas de espera, se está impulsando una amplia operación de financiación de la sanidad privada.

Se vuelve a utilizar el mecanismo de siempre, desmantelar la pública para justificar la necesidad de la privada.

Sigue el proceso de externalización-privatización de servicios como cocina, lavandería..., que conlleva, sin excepción alguna un empeoramiento de la calidad en la prestación de éstos.

Es evidente también la disminución de la calidad del material que se utiliza y la progresiva escasez de éste: guantes, apósitos, vendas, ….

La docencia se está deteriorando de forma significativa, los MIR están en una situación cada vez más precaria. Uno de los elementos más importantes, estratégicamente hablando, del Sistema Sanitario Publico actual, cual es el sistema de formación, está en auténtico riesgo.

Todos estos cambios no nos van a salir gratis a la población, los recortes en el Sistema Sanitario Público y su privatización tienen un efecto inmediato en la calidad de nuestras vidas así como en nuestra esperanza de vida. Empieza a haber ya muertes que eran perfectamente prevenibles y morbilidad (problemas de salud) que podían ser perfectamente evitables o solucionables en un corto período de tiempo. Cuando un enfermo grave necesita una intervención quirúrgica, ve como esta se demora además de la repercusión sobre su salud mental tiene un evidente condicionamiento sobre su salud física. Lo mismo se puede decir de la tardanza de muchos meses en el diagnóstico de un problema de salud olvidándose de un principio elemental como es el de el diagnóstico precoz.

En síntesis el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público y su privatización lleva directamente a la mercantilización de nuestra salud y por tanto a el deterioro grave de ésta.