Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias.

   La demanda en lo contencioso-administrativo en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

   Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

   Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

   Con el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que admite la citada demanda, continúan las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 2 de marzo de 2021

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”. 

Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.

Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español. 

La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente. 

Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado? 

Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.

La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial  y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.   

También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.

Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo. 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda

Hace meses denunciábamos la presión del empresariado que trajo la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias por parte de la patronal hotelera y turística. Desde el Gobierno de Canarias no se ha actuado debidamente ni en lo que se refiere a las normas de seguridad sanitaria como tampoco respecto de las ratios de "rastreadores". No se ha fortalecido a la Atención Primaria dotándola de los muchísimos recursos que precisa para cumplir con la enorme tarea asignada de ser el eje central en la fase actual de la pandemia. En cuanto al control de las residencias de mayores, resulta inconcebible a estas alturas la nula capacidad demostrada por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Como consecuencia de todo ello estamos en la segunda oleada y adentrándonos en lo que va a ser la tercera (post navideña) en el mes de enero. El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias es ahora en la isla de Tenerife, donde a diferencia de los brotes centralizados en Las Palmas, que llegó a acumular cerca del 75% de los casos, están generalizados por toda la isla, con Santa Cruz y La Laguna como municipios más afectados, habiéndose desarrollado de modo paulatino y sostenido como expresión del fracaso de las medidas, tímidas y tardías, de un Gobierno canario que por otro lado ha venido insistiendo en responsabilizar a la ciudadanía al mismo tiempo que se demanda del Gobierno central la posibilidad de rebajar el control mediante PCR a los turistas para fomentar la movilidad hacia nuestras islas.

A raíz del cierre perimetral de Tenerife recién decretado, en una comunicación emitida desde Presidencia del Gobierno de Canarias, se hacía alusión a la “excepcionalidad adicional en la entrada y salida de turistas nacionales e internacionales” pretendiendo que el flujo de turistas a la isla quede asegurado a lo largo de las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones navideñas y las fiestas de Fin de Año. Nos preguntamos si los turistas británicos, u otros, traerán consigo la nueva cepa del coronavirus.

El llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con las normas de distanciamiento social, higiene, ventilación y uso de mascarilla y a su vez supeditar la salud a la economía por mor del negocio turístico, no hace sino fomentar la desobediencia de las normas y el desprecio de las recomendaciones y al final, queriendo “salvar el turismo y la navidad” no se salvan ni uno ni la otra y, lo que es mucho peor, tampoco las vidas correspondientes si se las hubiera priorizado por encima de cualquier otra consideración.

Si analizamos la situación de este fracaso utilizando símiles futbolísticos, vemos que comienza la epidemia (la Liga), llega el primer partido se toman medidas, confinamiento en un hotel y otras y antes de ver los resultados se produce  el despido del entrenador (la Consejera Cruz) y de sus técnicos, según parece por no anteponer la economía a la salud, se nombra nuevo entrenador y para sorpresa nuestra, aunque no tanta, se nombran unos nuevos técnicos que son los mismos que con sus ideas y procedimientos habían llevado a la Sanidad Canaria al último puesto en el ranking estatal en los últimos años. Siguiendo con el símil futbolístico, ahora que se ha fracasado, ¿qué se hace?, pues responsabilizar a los jugadores (ciudadanía).

Responsabilizan de su inacción e incapacidad a una ciudadanía que acumula el cansancio de tantos meses y fundamentalmente confundida por la labor “infantilizadora” del Gobierno para la comprensión de la pandemia, al decirle lo que quiere oír, y no haber sabido encauzarla respecto a las recomendaciones y normas. Ahora cuando la situación se ha descontrolado tratan de actuar con dureza, lo que debió hacerse cuando comenzó el ascenso de los contagios, de los ingresos hospitalarios y de las muertes, aunque ahora también se filtra la irresponsabilidad política del que busca votos, ¿por qué mientras todos los países ponen el toque de queda los días 24 y 31 por ser los días de mayor riesgo, en Canarias se aplica una ampliación de horario?. ¿Será que quieren compensar de su fracaso de gestión a la ciudadanía?

Desde Atención Primaria también cabe decir que un día sí y otro también hay cambios de protocolo, motivados por la incertidumbre y por las dudas sobre los métodos diagnósticos y por tanto a su vez con contradicciones frente a las dudas de la población. Entre marzo y agosto se dejaron de practicar muchísimas operaciones quirúrgicas, un dramático descenso de actividad de consecuencias todavía indeterminadas. Por el contrario, Atención Primaria ha multiplicado su actividad, por ejemplo, en un centro de salud urbano de tamaño medio (14.000 habitantes asignados) se resolvieron en los dos meses de marzo y abril 174.000 consultas telefónicas o se incrementó la actividad registrada en un 15 %.

En esta segunda ola de la pandemia nos encontramos con la promoción machacona de las vacunas como si todas fueran adecuadas, todas buenas. La urgencia por disponer de una vacuna lo antes posible se está convirtiendo en una carrera contra reloj de apariencia esperpéntica y restando seriedad al rigor que el procedimiento de su elaboración requiere, saltándose en algunos casos los pasos necesarios de seguridad, biodisponibilidad, pruebas intermedias, etc. motivado todo ello por estrategias comerciales o por la ansiedad de los políticos, como si la estrategia decidida de vacunar a toda costa a todo el mundo (occidental) silenciara el eco de las dudas.

Siendo Atención Primaria la que va a vacunar, si se quiere que prospere la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias deben explicarle cómo se van a concretar las promesas hasta ahora incumplidas, cómo y cuánto será ese refuerzo que tanto se prometió durante la primera ola pandémica y que nunca llegó y cuáles serán las ayudas para emprender una campaña de vacunación masiva con los equipos de atención primaria diezmados por las bajas y hastiados por la carga laboral y una anómala forma de trabajar sin que todavía se vea la luz al final del túnel. Estamos a pocos días de comenzar las vacunaciones y mientras en otras CCAA han empezado desde hace días a formar al personal, a preparar la logística etc., aquí todo está como vulgarmente se dice en pañales y además con una huelga médica, ahora de momento en suspenso, por la nefasta gestión de personal que desde hace décadas han llevado los diferentes Gobiernos de Canarias.

Nos esperan días y semanas muy duras, solo podemos esperar que la salud pública prevalezca, así como la ética, el sentido común, la cordura y la decencia. Como se dice por Canarias “Dios nos guarde y nos coja confesados” como esto no cambie.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 21 de diciembre de 2020

Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.

Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Por otro lado se mantiene la desviación de fondos públicos al sector privado, aumentando la transferencia de capitales del capítulo VII correspondiente a asistencia sanitaria. Según el 7º informe (2020) de la FADSP sobre privatización sanitaria (https://fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2355-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa-2020-7-informe), Canarias sigue estando en el grupo de CCAA con un elevado grado de privatización, la cuarta en porcentaje de camas privadas (34,3 %), la cuarta en porcentaje de gasto en conciertos con empresas privadas (9,3%), etc.

En cuanto al HUC, recientemente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias volvíamos a denunciar su grave problemática asistencial y estructural(http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/por-un-proyecto-participativo-para-el-nuevo-huc/) planteando la absoluta necesidad de abordar una inversión urgente en recursos materiales y humanos que sirviera de soporte transitorio hasta que se llevara adelante la inaplazable construcción de un nuevo hospital que cubra la zona norte de Tenerife así como a la isla de La Palma. Es incomprensible e indignante que los presupuestos solo asignen 500.000 euros, absolutamente insuficientes, para el mal llamado hospital del Norte y 250.000 euros para el Plan Director del nuevo HUC. Es decir que el viejo HUC ya se puede seguir hundiendo mientras se elabora un plan director para el nuevo HUC que puede llevar años y hasta que pasen otros tantos para que sea realidad la construcción del nuevo hospital.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo ilustrativo, lo que podría ocurrir ante un cero energético, como los que reiteradamente hemos sufrido, sumado al fallo que puede ocurrir en cualquier momento de unos grupos electrógenos obsoletos. Sería una verdadera catástrofe, con graves perjuicios para los pacientes incluso con probables víctimas mortales. Por otro lado la, en su momento muy defectuosa, integración del HUC en el SCS determinó que arrastre un considerable desfase de inversiones que afecta también a los puestos de trabajo y a las ratios de personal.

Además cabe señalar que cuando aún pertenecía al Cabildo ya se elaboró un Plan Director para una obra nueva que además contó con una amplia participación (que llevó unos 3 años) de los distintos servicios pudiendo servir ahora, mediante la actualización correspondiente, para solventar dicha cuestión permitiendo ahorrar tiempo y dinero.

Evidentemente, visto lo visto, desconfiamos mucho de que el anunciado proyecto de nuevo HUC no sea más que una inversión propagandística que se quede en la más pura ilusión.

Por tanto, con los nuevos presupuestos sanitarios del Gobierno de Canarias estamos donde siempre, muchas palabras y promesas y luego nada, como diría Esopo Las palabras sin hechos son mentiras, lo que no nos sorprende viniendo del mismo equipo directivo de la Consejería de Sanidad en la anterior legislatura que por cierto fueron descalificados por los que hoy gobiernan. ¿Cómo se puede dejar la Sanidad Canaria en manos de los mismos que han sido responsables de su deterioro y de las practicas privatizadoras de la mano de CC?, ¿este es el Gobierno supuestamente progresista que iba a tomar medidas urgentes para solventar los problemas más acuciantes del HUC?. No se podía esperar otra cosa que el incumplimiento de sus promesas.

Justamente hace un año desde Marea Blanca promovimos la campaña SALVAR AL HUC mediante llamamientos a los ayuntamientos, profesionales y ciudadanía en general de la zona norte de Tenerife y de la isla de La Palma, luego se complicó todo mucho más con la llegada de la pandemia por coronavirus y en estos momentos necesitamos más que nunca al HUC que a su vez necesita más que nunca que luchemos por su presente y por su futuro, de modo conjunto ayuntamientos, ciudadanía, profesionales y sindicatos.

De nuevo exigimos al Gobierno de Canarias que termine con el continuismo en la Consejería de Sanidad, que si no hay hechos solo habrán mentiras y que aunque sea por vergüenza política piense en la salud de su pueblo y salve al HUC.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 16 de noviembre de 2020

Aunque Rosy Cubas es única, desgraciadamente hay muchos casos como el suyo. En suma, se trata de la falta de camas hospitalarias de media y larga estancia que son los indicados para personas enfermas como Rosy, en su caso de una enfermedad muy invalidante que además sufrió una caída en su casa de Santa Cruz de Tenerife hace aproximadamente dos semanas golpeándose la rodilla izquierda, no puede caminar ya que tiene la rodilla inflamada y no tiene familia en Tenerife ni recursos para procurarse los cuidados necesarios. De modo que desde entonces, a pesar del alta, está en el Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria reclamando una solución a su situación que repetimos es la de muchas personas que acuden a nuestra Sanidad Pública y se les da el alta sin ofrecerles una continuación de cuidados mediante una estancia hospitalaria al salir del hospital de agudos de tercer nivel en el que se considera la estancia media de 7 días como máximo. Además, para más inri, Rosy ya está propuesta para intervención quirúrgica e incluso tiene el preoperatorio hecho.

Los Centros de media estancia son para aquellas patologías que estando ingresadas en uno de tercer nivel o directamente de urgencias puedan requerir una estancia superior a 7 días e inferior a los 21, son para post tratamientos tanto quirúrgicos como médicos oncológicos etc. que no necesitan cuidados muy especiales y que no son crónicos. Dada nuestra insularidad serían fundamentales para pacientes de otras islas con ese perfil.

Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias, la mayoría de ellas de larga y media estancia. El posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el coronavirus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red de camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. 

En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, de marcado carácter continuista. Como lo es el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAC para 2021 y que analizaremos próximamente.

Todo depende de la voluntad política del Gobierno de Canarias y no queremos perder la esperanza acerca de la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para “encaminarla” hacia el interés general. El “caso” de Rosy Cubas lo ha vuelto a recordar.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a  11 de noviembre de 2020

Para empezar queremos denunciar la falta de transparencia en la gestión tanto de la Covid-19 como del resto de actividades sanitarias. No es baladí que la Consejería de Sanidad haya adjudicado a dedo 14,3 millones de euros en material Covid a 4 empresas. Empresas con las que llueve sobre mojado en cuanto a la participación de algunas en los habituales chanchullos de Coalición Canaria y el sector de empresas sanitarias privadas. Llama la atención que  tal cosa ocurriera 2 meses después de la destitución de la consejera Teresa Cruz y que la dispensa a la contratación la otorgara el entonces nuevo director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Al parecer dichas adjudicaciones están en el origen del cese del siguiente director del SCS, Alberto Pazos, al negarse a validarlas.

También queremos referirnos a la falta total de transparencia en lo que se refiere a datos como el número de rastreadores y aunque ha sido notorio el incumplimiento del Gobierno canario de las normas y obligaciones comprometidas con el conjunto de gobiernos autonómicos para la desescalada, solo se resaltan por parte de la Consejería los datos favorables semiocultando los negativos como ha sido la gestión de los rebrotes con incumplimiento de medidas de prevención para anteponer criterios empresariales.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos manifestar nuestra valoración y propuestas ante la preocupante evolución de la pandemia por coronavirus en el conjunto del Estado español y particularmente en Canarias.

En primer lugar cabe señalar que la epidemia nunca remitió por completo porque tiene su base de desarrollo en una estructura social especialmente desigual en comparación con la media europea, tiene su base de contagios en el sistema productivo, en las actividades laborales calificadas como esenciales y otras que lo son menos (salvo para generar ganancias a los poderes económicos), en la economía sumergida, en el trabajo precario, precariedad y capacidad de contagiarse que se extiende a los barrios obreros, que se potencia en las viviendas insalubres y con el hacinamiento.....

Posteriormente se añadió, precisamente por la presión del sistema productivo, la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y con una enorme presión en Canarias de la patronal hotelera y turística que en su momento la ADSPC denunció públicamente por activa y por pasiva. Ahora, sin dudas, estamos viviendo un desarrollo prematuro de la prevista segunda oleada para la estación otoñal que tiene su raíz coyuntural en la precipitada apertura a las actividades turísticas y de ocio cuya responsabilidad soslayan atribuyendo sus consecuencias exclusivamente al comportamiento individual en las relaciones sociales.

El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias ahora es en la isla de Gran Canaria donde más se manifiesta, pero avanza proporcionalmente en otras islas, Lanzarote, El Hierro…. Y ahora hay que recordarle al señor Presidente y a todo el Gobierno de Canarias varios de sus compromisos cuyo incumplimiento nos está llevando al desastre. En primer lugar, respecto a su obligación de garantizar el cumplimiento general de las normas de seguridad sanitaria actuando con notable desidia, tampoco ha cumplido con la potenciación de la Atención Primaria ni con las ratios de "rastreadores". Se ha duplicado el trabajo sin cumplir la promesa de contratar a más personal y además no se sustituye al personal de vacaciones, aunque hay gente comprometida que echa una mano, e incluso dobla, pero todo tiene un límite. Además, cabe señalar que ya los hospitales no tienen capacidad para dar el resultado de la PCR en 24 horas.