La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las próximas Elecciones Autonómicas
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El dia 4 de mayo la población de Madrid está convocada a las urnas para elegir la Asamblea y el gobierno de la región.
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Sin embargo, es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido la actuación de la Sra Ayuso y de los gobiernos del PP sobre el sistema sanitario regional, y su abordaje de la pandemia, que son un buen ejemplo de lo que no se debe hacer.
Resumiendo mucho, los gobiernos del PP en Madrid se han caracterizado por:
• Una Sanidad Pública recortada y desfinanciada, con el menor presupuesto per capita del país en 2020 y 2021.
• Una Atención Primaria deteriorada y descapitalizada de manera intencionada
• El abandono y marginación de la Salud Pública, sin recursos ni capacidad para afrontar emergencias sanitarias
• La disminución sistemática de las camas en los hospitales públicos que han visto desaparecer más de 1.200 camas entre 2010 y 2019
• La privatización mantenida del sistema sanitario con una creciente derivación de recursos hacia el sector privado precarizando aún más la Sanidad Pública.
El resultado es un deterioro mantenido de la Sanidad Pública cuya situación ha ido empeorando año a año.
Además la gestión de la pandemia ha sido nefasta porque:
El manejo en las residencias de mayores ha sido desastrósa, con consecuencias espantosas para miles de personas y sus familias. Unas residencias demasiado grandes con falta de medios y de personal con formación suficiente, han facilitado la aparición de brotes y la evolución fatal en demasiados casos, todo ello resultado de unas residencias mayoritariamente privatizadas y en manos de empresas multinacionales de capital riesgo. La mortalidad por COVID-19 las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid ha sido un 53% mayor de la media espanñola.
La vigilancia epidemiológica, la detección y seguimiento de casos y contactos, las medidas de aislamiento y su control, la comunicación a la población, y la coordinación y coherencia en la aplicación de las distintas medidas han estado al albur de las ocurrencias de la Sra Ayuso y su equipo de comunicación y sus enfrentamientos con el gobierno central, y han sido profundamente negativas. Todo ello unido a un sistema de información deficiente y manipúlado por los intereses políticos del gobierno de la Comunidad de Madrid.
La atención primaria no ha sido reforzada, con lo que ha tenido que soportar una enorme sobrecarga asistencial sin los medios suficientes. Así mismo, la sobrecarga en los hospitales y en las UCI tampoco se ha acompañado de un refuerzo en la dotación de medios humanos y técnicos. A pesar del esfuerzo de los profesionales, la calidad de la atención a los pacientes no-COVID se ha visto postergada y/o deteriorada.
El 25% de los 2162,79 millones € recibidos del Gobierno para gastos sanitarios extraordinarios por la COVID-19, no se han destinado al sistema sanitario. Ello es una grave irresponsabilidad especialmente si se tienen en cuenta las carencias notorias de la Sanidad Pública, y que lo que se ha gastado en Sanidad se ha hecho sin la mínima transparencia exigible.
Por otro lado, el gobierno del PP y Cs ha aprovechado la pandemia para privatizar sin control, asignando contratos a dedo a empresas de los amigos y sin atender las necesidades de la Sanidad Pública.
La vacunación y el pseudohospital Zendal han sido otros ejemplos de descontrol, donde la privatización se ha situado por delante de los intereses de la salud de la población
Por todo ello hay motivos mas que sobrados para acudir a las urnas el dia 4 de mayo y hacerlo para no votar a los responsables del desastre (PP, Cs y Vox) que han sido incapaces de hacer autocrítica de sus nefastas actuaciones y de proponer políticas distintas, votarles es asumir mas de lo mismo, e incluso empeorar, por el probable peso creciente de la ultraderecha neoliberal, que defiende políticas aún más privatizadoras de deterioro de los servicios públicos.
Por eso llamamos a la población, y a quienes trabajan en el sistema sanitario, a votar y a hacerlo por quienes defienden la Sanidad Pública y se proponen sacarla del marasmo actual, porque está en juego nuestra salud y la Sanidad Pública.
POR TU SALUD, POR LA DE TODOS Y TODAS
NO VOTES A LOS QUE DETERIORAN Y PRIVATIZAN LA SANIDAD
VOTA POR LA SANIDAD PÚBLICA
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
26 de Abril de 2021
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El Gobierno de Canarias privatiza la vacunación contra el coronavirus
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Las mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.
El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada “colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios a la misma porque además de continuar relegando la potenciación de la Sanidad Pública mediante los necesarios recursos humanos y materiales a efectos de cumplir con la función que le asigna democráticamente nuestra sociedad, deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión de la vacunación la exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.
Esta nueva privatización se añade a la que denunciamos en mayo del año pasado siendo entonces 33, y ahora 127, los laboratorios y clínicas privadas ajenas al Servicio Canario de la Salud autorizadas a realizar pruebas para la detección de la Covid-19, el "mercado" manda con nuevos "nichos de negocio" basados en los requerimientos de las empresas para sus trabajadores y en las solicitudes de particulares asintomáticos que se pueden costear las pruebas y que se llegan a facturar hasta por unos 200 euros cada diagnóstico del coronavirus.
En Canarias, y en el conjunto del Estado, lo que se debe hacer es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (noprofitonpandemic.eu/es/) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la Unión Europea, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables.
Insistimos en que estamos ante una iniciativa que no es altruista dado que supone una penetración, a través de ese caballo de troya llamado “colaboración pública-privada”, en las competencias de la Sanidad Pública como vía de ampliación del acceso privado a los fondos públicos. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
En Canarias a 22 de marzo de 2021
Admitida la demanda de la ADSPC sobre el concierto de hospitalización de media estancia
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Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La demanda en lo contencioso-administrativo en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.
Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.
Con el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que admite la citada demanda, continúan las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
En Canarias a 2 de marzo de 2021
La ADSPM ante la propuesta de traslado del Hospital la Paz
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Ante las noticias de que la Comunidad de Madrid prevé el realizar el traslado del Hospital de la Paz a un nuevo edificio a construir en Madrid Norte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid tiene que señalar:
1. No existe ninguna necesidad de este traslado, que significaría la perdida de accesibilidad de un gran número de población de Madrid ciudad a un centro sanitario
2. El actual hospital de La Paz ha tenido remodelaciones recientes por lo que tampoco una necesidad urgente de este cambio
3. Por otro lado, la Comunidad de Madrid no tiene un plan hospitalario elaborado que estudie y planifique nuevos centros hospitalarios, que debería ser previo a cualquier nuevo centro hospitalario en la región. Y este tipo de decisiones no pueden ser el resultado de medidas improvisadas y poco meditadas, teniendo en cuenta que se trata de infraestructuras de larga duración.
4. Finalmente hay que tener en cuenta que, el actual edificio y el terreno en que se encuentra, pertenecen a la Seguridad Social desde la que tramadol online espana a la Comunidad de Madrid para su uso actual, y que caso de dejar de destinarse a este fin debería de devolverse al Patrimonio de la Seguridad Social
Parece que una vez más nos encontramos ante una medida poco meditada y solo pensada para beneficiar a las constructoras, sin criterio sanitario alguno, por eso desde la ADSPM exigimos la paralización de esta iniciativa y la elaboración de un Plan hospitalario para la Comunidad de Madrid de manera urgente y consensuado con las organizaciones sociales, ´políticas y profesionales.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
10 de Febrero de 2021