Las UGC en SACyL
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La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León, quiere mostrar su más absoluto y contundente rechazo ante la aprobación del Decreto 57/2014 de 4 de diciembre, por el que la JCyL resuelve la implantación de las UGC en los centros sanitarios de SACyL.
Más allá de los términos “dulces” en los que estas UGC parecen presentarse en el texto del Decreto, lo que es cierto es que esta forma de gestión no constituye ningún “Eldorado” sino que supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes.
Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización lunesta online espana. No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.
En los próximos días, esta Plataforma estudiará la pertinencia de iniciar protestas y movilizaciones ciudadanas con la intención de expresarle a la JCyL la necesidad de abandonar esta tentativa fragmentadora y pre-privatizadora de la sanidad pública.
Nace la Plataforma Para La Defensa De La Sanidad Pública en Castilla Y León
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El pasado viernes día 14 de noviembre, nos reunimos en el Colegio de Médicos de Valladolid representantes de los siguientes colectivos en defensa de la sanidad pública de la Comunidad de Castilla y León: Sanidad Pública Sí, Burgos; Plataforma por la Sanidad Pública, León; Plataforma por una Sanidad Pública de Tod@s y para Tod@s, Palencia; Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Salamanca; Marea Blanca de Segovia y Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid.
En la referida reunión se estuvo haciendo una reflexión sobre el deterioro de la sanidad en Castilla y León desde la puesta en marcha del Real Decreto de abril de 2012, RD que abrió la puerta al conjunto de recortes que estamos sufriendo.
De forma general, se constató el incremento insoportable de las listas de espera, en buena medida derivado de los recortes de plantillas tanto en atención primaria como hospitalaria. Así mismo se constató el impulso a los procesos de privatización por diversas vías.
Constatamos la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria por un número significativo de personas en nuestra Comunidad, cuestión ésta que afecta especialmente a algunas provincias como es el caso de León y Valladolid.
Se trasladó la información por cada una de las provincias asistentes a la reunión de la situación concreta en cada una de ellas. En Salamanca se constató la tardanza absolutamente injustificada en la terminación de las obras del Hospital Universitario. Desde Palencia la incertidumbre de cómo va el proceso del nuevo hospital y desde Burgos se informó del rechazo generalizado de la población a la forma de gestión del nuevo Hospital de Burgos (HUBU), que está suponiendo un auténtico derroche de recursos públicos, así como una transferencia absolutamente injustificada de éstos al sector privado. Se informó de que siendo el presupuesto inicial del HUBU de 242 millones su coste final alcanzó los 420 millones, aunque según algunas fuentes este ha sido realmente de 588 millones de euros. Así mismo los gastos de equipamiento en principio previstos en unos 40 millones de euros, similar al del nuevo Hospital Río Hortega de Valladolid, subió finalmente a 103 millones de euros sin justificación racional alguna. También se informó de que la concesionaria ha conseguido una cláusula en el contrato con la Consejería de Sanidad por la cual “la sociedad” tiene garantizado un 7% de beneficio anual.
Por parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid se informó de la campaña que se ha iniciado en el mes de octubre a favor de la recuperación del carácter universal del Sistema Sanitario Público.
En la citada reunión, ante el deterioro del Sistema Sanitario Público en nuestra Comunidad, se decidió constituir la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León, apoyar la campaña por la recuperación del carácter universal de nuestro sistema sanitario y apoyar todas las actividades y movilizaciones que se lleven a cabo en el conjunto de la Comunidad en defensa del Sistema Sanitario Público y muy particularmente por la reversión de la forma de gestión -de privada a pública- en el HUBU (Burgos), porque consideramos que la gestión privada, absolutamente ruinosa, que se está llevando a cabo en estos momentos está teniendo ya una grave repercusión en el conjunto del Sistema Sanitario Público, no sólo de Burgos, sino del conjunto de la Comunidad.
Plataforma Para La Defensa De La Sanidad Pública en Castilla Y León
Valladolid 18 de Noviembre de 2014
www.fadsp.org
Twitter: @FADSPU
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Por la recuperación del carácter universal del sistema Sanitario Público. Valladolid 23/10/2014
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Derogación del Real Decreto Ley 16/2012
Porque la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria para un sector de la población es una tremenda injusticia que repercute en nuestra calidad de vida y nos afecta a tod@s
COMUNICADO DE PRENSA: Apoyo movilizaciones en Ponferrada
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y el conjunto de la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León, desea expresar su apoyo y firme ADHESIÓN a las movilizaciones desarrolladas el 25 de junio en Ponferrada, como protesta ante las pretensiones de la Gerencia de Salud de SACyL de proceder al cierre de 36 camas hospitalarias de la planta de Medicna Interna del Hospital del Bierzo.
Ninguno de los argumentos esgrimidos por el Consejero de Sanidad, D. Antonio María Saez Aguado, para justificar esta medida, resulta convincente ni ajustada a la evidencia de la morbilidad registrada en esas fechas, y mucho menos puede justificarse por las vacaciones del personal sanitario. Existen demoras en las consultas, demoras en las pruebas complementarias, existe una inasumible lista de espera quirúrgicas, y existe personal sanitario muy cualificado desgraciadamente en paro, como para adoptar medidas de esa naturaleza, por lo que resulta evidente que sólo la contratación de personal eventual para esas fechas debería ser la adecuada como así ha sido hasta hace pocos años. No existe argumentación coherente para esta medida, como no sea la simple intención de recortar servicios en esa obsesiva búsqueda de ahorro a cualquier precio.
Teniendo en cuanta que el propio SACyL destinó hace un año una partida presupuestaria especial para la concertación coyuntural con alguna clínica privada, y paliar así el incremento de la lista de espera quirúrgica, esta medida de cerrar ahora 36 camas hospitalarias no parece responder sino una forma más de ajuste y recortes sanitarios, en unas fechas como éstas en las que no cabe enmascararla con argumentos coyunturales y falaces que sólo pueden convencer a quien quiera creérselos.
Resulta evidente que la población no desea (ni lo merece con los datos y ratios cama/habitante en la mano), ver reducida la plantilla del personal sanitario de su dispositivo asistencial, ni que se disminuya la disponibilidad de camas hospitalarias en verano, por lo que esta Plataforma sugiere a los responsables de SACyL que reconsideren esa decisión, ya que, llegado el caso de que el cierre de camas hospitalarias se produzca, esta Plataforma Social (que representa a vecinos, usuarios, sindicatos, juntas vecinales, asociaciones feministas, ecologistas, colectivos diversos y algunos partidos políticos) se verá obligada a iniciar otras medidas democráticas y pacíficas de movilización social, para preservar los derechos de participación, información y control que la sociedad tiene legítimamente otorgados para con su servicio sanitario público.”
Asociación Defensa de la Sanidad Pública León
Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León
26 de junio de 2014
EL TSJ de Castilla y León anula las unidades de gestión por un recurso de CCOO
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La Consejería de Sanidad recibió ayer un varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al considerar el órgano judicial declarar el plan de las unidades de gestión clínica, germen de uno de los proyectos estrella de la Consejería de Sanidad para la presente legislatura, «disconforme con el ordenamiento jurídico».
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid anunció ayer su decisión de estimar el recurso interpuesto por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. y anular la resolución de 31 de mayo de 2012 del director gerente de la Gerencia Regional de Salud por la que se aprobaba el «Programa Especial de Gestión Clínica». La resolución del tribunal se debe no tanto al fondo sino a la forma en que se puso en marcha el plan, ya que la Administración no negoció en la mesa sectorial sanitaria «una medida de planificación de recursos humanos que afecta a las condiciones de trabajo y/o modifican las funciones existentes», por lo que los magistrados consideran que existió una «omisión de trámite procedimental». La puesta en marcha de este programa supuso el funcionamiento de dos unidades de manera piloto: el servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid y en la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora.
Para el TSJCyL, si la resolución recurrida «crea nuevos órganos gestores y define las competencias de cada uno de ellos» supone que «cambia, modifica y altera las plantillas orgánicas» respecto a los servicios citados, un cambio que -recuerda la resolución- no ha tenido ningún acuerdo previo. Con estos mimbres, la Sala considera que esta actuación «por vía de hecho, de una u otra manera», contraviene el régimen jurídico de la Ley Autonómica 2/2007 -el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León-, que exige negociación previa en la mesa sectorial «tanto en la aprobación ex novo de la plantilla orgánica como en su modificación total o parcial».
Estudiada la sentencia, la Consejería de Sanidad consideró ayer en un comunicado que no afecta «al fondo del asunto», es decir, al propio programa, apuntando que en la sentencia se recuerda que sus «novedades» no atañen a las condiciones de trabajo ya existentes en «normas dictadas por la Administración» y «refuerza esa idea de que los cometidos asignados a los órganos de la unidad son únicamente de organización, pero no decisorios» en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo.
Por ello, el departamento que dirige Antonio Sáez Aguado entiende que la sentencia «avala la capacidad de autoorganización» de la Gerencia y que por ello «es posible facilitar mayor autonomía a los profesionales clínicos». Asimismo, la Consejería mantiene su compromiso de seguir impulsando el decreto sobre gestión clínica. Eso sí -aclara- «previa adaptación a los contenidos de la sentencia», que supondrá «negociar en la mesa sectorial la modificación de las funciones de algunos de los puestos de trabajo en los centros sanitarios».
CC.OO., satisfecha
Por su parte, el secretario general de Federación de Sanidad de CC.OO. en Castilla y León, Pablo Vicente, mostró su satisfacción con la resolución porque supone «cerrar la puerta a un cambio de modelo con criterios mercantilistas». Incluso advirtió que CC.OO. exigirá la devolución del dinero público que ha sido utilizado de forma irregular, informa Ical.