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FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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Nota AGDSP recorte gasto sanitario

           El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente que desde el inició de la crisis se ha reducido el gasto sanitario público en un 11%, al tiempo que se incrementó el gasto privado en un 16%. Aunque estos datos se refieren únicamente al dinero que los ciudadanos ponen de su bolsillo para pagar prestaciones sanitarias eliminadas de la sanidad púbica por el actual gobierno (copagos, medicamentos, etc), y no tienen en cuenta los fondos que la sanidad pública destina a proyectos de Colaboración Público Privada como el Nuevo Hospital de Vigo, conciertos como el de POVISA, compras de medicamentos y de material sanitario, etc., que también van a bolsillos privados.

           El avance de la privatización es aún más preocupante en Galicia donde el presupuesto sanitario público se recortó en un 18.3% (la CCAA con mayor reducción de gasto). Esta reducción presupuestaria ha tenido como consecuencias, además de obligar a personas y familias a pagar cosas que antes eran gratuitas (copagos), a reducir personal sanitario (1.795 plazas en la sanidad pública de las que 513 fueron plazas de médicos y 184 de enfermería), lo que supuso un 30.6% de recorte frente a una media del 7.9% en el resto del Estado. También se han eliminado camas hospitalarias (447 camas), mientras se han incrementado las listas de espera.

            Al mismo tiempo prosigue la política de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario del gobierno popular que esta regalando a empresas multinacionales y fondos de inversión los recursos estratégicos del SERGAS (laboratorio central, historia clínica y receta electrónicas, central de información y llamadas, logística, compra de equipamientos, investigación, docencia, etc.), por lo que podemos decir sanitario público gallego esta mayoritariamente en manos privadas extranjeras).

            La utilización de  la Colaboración Público-Privada para construir el Nuevo Hospital de Vigo ha incrementado su  coste de 450 a 1.400 millones de euros (pese a reducir camas, servicios, quirófanos,  etc) poniendo en riesgo a calidad de la atención e incluso la seguridad de los pacientes. En esta misma  área se ha renovado el Concierto Singular con el hospital privado POVISA, ignorando las advertencias del Consello de Cuentas, lo que supondrá pagar un canon anual de 75 millones de euros a  pesar de que este centro tienen menos recursos humanos y materiales que los hospitales del SERGAS

            También prosigue la privatización del equipamiento de los centros públicos mediante la figura del “socio tecnológico”(que permite a las empresas que fabrican los aparatos decidir los equipos que compran los  hospitales),  y de la investigación sanitaria (a través de los Institutos Biomédicos de Investigación de los hospitales públicos del Sergas, de gestión empresarial  en los que participan las multinacionales farmacéuticas).

            En resumen la Xunta de Galicia de Núñez Feijoo sigue desmantelando y privatizando la Sanidad Pública,  lo que dejará una grande hipoteca para el país y los gobiernos futuros, que deberán asumir los enormes compromisos económicos contraídos con las empresas adjudicatarias y  obligara la población gallega a pagar  buena parte de la atención. Esta política  además de incrementar la desigualdad, está dejara fuera a los colectivos de menos recursos económicos, que empiezan a ser mayoritarios.

            Desde nuestra Asociación hacemos un llamamiento a todos los partidos progresistas a realizar los esfuerzos que sean necesarios para desalojar al PP del gobierno de la Xunta. Nuestra sanidad no resistirá cuatro años más de Núñez Feijoo.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

9 de agosto del 2016

La desprotección de los datos sanitarios de la población de Pontevedra (y de Galicia)

    Los datos sanitarios representan información especialmente protegida por ley, con la salvedad de la protección de la vida y la salud de las personas. En este sentido, los profesionales sanitarios distintos a los de referencia del paciente podrían acceder a su Historia Clínica (HC), con el único objetivo de solventar problemas de salud.

    El gobierno popular de Galicia ha generalizado esta excepcionalidad jurídica y ha abierto el acceso a la historia clínica a las empresas sanitarias privadas, tengan o no concierto con el Sergas, lo que pone en grave riesgo la confidencialidad de los datos genéticos y sanitarios de la población gallega, ya que centros privados de Galicia están vinculados a aseguradoras, institutos privados de cáncer, empresas farmacéuticas y fondos de inversión extranjeros.

    En el caso concreto del Área de Pontevedra se da la circunstancia de que los estudio radiológicos realizados a pacientes concertados en el Hospital Domínguez-Quirón son registrados en la HC electrónica como si fuesen realizados en el Hospital público (CHOP), lo que impide su identificación, confunde los estudios estadísticos y dificulta la evaluación comparativa.

    En contraposición, los profesionales sanitarios públicos no pueden acceder a estudios de imagen, realizados en el Hospital Quirón, a pacientes que acuden por accidente de tráfico o por otros medios distintos al concierto, aunque posteriormente sean ingresados en el CHOP durante el mismo proceso asistencial, lo que parece un incumplimiento de la ley de Protección de Datos, al anteponer el centro privado su “propiedad intelectual y empresarial” al derecho a la salud de los pacientes.

    Llama la atención la dejación de la Consellería de Sanidade con respecto a la defensa de los hospitales del Sergas y del derecho a la información de sus profesionales, mientras protege el negocio privado, algo a lo que ya nos tiene muy acostumbrados el presidente Feijóo.

    Existen sospechas fundadas, aunque de difícil confirmación dada la falta de transparencia al respecto, de la realización de demasiados estudios de imagen a pacientes que acuden a hospitales privados de Galicia por accidentes de tráfico leves lo que, además de suponer un gasto innecesario, incrementa la dosis de radiación a la población gallega, ya de por sí más alta que la media estatal (según informes de la propia Administración).

    La población debería conocer estos hechos y exigir un consentimiento informado y firmado tanto sobre la necesidad de determinadas exploraciones de imagen como sobre el acceso a los datos sanitarios que conlleva la asistencia en los centros sanitarios y sociosanitarios privados de Galicia.

Asociación Galega para a Defensa de Sanidade Publica

5 de agosto de 2016

Apoyo AGDSP movilizaciones suicidio Galicia

   Ante el grave problema del crecimiento del suicidio en Galicia, como consecuencia de la crisis y la ausencia de planes de actuación específicos y de un Plan Gallego de Salud Mental, desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública exigimos la Conselleria de Sanidade :

   1. La elaboración con carácter prioritario un Plan Gallego sobre o Suicidio de carácter multisectorial, dotado de los recursos necesarios para afrontar la   gravedad del problema y articulado dentro de un Plan de Salud Mental de Galicia con la implicación de la comunidad.

   2. La constitución de un Comité Técnico para elaborar dicho Plan

   3. La creación de Comisiones Clínico-Asistenciales en cada Gerencia de Área de carácter multiprofesional y multisectorial destinadas a conocer y estudiar la realidad del suicido en cada área, realizar informes, identificar grupos y situaciones de riesgo y elaborar contrarias y protocolos de intervención

        Desde la AGDSP apoyamos las movilizaciones convocadas por el Movemento Galego de Saude Mental y la Plataforma SOS Sanidade Pública, en todas las localidades con concentraciones y campanadas en lugares públicos el dia 30 de junio a las 8 de la tarde

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

20 de junio del 2016

 

 

Es necesario integrar el Consorcio del Hospital Provincial de Castellón en la Red de Hospitales Públicos

Manifiesto de ACDESA CS sobre la supuesta financiación irregular del PP a través de la contratación del Hospital Provincial de Castellón

   En relación a la información publicada en distintos medios sobre la denuncia presentada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusa de la existencia de una probable trama irregular que utilizaba al Hospital Provincial de Castellón como tapadera para la financiación del Partido Popular llegando a facturar más de 25 millones de euros, ACDESA Castellón  expone que:

      1. Estos supuestos casos de corrupción son inaceptables en cualquier administración y menos en la sanitaria donde los recursos son  limitados y las necesidades amplias y afectan a la salud.

      2. Estas acusaciones demuestran una vez mas el inadecuado e ineficaz modelo de gestión del consorcio sanitario entre la Diputación y Generalitat. De demostrarse las acusaciones, el consorcio habría participado en actividades delictivas clientelares en gobiernos anteriores.

   Por ello ACDESA CS vuelve a reivindicar  la necesidad urgente de disolver el consorcio e integrar al  Hospital Provincial de Castellon en la Red de Hospitales Públicos. Exigimos que este cambio de gestión se demuestre con rapidez, y sobre todo con hechos, además de con intenciones.

En Castellon, a 16 de junio de 2016

Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

Volvemos una vez más al inevitable tema de las listas de espera en sanidad. Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses. Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes.

Los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo, revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000).

La información aportada nos crea la duda de si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables.

La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que “hacerlos dimitir”. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados.

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Reclamamos la exclusividad de los Centros Sanitarios Públicos para las Universidades Públicas

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La Asociación para la Defensa de la sanidad Pública de Madrid solicita a la Consejería de Presidencia

La Asociación para la Defensa de la sanidad Pública de Madrid solicita a la Consejería de Presidencia la anulación de los cambios de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid

 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, directamente y por medio de un grupo de enfermeros/as colegiados/as ha solicitado en el día de hoy  a la Consejería de Presidencia  de la Comunidad de Madrid que se le exijan al Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid las oportunas explicaciones y en su caso se anulen los cambios producidos en la Junta Directiva de la citada entidad sin que haya mediado un proceso electoral con las mínimas garantías democráticas.

Esta petición se sustenta en  el Artículo 24 de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid, publicado en el BOCAM (27/10/1998), señala que la renovación de la Junta Directiva debe producirse mediante convocatoria pública, así como en el Artículo 36 de la Constitución Española señala que  “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.” Y que ello incluye la convocatoria y publicidad a todos los miembros de los mismos de los correspondientes procesos electorales.

Entendemos que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de intervenir  por tratarse de una entidad que tiene el carácter de “corporación de derecho público” y que se sustenta en la obligatoriedad de la colegiación.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

4 de Mayo de 2016

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