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El grupo Ribera Salud se hace con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira

Ante la noticia en los medios de difusión de que  El grupo Ribera Salud (formado a partes iguales por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell) se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones, según ha informado el propio grupo este viernes.

Desde ACDESA  queremos manifestar que:

1. Desde la Conselleria  de Sanitat y el actual gobierno en funciones no debe adoptarse ninguna medida que pueda hipotecar la acción del futuro gobierno electo.

2. La multinacional Centene Corporation ya hace tiempo que opera por estas latitudes, desembarco en nuestra comunidad en el 2014 y cuenta en su junta directiva con ex-políticos que nos recuerdan cada día lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado. Las maniobras comerciales de Centene reflejan una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario publico español. Las multinacionales americanas toman posiciones en sectores estratégicos en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio ( TTIP en inglés) entre EEUU y la UE. El TTIP permite que Tribunales de Arbitraje supranacionales defiendan los intereses de las multinacionales saltando a los tribunales nacionales donde se protege el derecho y el interés sanitario.

 

3. Recientes noticias indican que ya se están firmando los acuerdos preliminares del TTIP. La autorización de la operación comercial por parte de un Gobierno Valenciano en funciones supone la complicidad con los intereses mercantiles americanos y es contraria a los intereses de la sanidad pública.

Por todo ello exigimos una explicación transparente e inmediata de la Conselleria de Sanitat  sobre si ha autorizado esta compra de acciones, y en su caso en qué condiciones y porque motivos. Igualmente los miembros del nuevo gobierno deberán estudiar la legitimidad de la decisión adoptada al respecto.

Valencia a 1 de junio de 2015

Los usuarios del Centro de Salud de Arguelles denuncian la situación de deterioro y abandono del Centro

 

Un grupo de usuarios/as del Centro de Salud de Argüelles han elaborado una carta  (que se adjunta al final) para denunciar la situación de abandono y deterioro del Centro que se hace mas patente si se compara con las obras realizadas en la parte privatizada de atención especializada con las que comparten edificio, además se ha producido la perdida de servicios como Rehabilitación y Fisioterapia que se ubican ahora en Casa de Campo con las molestias y los problemas de accesibilidad que ello supone.

El asunto en si mismo es solo una muestra mas del deterioro de la Sanidad Pública en Madrid mientras se incrementan los recursos públicos al sector privado, pero a ello hay que sumar que la carta de recogida de firmas, ha “desaparecido” de la mesa donde estaba expuesta, obviamente con las muchas firmas de las personas que ya se habían adherido a la misma.

Otra vez estamos ante la misma estrategia del PP en Madrid; se deteriora la Sanidad Pública y mientras tanto se potencia el sector privado con dinero público, y cuando hay protestas se ocultan estas, para negar la evidencia y poder seguir usando el mensaje falso de que no son los responsables de una política continuada de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública

EL día 24 cuando vayamos a votar hay que hacerlo por la Sanidad Pública y echar a los responsables de la situación actual.

 

Carta

 

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID

20 de mayo de 2015

 

La Política Bananera del PP en Galicia: Trampas y complicidades en el contrato del nuevo Hospital de Vigo

         El Gobierno de Núñez Feijoo utilizó en 2010 de manera fraudulenta el modelo de contrato para la construcción del Nuevo Hospital de Vigo, al recurrir a un simple Contrato de Concesión de Obra Pública prevista para construir centros públicos con dinero privado, pero que no permite incluir cuestiones como la financiación del mobiliario, la prestación de servicios accesorios (cocina, limpieza etc.) en edificios (Hospital Nicolás Peña) que no tienen relación física con la obra concesionada o la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas como el Laboratorio, contempladas en los pliegos del Contrato de Concesión de Obra Pública del Nuevo Hospital de Vigo, que se corresponden con la fórmula jurídica de Contrato de Colaboración Público Privada

            Esta trampa legal tenía por objetivo:

• Saltarse la realización del Estudio de Evaluación Previa (necesario en la fórmula de Colaboración Público Privada pero no en la de Concesión de obra pública) que debe justificar que la financiación privada para construir infraestructuras públicas es indudablemente la mejor opción para los contribuyentes, de acuerdo a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

• Enmascarar la utilización improcedente del Contrato de Concesión de Obra, modalidad que no contempla prestaciones accesorias a las obras de construcción de centros, incluidas en el contrato del Nuevo Hospital de Vigo.

• Evitar la comparación del proyecto de financiación privada con el aprobado por el anterior gobierno de financiación pública. El coste del hospital por la vía pública era de 457,6 millones frente a los 1.566,4 del actual de financiación privada (1.880 si se tiene en cuenta la explotación del aparcamiento y otros negocios del centro)

            Este posible fraude de ley fue avalado por un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia (organismo en la Xunta responsable de la fiscalización previa y del control de la legalidad de los contratos de la CCAA) dirigido entonces por la Sra. Elena Muñoz, actual candidata a la Alcaldía de Vigo por el Partido Popular. Este informe se realizó en un tiempo récord de 24 horas (hecho insólito tratándose de un contrato tan voluminoso y complejo) y unos días antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 20 de Mayo de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que obligaba al SERGAS a trasladar toda la documentación del contrato al Gobierno Central para su fiscalización. De esta manera el proyecto evitó el control del Ministerio de Economía y Hacienda que lo hubiera anulado por no ajustarse a lo previsto por la Ley.

            Hay que recordar a los ciudadanos/as y sanitarios del área que como consecuencia de esta decisión de la candidata del PP Sra. Muñoz el hospital quedara en manos privadas lo que perjudicará la asistencia sanitaria y deberán pagar cuatro veces más por un hospital al que se han recortado camas, recursos docentes y de investigación, servicios de referencia, equipamiento, calidad de materiales y miles de metros cuadrados de superficie, para beneficiar a la empresa Concesionaria Privada.

            Hace pocos días el Tribunal Superior de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda le anuló a la Gerencia del Chuvi el Contrato para Suministros de Reactivos y Material para Técnicas Analíticas del Laboratorio del Hospital del Meixoeiro por no ser el adecuado para realizar las obras de adaptación del servicio, pues incluía cosas que no son propias de un simple contrato de suministro. El Tribunal Superior en su auto calificó la actuación del SERGAS de errónea y vulneradora de la Ley y de los principios de transparencia y libre concurrencia.

            Además de perjudicial para la asistencia sanitaria, resulta bochornoso que un organismo de la administración central anule un contrato por no ajustarse a la legalidad, mientras que el dependiente de la Comunidad Autónoma Gallega avale otro que se puede calificar de fraudulento de la ley para beneficiar los intereses del PP. Pura política bananera al servicio de la privatización, que futuros gobiernos progresistas gallegos deberán erradicar.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

16 de mayo de 2015

Denegada la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para presentar el libro "La Sanidad No Se Vende"

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tiene que mostrar su rechazo ante la denegación de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para la presentación del libro “LA SANIDAD NO SE VENDE. MANUAL PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA”

Esta negativa se basa supuestamente en el “contenido ideológico” del citado libro, lo que evidentemente vulnera el derecho a la libertad de expresión y a la no discriminación por motivos ideológicos que recoge la Constitución, y supone un acto flagrante de censura desde una institución pública que se mantiene con los impuestos de todos los ciudadanos, y es mas llamativo si se tienen en cuenta que el citado libro ya ha sido presentado en una biblioteca pública de otra comunidad autónoma.

No sabemos si se trata de una decisión adoptada por el aparato político del gobierno de la Sra Cospedal, o por la iniciativa particular de una fundamentalista ultramontana, pero en cualquier caso se están vulnerando derechos fundamentales y negando espacios públicos para la exposición de ideas que no parecen ser del agrado cuando menos de la Sra Técnica de bibliotecas que firma la denegación del uso de ese espacio público.

Resulta preocupante que un centro cultural que debería estar abierto a la pluralidad de opiniones e ideologías este vetado a quienes tienen otra visión de la realidad, y gestionado por quien demuestra tan poco respeto hacia otras opiniones. Parece que volvemos a los tiempos del franquismo y de la Inquisición.

Exigimos por lo tanto la inmediata rectificación y el cese o destitución de los responsables de esta denegación.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

13 de mayo de 2015

10 motivos para decir NO al Complejo hospitalario San Millán

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La necesidad de la dedicación exclusiva en la Sanidad Pública

 

La dedicación exclusiva de los profesionales a la Sanidad Pública es una premisa indispensable para una mejora fundamental de su funcionamiento, por lo que los cambios legislativos que necesita el SNS y el Servicio Canario de Salud deben recogerla.

De los médicos censados en España 2/3 trabajan en la publica y 1/3 en la privada pero de estos últimos mas del 50% trabajan en la Sanidad Pública a nivel hospitalario, lo que produce un conflicto de intereses por el pluriempleo favorecedor de los denominados "comportamientos oportunistas potenciales en la práctica médica" descritos en la literatura científica.

  • Absentismo y elusión de tarea.
  • El desvío de pacientes al sector privado.
  • La demanda inducida y la selección de pacientes.
  • La apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

En nuestra Comunidad, la quinta más privatizada ( ver informe de la FADSP de abril de 2015), a pesar de los continuos desmentidos por parte del Gobierno Canario, se ha llegado a facilitar la reducción de jornada de sus profesionales, fundamentalmente médicos, para que puedan trabajar en el sector privado, además de no aplicar rigurosamente las incompatibilidades, lo que no es de extrañar cuando alguno de sus altos dirigentes proviene del sector privado.

Un colectivo tan vital, como son los médicos, la compatibilización de su trabajo con el desarrollo de esa misma actividad en hospitales privados y otras entidades resulta habitual, lo cual contribuye a que su menor dedicación pública rebaje la calidad general del sistema y hace que se produzca una competencia desleal con su puesto de trabajo público (de hecho las grandes empresas suelen exigir la exclusividad a sus trabajadores con un cierto nivel de cualificación).

La no existencia de la dedicación exclusiva supone un beneficio para el sector privado porque le permite contar con profesionales mas cualificados y motivados y que difícilmente trabajarían solo en centros privados con bajas retribuciones (puesto que se trata de un complemento de los salarios del sector público), y tiene además un efecto negativo sobre el empleo favoreciendo el paro profesional.

Los nuevos contratos deben ser con dedicación exclusiva, incentivada adecuadamente , con lo que se lograría una mayor dedicación junto con una mayor calidad asistencial, consiguiendo otros grandes beneficios como serían las jornadas continuadas a la tarde, sistemas de trabajo habituales en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Por ello desde la ADSPC proponemos:

Recuperar la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario público como un concepto central en la política de personal, incentivándola adecuadamente.

Establecer un sistema transitorio en el que todas las nuevas contrataciones llevarían aparejada la dedicación exclusiva y las personas con plaza en propiedad podrían optar a acceder a la misma o quedarse en la situación actual.

Las plazas con capacidad organizativa y/o de gestión deben de tener dedicación exclusiva sin excepción.

Debe de exigirse el cumplimiento de la ley de incompatibilidades en cuanto al personal que trabaja en los centros sanitarios que reciben financiación pública (conciertos, etc.).

Hay que garantizar mecanismos de formación continuada desde el sistema sanitario público, independientes de la industria farmacéutica y tecnológica.

Debe establecerse la obligación de declarar todas las ayudas económicas, cualquiera que sea su forma concreta, que pudieran recibirse de la industria o de entidades privadas, incluyendo fundaciones y oenegés.

Hay que reservar los centros públicos para las prácticas y la formación de los estudiantes de las universidades públicas.

Hay que crear un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea gestionada por una agencia pública de investigación.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias a 5 de mayo de 2015

www.fadsp.org
Twitter: @FADSPU
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