La sanidad pública en la Comunidad de Madrid: Alternativas para su mejora
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Manifiesto ACDESA-CS sobre el Hospital Provincial de Castellón
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El Hospital Provincial de Castellón está gestionado desde el año 2004 por un consorcio público compuesto por la diputación Provincial y la Conselleria de Sanitat. La financiación del mencionado consorcio proviene al menos, del Ministerio de Política Territorial y función Pública (diputación) y de la Consellería de Sanitat.
Los consorcios se organizan alrededor de unos estatutos que regulan su régimen orgánico, funcional, patrimonial, contable y financiero, pudiendo realizar su actividad con independencia para las actividades que fue creado. Gozan por ello de gran autonomía e independencia.
Probablemente, la desconfianza que los órganos de control de las administraciones públicas al escapar estas entidades a su función interventora motivó la reforma de leyes como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitaba la autonomía de los consorcios sobre todo en materia de contratación.
Además, los consorcios como cualquier otra institución de derecho público pueden utilizar cualquier forma de gestión directa o indirecta del servicio público, pudiendo crear sus propias formas instrumentales de gestión.
La tendencia histórica de los Hospitales Provinciales y otras instituciones hospitalarias, en diferentes regiones de España conforme se desarrollaba la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud fue la integración en la red pública de hospitales de cada Comunidad Autónoma. El motivo fundamental para la integración de estos hospitales fue evitar duplicidades y heterogeneidad en los sistemas sanitarios, optimización de recursos asistenciales, mejorar la gestión y la gobernanza de los sistemas sanitarios público y controlar la contratación de personal.
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La ADSP rechaza una propuesta pensada para destruir la Atencion Primaria y privatizar la Sanidad Pública Madrileña
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La Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha hecho llegar a los sindicatos de la Mesa sectorial una “ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADECUAR LA ATENCIÓN SANITARIA A LA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL” que contempla como principal medida que se deje de citar en la AP madrileña a partir de las 18,30-19 hs, lo que supone una disminución del horario de atención normalizada en AP de 2,30-2 hs según el caso.
Esta propuesta supone claramente un deterioro de la AP madrileña que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública rechazamos totalmente por los siguientes motivos:
ACDESA ante el Decreto que regula la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas para su prestación
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Ante la publicación del decreto 188/2018
Ante la publicación del decreto de la Conselleria de sanidad 188/2018 mediante el que se regula la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas para su prestación ACDESA manifiesta que:
Por la recuperación de la hemodiálisis pública en la Comunitat Valenciana
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Con el actual Gobierno, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciado el proceso de reversión de la privatización sanitaria. En este sentido el ejemplo más significativo ha sido la recuperación del Hospital de la Ribera, aunque queda mucho por hacer. Por otra parte también está en proceso la reversión de la Resonancia Magnética que, junto a la hemodiálisis, representan parte de la tecnología sanitaria previamente abandonada por la Sanidad Pública.
La hemodiálisis privada atiende aproximadamente a un 70% de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, sin embargo este porcentaje llega a más del 90% en la provincia de Castellón, donde el Hospital General Universitario es el único que cuenta con una Unidad de Diálisis, a diferencia de La Plana en Vila-real y Vinaroz.
En 2018 y tras muchas trabas, fundamentalmente interpuestas por las empresas privadas candidatas, ha comenzado parte de la adjudicación del concurso para atender a pacientes con enfermedad renal crónica terminal en centros privados de hemodiálisis. Inicialmente este concurso, que incluía a la totalidad de la Comunidad Valenciana y que se dividía en más de 15 lotes, no contempló la posibilidad de que los hospitales públicos pudieran acceder a la licitación, y poder ampliar así la prestación sanitaria a enfermos cuyas hospitalizaciones y complicaciones sí son atendidas en sus hospitales de referencia, con un coste sobreañadido que nunca se ha cuantificado. Finalmente y tras numerosas impugnaciones, varios lotes han quedado desiertos y no han sido adjudicados a ninguna empresa, por lo que más de 500 pacientes de los algo más de 2000 que se contemplaba inicialmente van a seguir recibiendo el tratamiento según los requerimientos del antiguo contrato. Esto significa que van a ser dializados con una tecnología desfasada (el concurso previo finalizó antes del año 2010) y con un mayor coste por sesión, o dicho de otro modo de una manera ineficiente para el sistema sanitario.
Entre los lotes que han quedado desiertos se encuentra el de Vinaroz, único centro concertado del Departamento 1, en la provincia de Castellón. El Hospital de Vinaroz no dispone de Sección/Servicio de Nefrología por lo que, ante cualquier urgencia o incidencia, los enfermos que son tratados en el centro de hemodiálisis deben acudir al Hospital General Universitario de Castellón situado a 70 Kms. Esta es la mayor distancia entre un centro de hemodiálisis y su hospital de referencia en toda la Comunidad Valenciana. Pero no sólo estos enfermos han de desplazarse a Castellón, también los familiares y otros pacientes que requieren hospitalización por cualquier patología nefrológica, independientemente de que precisen diálisis o no. Esta realidad conlleva una inequidad en la asistencia recibida por los ciudadanos del Departamento 1, además de poner en riesgo la seguridad de los enfermos en hemodiálisis cuando han de ser trasladados entre ambos centros hospitalarios.
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