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La FADSP apoya la reintegración del Hospital de Alzira a la Red Pública

            La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera un hecho muy positivo el paso dado por la Generalitat Valenciana para revertir la concesión administrativa del hospital de Alzira.

            Desde la FADSP hemos venido denunciando reiteradamente los problemas de estos modelos privatizadores de la provisión sanitaria y hemos señalado como priman el beneficio empresarial provocando unos elevados sobrecostes de las prestaciones.

            La salud debe ser un derecho básico y por lo tanto debe de garantizarse la provisión pública como salvaguarda de que no van a ser intereses mercantiles los que priman en los centros sanitarios.

            Entendemos que es un primer paso, que hay que asegurar que finaliza con éxito y que debería de extenderse a los demás centros de la Comunidad Valenciana que se encuentran en una situación parecida.

            En fin, una buena noticia y una actuación acertada que cuenta con nuestro apoyo, como cuenta también con el de la mayoría de la población y de los profesionales de la salud

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

            28 de Marzo de 2016         

ADSP-RM. Listas de espera en la Región de Murcia: un fracaso político y de gestión

Las listas de espera son uno de los indicadores que con más sensibilidad vinculan efectividad del sistema con satisfacción de los pacientes. La literatura científica señala que, efectivamente, a los ciudadanos les interesan listas de espera con tiempos de demora razonables, pero también que hay otros aspectos de su gestión que pueden llegar a ser más importantes; en general, sabemos que a las personas no les importa esperar mientras sepan cuánto tienen que esperar o cómo se les ha ordenado en la lista.

Como muestra el 5º informe de la ADSP recientemente publicado, en la Comunidad de Murcia se espera mucho y se espera mal.

Se espera mucho porque en más de un tercio de las citas de la primera visita se incumple la normativa de tiempos máximos, con una demora superior a los 60 días; en casi el 20% de las citas, ésta es mayor de 100 días. En País Vasco, por ejemplo, la espera media para consultas externas en la misma fecha era de 25,7 días; en Madrid de 26,7.

Además, existen unas diferencias entre Áreas de Salud absolutamente impresentables. La asimetría en las demoras señala una frontera entre murcianos de primera (los del Norte) y murcianos de segunda (los del Sur): la mediana de demora del Área de Salud del Mar Menor es de 138,5 días; la de Lorca, 78,5; en Cartagena, 70 días. Mientras que en Caravaca es de 15 días; Cieza, 24; Yecla, 29; Arrixaca, 41.

Se espera mal porque los ciudadanos no saben cuándo se les atenderá en multitud de listas de espera que, por no constituir primeras visitas, están ocultas (por ejemplo no son transparentes las demoras para unidades específicas donde se llega tras un primer filtro; tampoco las demoras para revisiones). Es común ver en los hospitales pacientes y familias peregrinar por los pasillos buscando a alguien que les pueda decir “cuándo les toca”. También acudir a Urgencias solicitando ayuda. Normalmente los esfuerzos son baldíos. Nadie lo sabe en realidad. En otras comunidades autónomas los ciudadanos pueden consultar on-line el día de su cita.

La sensación es de casi total improvisación y falta de control del proceso. El extremo de maltrato de la administración a los ciudadanos es cuando se producen dos circunstancias. La primera es aquella en la que no se da cita directamente desde el Centro de Salud y el paciente tiene que esperar a que se le llame. La ADSP-RM ha comprobado que esto ocurre en el 33,8% de todos los procesos de citación realizados desde atención primaria. La otra circunstancia es más grave ya que en 10 especialidades, la agenda está cerrada: se informa a los ciudadanos que “vuelvan otro día para ver si ya se ha abierto”. Ambas situaciones se dan con más prevalencia en las áreas donde las listas de espera son más elevadas, sobre todo Mar Menor y Lorca.

Estas anomalías además de un maltrato a los ciudadanos quitan toda credibilidad a los ya malos datos oficiales. En conjunto, hay tiempos de espera no contabilizados (los días que tarda el ciudadano en ser llamado y los días que tarda la agenda en abrirse) en casi el 40% de las primeras citas de la Región.

Es claro que en la Región de Murcia las listas de espera están señalando un enorme fracaso de los gestores y políticos responsables del adecuado funcionamiento del sistema público de salud. Y no es falta de inversión; es mala gestión. Como señaló el economista de la Universidad de Murcia, Profesor Fernando Sánchez en su conferencia en el acto convocado por ADSP-RM, en la Región gastamos 2,3 puntos más de PIB en sanidad que la media del estado. Sin embargo, como vemos, tenemos listas de espera con más demoras, más opacas, más inequitativas y peor gestionadas. En las Áreas de Salud del Mar Menor y Lorca se podría hablar de un verdadero colapso del sistema.

Se necesitan reformas urgentes que vayan mucho más allá de los carísimos e inefectivos planes de choque. En el Informe de la ADSP-RM hacemos algunas propuestas: transparencia, equidad, acceso, participación y eficiencia.

Desde luego, alguien tendría que asumir responsabilidades políticas por este (repetido) gran fiasco

14 de Marzo del 2017

Propuestas iniciales de la Asociación Galega para la Defensa da Sanidade Pública para la ampliación de Montecelo

Desde la Asociación para la Defensa da Sanidade Pública y la Plataforma SOS Sanidade de Pontevedra y las organizaciones, que llevamos más de 15 años exigiendo  la creación de un Hospital Único ampliando Montecelo, frente a los intentos de construir un nuevo hospital en Montecarrasco de financiación y gestión privada.

Exigimos participar en la planificación del proyecto dado que hemos  demostrando nuestra responsabilidad con el sistema apostando por la ampliación de un hospital en lugar de levantar un nuevo edificio con los gastos que esto supondría para las arcas públicas en un momento de crisis económica. 

Consideramos que esta participación, para que no sea un fraude populista, debe ir acompañada de las siguientes condiciones:

   1.- Debe llevarse a cabo con la máxima trasparencia lo que supone que las organizaciones sociales y profesionales interesadas deben acceder a toda la información sobre la situación de salud, problemas prevalentes, principales causas de mortalidad y enfermedad, recursos disponibles, servicios, camas, personal, equipamiento y actividad asistencial de cada centro. Sin esta condición es imposible que podamos fundamentar las propuestas de servicios y recursos, de acuerdo a las necesidades  y problemas de salud del área.

   2.- La participación debe darse en todas las fases del proceso, para lo que las organizaciones sociales y profesionales (Xunta Personal, Plataforma SOS Sanidade Pública y Ayuntamientos del Área) deberán estar presentes en las reuniones decisorias del proyecto

      ·         Proyecto de Incidencia Supramunicipal: Terrenos, accesos, acometidas de servicios, reserva de espacio para futuras ampliaciones

      ·         El Plan Funcional, basado en los problemas y necesidades más prevalente,  debe definir la dotación de servicios y recursos a instalar en el Centro.

      ·         Proyecto Arquitectónico que debe basarse en las propuestas del Plan Funcional y estar recogido en el Contrato de Licitación de la obra. El control de su ejecución debe realizarse directamente por los Servicios de la Consellería de Sanidad, sin delegar esta función en ninguna empresa privada.

   3.- Debe establecerse el tiempo de las obras de ampliación

   4.- El parking deberá ser público y de acceso gratuito para la población y trabajadores del Hospital

   5.- Es esencial garantizar el carácter público del Hospital Único lo que supone:

      ·         La financiación pública del proyecto, incluyéndolo en el capítulo de inversiones de los prepuestos de la Xunta de Galicia

      ·         La gestión única y pública del centro que incluya tanto de la parte asistencial como de los servicios complementarios: Alimentación, mantenimiento, limpieza, energía, etc.

  6.- Definir las funciones, recursos e equipamiento del Hospital del Salnes

  7.- De manera complementaria a la ampliación de Montecelo para contar con  el Hospital Único es necesario definir las necesidades de Servicios de Atención Primaria en el área:

Nuevos centros y nuevas plazas a crear  para garantizar la accesibilidad de la ciudadanía, acabar con la masificación de los cupos y consultas y los retrasos en la atención de pacientes (que superan en muchos casos la semana de espera).  

      ·         Supresión de la Gerencia Integrada que supedita la AP a la gerencia del hospital  y recuperar la Gerencia de Atención Primaria.

   8.- El edificio del Hospital Provincial deberá ser de uso sanitario para ubicar los servicios sanitarios que necesita el área:

     ·         Centro de Salud, Urgencias Extrahospitalarias, Unidad de Cuidados Paliativos, Consultas externas, Consultas de Alta Resolución,  Saúde da Muller (Planificación Familiar, Consulta de enfermaría: Preparación ao parto), Estilos de vida (obesidad, tabaquismo…),  Drogodependencias e Saúde mental,  Rehabilitación y Fisioterapia ambulatoria, Salud Laboral, Hospitalización a Domicilio (HADO), Radiología y  Laboratorio básicos. Hospital de día: Médico-Oncología, quirúrgica y  Psiquiatría. Unidad de diálisis. Administración/Recursos Humanos, Áreas de descanso, Salón de actos, Salas de Reuniones (relación AP-AE)

     ·         Deberá contar con parking gratuito para usuarios y trabajadores, a construir en los terrenos que actualmente ocupa el anexo que deberá derruirse.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

10 de Marzo del 2017


La cortina de humo del Consejero Baltar

Una de cal y otra de arena, así se está anunciando la política sanitaria del gobierno minoritario de la CC del Sr. Clavijo y de su consejero estrella del ramo José Manuel Baltar. Primero nos dicen que dispondrán de la concertación "a discreción", sin temblarles el pulso, ante los escandalosos resultados de la famosa auditoría de listas de espera (que ahora de modo absolutamente increíble achacan a un problema informático) y a continuación llaman a la "elaboración de un documento" en un plazo que se extiende, con la que está cayendo, nada más y nada menos que hasta el 15 de septiembre, para dar respuesta a los problemas sanitarios de Canarias.

Han bastado dos escasos meses para que el nuevo Consejero de Sanidad se transmutara de "consumado gestor", como nos lo presentó el Presidente Clavijo, en político al uso, salto que ha dado con la formulación de una propuesta para un "proceso de reflexión con partidos, sindicatos, profesionales de la salud y organizaciones ciudadanas para definir las necesidades sanitarias" apostando por tocar la fibra populista pura y dura.

En definitiva la típica cortina de humo que se levanta cuando no se sabe qué hacer y al parecer ni siquiera cuales son las necesidades de salud y atención sanitaria de nuestra población, cosa que podría resolver en una semana basándose en la Iniciativa Legislativa Popular por la salud y la defensa de la sanidad pública canaria, avalada por más de 25.000 firmas y presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2010, así como en el recientemente aprobado Plan de Salud de Canarias, ambos mejorables pero ya útiles para abordar la problemática señalada.

Por tanto, Sr. Baltar, no estamos ante propuestas constructivas ni a corto ni a largo plazo, son tan solo estrategias  que lo único que pretenden es por un lado crear coartadas para aumentar la política de conciertos y por otro lavar su cara y la del gobierno ya que está claro lo que necesita la Sanidad Canaria, se lo han dicho los diversos partidos del Parlamento, se necesita financiación y gestión cosa que contrasta con algunos nombramientos que ha hecho siguiendo la línea del clientelismo partidista, habitual por estos lares, en lugar de apostar por la gestión responsable.

Frente a una situación de emergencia pone usted el horizonte en los presupuestos de 2018 y afirma que "no cuenta con ficha financiera ni con límites económicos, aunque reconoce que la consejería de Hacienda será quien establezca hasta dónde puede llegar". Sr. Baltar, ¿nos toma por idiotas? Está usted vendiendo aire con un gobierno que hace dogma de fe insalvable del recorte de los servicios públicos.

Sr. Consejero, si reconoce que hace falta financiación es usted el que la tiene que pedir al gobierno, tenemos la impresión de que no se atreve a decir que el gobierno no le da lo que la gestión necesita. En definitiva, usted está tejiendo una madeja para seguir igual o peor que como estamos,  porque hasta el 15 de septiembre ¿qué va a ocurrir con las listas de espera, con las urgencias, etc., en una palabra, con la Salud de la población canaria?. Sr. Consejero, hable claro.

Hay un clamor popular en la ciudadanía, en los profesionales sanitarios, en las fuerzas políticas y sindicales que señalan insistentemente las deficiencias y precariedades, aportando soluciones que pasan por financiación y gestión eficaz, ¿no eran esas sus cartas de presentación?. Ya está bien de engaños, de verdades a medias que según dicen son las mayores mentiras.

Sr. Consejero no se oculte tras una cortina de humo, los problemas están claros y las soluciones también aunque comprendemos que es mucho pedir por nuestra parte teniendo usted como referencias a CC y a la patronal de la sanidad privada. Reconociendo su inteligencia, aunque usted no parezca actuar a la recíproca,  opinamos que debería seguir el ejemplo de sabiduría que dio aquel recién nombrado dirigente de la sanidad canaria que tardó apenas unos días en dimitir cuando las consignas de turno le dejaron claro lo que había.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 9 de marzo de 2017

Recuperar y universalizar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad de los pacientes

Respecto a las informaciones recientemente publicadas en medios de Castellón sobre la saturación de los Servicios de diálisis hospitalarios públicos, ACDESA-PV quiere manifestar que son el reflejo de una deficiencia que afecta a todo el País Valenciano y son fruto de la privatización perpetrada de estos servicios hace más de 20 años.

1. En los últimos años ha existido un incremento de pacientes que necesitan iniciar diálisis. Según los últimos datos del Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana (CV) en el 2015 comenzaron a tratarse 675 pacientes, el 73% con hemodiálisis, y las cifras de prevalencia indican que hay algo más de 6500 pacientes en tratamiento sustitutivo renal; la mitad en hemodiálisis, un 43% trasplantados y un 7% en diálisis peritoneal. Este aumento del número de pacientes que necesitan diálisis supone que la CV se sitúa a la cola de España en pacientes trasplantados según el registro de la Sociedad Española de Nefrología.

2. La enfermedad renal es un problema de Salud Pública que afecta a un 10% de la población general y consume el 3% del gasto sanitario total, la mayor parte del cual es debido al elevado coste del tratamiento sustitutivo renal (TSR) con diálisis o trasplante. Se calcula que el coste del TSR es seis veces mayor que el de un paciente con VIH o que multiplica por veinticuatro el de un enfermo de EPOC.

3. Dada la complejidad de los pacientes en hemodiálisis, no entendemos que no se dote de más recursos de nefrología (secciones o servicios de nefrología y unidades de diálisis) a todos los hospitales públicos y se prefiera contratar con centros privados. Recuperar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad ante cualquier complicación de los enfermos, evitaría el desplazamiento innecesario de pacientes entre la privada y la pública, a la vez que un número significativo de ingresos hospitalarios y garantizaría una mayor calidad asistencial de los pacientes Consideramos pues que la reversión de la diálisis a la sanidad pública supone una medida eficiente para optimizar los recursos sanitarios.

4. La atención nefrológica para los pacientes en la CV no es universal. De hecho hay 4 departamentos donde está completamente ausente; Vinaroz en Castellón, Arnau de Vilanova y Requena en Valencia, y San Juan en Alicante. Además, si analizamos la disponibilidad de hemodiálisis a nivel de hospitales públicos la falta de equidad aumenta. Así pues, a los departamentos anteriormente mencionados, se sumarían La Plana en Castellón, Sagunto en Valencia y Orihuela en Alicante. Este hecho, junto con la falta de inversión en los centros públicos, provoca que en la actualidad sólo el 20 % de enfermos en hemodiálisis reciben tratamiento en un centro público, mientras que la gran mayoría, el 80%, es atendido en centros privados.

Desde ACDESA-PV proponemos:

-       La finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis

-       Que la Conselleria dote adecuadamente los centros públicos para hacerse cargo cuanto antes de esta actividad que redundará en beneficio de los pacientes y de la población general

La enfermedad no debe ser un negocio. Los valiosos recursos sanitarios deben de utilizarse en medidas costo-efectivas dirigidas a hacer perdurar la atención de calidad a los pacientes nefrológicos.

Valencia a 6 de marzo de 2017

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