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La crisis de la atención primaria y propuestas estratégicas para afrontarla

 
     

La política de recortes presupuestarios y de personal para cumplir con el déficit del gasto público y el desgaste de un modelo con más de 30 años ha conducido a una situación de crisis de la Atención Primaria que tiene repercusión en el acceso de la población a unos servicios primarios de calidad por la escasez del tiempo de consulta y listas de espera para acceder a la atención y sobre las condiciones de trabajo del personal.

La rebelión de los trabajadores de los Centros de Salud de numerosas Comunidades Autónomas expresada por concentraciones, boicot a las decisiones de las administraciones o convocatorias de huelga, muestran que la situación de este nivel asistencial ha llegado al límite. Tras años de frustración y resignación profesional parece surgir un movimiento contestatario que pone en cuestión el actual sistema.

Esta situación vuelve a abrir una ventana de oportunidad que es necesario aprovechar si queremos cambiar la triste situación de una AP con un presupuestos absolutamente insuficientes(entre 10,9-14% según CCAA); escasez de personal resultado de los recortes de los últimos años; sometida a unos hospitales que controlan sus objetivos y actividades, les traslada la burocracia indeseable y la utilizan como barrera para al entrada de pacientes; con una limitada capacidad resolutiva por falta de equipamiento y de acceso limitado a pruebas diagnósticas avanzadas; con unos equipos enfrentados entre sí por unos roles mal definidos; y con un escaso prestigio social y profesional que le impide desempeñar su función de control del sistema.

Hay que aprovechar la crisis para poner en marcha un proceso de reforma del modeloy que la ponga en el ejedel sistema sanitario público con la misión de ordenar y coordinar los recursos y actividades de todo el sistema.

La AP es el nivel con capacidad para desarrollar las actividades de promoción y prevención (adelantándose el daño que supone la enfermedad); facilitar el acceso de la población al Sistema en condiciones de equidad; realizar la asignación racional y eficiente de los recursos (en base a  las necesidades de los pacientes); garantizar la continuidad a los cuidados de salud de las personas a lo largo de todas las etapas vitales; permitir la participación social en la planificación y control del sistema sanitario.  

Desde la FADSP proponemos una serie cambios organizativos y funcionales para hacer frente al deterioro y marginación de la Atención Primaria y ponerla en el sitio que le corresponde dentro del Sistema.

1.- Incrementar los recursos reequilibrando el reparto del presupuesto sanitario hasta alcanzar el 25% en cinco años e incrementar el personal médico hasta la relación de uno a uno con los hospitalarios. Asimismo, debe de incrementarse el profesional de enfermería de manera significativa para llegar a una ratio de 3 por 1000 habitantes. Antes que nada es necesario reponer todos los profesionales perdidos en la crisis, recuperar el personal que ha emigrado huyendo de la precariedad laboral y planificar más plazas de formación MIR en Medicina de Familia y Pediatría. No es aceptable incorporar personal facultativo sin formación especifica acreditada en Medicina Familiar y Comunitaria para garantizar la seguridad y la calidad de la atención.

2.- Restablecer las áreas sanitarias como espacio físico, poblacional y funcional donde planificar y asignar los recursos y coordinar la actividad de los dos niveles en función de las características y necesidades de las mismas: Los centros de salud deberán tener capacidad para gestionar sus recursos en función de sus necesidades y de la planificación del área, sometidas al control y evaluación de la población.

3.- Otorgar a la AP el poder de control de los procesos asistenciales para garantizar una atención de salud integral e integrada. Los especialistas hospitalarios deberán estar al servicio de la atención primaria en lugar de como sucede ahora en la que los hospitales controlan las derivaciones, la utilizan para controlar los flujos de pacientes. Es necesario acabar con la delegación de las actividades burocráticas a los centros de salud (informes, recetas, traslados en ambulancia, etc.). Como contrapartida los servicios hospitalarios se librarán de atender pacientes y patologías que no precisen atención hospitalaria, asumida por una AP bien dimensionada de personal y recursos diagnósticos.   

4.- Reconducir las actividades de prevención secundaria del sistema que debería abandonar los screening poblacionales para detectar tempranamente las enfermedades prevalentes, sustituyéndolas por la búsqueda de casos en función de los factores de riesgo detectados por los profesionales de AP en su actividad habitual.

5.- Garantizar la calidad asistencial: Incrementar las plantillas en función de las características epidemiológicas y del grado de dispersión de la población de cada centro para acabar con la masificación de las consultas hasta alcanzar una media de diez minutos por consulta.

6.- Promover la racionalidad de las decisiones clínicas: Elaborar protocolos y programas de manera consensuada con los servicios hospitalarios. Estos deberán estar basados en pruebas científicamente comprobadas.

7.- Dotar de nuevos recursos a los Centros de Salud y reorientar la actividad y roles de los profesionales de los equipos para afrontar la nueva realidad epidemiológicaasociada al envejecimiento y al aumento de la cronicidad.

8.- Potenciar y mejorar en sus aspectos clínicos y comunitarios: Crear cátedras de AP en todas las universidades a cargo de especialistas de familia; reequilibrar las rotaciones de los MIR incrementado el tiempo de formación en los centros de salud y rotaciones en las escuelas de salud publica (que deberían estar coordinadas con los servicios de atención primaria).  

9.- Reorientar las actividades de los Centros Docentes a la promoción y la atención comunitaria, (hasta ahora hegemonizada por la atención clínica). Las actividades docentes deberían reevaluarse de manera periódica por la Comisión Nacional de la especialidad para garantizar la calidad de la docencia y su orientación comunitaria. Es necesario mejorar la dotación de personal y el equipamiento de los centros docentes y la formación de los tutores.

9.- Incrementar la capacidad resolutiva de los centros de salud: Mas personal, más tiempo de consulta y suprimir las trabas de acceso a pruebas diagnosticas y recursos tecnológicos. 

10.- Fomentar la atención domiciliaria para el control y seguimiento de los enfermos crónicos, una labor en la que el papel de la enfermería es fundamental.

11.- Potenciar las actividades investigadoras en los centros de salud: Los centros de salud deberán disponer de un presupuesto específico para investigación. La organización de las actividades de los centros deberá garantizar un tiempo disponible para realizar esta actividad y los centros contar con el apoyo técnico (estadístico, metodológicos, de salud pública…). Hacer obligatoria esta actividad en todos los centros

12.- Promover el trabajo en equipo, asignando unos roles que garanticen el uso racional y eficiente y la atención integral de salud.

Para intentar poner en marcha esta estrategia es necesario articular una nueva alianza de todas las fuerzas y organizaciones interesadas en cambiar la Atención Primaria, para alcanzar el nivel de fuerza necesario que obligue a las administraciones a negociar y a poner en marcha un nuevo plan para mejorarla.

Cuidado con los titulares: ¿Atención primaria versus salud mental?

Fecha de Publicacion : 09/02/2019
Fuente :https://lacronicadesalamanca.com/230390-cuidado-con-los-titulares-atencion-primaria-versus-salud-mental/
Autor: Esperanza González Marín. Asoc. para la Defensa de la Sanidad Pública
 
      Últimamente detectamos titulares de prensa que nos producen cierto recelo. Hace unas semanas fue el del Consejo de Colegios de Médicos sobre “la problemática feminización de la medicina” y hace unos días, en un periódico médico digital ha sido el de “La reforma de la Atención primaria frena el nuevo plan de Salud Mental”. Tras leerlo da la impresión de que hay que escoger entre la inversión en una o en otra, cuando para conseguir un funcionamiento correcto de los Planes de Salud Mental, y de su aplicación, es imprescindible que la Atención Primaria disponga de recursos suficientes para poder abordar las funciones que le marca la legislación. Sabemos que la Atención primaria es la puerta de entrada a la atención en Salud Mental pero no está de más que recordemos el Real Decreto 1030/2006 (por cierto, anterior a la famosa crisis que siempre ponemos como excusa para la inacción) en el que se marcan las funciones de la misma: “La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social”. Y continúa describiendo su cartera de servicios en materia de Salud Mental:
 
  • “Actividades de prevención, promoción, consejo y apoyo para el mantenimiento de la salud mental en las distintas etapas del ciclo vital”.
  • “Detección de psicopatologías de la infancia y adolescencia”…y “derivación, en su caso, al servicio especializado correspondiente”.
  • “Detección de trastornos mentales, del comportamiento y reagudizaciones, en su caso, su derivación a los servicios de salud mental”.
  • “Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, por ansiedad y depresivos, con derivación a los servicios de salud mental en caso de quedar superada la capacidad de resolución del nivel de atención primaria”.
  • “Seguimiento, de forma coordinada con los servicios de salud mental y servicios sociales, de las personas con trastorno mental grave y prolongado”.

    Evidentemente, si las condiciones en que se desarrolla la Atención Primaria permitieran cumplir las normas legislativas citadas y asumir las funciones asignadas, el nivel especializado sería más eficaz y eficiente. Por ello creemos que hay que tener cuidado con estos titulares que dan la sensación de enfrentamiento entre niveles de atención y no desviarnos del la lucha por conseguir una Atención Primaria de Calidad.

La derecha tricéfala andaluza quiere cargarse la subasta de medicamentos

Fecha de Publicacion : 01/02/2019
Fuente :https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/andalucia-subasta-de-medicamentos/20190201164543159736.html
Autor: Lola Martínez Ruiz, José Antonio Brieva Romero, Manuel Torres Tortosa, Antonio Vergara de Campos, Médica y Médicos, ADSP Andalucía, Marea Blanca Gaditana 
 
La eliminación de la subasta de medicamentos únicamente beneficiará a corporaciones y distribuidoras farmacéuticas.

Una de las cuestiones fundamentales de los partidos políticos mayoritarios, desde hace algunos años y de forma progresiva, es el asesoramiento en cuestiones de comunicación externa, o lo que es lo mismo, el marketing, como si se tratara de un artículo de mercado que necesita una publicidad, aunque sea engañosa como es habitual. En ese sentido, los asesores nos tratan como si no existiera la historia o los antecedentes. Parece como si siempre empezáramos de cero: un ejemplo es considerar un prejuicio opinar sobre las políticas que el nuevo gobierno andaluz va a desarrollar de forma más o menos subliminal, como si no conociéramos las decisiones que han tomado en las Comunidades Autónomas donde han gobernado con mayoría absoluta, es decir, donde han hecho todo lo que han deseado. Lo dramático es que esas estrategias publicitarias ¡funcionan!, parece como si estuviésemos anestesiados socialmente.

Una de las decisiones que el gobierno “tricéfalo” ha anunciado es la suspensión de la subasta de medicamentos. Existe una corriente de opinión pública, procurada y alentada desde varios sectores (todos ellos con intereses corporativos o comerciales) que ha convencido a una parte de la población de que las marcas comerciales de los medicamentos son mejores que los genéricos. Se basan en la opinión subjetiva de algunos pacientes, no en razones científicas. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía siempre ha defendido que lo fundamental de una medicina es su principio activo.

Vamos a recordar la historia que precedió a la subasta de medicamentos. Érase una vez en que los médicos tenían la “libertad” de prescribir los nombres comerciales de los medicamentos en lugar de prescribir un genérico que contenga el mismo principio activo y que esté avalado y controlado por una Agencia de Medicamentos que asegure su efectividad. La industria farmacéutica, buscando exclusivamente que su producto se venda lo más posible, acudía a toda la batería de procedimientos a su alcance (campañas en los medios de comunicación, utilización de referentes nacionales o internacionales, en muchos casos “debidamente incentivados”), para promocionar sus medicamentos, es decir, usando fórmulas de incentivos de muy diversos tipos al personal médico.

Después de diez años, los laboratorios que han comercializado un determinado medicamento, pierden su derecho de patente sobre el mismo y pueden fabricarse genéricos, con idéntico principio activo pero sin el sobrecoste de “la marca” (que llega a un 40% del coste final). Por ello, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incentivó el uso de los genéricos (que era muy bajo) sobre las marcas comerciales, hecho que nosotros apoyamos porque suponía un ahorro importante para los presupuestos sanitarios.

Esta decisión derivó en que entonces eran las farmacias las que decidían cuál genérico dispensaban (existían varios en cada caso). Ante esto, la industria farmacéutica modificó su estrategia y decidió trabajar con los farmacéuticos y con las grandes distribuidoras de medicamentos y otra vez se origina una pugna inconveniente.

Por ello, la Consejería de Salud tomó otra decisión política (que la ADSP volvió a apoyar), como fue que los genéricos que se iban a dispensar en Andalucía se decidieran mediante una subasta pública. De esta manera el que ganaba la pugna era el que podía ofertar igual calidad al menor precio. Resultado final, el ahorro de más de doscientos millones de euros cada año. Hay que tener en cuenta que el gasto en farmacia es un gran apartado del gasto de la sanidad pública. La sostenibilidad de la sanidad pública exige una eficiencia en el gasto, y la disminución del coste en medicamentos (es el mayor del mundo) ayuda al mantenimiento de nuestro magnífico Sistema Sanitario Público.

Los enemigos de esta subasta de medicamentos argumentan que los productos finales son de dudosa eficacia, intentando transmitir que no hacen efectos terapéuticos por no ser válidos. Sugerir esto es muy grave porque sería tanto como afirmar que las dolencias de los pacientes estarían descontroladas. No hay ningún estudio ni evidencia científica que muestre datos a favor de esta afirmación. Si así fuera, l@s profesionales nos habríamos encontrado con descompensaciones masivas en pacientes con enfermedades infecciosas, hipertensos, diabéticos, etc. No ha sido así, si hubiera ocurrido, se habrían protagonizado denuncias masivas. El paciente es el centro del sistema y la ADSP y la Marea Blanca Gaditana se lo cree.

Otra cuestión distinta es que cualquier iniciativa, como ocurre con la subasta de medicamentos, hay que acreditarla (Agencia Nacional de Medicamentos), revisarla, auditarla y adecuarla en todo momento. Su eliminación automática, como propone el nuevo gobierno de la triple derecha andaluza, no sólo va a encarecer el precio de la farmacia, sino que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones y distribuidoras farmacéuticas. Cabe pues preguntarse si existe algún interés particular en el mencionado gobierno en tomar tan costosa medida.

Auguramos tiempos de reivindicación. Consideramos que las personas y organizaciones que defendemos la sanidad pública, que defendemos lo público, debemos trabajar de forma coordinada y enérgica. Unas de las funciones debe ser la de informar a la ciudadanía, con un vocabulario entendible para la población general, evitando tecnicismos o debates corporativos que confundan más que ayuden. Esto es lo que hemos pretendido en esta tribuna. Nos estamos jugando cuestiones fundamentales como es la Salud y la supervivencia del Sistema Sanitario Público que ha conseguido el prestigio mundial que tiene.

El colapso de las urgencias en Madrid es el resultado de la política del PP

Fecha de Publicacion : 16/01/2019
Fuente : https://www.actasanitaria.com/el-colapso-de-las-urgencias-en-madrid-es-el-resultado-de-la-politica-del-pp/
Autor: Marciano Sanchez Bayle
 

Las urgencias de los hospitales madrileños vuelven a estar saturadas ofreciendo un espectáculo deshumanizado e incompatible con una atención sanitaria digna y de calidad y, como suele suceder en estos casos, los responsables sanitarios se desentienden de un problema que en gran parte han creado ellos.

¿Por qué se produce esta saturación de las urgencias en Madrid?. Las causas, por supuesto, son múltiples, pero las más importantes de ellas son responsabilidad de la política de recortes y privatizaciones que ha protagonizado la Consejería de Sanidad, y que se podrían concretar en:

  • Disminución continuada de las camas hospitalarias de la región (3,17/1000 habitantes frente a 3,30 del conjunto de las CCAA y 5,5 en la UE) y que siguen disminuyendo (197 camas menos en 2017…). Además con un porcentaje menor de camas funcionantes que el promedio del país (87,73% versus 89,88%) y, por supuesto, menor en los centros públicos que en los privados (85,62 versus 91,17%), lo que hace que, en los momentos de mayor demanda, los enfermos que deben ser ingresados permanezcan retenidos en urgencias en condiciones inapropiadas. (Conviene recordar que la Comunidad de Madrid abrió 11 hospitales nuevos con un endeudamiento desmesurado y disminuyendo las camas hospitalarias, un Record Guinnes mundial).
  • Insuficiencia de camas de media y larga estancia (0,15 camas/1000 habitantes en Madrid frente a 0,35 en España y 1,1 en la UE), situación que no se ha paliado pese a las reiteradas promesas (por ejemplo, hace dos años que se prometió convertir el antiguo hospital de Puerta de Hierro en un centro de media y larga estancia sin que se haya hecho nada al respecto). Esta situación produce bloqueos de camas en los hospitales que deberían estar disponibles para ingresos de casos agudos.
  • Privatización en aumento, lo que deteriora los presupuestos de los centros públicos y aumenta los costes de la atención sanitaria tal y como ha señalado la Cámara de Cuentas. (Aunque el presupuesto sanitario de atención especializada crece en la Comunidad de Madrid, este crecimiento va dirigido a los centros privatizados y los centros de gestión tradicional sufren recorte tras recorte).
  • Realización de obras en varios centros hospitalarios públicos que han disminuido aún más el número de camas utilizables; obras que se han iniciado en octubre de este año, en lugar de abril/mayo que es cuando empieza a descender la demanda hospitalaria. (Es bien conocido que el verano es el momento ideal para las obras en los centros sanitarios). Probablemente para que la Consejería pudiera realizar las inauguraciones antes del inicio de la campaña electoral.
  • Desmantelamiento de la Atención Primaria, que se concreta en una continuada disminución presupuestaria, ya que ha pasado del 12,67% del presupuesto sanitario de la Comunidad en 2010 al 10,71% previsto para 2019. Lógicamente el resultado es un aumento del número de TSI por profesional sanitario, colocándose a la cabeza de todas las CCAA, y consecuentemente un aumento de las demoras en las citas de AP que pueden alcanzar fácilmente una semana, ó 10 y más días. Obviamente, en los aumentos de demanda asistencial (la temporada de invierno), la gran presión desborda la capacidad de la AP y los usuarios se quedan con acudir a urgencias como la única alternativa de atención sanitaria pública.
  • Inactividad ante los problemas de contaminación medioambiental de la región por parte del gobierno de la Comunidad, siendo conocido que los incrementos de contaminación coinciden con aumentos de la demanda de atención sanitaria.

Todo ello ha provocado un aumento de las urgencias hospitalarias de la región (un 24,67% entre 2010 y 2016 frente al 13,65% del conjunto de las CCAA), que además sufren también los recortes de personal que han repercutido en todos los centros públicos de la región.

En resumen, estamos ante el resultado de una gestión incompetente de la Consejería de Sanidad, sólo preocupada en privatizar y deteriorar la Sanidad Pública, y ante el vergonzoso espectáculo (un año mas) de culpar a la climatología y a los virus de lo que sólo es el resultado de una política sanitaria empeñada en recortar, deteriorar, privatizar y desmantelar la Sanidad Pública. Como acaba de verse, ya ni siquiera en el PP creen en la capacidad de los actuales responsables de la Comunidad de hacerse cargo de la gestión.

Falacias del nuevo gobierno andaluz en materia sanitaria

Fecha de Publicacion : 24/01/2019
Fuente : https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/incompatibilidad/20190124172012159523.html
Autor: Lola Martínez Ruiz, José Antonio Brieva Romero, Manuel Torres Tortosa y Antonio Vergara de Campos. Médicos. ADSP Andalucía. Marea Blanca gaditana
 

El nuevo Ejecutivo de la derecha pretende acabar con el complemento de exclusividad para el personal médico que trabaja de forma exclusiva en el sector público.

Existen características en el discurso de algunos políticos que debemos conocer para estar atentos y que no nos manipulen. Una de ellas es la de convertir un grave problema social en un problema semántico: el último ejemplo es violencia de género y violencia doméstica. Otra son las fake news, es decir, las mentiras organizadas profesionalmente. No hay que menospreciarlas porque se utilizan incluso para intervenir en elecciones “democráticas”. Por último, están las falacias intencionadas, es decir, las medias verdades que pueden convencer a personas predispuestas a la “creencia automática”, sin mucha comprobación. De este concepto queremos escribir.

La media verdad es “a igual trabajo debe existir igual sueldo”. Es un ejemplo de falacia intencionada. Nos referimos a una de las decisiones políticas que el nuevo gobierno andaluz ha anunciado que tomará de forma inmediata. Acabar con el complemento de exclusividad para el personal médico que trabaja de forma exclusiva en el sector público y no lo compatibilizan con el trabajo privado en el mismo territorio, mediante extender este incentivo a todos los profesionales, incluidos aquellos que trabajan también en la sanidad privada.

Esa media verdad puede asumirse sin análisis alguno y punto. Pero con un breve esfuerzo analítico para encontrar la verdad completa, nos preguntamos: ¿se puede trabajar a pleno rendimiento con dos jornadas laborales diarias? ¿Existe un riesgo de que en una de esas jornadas se trabaje con menor intensidad para así reservarse para la siguiente? ¿Existe el riesgo de que sea la jornada de trabajo en la pública la de menor compromiso? ¿Existe el riesgo de perversiones en esta dinámica aprovechando el sector público como reclutamiento de pacientes para la actividad privada? ¿Existe el riesgo de parasitismo, es decir, utilizar la pública para los análisis, las exploraciones complementarias y las medicaciones necesarias en la práctica privada? ¿Y dado que hay pacientes y personal médico que comparten ambos sistemas existe el riesgo de que el profesional privado pueda adelantar en las listas de espera públicas a su paciente privado? Si la respuestas a estas interrogantes fueran afirmativas, lo último sería ¿Por qué tenemos que asumir dichos riesgos? ¿Los asumen las entidades privadas? ¿Se puede trabajar en dos entidades privadas? ¿Pueden los trabajadores de Coca Cola trabajar en Pepsi Cola? Somos conscientes y conocemos compañeros que hacen un trabajo compartido de forma honesta, pero no hay dudas de que existen conflictos de intereses y un alto porcentaje de probabilidades de perversiones. Las conocemos en la historia real, no es una opinión.

Recordamos algunos otros argumentos para estar a favor de trabajar en la sanidad pública y en la privada. Si no lo permitimos, los profesionales más prestigiosos o mejor formados se marcharán a la privada. Nada más incierto. Desde la llegada del Sistema Formativo de Especialistas Médicos (MIR) a través de años de Residencia, no hay grandes diferencias en la formación profesional. Todos sabemos que el sistema MIR es la joya de la corona para el prestigio que la sanidad pública tiene mundialmente; es notorio y la maldita hemeroteca nos recuerda que, quienes ahora quieren universalizar el complemento de exclusividad, son los mismos que se oponían al sistema MIR. Es mucho más importante preservar la actitud de la base trabajadora del Sistema Sanitario Público y la creación de auténticos defensores del mismo expresada con su práctica clínica diaria. Para generar esta vinculación profunda y cargada de moral y justicia social, es imprescindible la trayectoria exclusiva en algunos de estos dos sectores. La privada conoce bien esta estrategia, desde que comienzas a trabajar saben cómo transmitir que su empresa es lo mejor de lo mejor y además lo hacen sin debate ni conflicto alguno. Por cierto, la mayoría del personal médico de la sanidad privada ha sido formados en el sistema MIR pagado con el dinero de todos. ¿Devuelve de alguna forma la sanidad privada al resto de los españoles este inmenso beneficio?

Por todos estos motivos y por muchos más, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía reivindica desde hace más de 35 años las incompatibilidades absolutas para los profesionales sanitarios en su actividad laboral en los sectores públicos y privados. Todos los gobiernos socialistas andaluces nos han entendido siempre pero no han sido valientes y se han quedado en generar un incentivo a la exclusividad, incentivo que el nuevo gobierno de derechas quiere extender a los que comparten actividad. Es obvio que la incompatibilidad es una decisión contestada agresivamente desde el corporativismo y han preferido dejarlo “en un cajón” de forma indefinida. Tenemos experiencias personales de hablar con militantes socialistas que han tenido altas responsabilidades en la sanidad pública andaluza, que nos criticaban por exigir la incompatibilidad público/privada mientras tenían dichos cargos y que tras “licenciarse” nos han reconocido que tenemos toda la razón. No es éste el único tema en el que el PSOE se ha equivocado. Las Mareas Blancas Andaluzas hemos tratado sin éxito de transmitírselos.

Confiamos en que con el nuevo escenario hagamos una honrada reflexión sobre la idoneidad de lo que planteamos para defender la sanidad pública, junto con un discurso público, con la aplicación de todas las decisiones políticas que vayan en ese sentido. El discurso político de la derecha también dice pretender la defensa de la sanidad pública, aunque después la privatizan, lo cual es otra burda falacia porque el objetivo fundamental es el beneficio empresarial. Las experiencias recientes de estos hechos en las Comunidades Autónomas gobernadas con mayoría absoluta por el Partido Popular han tenido resultados desastrosos. Para la ciudadanía, en general, es complicado controlar a los gobiernos que han elegido con su voto particular. Los profesionales sanitarios tampoco estudian estos procesos, por falta de cultura política o por interés directo en compatibilizar aunque existan perversiones.

Que no te engañen. El debate no es el complemento de exclusividad sino la aplicación inmediata de la incompatibilidad en el sector sanitario para ejercer en el ámbito público o privado. Esperamos la confluencia de las personas que honradamente defienden lo público. Las desigualdades sociales y su impacto grave sobre la Salud son insoportables.


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