La formación de todas las licenciaturas de Ciencias para la Salud no hacen honor a su nombre. En los periodos pregrados se centran en la enfermedad, estudian el origen de las patologías (patogénesis), las causas que las desencadenan, los métodos necesarios para su diagnóstico y las diversas opciones terapéuticas. Deberían denominarse Ciencias para la Enfermedad.

En los postgrados se insiste en la misma estrategia general. Todos los programas docentes de Formación Especializada en cualquier materia profundizan en la lucha contra la enfermedad ya establecida y minimizan los conceptos de Salud. El desarrollo profesional en la inmensa mayoría de casos es más de lo mismo. Por ello la especialidad de Salud Pública es poco valorada y casi desconocida incluso en el seno de los centros sanitarios.

Con estas estrategias docentes los profesionales sanitarios están sólo formados para tratar enfermedades, obviando cuestiones tan importantes como preservar la salud para no enfermar para lo que es imprescindible recibir formación en Prevención Primaria, para disminuir la incidencia de enfermedades, en Prevención Secundaria, para evitar recidivas y Rehabilitación para que la enfermedad no condicione una vida de baja calidad. La prevención y la rehabilitación disminuyen el gasto sanitario por evitar ingresos hospitalarios y gasto en medicamentos, demostrado en múltiples estudios científicos. Por esos motivos, las multinacionales farmaceúticas se oponen a estas materias y presionan para que no se divulguen estos estudios y estos conceptos.

Porque resulta que la Salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino el disfrute pleno de bienestar físico, psíquico y social. Este concepto no es nada nuevo, lleva decenios proclamado, lo que ocurre es que los responsables sanitarios públicos no se enteran o al menos no aplican políticas con estas estrategias. Esta definición obliga a la aceptación de que una persona para considerarse sana no sólo no debe presentar síntomas de enfermedad física ni psíquica sino que existen determinantes sociales a tener muy en cuenta. A estas alturas existe un aluvión de evidencias científicas (en muchas ocasiones ocultadas por las Administraciones públicas) que demuestran que las condiciones laborales, la precariedad, el paro, la educación, la vivienda, los hábitos de vida, las adicciones, el medio ambiente, la soledad forzada por la discapacidad,  etc, condicionan el estado de salud hasta el punto de reducir la esperanza de vida. Es decir, las desigualdades sociales matan.

La ciudadanía también confunde la Salud con la atención a la enfermedad y piensa cuando se les habla de vida saludable que se trata de cuestiones relacionadas con lo sanitario. La realidad es que en la Salud de la población, los sistemas de atención sanitaria intervienen sólo en un 25%, el resto depende de los determinantes sociales.

Los servicios públicos básicos son moduladores para el bienestar de los sectores de población más desfavorecidos. Para una persona que se encuentre en situación de desamparo social y laboral, si tiene asegurada de forma gratuita la Sanidad pública, la Educación pública y la Protección Social pública, la dignidad de las condiciones de vida aumentan de forma importante. Estos derechos básicos deben estar incluidos de forma obligada en los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos deben ser el origen económico necesario (deben pagar más los que más tienen porque si no es así estafamos a los currantes).

Aprovechando la crisis financiera, los partidos neoliberales y las multinacionales que los gobiernan decidieron, hace más de una década, recortar brutalmente la financiación de estos servicios públicos básicos. Estas políticas de austeridad antisocial han conseguido lo que estaba previsto. España es el segundo país europeo en el que más han aumentado las desigualdades sociales y la pobreza. Los ricos son cada vez más y cada vez más ricos y los pobres son cada vez más y cada vez más pobres. El objetivo final será acabar con las clases medias, volver al medievo.

En este escenario sombrío existe una posibilidad histórica que hay que aprovechar para combatir la dinámica de pérdida de derechos. Los denominados ayuntamientos del cambio deben ser los impulsores de Planes Locales de Salud y conseguir mediantes acciones políticas, generar culturas saludables en nuestras ciudades, que deben ser proyectos participativos sin limitación alguna. La ciudadanía gestionando su Salud junto a las instituciones. Es la única forma de asegurar que todas las decisiones que se tomen desde los municipios (y ojalá en todas las demás instituciones públicas) tengan la característica de la equidad, es decir, que termine favoreciendo por igual a todos los sectores de la población.

La Salud es un derecho, es un derecho humano básico, es un derecho social que tiene que proteger y garantizar de forma obligada el Estado y todas las organizaciones públicas. Para eso les pagamos, para proveer las necesidades y equilibrar las desigualdades sociales. Ninguna entidad privada puede resolver estos conflictos porque ni les interesa ni suponen un negocio lucrativo. Se trata de derechos no de mercadeo.

EL DIAGNÓSTICO

Vino el paciente a consultar por unos síntomas antiguos que, por no haber sido resueltos, se habían tornado problemáticos. Aquejaba un modelo de Atención Primaria enfermo e ineficiente. A la exploración física, destacaba la existencia de dos subsistemas diferenciados. En el número 1 tenemos profesionales que prestan servicios de consulta ordinaria; la Atención Primaria como la venimos conociendo.

En la mayor parte de los casos (salvo en algunas zonas urbanas) también hacen guardias (tres, cuatro o cinco al mes): soportan cargas horarias abultadas y ganan salarios abultados. Estos profesionales tienen, en general, gran pericia y experiencia, porque tienen una edad, pero precisamente eso hace que no sea fácil soportar la jornada ordinaria con la gran presión asistencial del medio urbano (40-50 pacientes al día) y los grandes desplazamientos del rural, sumados a las duras guardias con sus duras noches e indeseables festivos. A cambio, tienen respetados algunos derechos laborales básicos.

Se da la circunstancia de que este (sub)sistema no está bien engrasado. No hay suficientes profesionales en esta categoría ni se apuesta de manera adecuada por este modelo de atención, que es el corazón de la Atención Primaria. No se cuida la longitudinalidad (que sea un mismo profesional el que atienda a un cupo fijo de pacientes) ni se tienen las condiciones adecuadas (tiempo, acceso a distintos recursos, en ocasiones, medios materiales) para proporcionar una atención integral. Los profesionales hacen milagros y heroicidades en estas circunstancias.

Como el mundo número 1 no funciona bien, se produce un flujo interminable hacia las Urgencias de Atención Primaria. La escasa educación sanitaria a los pacientes que se promueve desde la Administración, en el contexto de la promesa absurda y electoralista de una eterna Atención Continuada, hace el resto. Paradójicamente, este modelo a salto de mata no es bueno ni para los pacientes (mayor iatrogenia y descontrol) ni para los profesionales ni para la Administración.

Consecuentemente, hay que conformar un auténtico ejército de profesionales y de recursos que vienen a alumbrar el mundo número 2.

Este segundo mundo, por ser ineficiente, es carísimo. Pero se han inventado una solución para sostenerlo: el médic@ y enfermer@ de área. Profesionales en general más jóvenes, que trabajan casi cada día en un sitio, con pacientes diferentes y nuevos cada vez, guardias y consultas, noches, fines de semana y festivos, abarcando áreas geográficas extensas por donde los pueden mover a capricho, en ocasiones sin tener un calendario con el que programar una vida, disponibles en todo momento por si surge una incidencia en el mundo número 1, sin posibilidad de conciliación familiar, trabajando un mínimo de 140 horas mensuales a precio de saldo, sin formar parte orgánica de los equipos ni de sus decisiones, comiéndose los restos que deja el mundo número 1 y siendo vulnerados en sus derechos laborales más básicos.

La Administración sigue emperrada en este modelo (convoca plazas en esta exclusiva categoría) y, a la vez, abre una mesa redonda porque siente que la viabilidad del modelo amenaza quiebra. En el contexto, tenemos la jubilación masiva que está por venir, la dispersión geográfica de los pacientes y la desastrosa e inexistente planificación en Recursos Humanos, que provoca que los profesionales prefieran huir despavoridos a otros escenarios laborales, antes que tener que engrosar las filas del ejército número 2.

Sólo hay una cosa común a los profesionales del mundo número 1 y número 2, en la que todos coinciden y que nadie discute: todo el mundo está quemado y descontento.

EL TRATAMIENTO 

No hay que inventar la rueda. La mayor parte de comunidades autónomas ya han transitado al modelo nuevo de Atención Primaria. Consiste en crear una Atención Primaria fuerte, accesible y capaz, dedicada a la consulta ordinaria y a cupos fijos de pacientes. Los profesionales tendrán dedicación completa a esta tarea, sin guardias. Sus incidencias y ausencias serán cubiertas por sustitutos; se estudiará proporcionarles una cierta estabilidad en alguna de sus formas. De esta manera, las consultas urgentes de pacientes bien controlados (y educados sanitariamente en el uso de recursos) serán reducidas a casi la mera anécdota. Un equipo de profesionales con sueldos y condiciones dignas se dedicará en exclusiva a prestar asistencia urgente en los puntos, ya no de Atención Continuada, sino de Urgencias de Atención Primaria.

De este modo, los profesionales se homogeneizarán en salarios, condiciones laborales y derechos. El adecuado control de los pacientes racionalizará por sí mismo la demanda, que será absorbida por los profesionales que hay, trabajando en estas nuevas condiciones. Probablemente este nuevo modelo no demande tantos profesionales ni recursos, lo que será adecuado en este escenario de relativa escasez. La remoción de los obstáculos antes mencionados ayudará a que las entradas compensen las pérdidas (jubilaciones) y se allane el camino para (a)traer a más efectivos si son necesarios.

En esta atmósfera de respeto laboral, el mercado de trabajo y la ley de la oferta y la demanda (aquí lo permitiremos) será capaz de asignar eficientemente a los profesionales más jóvenes a las plazas de más difícil cobertura (rurales). Es preferible aceptar esta prerrogativa del mercado en este punto que promover incentivos profesionales que lesionan la equidad, tan típicos de los modelos de mercado. No harán falta. Asimismo, esta circunstancia, y no otras, y sobre todo, ninguna más que esa, servirá para colmar las ansias de meritocracia (o de ajuste de cuentas) de la generación mayor con la joven. Se canalizará así el conflicto intergeneracional entre profesionales y, de rebote, se beneficiarán los intereses globales del sistema. Se terminará de esta manera con un sistema dual donde los intereses de una generación aplastan a los de otra.

Conclusión: todos contentos o, al menos, relativamente contentos.

Sólo había que reparar en la abrumadora evidencia que respalda a la Atención Primaria en los sistemas sanitarios públicos, en resultados en salud y en racionalización de costes.

Muchas cosas han cambiado en la medicina en los últimos 50 años. Estos cambios provienen de los avances en la ciencia médica y social, y han producido claras mejoras en la práctica clínica. Por un lado está la creación de extensas bases de datos científicos de fácil acceso y la aplicación de técnicas efectivas de evaluación de nuevas aportaciones al diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades (medicina basada en la evidencia). Al mismo tiempo, el incremento del conocimiento de los procesos que condicionan la pérdida de la salud ha conducido a una lógica distribución en la toma decisiones clínicas entre diferentes agentes sanitarios. Esto ha hecho necesario que se creen formas nuevas de colaboración inter-especialistas, inter-especialidades e inter-niveles profesionales para una correcta toma de decisiones, con la consiguiente aplicación de formas organizativas nuevas. Además, la evaluación de los costes de las decisiones clínicas y salubristas ha introducido el concepto de eficiencia. Así, la medicina actual tiende a aplicar la mejor ciencia médica existente, en un marco organizativo adecuado y al menor coste posible. En muchos ámbitos a esto se le ha llamado Gestión Clínica (GC) y, para su correcta puesta en práctica, dado que representa un cambio adaptativo sobre la situación anterior, se han acordado algunos requisitos como necesarios. Estos incluyen la participación voluntaria de los profesionales sanitarios en el proceso de cambio, la existencia de un liderazgo admitido en los centros sanitarios y áreas funcionales, el trabajo en equipo y por objetivos consensuados, la creación de bases de datos clínicos y económicos transparentes, la evaluación de resultados contrastables en términos de bienestar para los pacientes y el control de la eficiencia. Este enfoque tiene como objetivo central el bienestar y la salud de las personas. La implantación de estos nuevos conceptos es compleja y su aplicación correcta es, en la actualidad, un auténtico reto para los sistemas de salud públicos (SSP). De hecho, dentro de nuestros SSPs, sólo los profesionales y servicios más avanzados son los que están aplicando los postulados de la GC.

En los últimos 0-15 años, el gobierno de Andalucía ha implantado un nuevo sistema organizativo en el SSP andaluz (SSPA), mediante el cual todo los profesionales sanitarios del sistema están adscritos a alguna de las más de mil unidades de gestión clínica (UGC) creadas en este periodo. La filosofía que la Consejería de Salud (CS) propuso al principio de este proceso era la de profundizar en la aplicación de la GC de calidad, mediante la adscripción voluntaria de los profesionales a unidades dirigidas por líderes asistenciales contrastados, a las que se les posibilitaría su trabajo según los parámetros definidos en la GC, con niveles crecientes de autonomía administrativa e incluso económica. Esta propuesta generó ilusión y esperanza en sectores de los profesionales sanitarios que, voluntariamente, se adhirieron al proyecto.

No obstante, un análisis ponderado de la evolución del sistema de las UGC andaluzas revela que, en su desarrollo, se han producido un gran número de desviaciones y perversiones, que invalidan en su mayor parte la idea inicial y que están llevando a la sanidad andaluza a un claro deterioro.

PERVERSIONES DEL SISTEMA

1) Selección aberrante de cargos directivos de centros y unidades. La CS ha generado en este tiempo un marco normativo, en gran medida i- o a-legal, de selección de directores, mediante el que controla la elección final de dichos cargos (los Gerentes pueden elegir a la mayor parte del tribunal de selección). Esto da lugar a que, con mucha frecuencia, en la elección primen criterios de fidelidad a la CS sobre los de calidad organizativa y profesional. Este sistema de selección ha sido ampliamente usado para desplazar directores poco afines o resistentes ante la aplicación de recortes, y sustituirlos por directores más dóciles. Hay que decir que, a pesar de las presiones ejercidas desde la CS sobre los agentes sociales y representativos de los profesionales, las UGC y su forma de selección de cargos siguen sin estar legalizadas. Esta situación genera una profunda inseguridad jurídica de los profesionales y, por tanto, de la población.

2) Los objetivos a cumplir por las UGC no se consensuan con los profesionales. La función por objetivos de las UGC se fija anualmente mediante Contrato Programa o Acuerdo de Gestión promulgados por la CS. Las UGC no tienen capacidad real para promover, consensuar o discutir estos objetivos, Los objetivos, con frecuencia, van esencialmente destinados a reducir y controlar el gasto, más que a mejorar la asistencia. Esta intención predominante va encubierta en un fárrago de objetivos burocráticos o incluso retóricos.

3) Arbitrariedad en la aplicación del incentivo de productividad y carrera profesional. La aplicación actual del incentivo de productividad persigue premiar la fidelidad a la CS y sus sistema de UGC (obligatorio pertenecer a una UGC para percibirlo), y a sus propuestas de recortes más que al esfuerzo en la mejora real de la aplicación de la ciencia médica al bienestar de pacientes y población. Por otra parte, la asignación diferencial del mismo es frecuentemente errática, y generadora de malestar entre los profesionales. Obviamente, además, estos incentivos han servido de mecanismo de presión sobre los profesionales, siendo su cuantía mayor para los adeptos y menor, o incluso inexistentes, para los menos complacientes con el sistema, o para los resistentes a imponer los recortes. El incentivo de carrera profesional adolece de parecidos defectos. Además, para evaluar estos incentivos, así como para la acreditación de centros y unidades, hay que usar una serie de tediosas aplicaciones informáticas penosamente burocratizadas, que incorporan gran cantidad elementos de adoctrinamiento sobre las propuestas de la CS. Estas aplicaciones son gestionadas desde un conjunto de fundaciones y agencias creadas por la CS (Progreso y Salud, IAVANTE, ACSA, AETSA, EASP, etc), con actividades en muchos casos hurtadas a la función pública, cuya selección de cargos y costes son altamente opacos.

4) UGC y contratos laborales “basura” a los profesionales sanitarios. Pretender implantar fórmulas de organización e incentivación profesional adicionales supuestamente “avanzadas” como productividad, carrera profesional o acreditación de unidades manteniendo a muchos profesionales sanitarios con contratos laborales degradantes, resulta cuando menos absurdo, además de inútil. Esos contratos deben ser acordes con el nivel de formación, titulación y grado de responsabilidad en su trabajo de los profesionales. Esto es condición imprescindible -aunque no única- para mantener equipos profesionales motivados por su trabajo e incentivados para mejorar su rendimiento. Los efectos de lo contrario son desoladores. Una expresión de ello es el hecho de la ausencia de plantilla de especialidades concretas en centros sanitarios distintos a las capitales de provincia.

5) Las UGC no tienen mayor autonomía que los sistemas anteriores. Una de las mayores promesas sobre las UGC era la de que los profesionales podrían disponer de autonomía creciente. Sin embargo, tras años de funcionamiento se puede afirmar que las UGC no proporcionan mayor autonomía que las estructuras organizativas anteriores. Esto sin duda se debe a la dificultad de ceder autonomía sin ceder riesgo, un problema que ya había sido avanzado por los expertos como un impedimento real al desarrollo de las UGC. Esta dificultad, junto a otras, ha causado el abandono de la implantación de las UGC en las demás CC AA.

6) Falta de transparencia del sistema de las UGC. Las UGC no han promovido el desarrollo de bases de datos clínicos o económicos contrastables, ni ha fomentado los análisis de resultados en términos de bienestar de los pacientes y de la población. De hecho, la CS huye de la comparación de datos clínicos, de recursos  o económicos entre UGC del mismo tipo, con el objeto de eludir realidades que le pudieran llevar a compensar UGC deficientemente dotadas.

7) Las UGC andaluzas son un experimento sin evaluación. Toda experiencia nueva debe ser evaluada para testar su bondad. Además, como ya se ha expresado, el sistema de las UGC andaluzas permanece sin legalizar y es infrecuente (el único en España), lo que debiera haber llevado a sus promotores a verificar su beneficio. Pues bien, se puede afirmar que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que este sistema es mejor que otros anteriores.

8) Las UGC y las desigualdades e inequidad en la distribución de recursos sanitarios, húmanos y técnicos. Las UGC no han servido para mitigar la falta de equidad en Andalucía. Así, muchas zonas poblacionales mantienen, en comparación con otras, deficiencias sanitarias graves no justificables. La dotación en infraestructuras sanitarias debe estar basada en criterios rigurosos de análisis poblacionales y geográficos.

9) Los recortes económicos y las UGC. El desarrollo de las UGC en gran medida ha coincidido temporalmente con la aplicación de los intensos recortes en los presupuestos sanitarios que la CS aplica desde 2010 y que persisten en la actualidad. Así, los recortes del gasto sanitario público andaluz (2010-2018) pueden cifrarse en 8000 millones de € (teniendo en cuenta la variación del IPC). Es bien conocido que Andalucía lleva varios años siendo la CC AA que menos invierte (euros per cápita) en sanidad pública. Esto ha significado pérdidas de plantillas, recursos técnicos, etc. con un impacto indudable sobre la población (listas de espera, urgencias, etc.). La crisis económica ha sido utilizada como coartada con mucha frecuencia para no respetar las plantillas de las unidades asistenciales ante excedencias, jubilaciones, etc con el consiguiente deterioro asistencial. La interacción e inter-dependencia entre instauración de las UGC y la aplicación de los recortes es obvia.

En resumen, el sistema de las UGC ideado por la CS de Andalucía está sin legalizar, es infrecuente (no existe nada similar) y su eficacia no ha sido demostrada. Aunque su idea inicial fue la de fomentar la GC, su implementación ha producido lo contrario, ya que el desarrollo de las UGC contradice la mayoría de las propiedades requeridas para el buen funcionamiento de la GC (voluntariedad, liderazgo, transparencia, autonomía, trabajo por objetivos consensuados, transparencia, mejora del bienestar de la población, etc.). El resultado real ha sido la implantación de un sistema coercitivo basado en una aberrante selección de muchos de los cargos directivos del sistema y el uso sesgado de los incentivos económicos. En nuestra opinión, ésta estrategia ha servido para reforzar la hegemonía de la CS y el sometimiento de los profesionales sanitarios, lo que ha permitido aplicar intensos recortes presupuestarios sin excesiva resistencia.

MEDIDAS

Llegados a este punto nos parece importante exponer las medidas necesarias para corregir la grave situación de deterioro de la sanidad pública andaluza.

1) Recuperar un presupuesto adecuado para el SSPA y restituir las pérdidas habidas.  

2) Aplicar un plan urgente para la disminución rápida de las listas de espera sin externalizaciones.

3) Reponer los recursos humanos y técnicos perdidos y propiciar su distribución con equidad territorial.

4) Sustituir la dirección gerencialista-economicista de los centros actuales por otra profesionalizada, para la que la aplicación real de la GC (trabajo por objetivos consensuados, etc.) y el bienestar de los pacientes y la población sean el valor esencial. Gerente económico-administrativo sometido al Director Asistencial.

5) Acordar entre CS y profesionales un sistema organizativo legal que acabe con la inseguridad jurídica.

6) Acabar con los contratos laborales precarios de profesionales sanitarios.

7) Seleccionar a los cargos directivos de los centros y unidades funcionales por méritos profesionales y no por otros motivos.

8) Revisar, simplificar y re-orientar las aplicaciones informáticas farragosas, adoctrinadoras y consumidoras de tiempo que actualmente se usan para carrera profesional, productividad y acreditaciones. Revisar la utilidad y función de las agencias y fundaciones que las gestionan.

9) Acordar entre CS y profesionales la aplicación de los incentivos (productividad y carrera profesional).

10) En definitiva, devolver a los trabajadores del SSPA el orgullo por su profesionalidad, moral de trabajo y compromiso social.

Somos conscientes de que conseguir estos objetivos sólo será posible con el convencimiento y la posición firme de los profesionales sanitarios.

La Comunidad de Madrid acaba de presentar su proyecto de presupuesto para 2019 y los ha vendido como un gran avance y unos presupuestos históricos, lo son si se tiene en cuenta solo la cantidad total que se destinada a Sanidad, 8.106,05 millones euros, aunque es cierto que esta partida crece menos que el conjunto del presupuesto de la Comunidad (3% versus 3,8%).

Por supuesto es uno de los mayores presupuestos autonómicos. La Comunidad de Madrid es también una de las CCAA con mayor población. Pero si analizamos el presupuesto por habitante y año, lo que permite hacer comparaciones reales, vemos que se sitúa en 1.236 euros, muy por debajo de los 1.403 euros de promedio de las CCAA en 2018 y por supuesto otra vez a la cola de los presupuestos sanitarios del país (el año pasado fuimos la penúltima) porque es previsible que las demás CCAA realicen aumentos mas significativos. Es decir, ni de lejos vamos a acercarnos a los presupuestos sanitarios del promedio de las CCAA, no digamos a las que tienen mayor financiación, con lo que la insuficiencia global está garantizada.

En el mismo sentido abona el hecho de que se presupuesta para 2019 menos dinero del que se conoce se gastó en 2017 (8.159,7 millones euros) y por supuesto mucho menos de lo previsto que se gaste en 2018 que rondara los 8.400 millones euros.

La segunda cuestión a tener en cuenta es que el presupuesto farmacéutico está infradotado (probablemente en este aspecto donde se produzca una mayor desviación de gasto). En 2017 según la web del Ministerio de Hacienda se gastaron en recetas 1.264,6 millones euros y se presupuesta para 2019 1.110,69, cuando se sabe que en el año 2018 se lleva un aumento continuado del gasto (3,2% en agosto de 2018) asimismo en farmacia hospitalaria se presupuestan 1.053 millones euros, un 0,32% de aumento sobre 2018 mientras que en la realidad el aumento es significativamente mayor (7,1% en agosto). De nuevo el crecimiento del gasto farmacéutico hace imposibles los presupuestos y se comerá todo el incremento presupuestario.

Además, se continúa descapitalizando la Atención Primaria que tiene un aumento del 1,91% total (incluyendo el gasto por recetas), pero que si excluimos este se coloca en el 10,71% del presupuesto sanitario, el mas bajo de la serie histórica (el 12,67% en 2010 y el 11,63% en 2016), en una comunidad que tiene el presupuesto de AP más bajo respecto al conjunto del país (14,49% en 2010 y 13,52% en 2016).

El presupuesto que más crece, aparte del de farmacia, es el de hospitales, pero es un crecimiento falso porque la parte del león se volverá a dirigir a los hospitales de gestión privada y a los conciertos como ya ha demostrado la Cámara de Cuentas,  a costa del deterioro de los de gestión tradicional, y se mantiene el denominado Plan Integral de Listas de Espera que solo es un mecanismo más para fomentar la privatización, con escaso éxito concreto si se observa la evolución de las mismas.

Por otro lado, la Salud Pública sigue marginada (1,2% del presupuesto total) como lo están la Planificación, Investigación y Formación (0,20% para las tres).

Cabe también señalar que el afamado Plan de Infraestructuras que tanta propaganda ha generado se queda en 137,10 millones para hospitales (tan lejos de los 1.000 millones de los que se alardeo) y 24 millones para Atención primaria, es decir casi nada para resolver los serios problemas que en este aspecto tiene la red sanitaria de la Comunidad.

En fin, mucha propaganda y poca realidad en una Comunidad cuyos presupuestos apuestan claramente por seguir desfinanciando la Sanidad Pública a la vez que se continúa con el proceso de privatización.