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La seguridad del paciente y "el pago por resultados" de Farmaindustria

La industria farmacéutica española quiere probar los fármacos en el SNS y cobrar únicamente por los que aporten valor, en lo que denomina “Pago por Resultados”.

Para ello pretende introducirse en los Servicios hospitalarios y en la Atención primaria de salud, acceder a todos los datos sanitarios de los pacientes tratados con determinado fármaco innovador, y comprobar su utilidad.

Farmaindustria exige “avanzar en la transformación digital del SNS” y disponer de herramientas informáticas para lograr sus objetivos, las mismas herramientas que han sido negadas año tras año a los profesionales del Sistema Público, que no pueden ni tan siquiera identificar y notificar posibles efectos adversos de los nuevos fármacos y tecnologías, antes de que estos afecten a un mayor número de pacientes

Ante esta situación deberiamos de reflexionar sobre sus posibles consecuencias.

¿Que puede ganar Farmaindustria?:

Colocarse en una posición estratégica dentro del SNS, blindando su futuro y sus ganancias

Introducirse en los centros sanitarios, con lo que supone de proximidad con los profesionales y los pacientes, y “el roce hace el cariño”

Incrementar la presión sobre los directivos y profesionales menos sumisos

- El acceso directo a los datos de los pacientes

Disponer de un Sistema universal a su disposición para ensayar sus productos y venderlos posteriormente a otros países a nivel mundial

Publicitar, patentar y vender al sistema (a precios escandalosos) los que aporten valor según los resultados de las investigaciones controladas por los propios laboratorios que los comercializan

Desechar los que se muestran ineficaces y ocultar sus efectos adversos, en base a la propiedad intelectual, que la industria considera “uno de sus activos intangibles más importantes”

¿Que podría perder el SNS?:

- Incrementar su dependencia de las multinacionales y sus consecuencias: conflictos de intereses y corrupción

- Incremento de la carga de enfermedad de la población, ya que el objetivo de Farmaindustria es patentar los fármacos que supongan mayores beneficios empresariales, para tratar antiguas y nuevas enfermedades cuyas causas nadie investiga, en línea con unas declaraciones recientes de la banca “Goldman Sachs” “la curación de las enfermedades no es un buen negocio para las empresas farmacéuticas ni para su cotización en bolsa”

Enfermedades provocadas por los propios fármacos son tratadas con nuevos y costosos tratamientos, en una cadena interminable de polimedicación y efectos adversos, que suponen una fuente interminable de beneficios empresariales

Mayor inseguridad para los pacientes, debido a que muchos efectos adversos de los nuevos fármacos no se manifiestan en las primeras fases de los ensayos clínicos sino cuando su uso se generaliza en los servicios de salud, un buen ejemplo es el reciente caso del Valsartan, del que se acaban de descubrir los efectos secundarios de su nueva forma de fabricación después de su uso generalizado. La solución no es, por lo tanto, rebajar el precio de los fármacos ineficaces o perjudiciales sino incrementar los controles para minimizar los perjuicios en la salud de los pacientes

- A esto se une la influencia de la industria en la docencia: La docencia en los servicios públicos de salud se está “desgajando” de las administraciones para pasar a ser controlada por agencias de gestión privada patrocinadas por Farmaindustria, lo que incrementará su influencia sobre los currículos de los profesionales y como consecuencia sobre el nombramiento de los directivos y las nuevas contrataciones de médicos y enfermeras en el SNS..

La recuperación del SNS debe ser un pilar estratégico del nuevo gobierno y de la nueva política. Las líneas no las deberían marcar las multinacionales farmacéuticas.

La Ministra de Sanidad puso la primera piedra en Alzira. Sigamos la senda que ella ha marcado, por un Sistema de Salud Público, con gestión y provisión mayoritariamente pública, a salvo de los intereses empresariales y del negocio sanitario.

Pago por resultados a los profesionales sanitarios

 
El recientemente nombrado por el nuevo Gobierno como presidente del comité de expertos para reformar y modernizar la Administración Pública, Jordi Sevilla (un buen representante de las puertas giratorias), ya ha advertido que “los funcionarios cobrarán por resultados” una propuesta que tiene serios riesgos en el caso de la atención sanitaria.
 
Hagamos un poco de historia, hace ya muchos años se impuso el pago por salario en los servidores públicos porque se asumía que ello permitía el que mantuviesen su independencia y que hicieran prevalecer en su actividad el interés general. Bernard Shawh, a principios del siglo XX, señaló que era sumamente peligroso pagar a los policías por detenciones realizadas, a los bomberos por fuegos apagados, a los militares por las guerras en las que participaban, y a los médicos por las intervenciones quirúrgicas que realizaban, porque ello suponía un claro incentivo a efectuar detenciones no justificadas, a provocar incendios y guerras y a favorecer intervenciones innecesarias, y que era preferible que estos y otros funcionarios tuvieran garantizadas unas retribuciones dignas, sin necesidad de sobreactuar, porque pagarles por actividad podía ser claramente lesivo para la sociedad.
 
En el caso de la asistencia sanitaria, además se añade una característica bien conocida, los profesionales somos quienes decidimos la mayoría de nuestras actuaciones, de manera que es muy fácil generar demandas innecesarias que no solo suponen más gasto, sino que pueden ser potencialmente dañinas para la población. Una manera de evitar que el salario fijo se convirtiera en un incentivo negativo, ya que podría favorecer actitudes de abulia y falta de compromiso, fue el establecimiento de modelos de capitación que permitían una cierta relación entre actividad y salario (se supone que un mayor numero de pacientes a atender supone una mayor carga asistencial, aunque no siempre es así).
 
El establecimiento de incentivos en el sistema sanitario tiene gran complejidad y como ya se ha señalado puede volverse contra el propio sistema porque incentivar la actividad favorece actuaciones inapropiadas y sobrediagnósticos e incentivar el ahorro puede provocar que estos se vuelvan contra los pacientes (por ejemplo no utilizando pruebas diagnosticas y/o tratamientos que están indicados).
 
De manera genérica podría decirse que lo mejor sería establecer incentivos ligados a los resultados en salud de la población que se atiende, pero esto tiene al menos 3 grandes problemas, el primero es que obliga a un costoso y complicado sistema de control de la efectividad de las actuaciones del sistema sanitario, no siempre claras; el segundo es que hay que ser conscientes de que la Sanidad solo es responsable de una parte limitada de las mejoras/empeoramientos de salud de las personas, se dice que alrededor del 20%, y el otro 80% no lo controlan los profesionales (por ejemplo poco pueden hacer los profesionales sanitarios para evitar los graves efectos de la contaminación ambiental, la pobreza, etc), y por fin que los efectos de las actuaciones sanitarias en la mayoría de las ocasiones de producen en el largo plazo por lo que resulta muy complicado evaluarlas en los tiempos limitados que impondrían su posible repercusión salarial. Por supuesto hay algunas cosas que se pueden hacer (un buen ejemplo es limitar el uso innecesario de radiaciones ionizantes o de medicamentos de eficacia no probada), pero son limitadas y por eso los incentivos también deben de serlo.
 
Conviene ser conscientes de que los incentivos pueden volverse contra los propios objetivos de quienes los propugnan. Enthoven, uno de los impulsores del mercado en los sistemas sanitarios e impulsor del pago por resultados en Sanidad, propuso en su momento un sistema para evaluar los progresos de USA en la guerra del Vietnam basado en la contabilidad de los enemigos muertos, de resultas de ello y como una vez muertos resultaba imposible distinguir a un “vietcong” de un pacifico habitante de Vietnam del Sur, se multiplicaron los asesinatos indiscriminados, y una medida pensada para favorecer que los norteamericanos ganaran la guerra se convirtió en el principal motor para la derrota, porque aglutino a la población contra los invasores USA, y porque aseguro al “vietcong” una fuente inagotable de efectivos, ya que si te iban a matar de todas maneras, mejor que fuera luchando por tu país.
 
No esta de más recordar quién es Jordi Sevilla que proviene de la consultora PWC y que en último libro 'Qué está pasando con tu sanidad' (2018), concluye que las empresas privadas del sector no están creciendo en España a costa de lo público. Desmiente, además, que se esté promoviendo la privatización de la sanidad y defiende en todo momento, la colaboración público-privada. A pesar de que se ha relacionado la bajada del gasto sanitario público con la subida del privado, los autores mantienen que no existe esta relación. Atribuyen el descenso del gasto público a los recortes sanitarios, pero insisten en que no se hicieron en beneficio de las empresas privadas. Apuntan que el gasto público dedicado a las actividades concertadas con el sector privado se ha mantenido estable.
 
Sevilla defiende la colaboración público-privada. “El riesgo para el sector público no es la colaboración público-privada, sino la falta de referencias externas y la endogamia que suelen acompañar a los monopolios, sean públicos o privados”, recuerda. El exministro alerta de que “tratar de sacar a las entidades lucrativas, o ponerles obstáculos que las coloquen en inferioridad de condiciones puede ser un notable empobrecimiento” del sistema sanitario.
 
Este es el personaje, claramente alineado con los planteamientos neoliberales. No parece el más adecuado para hacer propuestas para modernizar y reformar las Administraciones Públicas y menos aún la Sanidad Pública. Es obvio que hay muchas contradicciones dentro del partido del gobierno, pero no podemos ni debemos retroceder de una de las líneas positivas que parecían claras, como era la de detener las privatizaciones en la Sanidad Pública y recuperar lo privatizado.
 

LA DEGRADACIÓN DEL SISTEMA Mapa de la privatización sanitaria en Cataluña

La privatización de la atención sanitaria pública no responde solo a un cambio de titularidad de los recursos si no a la obtención de beneficio económico empresarial por la provisión de servicios. Las diferentes vías utilizadas en Cataluña, sistematizadas por Joan Benach* son las siguientes:

- Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado
- Estimular la segmentación del sistema público
- Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
- Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
- Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciendolo o infrautilizándolo
- Reforzar un sistema de salud mas individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospitalocentrismo y el exceso de protocolización
- Favorecer a través de la cultura mediàtica la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado
- En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras.

Legislaciones que favorecen la puesta en práctica del derecho privado

A partir de 1995 se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades con ánimo de lucro

Desde 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) definió el modelo sanitario catalán como un modelo mixto separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de Servicios configurándolo como la aseguradora pública y el agente comprador de los Servicios Sanitarios. Esta ley ofrece la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. La modificación de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer acuerdos, convenios, consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas.

Así, a partir de 1995, se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión en la sanidad pública, por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales privadas con ánimo de lucro. Su peso es pequeño ya que prestan atención primaria a poco más del 3% de la población catalana pero su papel es relevante porque constituyen el máximo nivel de autogestión ensayado en la sanidad pública española. Han obtenido buenos resultados de gestión, calidad asistencial y satisfacción de los pacientes en las zonas donde se implantó el modelo que coinciden en su mayoría con áreas de población con doble cobertura sanitaria por cotizar a una asseguradora privada. Las EBAs han acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, con remuneraciones que llegan a duplicar y triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y beneficios (más de 1,5 millones en total y hasta 304.000 euros en un caso) al vender sus acciones. Estos beneficiós crecieron incluso durante los recortes, calculados en casi 11 millones en los últimos años. Según dictamen de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública estas entidades no tienen naturaleza pública y no estan obligadas por la Ley de Transparencia a mostrar sus cuentas anuales auditadas aunque más del 80% de su actividad se retribuye con dinero público.

Los Consorcios son otro tipo de organización entre varias empresas de los que no existe un registro público donde se puedan consultar sus memorias y cuentas anuales. El presupuesto de los Consorcios Sanitarios donde la Generalitat tiene participación mayoritaria es aprobado por el Gobierno pero sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas las fiscaliza y emite el informe correspondiente que si es de acceso público aunque suele aparecer después de varios años.

EL POLÉMICO CONSORCIO HOSPITAL CLÍNICO

Barnaclínic es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas

Uno de los Consorcios que levanta mayor polémica es el Consorcio Hospital ClÍnico en él que se halla establecida BARNACLINIC empresa participada en 100% por capital público. Barnaclínic S.A es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas a cambio de un alquiler, ya sean camas, equipos de diagnóstico o tratamiento, quirófanos, UCI y recursos humanos. La polémica se levanta por lo difícil que resulta diferenciar si un determinado recurso se está utilizando para la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública o si una priorización es debida a un criterio clínico o no. Un informe de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo), refería que un 17,1% de las visitas privadas se realizaron en horas de trabajo del medico y si se excluyen las intervenciones urgentes también 6.8% se hicieron en horas de atención a pacientes públicos. El 44% de una muestra de pacientes tuvieron intervenciones, visitas, pruebas o tratamientos en el hospital con cargo al CatSalut en un período de tiempo inferior a 2 meses antes o después del proceso asistencial realizado en BARNACLÍNIC.

A las críticas de usuarios y vecinos se han añadido demandas por parte de la patronal del sector privado. La controversia sigue en pie en el camino de hallar la fórmula jurídica adecuada a la ley. Alguna vieja fórmula ya se ha aplicado en Cataluña desde antes de la transición en otros centros como el Hospital de San Pablo de Barcelona donde la Fundación Puigvert, atiende a los pacientes de la sanidad pública del área correspondiente a dicho hospital.

El debate sobre las fórmulas de gestión no dependientes de la administración se añade al debate sobre la autonomía de gestión en el campo de la capacidad de decidir autónomamente sobre la asignación interna de los recursos disponibles; aunque algunos opinan que puede aumentar la efectividad y la eficiencia también se ha constatado que junto a la autonomía de gestión ha ido paralelamente en aumento la opacidad y la falta de rendimiento de cuentas además de aumentos del déficit sustentado por los diferente proveedores que han generado vínculos de dependencia con entidades financieras

Tenemos un sistema público fragmentado

La mayor fragmentación se da en la atención hospitalaria. 57 hospitales integran el Sistema Integral de Salut (SISCAT) de los que los 8 pertenecientes al INSALUD durante la transición pasaron a ser gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Dependen de entidades locales públicas y privadas, consorcios y corporaciones religiosas que gestionan también en muchos casos la atencién primaria de su zona.

En atención primaria, el ICS gestiona el 77% de los 371 equipos. El 23% restante está gestionado por 36 entidades distintas (14 Consorcios Públicos, 7 Fundaciones, 12 EBA, 3 sociedades anónimas). Muchas de estas 37 entidades son proveedoras al mismo tiempo del SISCAT y sociosanitarios de la zona. Alrededor de 50 equipos de atención primaria (EAP) están gestionados por este tipo de entidades provocando su dependencia económica y funcional de las estructures hospitalarias mucho más potentes económicamente que marcan los flujos de la atención secundaria y que en su mayoría, prestan atención privada en sus centros hospitalarios.

Externalización y subcontratación de Servicios

Ya no se prevé integrar otros centros en el ICS al contrario, por ejemplo el programa de integración del Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) fué anulado. El IDI tiene hoy dia contratos, convenios y encargos de actividad con múltiples entidades que no son el ICS. Actualmente el 62,3% del gasto del Cat Salut se debe a la provisión de Servicios en forma de conciertos con diversas entidades públicas y privadas y un 37,7% a un contrato –programa con el ICS.

Bajo la idea de colaborar para coordinar múltiples aspectos del funcionamiento y necesidades de los Centros Asistenciales se creó en 1984 el Consorcio Hospitalario de Cataluña, hoy Consorcio de Salud y Social (CSSC) que ha desarrollado su actividad en el ámbito local y municipal. Hoy día este consorcio agrupa a 27 entidades de gobierno local y a 30 hospitales de agudos del SISCAT, 53 centros de atención primaria y 106 dispositivos de Salud Mental todos ellos entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que reciben por parte del CSSC servicios de alto valor añadido y colaboración en la definición del modelo, adaptándose a las nuevas situaciones de los centros sanitarios y de atención social del mundo municipal.

Como ejemplo de la función del CSSC algunas de estas entidades como el H de Sant Pau, H. Clínic, H. del Mar, Consorci Sanitari Integral y el Laboratorio de Referencia de Cataluña han elaborado junto al Ayuntamiento de Barcelona y organismos como la Agencia de Salud Pública de Barcelona una propuesta de “contratación pública socialmente responsable” en cumplimiento de la nueva Ley de contratación Pública de noviembre de 2017 que traspone al ordenamiento jurídico español dos de las 3 Directivas de Contratación de la Unión Europea: 2014/23/UE relativa a contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública. La propuesta insta a aplicar a los contratos no directamente asistenciales o de “batas azules” criterios de cláusulas sociales y ambientales. Si bien introducirán mejoras en las condiciones contractuales, no discriminación, fomento de la contratación de empresas de economía social, se afianza la externalización y fragmentación de la gestión de unos servicios cuyo costo en conjunto calculan en 64 millones de euros y que se reparten en 40% cocina, 38% limpieza, 9% Mantenimiento, 5% lavandería, 6% Seguridad y 1% transporte

El CSSC ha creado durante todos estos años un “holding” de empresas que han extendido sus actividades a prácticamente todas las áreas sanitarias: gestión, consultoría, ingeniería, compras, laboratorios. Este modelo ha sido el origen de algunos escándalos de corrupción. Es el mismo que se puso en practica en Reus creando el “holding” INNOVA de empresas de servicios sanitarios y otros por el que se sigue un proceso contra 3 personas uno de ellos Josep Prat (ex presidente del ICS) condenado ya al pago de 900.000 € de multa con una causa en la jurisdicción penal en la que le solicitan 10 años de cárcel. Por otro lado el presidente y director general del CSSC desde su creación hasta 2012, Ramón Bagó, fundador del potente grupo Sehrs, dedicado a hostelería también ha sido investigado en los últimos años. Su actuación en este consorcio en la adjudicación de contratos fue calificada por la fiscalía de “evidente situación de confluencia en su persona de intereses públicos y privados en claro conflicto, atendiendo a su posición”.

Políticas favorecedoras de sistemas privados

La idea de racionalización y aprovechamiento de los recursos ha conducido a que sea la misma empresa que gestiona el hospital comarcal la que gestiona los equipos de atención primaria de la zona que pierden autonomía y así establecen contratos de atención sanitaria con empresas privadas por el hecho de estar localizadas en el Área Integral de Salud correspondiente. Alguna entidad privada como Mutua de Tarrasa con larga tradición. Dos hospitales privados por ejemplo, uno de ellos con ánimo de lucro, reciben pacientes desde el Hospital Clínico de Barcelona por estar en su área. En otros centros la presión de las listas de espera obliga a la derivación de pacientes a hospitales privados o públicos de zonas mas lejanas como es el caso de pacientes del Valle de Aran que son derivados a Barcelona

La degradación del sistema público

Los recortes de 2011 cuando CIU puso de Consejero de Salud al Director de la patronal hospitalaria de Cataluña Boi Ruiz, debilitaron enormemente el sistema público y no se ha recuperado. Se estima que tras los recortes, la actividad del Hospital Clínico por ejemplo, se redujo un 16% lo que hace plausible que esta actividad haya sido asumida por otros centros de su área. La presión de las listas de espera de los grandes hospitales se ha utilizado remitiendo a los pacientes a la red de centros privados muchas veces sin corresponder al área integral de salud correspondiente. Por ejemplo pacientes del área metropolitana de Barcelona son derivados a centros privados del centro de la ciudad con desplazamientos costosos pero aceptados por la demora en ser programada la intervención o la prueba diagnóstica

El presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 millones en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.200, después de sucesivas rebajas. En cambio el grupo privado IDC pasó de recibir 71 millones en 2010 a recibir 127 en 2012. En 2013 la reducción del presupuesto de Atención Primaria respecto a 2010 fue del 22%. Aunque el Cat Salut ha mejorado ligeramente la asignación presupuestaria en los dos últimos años, siempre se ha primado la asistencia hospitalaria sobre la primaria. Actualmente reconoce que en atención primaria hacen falta 1.500 profesionales médicos.

La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido. El sistema sanitario público catalán debe enfrentarse al crecimiento de las aseguradoras privadas; 27% de los ciudadanos de Cataluña tiene un seguro privado. La disminución de un 15% del presupuesto sanitario público entre 2010 y 2014 ha repercutido en un aumento del 16% en los beneficios de las aseguradoras. La estadística de los Centros Hospitalarios de Cataluña que elabora el Departamento de Salut muestra también que durante estos años ha aumentado de manera notable el número de profesionales y las Inversiones en los centros hospitalarios privados mientras han disminuido en los del ICS hasta el inicio de una leve recuperación en los dos últimos años. Aún así las mejoras presupuestarias muestran un claro favoritismo por la atención hospitalaria. La situación precisa en la actualidad poner en el centro la acción de potenciar urgentemente la Atención Primaria para iniciar una reversión controlada del daño. Hasta ahora no se ha dado este paso.

¿Son tiempos de esperanza?

Fecha de Publicacion : 20/06/2018
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/son-tiempos-de-esperanza
Autor: www.adspsalamanca.org
 
Desde la ADSP, venimos denunciando repetidamente la pérdida de derechos que han supuesto, en materia de Sanidad, las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años y, sobre todo, la puesta en marcha del RD Ley de 20 de abril de 2012, que originó un cambio del modelo asistencial, acabando con la universalidad del sistema sanitario y vinculando el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento, haciendo necesario cotizar para recibir prestación sanitaria.
 
    Basándose en el mito de la mayor eficiencia de la gestión privada, también hemos sufrido la instauración de este tipo de gestión en algunos hospitales públicos. El primer centro puesto en marcha de acuerdo con este modelo fue el hospital de Alcira, que finalmente tuvo importantes sobrecostes.
 
    Con la llegada del nuevo Gobierno, observamos con esperanza que, en sus primeras declaraciones, la ministra de Sanidad se comprometió a trabajar para recuperar la atención sanitaria universal y acabar con las privatizaciones de los hospitales. Sin duda, algo que ya ha demostrado con hechos al terminar con la privatización del hospital de Alcira, recuperándolo para el sistema público.
 
    Nuestro optimismo aumenta cuando observamos que se ha incluido en el último Consejo de Ministros como una de las primeros medidas a tomar. Es nuestro deseo que esto solo sean los primeros pasos para poner las bases de una Sanidad pública de calidad; lo siguiente debería ser, como dice Rafael Bengoa, adaptarla a la actualidad y consolidarla para el futuro.
 
   Para ello, sin duda hay que recuperar los presupuestos anteriores a los años de crisis. Pero esto debe ir acompañado de una adecuada organización que permita una Sanidad pública mucho más eficiente. Apoyar y fomentar la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema; aumentar el número de plazas para sanitarios y estabilizar los puestos de trabajo a través de OPE y concursos de traslado regularizados; mejorar la comunicación de Primaria con Especializada mediante una historia clínica informatizada única; aumentar la participación del ciudadano, que debe dejar de ser un mero agente pasivo para pasar a participar activamente y responsabilizarse de su salud son medidas que, sin duda, deberán ir encaminadas a aumentar la calidad y productividad del Sistema Nacional de Salud.
 
   Queda un largo camino; hasta ahora nos movíamos en dirección opuesta, ahora parece que nos dirigimos en el sentido adecuado para consolidar una Sanidad pública universal y eficiente. Sin duda, esto es una puerta abierta a la esperanza, deseamos que sea posible hacerla realidad.

Es la educación

Fecha de Publicacion : 06/06/2018
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/es-la-educacion
Autor: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca (ADSP)

Parafraseando a Clinton, sí, con aquel “es la economía…”. Es la educación y es la formación. Me inclino por educación como idea fuerza por encontrarla más directa. El sistema sanitario es complejo, evidente. El sistema sanitario público presenta muchos problemas y muchas aristas mejorables, otra obviedad, claro.

 

Pero a la hora de dar respuestas a problemas organizativos complejos, a dilemas con fondo ético en muchas ocasiones, a conflictos donde subyacen intereses contrapuestos, nos encontramos muchas veces con soluciones simples o muy lineales.

Como se ha dicho, los problemas complejos tienen soluciones simples… que son equivocadas.

Estoy profundamente convencido que el valor sustancial del sistema público de salud son las personas que lo componen, sus profesionales. Más allá de eslóganes o posturas convencionales en lo políticamente correcto. Pero esto tiene sus luces y sus sombras.

Precisamente por ello, son los valores, la educación y la formación de estos profesionales los que pueden marcar el rumbo del sistema de salud. Por muchas decisiones macro que se adopten en el nivel superior de responsabilidad, si estas no están interiorizadas y no son aceptadas de forma convencida por la mayoría de los profesionales, no tendrán efecto práctico. No serán efectivas.

Es paradójico, por ejemplo, que en todo el proceso formativo de médicos y enfermeras no se aborden aspectos como la forma de organización del sistema de salud, donde trabajará la mayoría. O que tampoco se plantee, aunque sea básicamente, que la actividad sanitaria implica gestionar recursos, y hacerlo prudentemente.

O, más importante aún, que no se traten aspectos humanos, éticos y de conducta con las personas, una, diríamos, filosofía sanitaria. En una actividad donde el trato con la persona es esencial y, además, en momentos de gran fragilidad, parecería sensato formar a los futuros profesionales en estos valores: derechos, comunicación, responsabilidad de las decisiones, autonomía del paciente…

Y todo ello abundando en lo que debe ser la profesión médica, que a veces cura, pero muchas veces debe cuidar, consolar, acompañar y ayudar en todo lo posible al enfermo cuando no hay tal curación.

De desarrollarse estos valores desde la educación inicial, el sistema sanitario público sería más fuertemente defendido desde dentro. Los valores pueden cimentar más que las normas.


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