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Solidarios, públicos y con futuro
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Fuente : http://lacronicadesalamanca.com/205161-solidarios-publicos-y-con-futuro/
Autor: José MªCasado, ADSP Salamanca.
El sistema actual de pensiones es un ejemplo de la solidaridad intergeneracional. Los pensionistas de hoy, cotizaron durante su vida laboral a la caja común de reparto y pagaron las pensiones de la generación anterior (también los hospitales de la Seguridad Social hasta 1986), y ahora su pensión depende de los ahorros generados (inmuebles valorados en 70.000 millones, hucha de las pensiones) y de las cotizaciones de los trabajadores en activo.Hay problemas; por un lado de transparencia con la hucha que se ha vaciado (mala gestión, despilfarro, otros…); otro problema es la demografía, la inversión de la pirámide de población (cada vez hay menos activos y más pensionistas); y por último, el acoso de las empresas del sector de los seguros de vida que, desde sus tesis neoliberales de libre mercado, cuestionan los principios de protección y solidaridad entre los que cotizando más, perciben proporcionalmente menos.
La educación y la formación de calidad para todos es otro sistema imprescindible para lograr la cohesión social; parece que se va llegando a un pacto social en los contenidos aunque encallado en el escollo de la gestión-financiación, pública-privada.
Hay otro sistema transversal solidario intergeneracional: el sufrido y sufriente ecosistema que merece tema aparte, y que influye especialmente en la salud, y por tanto en el cuarto de los sistemas solidarios aludidos: la sanidad pública.
El sistema sanitario público español que hasta ahora ha demostrado su eficiencia respecto a otros sistemas similares logrando un alto grado de satisfacción y cohesión ciudadana, ha comenzado a plantear problemas en calidad (listas de espera) y sostenibilidad en los niveles hospitalario, formación e I+D, y atención primaria. Al crónico déficit presupuestario se le suman problemas laborales, de organización, liderazgo y sobre todo de
gestión; se buscan soluciones en alianzas externas con el sector privado que no han sido evaluadas y que detraen iniciativa y recursos al sector público, lo que parece más una parasitación consentida.
Preocupa especialmente la situación de caída libre de la Atención Primaria de salud que es el eje del exitoso sistema sanitario. ¿Será un propósito calculado? La escasez de médicos ha destapado los problemas enquistados de la AP que vienen siendo parcheados sucesivamente a falta de las reformas necesarias para adaptarse a los cambios.Hablamos de la reorganización del trabajo en equipo y de las funciones de los coordinadores, de un sistema informático poco operativo, de las autoevaluaciones y planes de mejora periódicos, de la revisión y adecuación de la cartera de servicios con especial atención a los crónicos y su
implicación socio sanitaria, de la revisión y adaptación del proceso de la urgencia y las guardias (cuyas libranzas postguardia están desestructurando la asistencia y la relación médico enfermo) y del resto de las funciones de los EAP como son la promoción, prevención y educación para la salud, formación, docencia e investigación, trabajos con la población, consejos de salud. Todo ha quedado supeditado al inmediatismo de atender a la demanda.
Trabajar por el futuro de estos sistemas sociales, mejorando lo presente, es el deber delegado a las Consejerías y a sus direcciones y gerencias. Nuestro derecho como ciudadanos solidarios es apoyar y defender estos sistemas públicos solidarios exigiendo que así lo hagan, porque es la equidad la que conduce a una sociedad del bienestar sostenible.
El rechazo a la eutanasia está basado en criterios religiosos y mercantiles
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Fuente : https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/laicismo-legalizareutanasia-suicidioasistido-cuidadospaliativos-muertedigna/20180526092321152328.html
Autor: Juan Antonio Salcedo Mata
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2000) ponía en evidencia que 3 de cada 4 españolas y españoles estaban de acuerdo con la eutanasia
Recientemente se aprobó la admisión a trámite de una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, del Parlamento de Cataluña con el fin de despenalizar la eutanasia. Este hecho ocurre después del rechazo de anteriores propuestas presentadas (Izquierda Unida y Unidos Podemos - En Común Podem - En Marea, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana) y coincide con el debate actual de una ley de dignidad al final de la vida de Ciudadanos y la presentación de otra proposición más amplia del PSOE que sí reconoce la ayuda a morir, los casos susceptibles y el procedimiento regulatorio, pendiente de calificación, y similar a las que fueron rechazadas anteriormente.
Conviene recordar que la población española parece estar a favor de la eutanasia: las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya en 1992, revelaba que un 78% de ciudadanos y ciudadanas estaban a favor de cuidados paliativos y un 66% se mostraba de acuerdo con que la ley permitiera a los médicos poner fin a la vida de un enfermo terminal que lo solicitase. Un 49% afirmaba estar de acuerdo con que esta decisión la pudiera tomar un familiar. Encuestas posteriores de la misma entidad, año 95, 2008 y 2009, un 62% se mantenían a favor del suicidio asistido, 7 de cada 10 se mostraban de acuerdo con la eutanasia respectivamente y el 73,6% a favor de la regulación respectivamente, de los cuales un 60% eran votantes del PP y un 90% de IU o PSOE. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2000) ponía en evidencia que 3 de cada 4 españolas y españoles estaban de acuerdo con la eutanasia.
Los y las profesionales de la medicina también están a favor de su regularización: el CIS de 2002 encontraba que un 41,5% opinaban que había que cambiar la ley a favor de la eutanasia y el suicidio asistido para enfermos terminales que lo soliciten, e incluso un 18,4% lo haría extensivo a no terminales con grandes sufrimientos físicos o psíquicos. En esta encuesta se afirma que el 80% de los médicos jamás ha recibido petición de eutanasia, y el 91,9 nunca ha recibido petición de ayuda al suicidio. Estas cifras son diferentes a las reflejadas por la OCU en el 2000: entre un 65% de médicos y 85% de enfermeras reconocían haber recibido petición de eutanasia o suicidio asistido; también, que un 21% de los médicos dice haber participado en su práctica.
Algunas instituciones como el Observatorio de Bioética y Derecho (2003), el Instituto Borja de Bioética (2005) y el Consejo Consultivo de Bioética de Cataluña (2006), se han manifestado en el sentido de legalizar estas cuestiones.
La eutanasia lleva tiempo legalizada en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de EEUU, Canadá, Colombia y Australia, y los resultados, consecuencia de la evaluación efectuada, han aportado elementos importantes para el debate y han contribuido a desmentir argumentos en contra como el de la “pendiente deslizante”, merced a la cual, estas prácticas se aplicarían a personas vulnerables. En todos estos casos se han puesto en marcha mecanismos de control que garantizan que no se produzcan abusos en su utilización.
La Ley General de Sanidad en 1986 ya reconoció el derecho del paciente a negarse a un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier intervención. Desde entonces, se han conseguido avances. En 1995 el nuevo Código Penal suaviza las penas por suicidio asistido y eutanasia (despenalización de la cooperación no necesaria o de complicidad); en 2001 se desarrolla el Plan Nacional de Cuidados Paliativos; en 2002 se promulga la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y a partir de 2010, las CC. AA., comienzan a elaborar y aprobar leyes sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, conocidas como leyes de muerte digna.
No obstante, ni los cuidados paliativos han contribuido a resolver todo el problema, ni las mal llamadas leyes de muerte digna tampoco. Los primeros, son deficitarios y a veces se encuentran en manos de instituciones confesionales que los administran de manera inadecuada y en todo caso están sujetos a criterios profesionales que pueden ser muy restrictivos (recuérdese el fallecimiento reciente de una mujer en Canarias a pesar de la existencia de una Ley autonómica sobre Muerte Digna), a pesar de lo cual algunos afirman, que unos cuidados paliativos de calidad, evitan las demandas, lo que se desmiente en casos como el de Ramón San Pedro y similares y por la opinión de los propios profesionales (84% según CIS 2002). Las segundas, a pesar de reafirmar la autonomía del paciente, no consiguen el cambio de cultura necesario para que la relación médico-paciente no sea paternalista y afecta tanto a la persona con una enfermedad terminal como a los/las médicos y familiares. La famosa “conspiración de silencio” es la tarjeta de presentación cuando los/las profesionales acudimos al domicilio: “por favor, no le digan nada que le conozco y se va a deprimir y poner peor”. La experiencia demuestra que no solo no se deprime, sino que se muestra activo, arregla sus cosas pendientes, se despide y muere en paz.
Una muerte es adecuada o buena cuando está asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ocurre en su domicilio (o en hospital si así se desea) en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía para no ser una carga para sus cuidadores (demanda de muchos de ellos). Será digna si la persona explicita como quiere que sea el proceso de morir y cuando y su decisión es respetada. Es necesaria una nueva Ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables.
Independiente de otros argumentos a considerar, el problema esta en la voluntad política de ciertos partidos, paladines de una moral cristiana, que no es la de todos, para imponer su criterio y no aceptan estas prácticas. Incluso, se permiten introducir modificaciones en la llamada ley de autonomía del paciente al promulgar otras, caso de la Ley 26/2015, de protección a la infancia y a la adolescencia, y que abre las puertas al encarnizamiento terapéutico.
El rechazo de la eutanasia en nuestro país esta basado fundamentalmente en criterios de ética y moralidad de la Iglesia Católica que intentan imponerse a una población que ya mayoritariamente no los comparte y que ponen en tela de juicio la laicidad del estado y su neutralidad frente a las convicciones religiosas
También y mas recientemente existen otros intereses en la prolongación artificial de la vida que tienen mas que ver con criterios mercantiles y que son los que están detrás de posiciones corporativas que la rechazan, y de las de algunas asociaciones que dicen defender a los enfermos, pero que parecen mas interesados en defender intereses ideológicos y de las grandes multinacionales.
El que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido no obligan a nadie, solo permitirá que las personas que así lo desean se les reconozcan y respeten sus derechos. Las y los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetores de conciencia, una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello. Es la única manera de evitar que se siga sufriendo en la fase final de la vida y que podamos decidir libremente sobre nuestra muerte.
Residentes
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Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/residentes
Autor: Aurelio Fuertes
En estos días inician su formación de postgrado los residentes que aprobaron el examen MIR este año. Casi a la vez acaba su periodo de formación una promoción de estos profesionales. Han estado cuatro o cinco años en el hospital o en el centro de salud para completar su formación académica en la Facultad y poder ejercer como especialistas en la Sanidad pública.
Probablemente alguno de ellos le haya atendido a usted en alguna consulta, o en algún ingreso hospitalario o en el servicio de Urgencias. Quizás de entrada le haya mirado con desconfianza ("¿no es demasiado joven?"), pero probablemente al finalizar el acto médico ha quedado satisfecho por su corrección, por su dedicación y por sus conocimientos.
Es cierto que la formación MIR ha sido una de las grandes aportaciones al desarrollo de la Sanidad pública en España. El proceso de formación, eminentemente práctico, tutorizado y con responsabilidad creciente, ha funcionado mejor que cualquier otro sistema de formación en este país. Pero además, los MIR han actuado y actúan como un revulsivo en los centros sanitarios y son un estímulo para todos los que allí trabajamos. Más discutible puede ser el tipo de examen, que parece insustituible para redistribuir las plazas, pero quizás precisa de un examen práctico previo (tipo ECOE) que faculte para ejercer como médico.
Residentes. Su ilusión y su vocación les permite tener una disponibilidad absoluta con los centros sanitarios y además, por su edad, ser capaces de no dejar de lado otros aspectos de la vida, de alguna manera iniciáticos. Es un tiempo para recordar siempre, porque el ambiente de solidaridad que se crea en ese periodo hace amistades que durarán toda la vida.
Es responsabilidad de los tutores que su formación haya sido la adecuada. Casi no existen dudas de que así es en los aspectos de conocimientos y habilidades o destrezas. No hay tanta evidencia de que ocurra lo mismo con algunos aspectos como los que afectan al desarrollo del profesionalismo, el gestionar de forma adecuada los recursos o el ser un agente social de la salud, defendiendo el derecho de todos a la misma.
Estos aspectos son más difíciles de evaluar, pero si se detecta esta carencia debe resolverse, porque ser médico supone algo más que saber Medicina, aunque sea mucha la que las nuevas generaciones saben. Los robots también pueden manejar árboles de decisión para el diagnóstico y pueden indicar el tratamiento que debe tener el paciente, pero para atender a los enfermos seguirá siendo necesaria la mente humana, capaz de indagar, empatizar, hacer un razonamiento clínico y debatir con el paciente las opciones terapéuticas, si las hay, o al menos poder aliviar, algo que el médico siempre podrá hacer.
Con todo, el balance es más que positivo; por lo tanto, bienvenidos los nuevos y un deseo de toda la suerte del mundo en su carrera profesional para los que se van, en este momento preocupados porque pueden sentirse desprotegidos al dejar su casa y su gente, que lo ha sido durante cinco años, y ahora tenerse que buscar (otra vez) la vida, sin apoyos, pero con un extraordinario bagaje de experiencia, la que les ha supuesto el MIR.
La Comunidad de Madrid pretende limitar el horario de atención pediátrica en atención primaria
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Fuente : https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/comunidadmadrid-horarios-atencionpediatrica-atencionprimaria-fadsp/20180510131041151767.html
Autor: Arturo Borges Álamo
La pertinencia de la atención primaria en nuestro país parece razonable, aunque no hay que olvidar que existen otros modelos en muchos países del mundo con situación económica, social y sanitaria similar a la nuestra.
Recientemente la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acaba de hacer publico el documento 'Atención Pediátrica de Atención Primaria. Propuestas de mejora en el modelo de atención de la Comunidad de Madrid' para reorganizar la Atención Primaria Pediátrica (APP) en esta Comunidad, ante el mismo habria que hacer algunas consideraciones:
El documento de fecha 5 de abril de 2018 contiene datos inexactos y desactualizados. Por ejemplo en la pagina 7 señala que España es el país de la UE donde mas veces se visita al médico de AP por año, con una media de 8,1 visitas por habitante, datos estos de hace mas de 10 años y totalmente inciertos en la actualidad. Según los últimos datos de la OCDE (Health Data 2017) y de Eurostat (enero de 2018) el numero de consultas por medico en España era en 2014 de 7,6 superado en ese año por Alemania, Hungría, Holanda, Polonia y Eslovaquia entre los países europeos de la OCDE, y asimismo según los datos de Eurostat, España estaba situada en el lugar catorceavo en cuanto al numero de visitas al médico entre los 28 países de la UE. Por otro lado el sistema sanitario español esta situado en el último lugar de la UE en cuanto a ingresos hospitalarios por habitante y año, hecho este que se mantiene en los últimos 20 años, es decir tenemos un sistema sanitario con pocos ingresos hospitalarios y muchas consultas (no el que mas tiene, sino situado por encima de la media) probablemente por la potencia de la AP en el país.
La pertinencia de la APP en nuestro país parece razonable, aunque no hay que olvidar que existen otros modelos en muchos países del mundo con situación económica, social y sanitaria similar a la nuestra.
Los problemas del déficit de pediatras en AP provienen de tres cuestiones que son de responsabilidad de las administraciones publicas: Primero, insuficiencia de plazas de formación pediátrica en las convocatorias MIR que se ha agravado durante los años de crisis; Segundo, escasa formación en AP durante el MIR de pediatría enfocado sobre todo a la práctica hospitalaria y la superespecialización; y Tercero, política de contratación de las administraciones públicas que favorece a los hospitales, de manera que, según el propio documento solo el 30% de los pediatras que acaban la residencia acaban contratados en AP.
También llama la atención que un informe que pretende proponer soluciones a los problemas de la pediatría de AP en Madrid no incluya información detallada y actualizada sobre la situación de la misma, así faltan datos concretos sobre las TSI por pediatra, la frecuentación y la presión asistencial, tanto general como por direcciones asistenciales y por distritos (que según los últimos datos públicos, de 2012, muestran una gran disparidad) lo que es preciso para hacer cualquier plan de mejora.
Entre las medidas que se proponen destaca la reducción del horario de atención pediátrica en AP durante el turno de tarde que acabaría a las 18, 30 hs. Entendemos que se trata de una propuesta inaceptable e injustificada, por los siguientes motivos:
1. La mayoría de la demanda de pediatría en AP se produce en el turno de tarde porque los niños están generalmente escolarizados durante la mañana, en ocasiones hasta las 17-18 hs, y por otro lado sus familiares suelen tener mayoritariamente su horario laboral también por la mañana e incluso hasta media tarde, por eso restringir el horario de tarde daña seriamente la accesibilidad del servicio que es una de las características fundamentales de la AP.
2. El documento, a pesar de que esta elaborado por la Gerencia Asistencial de AP no cuantifica el numero de niños atendidos durante este margen horario en que se propone eliminar la atención pediátrica en AP, pero lógicamente serán alrededor de 155.000 anuales.
3. Tampoco se indica a donde acudirán a recibir asistencia estos niños, aunque obviamente hay 2 alternativas, a las urgencias hospitalarias, saturando un servicio ya de por si saturado, o, los que tengan medios económicos, a las consultas privadas, fomentando así la privatización y la desigualdad
4. Aunque se señala que el objetivo es favorecer la conciliación familiar de los pediatras, que no de la población como ya se ha señalado, este supuesto objetivo esta en contradicción con la medida incluida en la pagina 26 “permitir compatibilizar AP con guardias hospitalarias, tanto en pública como en privada, sin exigir tantos requisitos para la compatibilidad” y “permitir el trabajo público en dos comunidades autónomas sin penalización”. Es decir no se pretende la conciliación sino favorecer el trabajo en el sector privado y/o en los hospitales en detrimento del horario de AP.
5. Y por fin reducir el horario de AP pediátrica tendría un efecto domino sobre el resto de la AP y seria un importante obstáculo en la accesibilidad de la población.
Tampoco parece logico que se pretenda que los administrativos de los centros de salud realicen el triaje pediátrico porque se trata de personal no sanitario y esta labor deberían efectuarla profesionales sanitarios, razonablemente de enfermería.
Otras cuestiones parecen razonables como potenciar el papel de la enfermería (en contradicción con las escasas plazas de formación EIR en pediatría que salen convocadas), mejorar la formación en AP en la residencia de pediatría, etc.
En resumen, hay que rechazar totalmente cualquier intento de reducir el horario de atención pediátrico en AP, que solo tiene sentido en la deriva de privatización silenciosa en la que esta inmersa la administración sanitaria del PP madrileño y que va a producir desigualdad e incremento de la presión inapropiada sobre las urgencias hospitalarias.
Por el contrario las medidas para abordar la atención pediátrica en AP deberían de ser las siguientes:
La primera es dotar económicamente y sacar en los concursos MIR todas las plazas de formación pediátrica acreditadas, porque las necesidades de pediatras a corto, medio y largo plazo exceden con mucho a las ofertas de formación especializada, y el problema, si se mantiene la actual oferta de plazas MIR, tiene tendencia a empeorar.
La segunda, poner en funcionamiento una especialización de pediatría de AP, dentro del tronco general de Pediatría, que se considere como mérito preferente a la hora de adjudicación de las plazas de Pediatría en el primer escalón asistencial. Esto tendría tres ventajas claras: la primera es una formación más adaptada de los pediatras a la AP; la segunda, cubrir preferentemente las plazas de AP con médicos vocacionales que han elegido este ámbito asistencial; y la tercera, el facilitar la cobertura de las plazas de Pediatría de AP de manera diferenciada a las hospitalarias.
La tercera, incrementar el protagonismo de la Enfermería en la atención primaria pediátrica, porque es evidente que en la AP en nuestro país se ha potenciado poco el papel de la enfermería y muchas de las actuaciones que podrían realizar profesionales de enfermería con una cualificación apropiada están siendo asumidas por profesionales médicos especialistas en pediatría. El desarrollo de la especialidad de enfermería pediátrica en el EIR favorecería esta mejor distribución de tareas.
Finalmente, está claro que estas medidas solo tendrán efecto en el medio y largo plazo y, por lo tanto, a corto plazo solo parece que puedan ser efectivas tres actuaciones: por un lado, permitir la prolongación de la vida laboral de los pediatras que voluntariamente estén dispuestos a posponer su edad de jubilación, establecer mecanismos estrictos de contratación eventual en los hospitales para que estos no acaben captando sistemáticamente la mayoría de los pediatras que acaban el MIR, y adecuar la organización de los recursos pediátricos madrileños a la población infantil.
