Por favor no manipulen. La sanidad en Castilla y León en los informes de la FADSP
Fuente : http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/favor-manipulen-sanidad-castilla-leon-informes-fadsp/20180204185347148149.html
Autor: Marciano Sánchez Bayle
En todas las CCAA, incluyendo Castilla y León las cosas han ido a peor, y por lo tanto hay muchos motivos de queja y reivindicación
Estos últimos días y coincidiendo con la convocatoria de una manifestación en Valladolid por las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública, que tanto éxito ha tenido, desde la Consejería de Sanidad se ha hecho hincapié repetidas veces en la buena posición que esta comunidad tenia en el Informe de los Servicios sanitarios de 2017 que elabora la FADSP, y por ello me veo obligado a hacer algunas precisiones:
La primera es que los Informes conviene leérselos enteros y no solo los que nos conviene. Si lo hubieran hecho habrían descubierto que entre otras cosas este Informe señala en su Introducción (y cito textualmente):
A partir de 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido una agresión continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones € menos de presupuesto anuales según las diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las CCAA sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras, y aunque en los 2 últimos años se han producido algunos incrementos presupuestarios (de nuevo con mucha variabilidad según las CCAA), estos, ni de lejos han recuperado la situación previa.
Estos recortes se han evidenciado sobre todo el los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios) que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado de manera muy notable (por ejemplo el porcentaje de personas que señalan que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 66,1% en 2016, o las personas que piensan que las listas de espera empeoraron el último año fue en 2009 el 13,10% y en 2016 el 28%) .
Por otro lado la aplicación del RDL 16/2012 en cuanto a los copagos farmacéuticos ha supuesto la exclusión del acceso a la prestación farmacéutica de muchos enfermos (las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos prescritos suponen un 14,76%, y el Barómetro Sanitario refiere que son el 4,4% de la población, que trasladado al total de la población supondrían 2,04 millones de personas), sin que el Ministerio de Sanidad haya hecho ningún intento de evaluar el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos.
Estos problemas son generalizados de todo el Sistema Nacional de Salud y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las CCAA, pero una vez mas ha habido distintas formas de aplicación de las mismas que, incidiendo sobre las diferencias previas las han aumentado o disminuido.
Hay que ser conscientes de que este Informe, como todos los anteriores, no hace sino una comparación entre las distintas CCAA y evalúa la posición relativa que cada una de ellas tiene respecto a las demás, por eso si todas las CCAA han empeorado, como ha sucedido, el resultado no tendría que variar si lo hubieran hecho en la misma medida.
Es decir en todas las CCAA, incluyendo Castilla y León las cosas han ido a peor, y por lo tanto hay muchos motivos de queja y reivindicación, que también las habría si nada hubiera empeorado, porque lo normal es que la ciudadanía y los profesionales quieran una Sanidad Pública de excelencia y un servicio público como el sanitario debe estar abierto a la mejora permanente.
La segunda es que la puntuación de Castilla y León fue de 78 sobre un máximo posible de 114, no de 100 como se ha señalado, lo que evidencia que hay un espacio significativo de mejora.
La tercera es que el Informe evalúa la situación global, pero no lo hace (por falta de datos) con la de las comarcas, ciudades, etc, de cada comunidad autónoma, que en todas ellas, pero sobre todo en aquellas muy extensas como es el caso de Castilla y León, encubre muy importantes desigualdades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de garantizar la atención sanitaria de calidad a toda la población, y por lo tanto no puede usarse para obviarlas.
Una última cuestión, el Sr. Consejero de Sanidad y en general del Gobierno de Castilla y León debería de estar más que orgulloso de que una tan importante cantidad de personas de esta Comunidad (mas de 50.000) estén preocupadas por el funcionamiento del sistema sanitario y dispuestas a proponer alternativas de mejora y a manifestarse para lograrlo, antes que la descalificación, que parece que ha sido la vía adoptada, lo más razonable es que la Consejería se hubiera puesto a la cabeza de las reivindicaciones y las hubiera aprovechado para mejorar el sistema sanitario regional, que por supuesto esta muy necesitado de ellas. Y como no ha sido así, aunque sea modestamente, quiero agradecer a las decenas de miles de personas que estuvieron el sábado en Valladolid, y a las que sin estar apoyaban la movilización, su compromiso y su interés por la Sanidad Pública, ellos son los que nos hacen fuertes y los que permiten que a pesar de los recortes y las privatizaciones nuestro sistema sanitario resista y pueda seguir avanzando, esta es la verdadera “marca España” que el gobierno, el regional y el central, deberían promocionar, una población comprometida con su salud y su sistema sanitario.
Una universidad católica insaciable
Fuente : https://www.adspmurcia.es/2018/01/27/universidad-catolica-insaciable/
Autor: Pedro Aparicio Alonso, Mario Soler Torroja y Abel Novoa Jurado. Miembros de ADSP Región de Murcia
“La UCAM se apropia sin ninguna justificación de una ingente cantidad de plazas docentes de hospitales públicos financiadas con nuestros impuestos que se sustraen a la universidad pública y se destinan a optimizar el resultado económico de aquélla”
El 11 de noviembre pasado se publicó en el BORM unconvenio específico entre el SMS y la UCAMque permite el uso del Hospital de la Arrixaca para la docencia práctica del grado de Enfermería impartido por la UCAM. Dado que La Arrixacaera de uso exclusivo de los estudiantes de enfermería de la UMU desde el año 2016, el SMS apela a una vía ‘excepcional’ que se prolonga durante un mínimo de cuatro años.Sin una mínima justificación, se pervierte la norma de rango nacional que protege la calidad de la enseñanzaimpidiendo la competencia entre universidadespor los mismos recursos materiales y humanos.
Ese mismo día se publicauna restrictiva y retrógrada segunda resolución, que impide que el hospital público de Santa Lucía pueda ser utilizado para la docencia de los estudiantes de enfermería de la UMU que realizan sus estudios en el campus de Murcia o Lorca y residan en Cartagena. También contempla poder realojar a los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cartagena, cuya titularidad es de la propia Comunidad Autónoma de Murcia (Consejería de Sanidad y Política Social), en otros hospitales del SMS distintos de Santa Lucía. En un doloroso contraste, los estudiantes de la UCAM sí pueden utilizar La Arrixaca si siguen sus estudios en cualquiera de sus campus (Murcia o Cartagena).
Desde el año 2002, en el que se firma el primer convenio SMS-UCAM, el único objetivo del Gobierno regional es permitir el acceso a hospitales de titularidad pública de los estudiantes de enfermería de la UCAM sin ninguna limitación y con un insultante menosprecio de sus consecuencias. Ello ha provocado que el número de estudiantes de enfermería de la UCAM de nuevo ingreso pase de 180 estudiantes en el año 2006-2007a 515 (tres veces más) en el año 2010-2011, anteponiendo los ingresos económicos que esas matrículas generan en el balance económico de la UCAM a la calidad de la formación, superando con creces su ya desproporcionada capacidad de formación (420 alumnos en primer curso).
Esa ventaja financiera permite a la UCAM, mediante una OPA hostil al sistema sanitario público, disponer de cientos de tutores de prácticas que no participan en la formación de los estudiantes de la Universidad pública que han demostrado su excelencia al tener una nota de ingreso superior a 10,73, 10,47 y 9,95 en Murcia, Cartagena y Lorca respectivamente.
El número de graduados/as en enfermería en la bolsa de trabajo del SMS ha pasado de unos 14.000 en el año 2012 a más de 19.000 en octubre del año 2016 y la tasa de inserción laboral de los egresados ha pasado de un 83% en el año 2004-2005 a unos indicadores de inserción laboral ‘bajos’.
Lejos de cubrir una demanda social de graduados, la UCAM identifica Enfermería como un mercado desregulado de altísimo beneficio empresarial. En cuarto curso, la UCAM ingresa unos 6000 euros por cada uno de los, como mínimo, 480 estudiantes de cuarto curso, revirtiendo al SMS un máximo de 432 euros (0,5 euros/hora) por las 860 horas de prácticas en centros sanitarios, (más de 1000% de beneficio). Inexplicablemente, la Administración no vela por la existencia de datos públicos sobre el número de egresados de la UCAM en Murcia, Cartagena o a través del curso de adaptación, ni de la nota de entrada a este Grado, ni de dónde o cuando se realiza su formación práctica.
Aunque la web de la UCAM obvia un informe de seguimiento fechado en 2016, la ANECA ha puesto de relieve que la voracidad de la UCAM también alcanza al grado de Medicina cuyo número de estudiantes de nuevo ingreso vuelve a superar lo acordado (119 frente los 90 permitidos). En el caso de profesores con dedicación a tiempo completo, apartado en donde la UCAM no puede parasitar los servicios públicos la ANECA estima que «en conjunto, el profesorado presentado como núcleo básico no parece advair diskus online espana, ni en número ni en experiencia docente para asegurar la calidad de la docencia».
Es revelador subrayar quela verificación del título de Medicina realizado por la ANECA en el año 2010se hizo en función de la realización de prácticas clínicas en tres hospitales de la ciudad de Murcia con los que la UCAM no tenía Convenio, mientras que ¿inexplicablemente?no figuraban los hospitales con los que sí lo tenían, Los Arcos y El Rosell.
El servil comportamiento del SMS a los intereses de la UCAM no sólo impide que los recursos sanitarios públicos se pongan a disposición de los estudiantes de la universidad pública que han demostrado mayor mérito, sino que imposibilita la continua e imprescindible optimización y mejora de su formación práctica.
La UCAM se apropia sin ninguna justificación de una ingente cantidad de plazas docentes de hospitales públicos financiadas con nuestros impuestos que se sustraen a la universidad pública y se destinan a optimizar el resultado económico de la Universidad Católica.
El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.
Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.
Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados; otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.
Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.
Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.
Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.
La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.
En sanidad y salud, las palabras las carga el diablo
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/traslados-de-medicos-una-oportunidad-de-mejora
Autor: Marciano Sánchez Bayle
Otro buen ejemplo es la utilización del termino salud que se usa con mucha frecuencia por el sector privado para denominar actividades de aseguramiento y asistencia sanitaria, mas centradas en los beneficios empresariales que en la salud. Conviene recordar que la definición de la OMS señala que "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" y que por lo tanto la salud es una situación en la que influyen muchos aspectos de la vida cotidiana no estrictamente relacionados con el sistema sanitario, como son el nivel económico y social, las condiciones laborales, el medio ambiente, además de otros mas tradicionalmente vinculados con la Salud Pública (higiene, saneamiento, agua potable, etc.), por eso se ha desarrollado una línea de los llamados determinantes de la salud señalando la necesidad de desarrollar actuaciones que tengan en cuenta “la salud en todas las políticas”, porque todas las decisiones de la sociedad están en último término relacionados con la salud e influyen sobre esta.
Está claro, por lo tanto, que las empresas que se dedican al aseguramiento, la provisión de servicios sanitarios y/o la fabricación de tecnología médica (incluyendo los medicamentos) no pueden denominarse empresas de salud, o si lo hacen lo mismo podrían hacerlo las que se dedican a construir carreteras, al transporte, las del ramo alimentario, etc.
La utilización del termino salud en estas empresas de provisión y aseguramiento sanitario lo que pretende es encubrir el foco de su actividad y finalidad principal (obtener beneficios con la asistencia sanitaria) con otro socialmente mas valorado y con una clara vinculación positiva ante la opinión pública, la salud. Un buen ejemplo de lo dicho es la información en el suplemento sepia de El País del 13/9/2015, donde aparece un titular (pagina 3) que habla de “La salud Privada” lo que es un evidente error de concepto que supone un titular encubridor de la realidad, porque los contenidos del artículo se refieren claramente a las empresas privadas que proveen asistencia sanitaria y realizan actividades de aseguramiento privado. Ya desde hace tiempo existe una empresa de provisión de servicios sanitarios que se denomina eufemísticamente Ribera Salud y que obviamente se dedica a fomentar la privatización en España y a nivel internacional (tiene una presencia significativa en Latinoamérica y Europa del Este) y los beneficios de sus accionistas.
Como suele suceder, el fenómeno no es solo español, sino prácticamente universal, así en USA se habla de Healthcare (cuidados/asistencia de salud) o de health maintenance organization (organización para el mantenimiento de la salud) cuando se trata de empresas de aseguramiento y/o de provisión sanitaria privada, y en Latinoamérica de “planes de salud” para denominar a los seguros privados, y numerosas instituciones trabajan en este sentido de manera que incluso las denominadas “escuelas de negocios” desarrollan lo que denominan “divisiones de salud”, pocas cosas mas contradictorias que negocio y salud.
Desde hace mucho tiempo existe una confusión interesada en el uso de la terminología “sanidad privada” frente a Sanidad Pública, cuando la RAE en su tercera acepción recoge que sanidad es el “Conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio”, es decir identifica Sanidad con Sanidad Pública, por eso es importante saber diferenciar la Sanidad de la provisión de servicios sanitarios o del aseguramiento, que estos si que pueden ser privados. Mucho más aún sucede en el caso de la salud que nada tiene que ver con las empresas privadas de provisión y aseguramiento que cuya actividad se enmarca en actuaciones parceladas de la asistencia sanitaria y es regida por el mercado y el ánimo de lucro.
Desde esta perspectiva mas bien habría que hablar del sector dedicado a atender la enfermedad, y precisamente por eso, existe una estrecha vinculación entre la persistencia y una presencia importante de la enfermedad con la pervivencia y crecimiento de este sector dedicado a atenderla, eso también explica el fenómeno de las “enfermedades inventadas” que lo son porque favorecen los intereses económicos de la industria y de los sectores de la provisión y aseguramiento y contribuyen a la medicalización de la sociedad. Los grupos privados que se dedican a la asistencia de la enfermedad quieren tener cuantos más clientes mejor, y si no los hay se los inventan.
Una de las estrategias del neoliberalismo a nivel mundial está basada en la apropiación de los conceptos ajenos, que utilizados por ellos son habitualmente retorcidos hasta hacerlos significar en la practica lo contrario de lo que es su significado original. Se ha utilizado en todos los terrenos con palabras como flexibilizar, modernizar, racionalizar, externalizar, etc, para hacer pasar de manera solapada los recortes, desregulaciones, pérdida de derechos y privatizaciones. La base de esta estrategia esta explicitada en un estupendo chiste de El Roto en el que un personaje le decía al otro: “llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá”, y es por eso universalmente utilizada en todas las propuestas de desmantelamiento de los derechos que protegía el “Estado del Bienestar”. De ahí la importancia de dar también esta batalla de los conceptos y las ideas, para que no nos líen, para levantar la cortina de humo de la propaganda, y para favorecer la confrontación con las estrategias de pérdidas de derechos, recortes y privatizaciones. El primer paso para vencer a nuestros adversarios es entender su modo de actuar, para poder luego desvelar y desenmascarar sus intenciones ocultas. En fin, que “las palabras las carga el diablo” y por ello debemos de no bajar la guardia al utilizarlas, porque precisamente de aceptar su uso manipulado por los intereses privatizadores acaban imponiéndose como un hecho natural, desvirtuando su contenido real y asumiendo el discurso que nos quieren imponer, lo que al fin y al cabo es una de las estrategias de quienes están empeñados en la privatización de la Sanidad.
El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.
Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.
Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados; otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.
Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.
Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.
Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.
La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.
Traslados de médicos. Una oportunidad de mejora
Fuente : https://www.saludadiario.es/opinion/traslados-de-medicos-una-oportunidad-de-mejora
Autor: Aurelio Fuertes
El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.
Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.
Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados; otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.
Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.
Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.
Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.
La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.
El día 15 de diciembre pasado, el Bocyl publicó una orden por la que se convocaba concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de médicos especialistas. Como dio a conocer la prensa local, dicha convocatoria puede suponer un cambio de hasta 190 médicos en el hospital de Salamanca, cambio que puede afectar a más del 50% de la plantilla en algunos servicios.
Es necesario señalar de entrada que el concurso es justo, necesario y, además, obligado por sentencia judicial.
Ocurre que, en función de los posibles traslados, van a ser desplazados de su puesto de trabajo actual, como interinos u otras formas de contratos, un número importante de médicos de diferentes especialidades, médicos que en muchos casos están desarrollando tareas muy específicas para las cuales no todos los compañeros de su especialidad van a estar preparados; otros, la mayoría, con una larga y brillante trayectoria en el hospital y cuya sustitución va a suponer una pérdida importante de talento en unidades y servicios, además de una perdida de la continuidad asistencial en muchos casos.
Este problema que sin duda afectará a otros hospitales, lo hará en mayor grado en el nuestro, teniendo en cuenta su dimensión y su nivel de especialización, sin duda el mayor de la Comunidad. La situación va a ser complicada para muchos de los servicios hospitalarios, y en mayor grado por coincidir con la preparación o la apertura del nuevo hospital.
Resumiendo: ha existido una dejadez imperdonable en el tema por parte de la Administración sanitaria; a los concursantes les asiste el derecho y una orden judicial; el hospital puede verse removido en un número importante de sus facultativos, muchos de ellos responsables de puestos de trabajo muy específicos y la mayoría con una experiencia acumulada y un talento que no deben desaprovecharse.
Es necesario dar al problema una solución: si la prioridad es mantener el nivel de calidad en la atención a los pacientes, y si es posible mejorarlo, solo intuyo una solución que convierta lo que puede ser un desastre en una oportunidad de mejora. La solución sería aumentar todas y cada una de las plantillas médicas deficitarias. La medida es, además, necesaria, porque los ajustes realizados durante "los años de plomo de la crisis" han producido un estrechamiento excesivo en las mismas, precisamente en un momento en que la demanda de atención sanitaria ha sido mayor en todo el país y también en nuestra provincia.
La semana pasada se publicó que desde 2009 se ha reducido en 28 el número de médicos del hospital, y aún más se ha reducido la plantilla orgánica. Esta reducción ha afectado a unos 20 servicios hospitalarios. Es necesario revertir la situación. Es necesario hacer del riesgo de desastre una oportunidad de mejora.
Una ley que favorece poco la participación Social y Profesional
Fuente : http://www.actasanitaria.com/una-ley-que-favorece-poco-la-participacion-social-y-profesional/
Autor: Marciano Sánchez Bayle
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la ley que busca la profesionalización de la gestión de los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) adolece de algunos defectos, como el de la participación, al tiempo que su contenido no se ha respetado el mismo día de su entrada en vigor.
Recientemente (3/1/2018) el BOCM ha publicado la LEY 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, que viene a establecer los mecanismos de funcionamiento de los organismos de control y participación de los centros sanitarios y que ha sido vendida por la presidenta madrileña, Sra Cifuentes, como un ejemplo de democratización, transparencia y despolitización de la gestión de la Sanidad Pública de Madrid.
La representación social y profesional se encuentra siempre en minoría pese a que las competencias de los organismos de participación son limitadas y sin carácter ejecutivo
No obstante, de la lectura de la Ley se desprenden una serie de consideraciones que merece la pena destacar:
1. La necesidad de establecer sistemas de participación y control de la gestión de los centros sanitarios públicos era patente y así se aprobó en octubre de 2015 en la Asamblea de Madrid el compromiso de establecer una regulación especifica en la Comunidad de Madrid al respecto, lo que era más necesario aún si se tiene en cuenta que la normativa anterior era el RD 521/87, es decir de hace más de 30 años.
2. No obstante, cuando se conoció el primer borrador desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) señalamos que presentaba numerosas insuficiencias que no le permitían responder a la necesidad de establecer sistemas efectivos de control y participación social y profesional (La ADSPM ante el anteproyecto de Ley de reglamento de los centros sanitarios).
3. Una vez aprobada esta Ley se constatan dos cuestiones: primera, que los mecanismos de participación son reducidos y poco efectivos, porque la representación social y profesional se encuentra siempre en minoría pese a que las competencias de los organismos de participación son limitadas y sin carácter ejecutivo y, además, porque la supuesta profesionalización de la gestión se queda en la obligatoriedad de realización de concursos públicos y la existencia de una comisión de selección, controlada por la Consejería de Sanidad.
4. Llama especialmente la atención el mecanismo de elección de las Juntas de Gobierno hospitalarias: de sus 13 componentes, siete los nombra la Consejería de Sanidad; cuatro, la Junta Técnico Asistencial, cuya composición queda abierta e indeterminada (se fijará reglamentariamente, señala el artículo 13.2, es decir por la Consejería, sin que precise aprobación ni control de la Asamblea), entre los propuestos por casi cualesquier tipo de organizaciones, de acuerdo con unas condiciones y una convocatoria a realizar por la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud (de nuevo la Consejería tendrá potestad de control sobre los candidatos); y dos, la Federación de Municipios de Madrid, que en realidad serán los únicos representantes provenientes de una elección ciudadana aunque sea indirecta. Se trata pues de una Junta de composición muy cialis online espana y controlada por la Consejería de Sanidad, que empeora notablemente la de la Comisión de Participación Ciudadana que establecía el RD 521/87.
5. Tampoco abona a favor de la credibilidad de esta Ley el que, coincidiendo con la publicación de la misma, se haya nombrado subdirectora gerente del Hospital Gregorio Marañón mediante libre designación y el que se contrate, mediante el sistema de contrato de alta dirección, al gerente del Hospital de la Cruz Roja. Por supuesto, en ambos casos sin que mediara convocatoria pública alguna, lo que indica la escasa voluntad de la Comunidad de Madrid de cumplir sus propias leyes.
En resumen, estamos ante una Ley que favorece poco la participación social y profesional y que la Consejería de Sanidad parece dispuesta a ningunear en la primera ocasión que se le presenta.