Antes de la pandemia por coronavirus, la Atención Primaria Gallega atravesaba por una profunda crisis, debida a los recortes efectuados por los gobiernos del PP; las barreras de acceso a consultas y pruebas diagnósticas; el retraso injustificado de las intervenciones quirúrgicas; la falta de profesionales; o el sometimiento de muchas actividades a los intereses de los hospitales.

   Durante la pandemia de la COVID-19, la AP demostró la importancia de contar con un nivel asistencial universal, próximo a la población y conocedor del historial de salud de personas, familias y comunidades. La Atención Primaria diagnosticó y trató la enfermxs de la COVID-19 de poca gravedad nos sus domicilios (evitando el colapso de los hospitales públicos, muy recortados por la Xunta del PP).

   Esta situación, abrió la esperanza de que al restablecimiento de la normalidad, supusiera un impulso a la reforma y mejora de la AP, pero la realidad es bien distinta:

      • Muchos centros no permitan las consultas presenciales dxs pacientes.

      • Se atienden la mayor parte consultas por teléfono (que incluso tienen listas de espera), mientras que muchas personas y lugares no tiene acceso a Internet.

      • Algunos centros de salud permiten la entrada de pacientes teniendo que hacer cola en la calle.

      • No hay libre acceso a las pruebas diagnosticas de la COVID (mientras se pretende realizar screening a más de 60.000 personas, que ya se demostró que no valle para nada……).

      • La Xunta, le atribuye la responsabilidad del rastreo de contactos de infectadxs la AP, pero no proporciona los medios necesarios. Siguen los problemas de coordinación con los servicios de Salud Pública y Mediciña Preventiva en la lucha contra la pandemia.

      • La AP no tiene recursos ni tiempo para poder atender a las personas en las Residencias de Mayores (marginadas por el sistema sanitario), por la no sustitución dxs profesionales de baja lo de vacaciones y unas consultas masificadas con 30-40-50 pacientes diarios

   Esta situación representa un riesgo para la salud del conjunto de la población, genera preocupación y malestar social, favorece las consultas privadas (donde parece que no hay restricciones por COVID) y margina a las personas mayores, la población rural y la de menor nivel socioeconómico.

   Si esto no cambia a la nueva realidad sanitaria post-pandemia, supondrá mas deterioro para la Atención Primaria, que mantendrá los recortes, será menos accesible y seguirá subordinada al nivel hospitalario.

   Parece necesario una nueva movilización social y profesional en la defensa de la Atención Primaria Pública.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Publica

25 de Agosto de 2020

La Comunidad de Madrid por su incompetencia y negativa a reforzar la Sanidad Pública está llevando a la región a una nueva oleada sin control de la Covid19

Con su actuación ante la pandemia la actuación de la Comunidad de Madrid está poniendo en riesgo la salud de la población, y es la principal responsable de la situación que vive la Comunidad, aumento continuado de casos, ausencia de rastreo, e incremento de enfermos hospitalizados y en UCI. Estamos ante un escenario especialmente preocupante porque desde la Comunidad ni se han adoptado las medidas necesarias para su contención, que se puede concretar en:

La Comunidad no solo ha demorado tomar medidas para evitar los contactos, por ejemplo, el uso de mascarillas o una regulación estricta y restrictiva de los locales de ocio, sino que cuando lo ha hecho, tarde, no ha implementado las medidas necesarias para asegurarse de su cumplimiento, lo que supone que cientos de miles de personas (un 10.15% de la población) está ignorando las medidas de precaución. Parece obvio que es necesario volver a la fase 2 y/o realizar confinamientos limitados en algunas zonas con especial incidencia y transmisión.

No existen suficientes rastreadores en la región, frente a los 2.600 precisos no llegamos a los 600 y se ha demostrado que la Comunidad incumplió sus promesas al respecto. A la vez se conciertan 22 rastreadores con una empresa en la que “casualmente” trabaja un hermano del consejero mientras no se atiende la oferta gratuita de 100 rastreadores por el Ayuntamiento de Madrid, y se sigue esperando para actuar a que se produzcan un aumento de los casos, es decir se va detrás de los acontecimientos y no se actúa para prevenirlos. Por otro lado, no se producen los necesarios contactos entre los rastreadores y la AP.

La Atención Primaria sigue en un estado de casi postración, con recursos mínimos que no se han incrementado, sin cubrir el personal que está de vacaciones, con más de una treintena de centros cerrados, con horarios reducidos y problemas para la atención presencial, focalizada en recogidas de PCR y con citaciones en una semana. Una buena manera de demostrar que la AP debe ser la base de atención en la pandemia.

Los hospitales están empezando a atisbar la saturación. Como es sabido la Comunidad tiene pocas camas hospitalarias, que además se redujeron en 1600 en los últimos años, durante la primera oleada se colapsaron y se abrió el hospital del IFEMA que se cerró de manera irresponsable (quizás porque el negocio estaba en montarlo, mantenerlo un tiempo y luego desmontarlo), a lo que se unió el despido del personal contratado al efecto. Ahora con más de 1.300 camas cerradas por el verano la situación puede llegar a la saturación en breve plazo si siguen incrementándose los nuevos casos al ritmo actual. La solución de la Comunidad ya se conoce, Construir un nuevo centro en Valdebebas (otro negocio para las constructoras amigas), que no se sabe cuándo estará operativo y para el que no se está contratando personal (un hospital no es solo un edificio y equipamiento sino sobre todo personal especializado, ¿quizás se piensa otra vez derivar personal de una AP ya descapitalizada?), y mientras tanto “disminuir los ingresos” ¿de nuevo condenando a los internos enfermos en las residencias a morir sin la asistencia que necesitan?. Estamos avanzando en la dirección equivocada, precisamos más camas con urgencia en los centros públicos, reabriendo las que se cerraron los años pasados, abriendo las plantas sin utilizar, y sobre todo dotándolas de personal suficiente.

Las residencias siguen sin el necesario control y los medios para abordar el problema, pero lejos de mejorar su situación la Comunidad parece empeñada en extender el problema con traslados absurdos de contactos que solo consiguen más contagios, y se desatienden las peticiones de los Ayuntamientos para dotar adecuadamente a las residencias. ¿Nadie va a pagar por estas decisiones absurdas?

En fin, estamos en una situación más que preocupante en la Comunidad de Madrid, ante la que el gobierno y los responsables sanitarios de la misma solo actúan con improvisación, anuncios mediáticos que frecuentemente incumplen y negando a la Sanidad Pública los medios materiales y personales que necesita mientras se fomentan descaradamente los negocios privados con dinero público..Si no se reorienta la política sanitaria, si no se cambian sus responsables la situación sanitaria avanzara más pronto que tarde hacia el desastre.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

15 de Agosto de 2020

A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, quere denunciar a información engañosa, proporcionada pola Consellaría de Sanidade: de que en "Galicia dispónse de 6.180 rastreadorxs de contactos de pacientes con COVID-19", como fórmula para controlar a pandemia; manifestamos o seguinte:

1.- Parece que nesta "listaxe", inclúense a profesionais de Saúde Pública, de Mediciña Prevetiva e de Atención Primaria. Profesionais que descoñecen que son "xs rastrexadorxs" de Feijoo; non recibiron ningunha comunicación de como actuar nestes casos concretos.

2.- O persoal sanitario do SERGAS, non recibiu ningunha formación para realizar esta actividade (o argumento do PP en Madrid para asignar este labor á multinacional Quirón é que "no tenia tempo para formar a lxs rastreadorxs".

3.- Non existe ningún protocolo para realizar e rexistrar o rastrexo na Historia Clínica da poboación, imprescindible para recoller datos e poñer en practicas as medidas necesarias.

4.- No caso do persoal de Atención Primaria, esta actividade sería imposible, POR FALTA DE TEMPO. Investigar xs contactos de cada afectadx, requiriría de varias horas, algo incompatible con consultas de máis de 40 pacientes diarios, só nas consultas médicas. Non digamos nas de enfermaría, saturadas pola falta de profesionais substitutxs neste época de verán e cos rebrotes a orden do día!

5.- Rexeitamos a POLÍTICA DE ENGANO SISTEMÁTICO, da opinión pública, posta en práctica pola Conselleria de Sanidade e o sr. Feijoo, nun tema de tanta transcendencia para a saúde e a opinión pública como é a pandemia da COVID-19.

Menos "bonos lixo" e máis inversión en Sanidade Pública en Galicia!

12 de agosto do 2020

   La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública considera absolutamente inaceptable la solicitud de la sección gallega del sindicato corporativo   CESM, de extender el Complemento Específico que cobra el personal médico que trabaja en exclusiva para el sistema con el que trabaja en la Pública y en la privada. Por esto consideramos:

       1.- Es imprescindible, para acabar con la corrupción, el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, que obliga a la dedicación exclusiva del personal médico al servicio del sistema sanitario público. Esta legislación está destinada a evitar la parasitación del sistema sanitario por la privada que explica el crecimiento de las listas de espera y las irregularidades en las mismas.   

       2.- También es necesario que el esfuerzo presupuestario a realizar para recuperar el sistema sanitario público tras la crisis de la COVID-19 debería estar orientado a incrementar el personal recortado por el SERGAS durante los últimos años, especialmente en Atención Primaria.   

       3.- Mientras cientos de profesionales médicos siguen en paro y trabajando en unas condiciones de trabajo de precariedad, no es aceptable que se pretenda subir el sueldo (con dinero público), a quién trabaja en la privada.  

       4.- Creemos que el nuevo triunfo electoral de Núñez Feijoo y de sus políticas   privatizadoras, es el motivo que alienta a los sectores profesionales conservadores a exigir medidas de apoyo al sector privado.  

       5.- Hacemos un llamamiento a la población y a los sectores profesionales progresistas a rechazar y hacer frente a esta medida. 

    Son necesarios más recursos sanitarios para recuperar la sanidad pública tras la pandemia, como reclamaba con aplausos la población Gallega.

¡La Sanidad Pública es servicio, la privada beneficio!

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

20 de Julio 2020

        La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de que la Consejería de Sanidad va a limitar el horario de numerosos Centros de Salud de la región, tiene que señalar lo siguiente:

        Es una evidencia más del desprecio del gobierno del PP para con la AP, ya que ante una situación en la que la pandemia no ha acabado y se ha focalizado en la AP la detección y seguimiento de los nuevos casos y los posibles brotes, descapitaliza a la AP que ya ha sido sistemáticamente ninguneada y jibarizada por el gobierno regional

        Por otro lado, hay constanciade los más de 10.000 contratos realizados por la pandemia, nada menos que 3.665 trabajadores de la Sanidad madrileña no han visto renovados sus contratos, lo que evidencia el desinterés de la Consejería por la Sanidad Pública

         En resumen, se está aprovechando la pandemia para desmantelar y debilitar aún más la AP de la región mientras se continúa favoreciendo el sector privado para fomentar los negocios a costa de la salud de la población

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

9 de julio de 2020

Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.

Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.

La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.

Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la voluntad política de los gobiernos autonómicos frente a la que se tiene que desarrollar la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para evitarla. En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa.  Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Por tanto hacemos un llamamiento al Gobierno central y al de Canarias para que se deroguen la Ley 15/97, el RD 16/2012 y toda aquella normativa que legaliza y posibilita la externalización de servicios y/o su privatización. Canarias ha sido de las CCAA que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y además a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado.

Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales. Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica....y que también ha manifestado sus debilidades en el desarrollo de la pandemia en Canarias. Además en estos momentos hay que añadir la particular dificultad por el deterioro de la salud de la población canaria que supone la mayor agudeza del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo derivada del modelo económico altamente dependiente del turismo.

En cuanto a la Atención Primaria la "nueva relevancia" que se le ha adjudicado como pieza clave para el control de la pandemia, choca con la realidad de que su gasto en Canarias, de media, de 176,26 euros por cada habitante, la coloca, después de Extremadura, como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial. El incremento en 2018 con respecto a 2010 es de apenas 35 céntimos por paciente. La media española se sitúa en 197,47 euros. El porcentaje destinado en Canarias a la Atención Primaria con respecto al total reservado al sistema de salud apenas ha variado, en 2010 ascendía al 13,58% y ocho años después, al 13,71%. Destaca además en Canarias el alto porcentaje de médicos de familia que tienen más de 1.500 pacientes asignados, el límite que las autoridades sanitarias consideran recomendable no superar para evitar la sobrecarga laboral de los profesionales y para prestar la asistencia debida a la población.

Medidas necesarias: