Nota AGDSP ante el cierre de camas en verano
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El anuncio del cierre de 1.200 camas hospitalarias en Galicia durante este verano, aunque esperado no deja de sorprender en una sanidad como la gallega que tiene una de las listas de espera quirúrgica más elevada del Estado.
Produce hastío e indignación que nuevamente el Gobierno de Núñez Feijoo vuelva a cerrar plantas enteras en unos hospitales con las urgencias colapsadas intermitentemente por cualquier brote gripal y con unas listas de espera quirúrgica que en los tres grandes hospitales (A Coruña, Santiago y Vigo, los más afectados por los recortes), superan casi en 20 días los 60 de tope máximo que estableció la Ley de Garantías Sanitarias, aprobada por el actual Gobierno, como tope máximo para que los pacientes puedan a acudir a centros privados para ser atendidos con dinero público.
La decisión de cerrar camas hospitalarias en verano es otro paso más en la escalera de desmantelamiento de la sanidad pública gallega, que se suma al recorte de 465 millones de euros en el presupuesto respecto al año 2009, a la reducción de plantillas 2.094 trabajadores sanitarios o al cierre permanente de 275 camas (la tercera comunidad autónoma en este triste ranking). Solamente la paralización del Plan de Mellora de Atención Primaria supuso la pérdida de 193 medicos de familia o de 385 enfermeras.
Es evidente la intención de Núñez Feijoo de acabar con la sanidad pública gallega mediante un recorte de recursos, como son las camas hospitalarias, que condena a miles de enfermos a la desesperación mientras esperan ser operados, o la cesión de la atención sanitaria con fondos públicos al sector privado (la partida de dinero para conciertos es la única que no se ha reducido, mientras que la atención hospitalaria en el área de Vigo quedará en manos de fondos de inversión, constructoras y el Grupo POVISA, pese a que este hospital casi triplica las listas de espera quirúrgica de Vigo con 171 días de espera).
La pérdida electoral sufrida por el PP es la única esperanza de que esta pesadilla pueda frenarse. Es de esperar que todos los partidos políticos progresistas estén a la altura de este reto expresado por la voluntad popular.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
10 de Xunio do 2015
Mejorar el Servicio Extremeño de Salud no es una cuestión de cargos
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Recientemente el presidente de SATSE Extremadura ha pedido que la Comunidad vuelva a tener ocho áreas sanitarias, porque el gobierno de Monago las redujo a cuatro, supuestamente para garantizar una administración más sostenible. La solicitud de SATSE no es la solución más importante para conseguir una gestión más eficaz de los recursos, porque el análisis es bastante más complejo. A saber:
1.- El PP redujo de 8 a 4 las gerencias de salud de área con la justificación de ahorrar y de mejorar la eficiencia. En la práctica esa reducción significó solamente la unificación de la figura del gerente, que pasaron de 8 a 4.
2.- Si ha habido ahorro ha sido a costa de la reducción de trabajadores, de la anulación de suplencias, de la no reposición de jubilaciones, de la no sustitución de bajas laborales, vacaciones y demás ausencias, del recorte en equipamientos y en reposición de materiales y, en general, de la reducción del presupuesto por persona protegida/año, que ha pasado de 1.509,72 euros en 2010 a 1.243,44 euros en 2015.
3.- La consecuencia es que se ha deteriorado la calidad asistencial y los pacientes se dan cuenta, por lo que ha empeorado la valoración del servicio de salud
4.- También ha empeorado la percepción de los profesionales: más cargados de trabajo, con salarios congelados, etc...
5.- Han desaparecido los contratos de gestión, que eran un mecanismo incipiente para implicar a los trabajadores en los objetivos de calidad asistencial propuestos por el Sistema de Salud
6.- La percepción de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Extremeño de Salud es que gran parte de las buenas cualidades de la atención que se ofrece descansa en su esfuerzo abnegado y vocacional, y reniegan de unos gestores alejados de la realidad y sujetos a los vaivenes políticos, y desearían que la alternancia política no entorpeciera su labor cotidiana, distorsionando el clima laboral con disputas artificiosas sobre el “quítate tu para ponerme yo”, más propias del “Sálvame de Luxe”.
En conclusión: la reducción de altos cargos está bien, pero está mejor proporcionar financiación suficiente, profesionalizar la gestión y mejorar los mecanismos de promoción de la calidad asistencial y de optimización en la utilización de recursos. Es decir, devolver al Servicio Extremeño de Salud estabilidad y mejoras en el equipamiento y en la dotación de personal, cosas que el PP no ha hecho bien.
ADSP Extremadura
2 de junio de 2015
El grupo Ribera Salud se hace con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira
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Ante la noticia en los medios de difusión de que El grupo Ribera Salud (formado a partes iguales por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell) se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones, según ha informado el propio grupo este viernes.
Desde ACDESA queremos manifestar que:
1. Desde la Conselleria de Sanitat y el actual gobierno en funciones no debe adoptarse ninguna medida que pueda hipotecar la acción del futuro gobierno electo.
2. La multinacional Centene Corporation ya hace tiempo que opera por estas latitudes, desembarco en nuestra comunidad en el 2014 y cuenta en su junta directiva con ex-políticos que nos recuerdan cada día lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado. Las maniobras comerciales de Centene reflejan una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario publico español. Las multinacionales americanas toman posiciones en sectores estratégicos en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio ( TTIP en inglés) entre EEUU y la UE. El TTIP permite que Tribunales de Arbitraje supranacionales defiendan los intereses de las multinacionales saltando a los tribunales nacionales donde se protege el derecho y el interés sanitario.
3. Recientes noticias indican que ya se están firmando los acuerdos preliminares del TTIP. La autorización de la operación comercial por parte de un Gobierno Valenciano en funciones supone la complicidad con los intereses mercantiles americanos y es contraria a los intereses de la sanidad pública.
Por todo ello exigimos una explicación transparente e inmediata de la Conselleria de Sanitat sobre si ha autorizado esta compra de acciones, y en su caso en qué condiciones y porque motivos. Igualmente los miembros del nuevo gobierno deberán estudiar la legitimidad de la decisión adoptada al respecto.
Valencia a 1 de junio de 2015
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