CON LA LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES QUE SE VA A VOTAR EL 21 DE JUNIO EN EL PARLAMENTO, EL GOBIERNO DE CANARIAS CONTINUARÁ EJECUTANDO LAS POLÍTICAS ULTRALIBERALES.
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Con la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que se va a votar el 21 de junio en el Parlamento, el Gobierno de Canarias continuará ejecutando las políticas ultraliberales.Tal cosa se podía deducir de las medidas incluidas en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma 2012-2014 (aprobadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado). En él se expresaba la necesidad del cierre de centros y servicios públicos "prescindibles”, según dice textualmente el documento.
En el proyecto de Ley del Gobierno de Canarias el grueso del recorte de 563 millones de euros se prevé que será en el capítulo de personal y repercutirá, principalmente, en los servicios públicos. Serán 222 millones de euros, de tal forma que unos 112 millones de euros se obtendrán con la aplicación de la rebaja salarial del 5% y respecto a los otros 110 millones de euros, cabe suponer que saldrán de lo que denominan "reorganización estructural", y es ahí donde se perderán más de 3.000 empleos.
No se cubrirá al personal que se jubile, fundamentalmente de los servicios de sanidad y educación, ya que son ambos sectores los que engloban el 85% del empleo público de la comunidad y el resto serán despidos. El gobierno de Canarias habla de su "compromiso" de que no hayan despidos pero lo que oculta es que este se circunscribe al año 2012.
Un capítulo de preocupante abandono presupuestario se da en la atención a la discapacidad. Los centros que se ocupan de la misma ya no cuentan con recursos por lo que están al borde del cierre. Además es especialmente grave que más de 10.000 dependientes canarios se puedan quedar sin derecho a la ayuda o prestaciónque recoge la Ley de Dependencia como consecuencia de los cambios que quiere introducir el Gobierno central en la norma, incrementando la puntuación necesaria para acceder al reconocimiento y a las prestaciones. Este endurecimiento de los requisitos puede dejar fuera a los dependientes de grado moderado y a una buena parte de los de grado severo, por lo que las ayudas irían destinadas preferentemente a los grandes dependientes. En el caso de Canarias, esta modificación de la ley se añade a los numerosos problemas que han salpicado la aplicación del sistema de dependencia en los últimos años.
Así mismo, se recortan aproximadamente 220 millones de euros de inversión, ya que además el Gobierno central maltrata a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Esto producirá un deterioro aun más marcado en las infraestructuras sanitarias que se traducirá en un aumento del riesgo de efectos adversos y de incidentes que afectarán gravemente al derecho a la salud de la población.
En el terreno fiscal, es un atentado a los sectores más desfavorecidos que la subida del IGIC sea de un 50 % en el tramo que afecta a productos básicos como la alimentación, mientras que en el destinado para lujos será de un 10%. Empeorará por tanto la nutrición con el consiguiente aumento en nuestra comunidad de la incidencia de las enfermedades relacionadas con ella tales como las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunas variedades de cáncer.
En este capítulo es fundamental presionar al Gobierno canario para que persiga el fraude fiscal, ya que si se investigara se podría recaudar mucho dinero. Los Técnicos de Hacienda consideran que el mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra el fraude, ya que reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida (hasta situarla al nivel de la media europea) se obtendrían cada año más de 1.530 millones de euros adicionales en Canarias. Por todo ello decimos,
¡¡No a la aprobación del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales!!
¡¡SALGAMOS A LA CALLE TAMBIÉN CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS!!
Canarias a 15 de Junio de 2012
Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública