La ADSPM ante el acuerdo del Consejo Interterritorial sobre la COVID-19
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1. Los términos del Acuerdo, responden a la necesidad de tomar medidas activas por parte de la administración del estado para paliar el incremento continuado de los casos de SARS-Cov-2 en nuestro país que se sitúan en los más elevados de Europa y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid en el primer puesto de la UE.
2. Es evidente que este Acuerdo se produce tarde, porque habría que haber tomado medidas más contundentes hace tiempo, pero en todo caso resulta imprescindible su aplicación por la Comunidad de Madrid para evitar daños mayores a la salud y a la vida de la población de la región.
3. Las declaraciones de la Comunidad de Madrid al respecto son intolerables. El Acuerdo nace de una exigencia de esta misma Comunidad e incluso de un acuerdo previo con misma, que ha sido reconocido por una de las partes del gobierno madrileño (Ciudadanos), y por lo tanto su rechazo por la Sra Ayuso es un acto de irresponsabilidad e incapacidad de respecto de los acuerdos que le descalifica como interlocutor institucional.
4. La experiencia señala que la Comunidad de Madrid no solo no ha tomado las medidas a que se había comprometido previamente (rastreadores, refuerzo de la Atención Primaria, aumento de la capacidad hospitalaria, etc), sino que ha falseado la información al respecto de manera continuada, y que ha “vendido” como hechos lo que tan solo eran promesas, que luego sistemáticamente ha incumplido.
5. Lo mismo sucede con la razones que esgrime la Comunidad de Madrid en su argumentario que son notoriamente falsas, llegando al extremo chusco de hablar de los 21 distritos de Madrid (según esta lógica cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes podría segmentarse en multitud de barrios de menor tamaño) o de un hospital el de Valdebebas, que aunque se anuncio iba a abrirse en octubre, a día de hoy no esta acabada su construcción y quizás lo este a finales de noviembre aunque carece de personal para ponerse en funcionamiento por lo que argumentar que supone un incremento de los recursos hospitalarios es una ficción.
6. Aparte de las consideraciones jurídicas que puedan hacerse al respecto, resulta obvio que el gobierno del país tiene la obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución, y por lo tanto debe actuar de manera inmediata para asegurar que no se sigue poniendo en peligro a la población de la Comunidad de Madrid por las actuaciones incompetentes e irresponsables del gobierno de la misma.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
1 de Octubre de 2020