Manifiesto de 2020 por la Salud y la Sanidad Pública Canaria
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Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.
Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.
La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.
Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la voluntad política de los gobiernos autonómicos frente a la que se tiene que desarrollar la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para evitarla. En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Por tanto hacemos un llamamiento al Gobierno central y al de Canarias para que se deroguen la Ley 15/97, el RD 16/2012 y toda aquella normativa que legaliza y posibilita la externalización de servicios y/o su privatización. Canarias ha sido de las CCAA que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y además a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado.
Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales. Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica....y que también ha manifestado sus debilidades en el desarrollo de la pandemia en Canarias. Además en estos momentos hay que añadir la particular dificultad por el deterioro de la salud de la población canaria que supone la mayor agudeza del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo derivada del modelo económico altamente dependiente del turismo.
En cuanto a la Atención Primaria la "nueva relevancia" que se le ha adjudicado como pieza clave para el control de la pandemia, choca con la realidad de que su gasto en Canarias, de media, de 176,26 euros por cada habitante, la coloca, después de Extremadura, como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial. El incremento en 2018 con respecto a 2010 es de apenas 35 céntimos por paciente. La media española se sitúa en 197,47 euros. El porcentaje destinado en Canarias a la Atención Primaria con respecto al total reservado al sistema de salud apenas ha variado, en 2010 ascendía al 13,58% y ocho años después, al 13,71%. Destaca además en Canarias el alto porcentaje de médicos de familia que tienen más de 1.500 pacientes asignados, el límite que las autoridades sanitarias consideran recomendable no superar para evitar la sobrecarga laboral de los profesionales y para prestar la asistencia debida a la población.
Medidas necesarias:
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Nota AGDSP apoio moilizacions SOS y sindicatos
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La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública llama a la población y a los trabajadores Sanitarios a apoyar las movilizaciones que las Plataformas SOS Sanidade Pública y colectivos sindicales han convocado en diferentes áreas sanitarias y ciudades gallegas.
La Asociación considera que la única salida a la crisis debería estar dirigida a
- Reconstruir la Atención Primaria marginada y abandonada por el actual gobierno de la Xunta dotándola de más personal, equipos multidisciplinarios, equipamiento, incrementar las camas y el personal y su capacidad de gestión
- Reforzar los Servicios de Salud Pública para prevenir y hacer frente a nuevas epidemias
- Recuperar las camas y personal de los hospitales públicos, poner en marcha un plan para abordar las listas de espera generadas durante la pandemia y dejar de enviar a cientos de pacientes a los centros privados
- Acabar con la precariedad del personal del sistema sanitario público proporcionando estabilidad, condiciones laborales y sueldos dignos. No se puede repetir que la falta de equipos de protección pongan en riesgo la salud de este colectivo y de los enfermos que atienden
Consideramos necesario una gran movilización social y profesional para desalojar a Feijoo del poder para poder abordar la reconstrucción del Sistema Sanitario Público Gallego en vías de desmantelamiento y privatización. No sabemos si el sistema soportara otros cuatro años más de política neoliberal
Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Publica
Carta abierta a los gobiernos sobre ISDS y COVID-19
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630 grupos de la sociedad civil entre ellos la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, alertan de posible ola de demandas relacionadas a Covid-19 en "tribunales corporativos".
La AGDSP contra el cierre de camas en verano
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Ante la información de que "el SERGAS tiene previsto cerrar camas hospitalarias este verano", a pesar de la situación que generada por el COVID-19, desde la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública queremos denunciar que esta decisión supone un nuevo paso en el camino de la privatización sanitaria, aprovechando la pandemia. Consideramos que:
1.- Con la excusa de disponer de camas para tratar a las personas contagiadas, el SERGAS paralizó, la actividad de numerosos servicios hospitalarios, suspendiendo citas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, aumentando aún más las listas de espera.
2.- En algunos hospitales públicos, se derivaron a centros privados a pacientes que podrían ser tratados perfectamente en los mismos, dado que no estaban colapsados y que, en todo caso, el riesgo de la COVID-19 existía también en los hospitales privados. En algunos casos, estas decisiones parecen tener relación con conflictos de interés.
3.- El cierre de camas públicas durante el verano, en unos hospitales paralizados parcialmente durante la pandemia, provocará un incremento mayor de las demoras de atención y las listas de espera. Este aumento unido a la llamada “Ley de Garantías de prestaciones sanitarias”, va a disparar aún más la derivación de pacientes a los centros privados (la concertación creció un 40% en los últimos años).
4.- La suspensión de citas, pruebas, controles o intervención quirúrgicas de personas enfermas, están poniendo en riesgo a salud de las mismas (por complicaciones o agravamientos de sus enfermedades), y plantea la necesidad de incrementar de manera importante a actividad de los servicios hospitalarios públicos, en lugar de cerrarlos, como viene haciendo el SERGAS todos los años.
5. Evidentemente esta exigencia de mantener abiertas las camas de los hospitales públicos conlleva el necesario refuerzo de personal y de suplencias para que puedan tomarse las vacaciones del personal sanitario que por otro lado ya ha sufrido el estress y la sobrecarga asistencial de la pandemia
No se puede aprovechar la pandemia de la COVID-19 para incrementar la privatización del sistema público y poner en riesgo a salud de la población gallega. Exigimos que no se cierren camas en esta época de verano y que se incremente el presupuesto para disminuir de forma importante las listas de espera en el Sistema Sanitario Público Gallego.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
8 de junio de 2020
La ADSPM ante la discriminación en la atención sanitaria a los mayores durante la pandemia
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante la constatación de que por parte de la Comunidad de Madrid se impidió la derivación acentros hospitalarios de personas dependientes que estaban en residencias de mayores, tiene que señalar:
1.- Que se trata de un hecho gravísimo de discriminación por edad, razones de salud y/o discapacidad que parece de todo punto intolerable.
2.- Que es más que probable que esta actuación explique la elevada mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, aunque no necesariamente por Covid19, ya que otros importantes problemas de salud no habrán sido atendidos en su momento viéndose agravados y produciendo la muerte.
3.- Las reiteradas negativas y encubrimientos por parte de la Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad y Presidenta) son un buen ejemplo de su manera de tratar esta pandemia, diabetes meds y promesas incumplidas, negar la evidencia y echarle la culpa a otros de lo que se ha producido solo por su responsabilidad.
Entendemos que el Consejero de Sanidad y la Presidenta deben de dimitir, porque son los responsables de lo sucedido en este caso y porque han puesto en evidencia su incapacidad para gestionar esta pandemia con responsabilidad, convirtiéndose en un peligro si se produce un rebrote.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
5 de Junio de 2020
Ante la concesión del Premio Princesa de Asturias a los Sanitarios
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