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Madrid Categoria Articulos y Noticias Categoría Prensa Los planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privadoLos planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privado
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”.
Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.
Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español.
La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente.
Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado?
Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.
La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.
También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.
Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda
