La ADSP de Extremadura denuncia la privatización de los nuevos hospitales de Cáceres y de Don Benito-Villanueva
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura (ADSP) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) vienen advirtiendo de los riesgos de la privatización del sistema sanitario desde hace años. Sus informes sobre los inconvenientes de las fórmulas de financiación privadas (PFI) están basados en resultados empíricos y en análisis históricos a partir de experiencias de distintas latitudes (Reino Unido, País Valenciano, Madrid, Galicia, etc…) y sus conclusiones no han sido rebatidas. Ahora el Gobierno de Extremadura, por boca de su Consejero de Salud y Política Social, ha anunciado la construcción de la segunda fase del hospital de Cáceres y del hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena mediante fórmulas de colaboración público-privadas, así como la externalización posterior de los servicios y del personal no asistencial..
La FADSP considera que la financiación privada y la privatización de servicios supone:
1. La financiación privada multiplica innecesariamente el coste de los centros sanitarios y puede llegar a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario público. Se calcula que la compensación de costes mediante canon multiplica entre siete y nueve veces el precio de los centros. Las experiencias acumuladas muestran el elevado coste de la construcción y el endeudamiento a que se somete a las arcas públicas durante años. Este sobrecoste acaba penalizando a los centros públicos de gestión tradicional que ven disminuidos sus recursos y genera serios problemas de endeudamiento de las CCAA.
2. Los centros así construidos no dan más prestaciones que los centros públicos, ni más calidad (generalmente esta disminuye porque se produce una disminución en los ratios de personal sanitario), además se dificulta la coordinación de servicios debido a la disparidad de empresas en que se desgaja el hospital, por lo que su eficiencia es inferior a los hospitales públicos.
3. Los criterios de rentabilidad económica son los que mueven a la empresa privada, y el beneficio se consigue reduciendo plantillas y seleccionando los pacientes que generan menor gasto.
4. Llama la atención que estos proyectos se estén negociando a espaldas de los profesionales de los hospitales actuales y de los ciudadanos. Esto es especialmente llamativo en el caso de Cáceres, donde ya está construida una primera fase y donde ya se hablaba de ponerla en marcha.
5. También llama la atención que se apueste por una fórmula que acaba de ser abandonada en una comunidad autónoma con experiencia, como es Galicia, donde su Presidente, Nuñez Feijoo, ha declarado que renuncia a la fórmula de financiación privada (PFI) para construir 15 centros de salud y a la ampliación del Hospital del Salnés, para evitar el aumento de los pagos aplazados de la Comunidad Autónoma.
Pensamos que es exigible transparencia acerca de un asunto tan serio e importante como es la construcción de dos nuevos hospitales, por lo que debería abrirse un periodo de consultas y de participación ciudadana y profesional, antes de que el Gobierno de Extremadura tome una decisión equivocada al respecto.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura,
15 de octubre de 2012
www.fadsp.org
Twitter: @fadspu
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