La AGDSP rechaza la privatización de la investigación biomédica y la precarización de sus profesionales
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Siguiendo su estrategia deriva privatizadora, el gobierno gallego está creando agencias para gestionar, de acuerdo al modelo empresarial, los servicios sanitarios esenciales, como el laboratorio central y el alta tecnología, la logística y la información de los pacientes, lo registro del cáncer, sangre, tejidos y trasplantes, y la docencia, la innovación y la investigación biomédica.
En el caso concreto de la investigación biomédica las consecuencias son muy graves tanto para los investigadores como para el resto de los trabajadores sanitarios, ya que el decreto "que regula el régimen de contratación de personal investigador laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia" contempla entre otras medidas, que estos dejen de ser funcionarios, para pasar la personal laboral, con contratos temporales renovables cada 5 años, y les obliga a captar fondos privados o públicos (farmacéuticas, instituciones europeas, etc.), controlados por la Agencia Gallega de Innovación, de gestión privada y vinculada empresas del sector.
Entre las principales consecuencias de esta medida estarían:
1- Las líneas de investigación biomédica quedarían sometidas a los intereses de las empresas privadas, cuyas prioridades no suelen ser coincidentes con los problemas y necesidades de salud de la población gallega.
2.- El condicionamiento de la libertad de los investigadores públicos. Los resultados de sus investigaciones pueden verse rechazados si los resultados de las investigaciones no son los esperados por la industria o entran en contradicción con sus intereses empresariales.
Las garantías laborales y la estabilidad del personal funcionario y estatutario, les faculta para velar por el interés general de la población y del sistema sanitario, dado que las empresas tienen como objetivo fundamental mejorar sus cuentas de resultados. Por ello la privatización de la investigación biomédica, tanto en los centros sanitarios públicos como en las universidades gallegas, pondría en riesgo la independencia y la ética de la investigación y conculcaría el principio constitucional de que “el régimen general del empleo público y funcionarial” tiene por finalidad proteger la independencia y la ética de su actividad (investigadora en este caso).
Desde la AGDSP exigimos el desmantelamiento de las agencias para la gestión personal de la I+D+i del Sistema Sanitario Público y la integración de sus profesionales en el SERGAS
Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública
5 de Mayo de 2017