La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias inicia un crowdfunding para emprender acciones judiciales y de difusión
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias inicia un crowdfunding para emprender acciones judiciales y de difusión
Bajo el lema "Paremos la privatización de la Sanidad Pública en Canarias" la ADSPC inicia este proyecto porque estamos convencidos de que es el momento de frenar la impunidad con la que unos pocos gestionan la Sanidad en Canarias sin tener en cuenta las necesidades sociales, y más bien, en connivencia con los fuertes intereses empresariales que hay en Canarias.
Las largas listas de espera, la falta de inversión en hospitales y centros de salud, y el poco cuidado hacia los profesionales, son formas de debilitar la Sanidad Pública y favorecer que los pacientes y el dinero acaben en la sanidad privada. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias nos dirigimos a toda la ciudadanía para que se acabe esta impunidad, este abandono de la Sanidad Pública.
Las privatizaciones de la sanidad canaria que ahora prioritariamente debemos frenar son:
1) Concurso para los conciertos de hospitalización de media y larga estancia.
2) Proyecto de privatización de Medicina Nuclear.
3) Apertura de servicios de pediatría concertados en la sanidad privada cuando faltan pediatras en la sanidad pública.
4) Carencia de hospitales comarcales públicos.
5) Aumento del dinero destinado a conciertos sanitarios.
6) Persistencia de las listas de espera más dilatadas del Estado español.
El dinero se destinará a la acción judicial y a cuestiones como difusión en redes sociales, organización de eventos, pancartas, vallas publicitarias, etc.
1. Acción judicial, porque en las acciones realizadas desde la Consejería de Sanidad hay vulneración de los derechos de la ciudadanía y una transgresión de la legislación vigente.
2. Acciones de difusión y sensibilización, necesitamos informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo y sensibilizar sobre la importancia de defender activamente una Sanidad Pública Canaria digna y de calidad.
Se podrá acceder a la campaña de crowdfunding pinchando en el enlace https://www.goteo.org/project/defensa-sanidad dónde se puede consultar toda la información relativa a este proyecto.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
En Canarias a 14 de noviembre de 2018
Conclusiones Jornada "Gasto Farmacéutico y Calidad Asistencial" . Caceres 24/10/2018
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“¿Es posible reducir el gasto farmacéutico sin comprometer la calidad asistencial?” es la pregunta que han intentado responder expertos, profesionales, ciudadanos, políticos y gestores sanitarios en la Jornada de debate “Gasto farmacéutico y calidad asistencial” organizada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, celebrada en Cáceres el miércoles día 24 de octubre y que contó con la participación de una veintena de ponentes. Durante la Jornada se concluyó que:
1- El gasto farmacéutico y en tecnologías sanitarias sigue incrementándose (especialmente el de la farmacia hospitalaria) de una manera no proporcional a la salud producida y está poniendo en grave riesgo no solo la sostenibilidad económica del sistema público de salud sino también la seguridad de los enfermos.
Las razones de este incremento son diversas:
- Un modelo de innovación biomédica basado en las patentes, que determina un modelo de negocio de las multinacionales farmacéuticas y de tecnologías contrario a la sostenibilidad, la cooperación y la ciencia independiente: la hegemonía de la financiación privada, el monopolio comercial y las estrategias de extensión de patentes (evergreening), la investigación en cerrado, el marketing como instrumento de ventas (en lugar de que sean las ventajas objetivas de los productos) y la necesidad de retornos en el corto plazo (que favorecen estrategias especulativas, agresivas conspiraciones y acuerdos en la sobra y una elevada prevalencia de delitos corporativos).
- El debilitamiento de las garantías que las agencias reguladoras europea (EMA) y estatal (AEMPS) exigen para permitir la comercialización de nuevos medicamentos y tecnologías que reciben una importante financiación de las farmacéuticas
- Control casi absoluto, por parte de la industria farmacéutica y de tecnologías, de todas las fases de la cadena del conocimiento biomédico: generación (ensayos clínicos, estudios de seguridad y costo-efectividad, meta-análisis..), difusión (síntesis en forma de Guías de Práctica Clónica, publicación en revistas científicas y formación especializada y continuada) y aplicación (con intervenciones promocionales que influyen en prescriptores y en la percepción de los ciudadanos acerca de la utilidad de los nuevos medicamentos y tecnologías)
- Opacidad, falta de criterios de interés público y desagregación de los procesos de evaluación, fijación de precios y acuerdos entre proveedores y compradores públicos de tecnologías y medicamentos.
- Conflictos de interés que afectan a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, instituciones sanitarias (colegios profesionales, organismos de investigación, etc.) y líderes profesionales que participan en el diseño de estrategias de salud pública, comisiones de farmacia y evaluación de tecnologías y grupos de trabajo y asesoramiento de los sistemas nacional y autonómicos de salud.
2- Estas razones están señalando retos que son de naturaleza política y con distintos ámbitos de aplicación: Cambiar el sistema de patentes y premiar la innovación con sistemas más alineados con los intereses públicos tiene en la actualidad un ámbito de decisión global. Mejorar las garantías de las agencias reguladoras de los productos farmacéuticos y de tecnologías e incrementar la transparencia de los ensayos clínicos y los procesos de evaluación y fijación de precios de los nuevos medicamentos tiene un ámbito europeo y nacional. Estos ámbitos de decisión, que están por encima de los gobiernos autonómicos, generan gran indefensión en los pagadores finales, aunque existen iniciativas profesionales y ciudadanas que intentan desvelarlos. Es fundamental que desde las Comunidades Autónomas, que son las grandes perjudicadas del modelo como pagadores, se fomente el debate político y ciudadano al respecto
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