Medicamentos a un precio justo {flike}
La Sanidad Pública tiene un serio problema con el gasto farmacéutico porque los precios de los nuevos medicamentos están creciendo de una forma exorbitante, con lo que se produce un verdadero agujero negro para el Sistema Nacional de Salud que pone en riesgo su sostenibilidad. Valgan algunos ejemplos: en 2019 se aprueba un medicamento (Kymriah, Yescarta) con un precio de 320.000 euros y se anuncia para 2020 un medicamento con un precio de 2 millones de euros. Por eso el gasto en medicamentos hospitalarios aumento un 24% entre 2014 y 2018 y sigue subiendo. Al final será imposible asumir estos precios por el sistema sanitario público que entrara en quiebra.
No se explican estos precios, que son meramente especulativos, y que no tienen relación ni con el coste en investigación y menos aún con el de producción: por ejemplo, el coste de fabricación de los nuevos medicamentos para la Hepatitis C es de 100 euros por tratamiento, sumando el coste de investigación, nos situaríamos en 300 euros por tratamiento. En España hemos pagado una media de 19.000 euros. Como se ha tratado a más de 130.000 pacientes el coste razonable sería de 39 millones de euros y hemos pagado 2.500 millones. Una situación intolerable.
Las empresas farmacéuticas consiguen gracias a este atropello unas ganancias del 40% sobre las ventas, mientras que las empresas industriales se mueven en torno al 5%. Ese fabuloso beneficio se dedica en buena parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre políticos, médicos y opinión pública.
La industria dice que invierte mucho en investigación, pero no es cierto. Invierte alrededor del 16% en investigación frente al 23% en marketing (en propaganda, en “formación” de los que deciden sobre la prescripción, en viajes, en pseudo congresos científicos, etc). Esta documentado que a veces las empresas compran los resultados de investigación de los equipos públicos a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados.
Los precios tan elevados producen efectos negativos sobre los enfermos: retrasan la aprobación de nuevos tratamientos, favorecen el racionamiento, y que las farmacéuticas retiren los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos, produciendo desabastecimientos y forzando que se recete los más caros.
Las empresas también presionan a los médicos, para favorecer que receten de forma innecesaria, provocando efectos adversos indeseados (todos los medicamentos producen efectos secundarios que son peligrosos para la salud por lo que hay que valorar el riesgo/beneficio siempre que usamos un medicamento). Un dato, en la Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año por efectos adversos evitables de los medicamentos.
Otros efectos de estos precios elevados es que los gobiernos pongan copagos a la población y se retiren medicamentos útiles de la financiación pública. En España sucedió con el RDL 16/2012 que aprobó el gobierno Rajoy, el resultado es que 1,4 millones de personas no retiraron los medicamentos prescritos en 2018. Y además lo que se paga de más en medicamentos se resta de los presupuestos sanitarios y la Sanidad Pública se queda sin dinero para personal, equipos, infraestructuras, de manera que se deteriora la calidad y aumentan las listas de espera
Unos precios tan elevados e injustos ponen en peligro la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública y por lo tanto plantean un problema muy grave para la salud.
¿Cómo se puede lograr un precio justo para los medicamentos?.
Tal y como se señala en la ILP hay que actuar desde ahora en 2 escenarios: A medio y largo plazo es preciso alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Unidas. Este marco debería volver a prohibir la utilización de patentes en medicamentos, quitando el monopolio que permite el abuso de la industria. La financiación de la investigación tiene que hacerse con fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo Global, con fijación de prioridades en función de necesidades de salud, y con investigación abierta y colaborativa. Las empresas deben facturar a precio de coste, con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%. Mientras tanto es importante aumentar la capacidad de negociación de la Sanidad Pública para negociar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible. Para ello se ha propuesto la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo”.
La ILP propone cambiar la Ley del Medicamento para lograr
- Que los precios se fijen en relación con el coste de fabricación y los costes de investigación debidamente auditados.
- Que la negociación sea transparente. Las empresas deberán facilitar toda la información sobre estos costes al gobierno y el gobierno deberá publicar esta información, así como la deliberación seguida para fijar el precio. La información es poder. Y la transparencia en asuntos tan importantes es un derecho de ciudadanía.
- Que se cree un fondo para financiar investigación y formación independiente, para que ni los médicos ni las asociaciones de pacientes tengan que ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero que les damos los pacientes y los sistemas de salud a través de los sobreprecios). Este fondo se financiará con el dinero ahorrado al fijar precios más justos, y con aportaciones por volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud.
Si la ILP prospera se podrían destinar 1.500 millones de euros anuales al fondo de investigación y formación independiente. La ILP pretende propiciar un amplio debate social , que permita movilizar un apoyo a las medidas que los gobiernos adopten para fijar precios justos. Solo de esta manera podremos mantener y mejorar una sanidad pública de calidad y para todos. Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Diputados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y julio de 2020. Para lograrlo se precisa la colaboración de todos.
Para más información: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/