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La Covid19 nos descose y desnuda {flike}
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Fecha de Publicacion : 23/09/2020
Fuente: https://www.lanuevacronica.com/la-covid19-nos-descose-y-desnuda
Autor: Alberto del Pozo Robles
Si alguien duda de cómo y porqué la administración española y sus miserias han llegado a ser objeto de estudio por parte de expertos internacionales, bastaría que se adentrasen en el trabajo que desde hace años viene haciendo el profesor A. Nieto, y así comprenderían con meridiana claridad cómo el desgobierno de nuestra administración patria no es un manojo de despropósitos nacidos de la incompetencia sino, muy por el contrario, es el resultado de una estrategia quizá cuidadosamente diseñada para que dicha administración naufrague ante los intereses y demandas de sectores privilegiados, y orientada a desfigurar así ese escenario tan retórico del hipotético y deseable estado de derecho real y eficiente, hoy inexistente.
El covid19 está plasmando y poniendo de manifiesto, entre otros, una realidad manifiesta tan palmaria como es la ineficacia, al menos en estos momentos, de nuestro modelo de organización territorial y administrativo, modelo que desde sectores cavernícolas se pretende derribar, pero que desde otras latitudes de nuestro espectro ideológico más descentralizador también se cuestiona seriamente. La descoordinación en materia de sanidad y educación, y en general en el conjunto del sector público, es tan escandalosa, que deviene en poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como el edificio de nuestro modelo productivo, la estructura social y cultural, y la viabilidad de nuestra economía. La ausencia de transparencia por parte de las administraciones, así como la nula participación de los profesionales en la propia gestión administrativa abandonando las decisiones al albur de los despachos, son ya endémicos en nuestra administración española y cuestiona su necesaria esencia democrática.
A partir de la llamada desescalada, momento en el que el gobierno central claudica ante multitud de presiones, entre ellas las provenientes de reinos de taifas que no toleran perder parte de su capacidad de gobierno autonómico, y cuando el gobierno procede así a trasladar las competencias de la gestión de la pandemia a los gobiernos autonómicos, a partir de ese momento, tanto en sanidad como en enseñanza, algunos de esos gobiernos descentralizados y desbocados, tan acostumbrados a tentaciones nepóticas en su ansia de esa autogestión de patio de vecinos, comienzan a aplicar criterios diversos, a veces contradictorios, otras veces infundados y sin soporte argumental sólido, y casi siempre modulados por intereses muy locales derivados del propio juego de confrontación política entre partidos y siempre en escenarios en los que la gestión de la pandemia pasaba a ocupar un segundo plano, cediendo su trascendencia al juego de intereses de sectores diversos en liza tan influyentes como domésticos. El resultado ya lo estamos padeciendo, y es que las comunidades autónomas han empleado los esfuerzos económicos, y las partidas específicas destinadas a paliar esta crisis, de forma arbitraria y sin el necesario control ni transparencia por parte de la ciudadanía.
Algunos medios de comunicación, tan preocupados por aspirar a ocupar el primer puesto en el share o en su balance de ventas, se afanan en dar de sí todo lo que pueden en un asunto que poco tiene que ver con la dinámica democrática que deberían potenciar, sino más bien en el manejo de cifras macabras de contagiados, afirmaciones de tertulianos, test, PCRs realizadas, ingresos hospitalarios y fallecimientos, sin atender ni por un momento a que su función también debería ser la de ofrecer resultados y transparencia en la gestión administrativa y económica de esos gobiernos ante esta pandemia.
Así, observamos cómo nadie publica el cómo se están empleando las partidas presupuestarias específicas para luchar contra la posible segunda ola del covid, como tampoco nadie divulga que, por ejemplo en educación, existen espacios, personal voluntario y posibilidades para inaugurar el curso académico con más y mejores garantías de seguridad que las observadas a día de hoy. Y ejemplos nos pueden dar algunos países europeos de nuestro entorno. Edificios abandonados pero aún utilizables, personal solidario que engrosa las brigadas de desempleo, voluntariado civil deseoso de ser considerado útil en estos momentos, instalaciones deportivas en desuso, edificios religiosos y colegios privados que intentan mantenerse asépticos al margen de esta tormenta sin que nadie les comprometa, etc... y todo esto se ha desechado por falta de conocimiento, de imaginación, por falta de voluntad política, y por la incompetencia, descoordinación e ineficacia de algunos de quienes nos gobiernan en el ámbito autonómico. En el sector salud nos encontramos con algo parecido, pues aun siendo cierto que hay categorías de personal sanitario que no disponen de más efectivos, por cierto, todo ello debido a las políticas restrictivas para con lo público aplicadas por los gobiernos neoliberales y socialdemócratas de los últimos años, lo cierto es que la gestión de la pandemia y el colapso y sobresaturación de trabajo para los sanitarios bien podría haberse aliviado si a alguno de nuestros gobernantes autonómicos se le hubiera ocurrido la feliz idea de contratar a más personal administrativo, telefonistas, personal voluntario para el tan cacareado rastreo de contactos, etc… y nos consta que en las gerencias de salud hay un listado de personal voluntario, sanitario y no sanitario, muchos de ellos y ellas ya jubilados, que no han sido reclamados para estas tareas obviamente solidarias... Pero tampoco se ha hecho. Como tampoco se ha hecho el exigir al sector privado de la sanidad una colaboración solidaria para recabar recursos y aunar esfuerzos en la lucha asistencial contra el covid. Esto parece que no va con ellos.
No podemos obviar que tanto la sanidad como la enseñanza son sectores transferidos a las comunidades autónomas, y que salvando líneas muy generales de actuación colectiva de rango estatal, la gestión, diseño y aplicación de presupuestos, políticas de personal y resultados en salud y educación, todo ello les corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas y no al Estado central. Por todo ello, y regresando a los planteamientos con los que comenzábamos, ignoramos si estamos gobernados por incompetentes, egoístas, miopes, reyezuelos de tres al cuarto, cortoplacistas, corruptos o simplemente tontos de salón, pero lo cierto es que el covid está ayudando a constatar que toda esa tropa está apostando, no sabemos si consciente o inconscientemente, por demostrarnos que el estado de las autonomías, en un perfil tan detallado como el profesor Nieto nos dibujaba, está resultando un caos, y que además, a día de hoy, nos está resultando muy caro…en dinero por supuesto, pero también en salud y en vidas humanas.
Uno, que se alinea incondicionalmente con los defensores del modelo de organización territorial sancionado y defendido en nuestra Constitución, no puede sino hacer un alto en el camino y pararse a reflexionar si en momentos con éste, azotados por una pandemia sin precedentes como la que nos amenaza, no deberíamos cobijarnos bajo la excepcionalidad de una necesaria coordinación estatal que no descosa las costuras de nuestro imperfecto y defectuoso modelo de organización, hoy en manos de líderes sin ninguna perspectiva de estado y sin la voluntad política de dotar a nuestra administración pública de los imprescindibles recursos y de su necesaria y exigible eficacia y eficiencia.
El covid19 está plasmando y poniendo de manifiesto, entre otros, una realidad manifiesta tan palmaria como es la ineficacia, al menos en estos momentos, de nuestro modelo de organización territorial y administrativo, modelo que desde sectores cavernícolas se pretende derribar, pero que desde otras latitudes de nuestro espectro ideológico más descentralizador también se cuestiona seriamente. La descoordinación en materia de sanidad y educación, y en general en el conjunto del sector público, es tan escandalosa, que deviene en poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como el edificio de nuestro modelo productivo, la estructura social y cultural, y la viabilidad de nuestra economía. La ausencia de transparencia por parte de las administraciones, así como la nula participación de los profesionales en la propia gestión administrativa abandonando las decisiones al albur de los despachos, son ya endémicos en nuestra administración española y cuestiona su necesaria esencia democrática.
A partir de la llamada desescalada, momento en el que el gobierno central claudica ante multitud de presiones, entre ellas las provenientes de reinos de taifas que no toleran perder parte de su capacidad de gobierno autonómico, y cuando el gobierno procede así a trasladar las competencias de la gestión de la pandemia a los gobiernos autonómicos, a partir de ese momento, tanto en sanidad como en enseñanza, algunos de esos gobiernos descentralizados y desbocados, tan acostumbrados a tentaciones nepóticas en su ansia de esa autogestión de patio de vecinos, comienzan a aplicar criterios diversos, a veces contradictorios, otras veces infundados y sin soporte argumental sólido, y casi siempre modulados por intereses muy locales derivados del propio juego de confrontación política entre partidos y siempre en escenarios en los que la gestión de la pandemia pasaba a ocupar un segundo plano, cediendo su trascendencia al juego de intereses de sectores diversos en liza tan influyentes como domésticos. El resultado ya lo estamos padeciendo, y es que las comunidades autónomas han empleado los esfuerzos económicos, y las partidas específicas destinadas a paliar esta crisis, de forma arbitraria y sin el necesario control ni transparencia por parte de la ciudadanía.
Algunos medios de comunicación, tan preocupados por aspirar a ocupar el primer puesto en el share o en su balance de ventas, se afanan en dar de sí todo lo que pueden en un asunto que poco tiene que ver con la dinámica democrática que deberían potenciar, sino más bien en el manejo de cifras macabras de contagiados, afirmaciones de tertulianos, test, PCRs realizadas, ingresos hospitalarios y fallecimientos, sin atender ni por un momento a que su función también debería ser la de ofrecer resultados y transparencia en la gestión administrativa y económica de esos gobiernos ante esta pandemia.
Así, observamos cómo nadie publica el cómo se están empleando las partidas presupuestarias específicas para luchar contra la posible segunda ola del covid, como tampoco nadie divulga que, por ejemplo en educación, existen espacios, personal voluntario y posibilidades para inaugurar el curso académico con más y mejores garantías de seguridad que las observadas a día de hoy. Y ejemplos nos pueden dar algunos países europeos de nuestro entorno. Edificios abandonados pero aún utilizables, personal solidario que engrosa las brigadas de desempleo, voluntariado civil deseoso de ser considerado útil en estos momentos, instalaciones deportivas en desuso, edificios religiosos y colegios privados que intentan mantenerse asépticos al margen de esta tormenta sin que nadie les comprometa, etc... y todo esto se ha desechado por falta de conocimiento, de imaginación, por falta de voluntad política, y por la incompetencia, descoordinación e ineficacia de algunos de quienes nos gobiernan en el ámbito autonómico. En el sector salud nos encontramos con algo parecido, pues aun siendo cierto que hay categorías de personal sanitario que no disponen de más efectivos, por cierto, todo ello debido a las políticas restrictivas para con lo público aplicadas por los gobiernos neoliberales y socialdemócratas de los últimos años, lo cierto es que la gestión de la pandemia y el colapso y sobresaturación de trabajo para los sanitarios bien podría haberse aliviado si a alguno de nuestros gobernantes autonómicos se le hubiera ocurrido la feliz idea de contratar a más personal administrativo, telefonistas, personal voluntario para el tan cacareado rastreo de contactos, etc… y nos consta que en las gerencias de salud hay un listado de personal voluntario, sanitario y no sanitario, muchos de ellos y ellas ya jubilados, que no han sido reclamados para estas tareas obviamente solidarias... Pero tampoco se ha hecho. Como tampoco se ha hecho el exigir al sector privado de la sanidad una colaboración solidaria para recabar recursos y aunar esfuerzos en la lucha asistencial contra el covid. Esto parece que no va con ellos.
No podemos obviar que tanto la sanidad como la enseñanza son sectores transferidos a las comunidades autónomas, y que salvando líneas muy generales de actuación colectiva de rango estatal, la gestión, diseño y aplicación de presupuestos, políticas de personal y resultados en salud y educación, todo ello les corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas y no al Estado central. Por todo ello, y regresando a los planteamientos con los que comenzábamos, ignoramos si estamos gobernados por incompetentes, egoístas, miopes, reyezuelos de tres al cuarto, cortoplacistas, corruptos o simplemente tontos de salón, pero lo cierto es que el covid está ayudando a constatar que toda esa tropa está apostando, no sabemos si consciente o inconscientemente, por demostrarnos que el estado de las autonomías, en un perfil tan detallado como el profesor Nieto nos dibujaba, está resultando un caos, y que además, a día de hoy, nos está resultando muy caro…en dinero por supuesto, pero también en salud y en vidas humanas.
Uno, que se alinea incondicionalmente con los defensores del modelo de organización territorial sancionado y defendido en nuestra Constitución, no puede sino hacer un alto en el camino y pararse a reflexionar si en momentos con éste, azotados por una pandemia sin precedentes como la que nos amenaza, no deberíamos cobijarnos bajo la excepcionalidad de una necesaria coordinación estatal que no descosa las costuras de nuestro imperfecto y defectuoso modelo de organización, hoy en manos de líderes sin ninguna perspectiva de estado y sin la voluntad política de dotar a nuestra administración pública de los imprescindibles recursos y de su necesaria y exigible eficacia y eficiencia.
