Un acuerdo ambiguo con algunas mejoras, pero insuficiente para la Sanidad Pública {flike}
La situación de la Sanidad Pública, tras las políticas de recortes, desmantelamiento y privatización llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, podría caracterizarse como crítica. Así puede comprobarse en el aumento de personas que señalan la Sanidad como principal problema que más les afecta y de las reclamaciones sanitarias ante el Defensor del Pueblo. El Sistema Sanitario Público ha perdido sus principales señas de identidad como eran la universalidad, la equidad en el acceso y la calidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que un gobierno progresista debería afrontar con decisión y voluntad política los principales problemas que afectan al sistema sanitario, antes que su deterioro sea irreversible: El Real Decreto Ley 16/2012 privó a los inmigrantes y jóvenes del derecho a la asistencia y generalizo los copagos (especialmente a los colectivos más débiles como los pensionistas) poniendo barreas económicas de acceso a los medicamentos; los recortes presupuestarios y de personal sanitario han mermado la calidad de la atención e incrementado las listas de espera; la utilización de la colaboración público privada (CPP, PFI, Concesiones Sanitarias, etc.) para construir y gestionar los centros sanitarios han disparado el coste y privatizado la gestión de los mismos; la externalización de servicios esenciales como la historia clínica, la receta electrónica o las centrales de llamadas han puesto estos servicios esenciales para la planificación en manos de multinacionales, fondos de inversión y auditoras; la privatización de la compra de equipamiento tecnológico, investigación (I+D+I) y docencia ha traspasado a la industria farmacéutica y de la electro- medicina gran parte del presupuesto sanitario.
Por ello vemos con preocupación el acuerdo de gobiernos suscritos por el PSOE y Ciudadanos en materia sanitaria porque:
1.- Aunque plantea eliminar la necesidad del aseguramiento para tener derecho a la asistencia sanitaria, se vincula la recuperación del mismo al empadronamiento, lo que supone una barrera y discriminación para muchos inmigrantes no regularizados, dadas las trabas históricas de muchos ayuntamientos a empadronarlos por motivos ideológicos. Entendemos que muchas CCAA han solventado este problema de una manera más valiente y efectiva.
2.- No se plantea blindar la gestión sanitaria pública ni el rescate de los centros privatizados por el PP mediante Concesiones (Comunidad Valenciana), Iniciativas de Financiación Privada- PFI (Madrid, Castilla y León o Galicia), a pesar de que en la práctica totalidad de los casos los costes multiplican por cuatro a siete veces sus precios reales, recortan drásticamente los recursos, ofertan servicios de peor calidad y vulneran la legislación del Estado y de la Unión Europea. Al mismo tiempo se mantiene la Red de Utilización Pública por la que multitud de centros privados, en manos de empresas multinacionales, bancos y fondos de inversión se están repartiendo una parte sustancial del presupuesto sanitario.
3.- No se hace ninguna referencia a recuperar el nivel de gasto público ni a los profesionales eliminados con la política de unos recortes que son de los mayores de los países de la Unión Europea y que además de deteriorar el sistema han incrementado los niveles de desigualdad.
4.- Parece que se pretende poner en manos privadas la evaluación de la calidad del sistema, los recursos de información sanitaria y la renovación tecnológica de los centros asistenciales. El Plan Nacional de Big Data de la Salud puede poner en manos privadas toda la información de salud de la población española, satisfaciendo unos de los objetivos estratégicos de las multinacionales de la información y comunicación, para poder diseñar sus estrategias de penetración y apropiación del Sistema Nacional de Salud.
El acuerdo no aborda los grandes problemas de la sanidad ni especifica con claridad las medidas a adoptar para recuperar el carácter público, la calidad y la equidad en la atención a la salud. Su formulación en muchos temas es excesivamente ambigua e imprecisa y por lo tanto los resultados de su desarrollo son impredecibles. Desde la FADSP entendemos que debería de apostarse de una manera más clara e inequívoca por la recuperación de la Sanidad Pública y el derecho a la protección a la salud de la población.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
26 de Febrero de 2016