La FADSP exige garantizar la Atención Sanitaria a la población no regularizada {flike}
Como es conocido el RDL 16/2012 entre otras muchas medidas lesivas para la Sanidad Pública excluyo a la población no regulariza en nuestro país (los inmigrantes irregulares) de la asistencia sanitaria pública. Esta situación provoco no solo un amplio rechazo social y profesional, sino graves problemas de salud (existen varias muertes documentadas) para una población ya de por si especialmente vulnerable.
Como respuesta la mayoría de las CCAA pusieron en marcha normativas de diverso rango para garantizar y/o favorecer esta asistencia sanitaria, de manera que a mediados de 2017 solo una comunidad autónoma (Castilla y león) no había establecido ningún mecanismo de asistencia a los inmigrantes sin regularizar y otra mas (La Rioja) lo hacia mediante un convenio con las ONG.
No obstante la legislación que habían aprobado varias CCAA para garantizar esta asistencia sanitaria fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central y recientemente (desde noviembre de 2017, la ultima sentencia el 28 de febrero de 2018) se han anulado las legislaciones de 4 de estas CCAA (Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura y Navarra), en esta situación desde la FADSP queremos señalar lo siguiente:
1.- Aunque las anulaciones se han producido por problemas competenciales, entendemos que el derecho a la salud de las personas es un derecho básico recogido por los tratados internacionales que debe de prevalecer sobre otros de carácter técnico- organizativo.- 2.- De estas decisiones del TC se deriva una situación de desprotección de un grupo de personas que tienen con frecuencia serios problemas de salud y que pueden provocar serios problemas de salud pública.
- 3.- Pensamos que es urgente la derogación del RDL 16/2012 por inhumano, lesivo para la salud e ineficaz desde el punto de vista sanitario.
Por suerte las CCAA afectadas parece que están poniendo en marcha sistemas alternativos que garanticen la asistencia sanitaria de este colectivo, pero no es bueno que haya que recurrir a recovecos legales para garantizar la atención sanitaria a todas las personas que están en el territorio de este país. Una vez más se pone en evidencia que tenemos un gobierno despiadado con los débiles y comprensivo y colaborador con los corruptos y poderosos.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
2 de marzo de 2018