En relación con las declaraciones emitidas desde el Ministerio de Sanidad, respecto a la propuesta de flexibilizar la política de incompatibilidades del personal sanitario, para así hacer posible la doble dedicación y aliviar el grave problema de escasez de profesionales de algunas categorías, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) reitera que no es ese el camino a seguir, salvo que la pretendida “colaboración público-privada” busque otros objetivos de privatización y abrir así las puertas a una competitividad y conflicto de intereses más a tono con el mundo empresarial que con los servicios públicos, en especial con el concerniente al que debe procurar el ejercicio del derecho a la salud de las personas.

Al parecer, las comunidades autónomas no quieren imponer criterios más rígidos en las normativas de incompatibilidades del personal del Sistema Nacional de Salud, ante la medida presentada por el Grupo de Trabajo constituido por el Ministerio de Sanidad de Dolores Monserrat y que va a poner en marcha 13 líneas de actuación que ha consensuado con las comunidades autónomas para la planificación adecuada de las necesidades de personal médico.

Es cierto que uno de los retos más importantes que afronta en estos momentos el sistema público de sanidad es el de la planificación de los recursos humanos en un escenario de escasez de los mismos, dada la nefasta política de personal seguida por las administraciones, la cicatería en la cuantificación de la oferta de formación MIR y su escandalosa ausencia de previsión (salen a concurso, dotadas económicamente, unas 2000 plazas de formación menos de las acreditadas). Pero en ningún caso se puede justificar el modificar la normativa de las incompatibilidades del personal médico en el Sistema Nacional de Salud para flexibilizar la vinculación del profesional a su centro, y permitir así el atender necesidades de otros y diversos dispositivos asistenciales de titularidad privada. Al parecer, los núcleos de pensamiento privado (y privatizador) no sólo no están suficientemente satisfechos con el actual crecimiento de beneficios obtenido al parasitar y precarizar el sistema público, sino que ahora le quieren dar otra vuelta de tuerca a la situación y buscan apropiarse de sus recursos humanos, los que, dicho sea de paso, se han formado profesionalmente con fondos públicos y en centros públicos.

En estos momentos en los que se constata la escasez de algunas categorías profesionales, es cuando las administraciones sanitarias de las CCAA y el propio Ministerio de Sanidad deben demostrar su “cacareada” defensa de la Sanidad Pública, apostando por preservar la independencia, sin conflicto de intereses, de los profesionales formados con fondos públicos.

Es por ello que nos parece que la única solución ante esta situación pasaría por incentivar a los profesionales y fidelizarlos y retenerlos en el sistema público, cuestión que, en opinión de la FADSP, sólo se conseguiría aplicando la dedicación exclusiva de todos los profesionales del sistema público, pero incentivando generosamente determinados puestos de trabajo, así como otras circunstancias como la penosidad del puesto, el difícil acceso, el aislamiento, la dificultad de promoción profesional, la escasez de mecanismos de formación e investigación, etc…

Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la dedicación exclusiva del personal médico es un elemento “clave” para el correcto desarrollo de la sanidad pública, pues es evidente que esa dedicación exclusiva permite una mayor disposición de tiempo para su actualización profesional y, sobre todo, permite evitar el potencial conflicto de intereses de quienes simultanean el trabajo en el sector público y el privado, conflicto de intereses que favorece el que se detraigan recursos del sistema público en beneficio de la privada, y eludiendo así los comportamientos oportunistas como el absentismo, el incumplimiento horario, el desvío de pacientes al sector privado, la demanda inducida, la selección de pacientes y la apropiación y/o el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

10 de mayo de 2018