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Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia

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Admitida la demanda de la ADSPC sobre el concierto de hospitalización de media estancia

 

  HospCiudTelde

 

 Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias.

   La demanda en lo contencioso-administrativo en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

   Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

   Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

   Con el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que admite la citada demanda, continúan las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 2 de marzo de 2021

Navarra: Miércoles 11 Hs Defiende tu Centro de Salud

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Marea Blanca. Madrid 14 de Marzo de 2021

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CARTEL MB 14.03.2021
 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid exige la apertura de todos los Centros de Salud de la región

CS PascualRodriguez
 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid exige la apertura de todos los Centros de Salud de la región

Casi un año después de la primera ola de la pandemia continuan muchos cerrados total o parcialmente muchos Centros de Salud en la Comunidad de Madrid, con los problemas que ello produce en la accesibilidad de la población a la Atención Primaria y en el deterioro de la asistencia sanitaria a las personas más mayores y con enfermedades crónicas.

Uno de los muchos ejemplos es el barrio Casa de Campo- Batan donde los dos Centros de Salud del mismo (Pascual Rodriguez y Cebreros) permanecen cerrados desde marzo de 2020, dejando la asistencia de la población a un centro situado lejos del mismo y con mala comunicación por transporte público.

El mantenimiento de estas situaciones provoca desatención, a la vez que produce un deterioro para la salud de las personas más vulnerables

La Comunidad de Madrid debería de preocuparse más de garantizar atención sanitaria de calidad a toda la población y menos de obras - espectáculo que además se aprovechan para fomentar privatizaciones y enormes beneficios de las empresas amigas.

Por todo ello exigimos la puesta en funcionamiento de manera inmediata de todos los Centros de Salud de la región en el mismo horario que tenían previamente a la pandemia

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

1 de Marzo de 2021

recuperemos la sanidad publica. Cádiz 20 de marzo de 2021

cadiz

Concentración Zaragoza

 
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Nota AGDSP debate cambio Ley Gallega de Salud por la COVID

 

    agdsp   Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública reiteramos nuestro apoyo a la Plataforma SOS Sanidade Pública y a las fuerzas políticas que se oponen la la reforma de la Lei Galega de Saude que se debate mañana en el Parlamento:

         1.- Antes que nada queremos rechazar las criticas de que nuestra oposición responda a posiciones negacionistas del COVID. Consideramos que la epidemia tiene una gran repercusión sobre la salud de la población y  apoyamos las medidas destinadas a evitar contagios como confinamientos, uso de mascarillas o vacunaciones.

         2.- Sin embargo, entendemos el cambio de la Lei como una medida de marketing político, innecesaria por existir instrumentos suficientes para combatir la pandemia y que tendrá repercusión sobre los derechos y libertades cívicas de la población (que no serian aceptados por la misma si no existiera la actual situación de alarma).

         3.- Consideramos, al igual que la Organización Mundial de la salud y  diferentes Comisiones deontológicas, que no se puede imponer con carácter obligatorio y bajo amenaza de fuertes sanciones, la realización de pruebas, tratamientos o vacunaciones, porque invaden el derecho a la libertad de decisión individual sobre salud y el Consentimiento Informado.

         4.- También estimamos incensario y peligroso el poder que se otorga a un Comité Clínico cuya composición responde a criterios políticos y que es al menos cuestionable. La multiplicación de organismos con autoridad sanitaria, el  poder discrecional que se otorga a las mismas y la multiplicación de los controles tecnológicos,   derivan a un modelo de sociedad autoritaria.

      En base a todo ello exigimos la atarax online espana del proyecto de cambio de la Lei y abrir un proceso colaborativo y  trasparente de la administración con todas la fuerzas políticas, sindicales y ciudadanas para hacer frente eficazmente a la epidemia.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Coordinadora Andaluza Mareas Blancas: ¡Recuperemos la Sanidad Pública!

 
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Los planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privado

ConradoTrujLa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”. 

Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.

Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español. 

La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente. 

Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado? 

Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.

La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial  y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.   

También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.

Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo. 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda

En Canarias a 22 de febrero de 2021

La Atención Especializada en las CCAA 2021

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Conclusiones y Recomendaciones

 

 

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Informe Completo

 

 

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