Recuperar la Sanidad Pública Gallega

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     La salud es un derecho y no debe convertirse en un negocio. Las medidas aplicadas por los gobiernos del PP, a nivel central y autonómico, fueron en sentido contrario. Son decisiones políticas basadas en una ideología clasista (excluyente) que entiende la actividad asistencial como un nicho de negocio. Hace falta garantizar la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía. Esperamos que de las elecciones del próximo 25 de septiembre surja un gobierno progresista que ponga fin a las políticas de desmantelamiento del sistema público que está aplicando el PP. Para eso proponemos que desde el gobierno de Galicia se apliquen las siguientes medidas:

     1.- Suspender en Galicia la aplicación del RDL 16/2102, volviendo a una sanidad universal, eliminando los copagos y garantizando una cartera de servicios única y equitativa para toda la ciudadanía.

     2.- Recuperación de la financiación sanitaria pública a los niveles del inicio de la crisis. Esta medida tendrá que ir acompañada de la renegociación con el Estado del modelo de financiación sanitaria y de medidas de racionalización del gasto en farmacia, alta tecnología, privatizaciones y conciertos.

     3.- Recuperación para el sistema público gallego de los centros y servicios asistenciales privatizados (nuevo hospital de Vigo, Laboratorio Central de Galicia, etc.) mediante un plan a corto, medio y largo plazo, que incluya auditorías de los contratos y concesiones con el sector privado, denuncias de las irregularidades detectadas y establecer estrategias de negociación.

     4.- Recuperar la titularidad pública del sistema de información sanitaria del Sergas (historia clínica, receta electrónica, central de llamadas, ...). Facilitar que los profesionales del sistema sanitario público accedan a la información que generan con la prohibición de acceso a los mismos por los centros privados, salvo en el caso de actividades concertadas (con carácter complementario). Obligatoriedad de que todos los centros y servicios realicen anualmente memorias sobre sus recursos y actividades.

     5.- Acabar con la figura del “socio tecnológico” utilizado para la adquisición de equipación tecnológica, y con los Institutos de Investigación Biomédica que se han acogido al modelo de colaboración público-privada y están controlados por la industria farmacéutica. Creación de un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea de gestión pública, sin participación privada.

     6.- Recuperar el nivel de empleo en la sanidad pública, mediante un plan que incluya un diagnóstico de necesidades del sistema, establezca prioridades y acabe con la precariedad laboral. Acabar con la amortización de plazas por jubilación y con los contratos basura; desarrollar incentivos basados en la calidad asistencial, transparentes y con control democrático y recuperar los derechos laborales suprimidos por el PP.

     7.- Elaborar un plan integral para afrontar la situación de las listas de espera desde la sanidad pública mediante la ampliación de las camas hospitalarias, utilización plena de los centros hospitalarios, políticas de personal incentivadoras, mejora de la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, dotación de recursos adecuados a los Servicios de Urgencias extrahospitalarios y exigencia de la dedicación exclusiva de los trabajadores sanitarios.

     8.- Recuperar el Plan de Mejora de la Atención Primaria, que la sitúe en el centro del sistema y potencie su capacidad resolutiva dotándola del personal, equipación y acceso a los recursos diagnósticos necesarios para garantizar las políticas de promoción y prevención de salud y una asistencia de calidad.

     9.- Suprimir las Unidades de Gestión Integrada y recuperar las Gerencias de Atención Primaria.

    10.- Potenciar las Áreas Sanitarias como espacios para la coordinación de niveles y servicios asistenciales. Reintegrar a los hospitales comarcales los recursos y servicios que les sustrajeron en los últimos años.

     11.- Obligatoriedad de elaborar un Plan Gallego de Salud cuatrienal que oriente la política de la Consellería de Sanidad y del Sergas, complementado por planes de salud en cada Área Sanitaria que definan los recursos necesarios, los programas y actividades a desarrollar por centros y servicios, en función de sus necesidades y problemas de salud detectados con la participación de la población y de los trabajadores sanitarios.

     12.- Acabar con la libre designación de los cargos de gestión de los centros sanitarios mediante la cobertura de las plazas por concursos públicos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, con evaluaciones del desempeño.

     13.- Garantizar la formación continuada de todos los trabajadores sanitarios de manera independiente y con contenidos fundados en la medicina basada en la evidencia, sin presencia de la industria farmacéutica.

     14.- Desarrollar en todos los niveles y centros del sistema instrumentos y mecanismos para favorecer la participación social y profesional.

Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP)

Galicia, septiembre de 2016.

El Gobierno Canario antepone los recortes a la salud de la población

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Un auténtico atraco a los ya escasos recursos materiales y humanos de la Sanidad Pública Canaria se está planteando por el Gobierno de Clavijo. Eso es la instrucción que la Consejería de Sanidad de Morera ha dado a sus gerencias para reducir 11 millones de euros en personal, tratando de suavizarlo de forma ladina con un recorte del 30% en incentivos para directivos, pero además supone no sustituir las bajas laborales (hasta el día 21 de baja), ni cubrir jubilaciones, ni vacaciones, ni días de libre disposición, ni renovar los contratos que terminen antes de fin de año, incluso se está cesando a personal que estaba contratado hasta diciembre. La gerencia del HUC, por ejemplo, ha calculado que dejarán de hacerse cinco mil ecografías, mil operaciones y doscientas resonancias, lo cual incrementara las listas de espera de una manera disparatada si sumamos los pacientes que en estos últimos meses pasaran a engrosarlas. Además de la interrupción de programas y proyectos como el plan de choque contra las listas de espera. Ni que decirse tiene que esto se va a traducir en empeoramiento de las patologías y en aumento de la mortalidad de la población canaria, en pocas palabras CREARÁ UN AUN MAS GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

Un día el Presidente Clavijo dice que tomará medidas contra las listas de espera y al día siguiente recorta para incrementarlas y atentar contra la salud de los ciudadanos, nos recuerda a aquel otro presidente cuando hablaba de camas y otras lindezas, que solo demostraba su ignorancia y su falta de respeto a la ciudadanía con mas promesas y mentiras. ¿DONDE ESTAN ESOS POLITICOS GOBERNANTES QUE AÑO TRAS AÑOS SE PROCLAMAN DEFENSORES DE LA SANIDAD CANARIA ?

Acabamos de hacer público el "Informe 2016 sobre la Situación Sanitaria en las Comunidades Autónomas" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que Canarias y la Comunidad Valenciana son las que presentan una peor situación. El Informe se realiza con datos de 2014 y 2015 y solo alguno de 2016,  de manera que reflejan mayoritariamente los resultados de las políticas sanitarias de los gobiernos anteriores a las últimas elecciones autonómicas, por lo  que los efectos de los cambios que se han producido en las CCAA tienen un reflejo moderado en los resultados del mismo y solo podrán ser evaluados de una manera generalizada en el próximo Informe en 2017, además existe una amenaza de la UE de imponer nuevos recortes en el gasto público, que de producirse, repercutirán muy negativamente sobre la Sanidad Pública.

Evidentemente, la repercusión del planteado ajuste al "objetivo del déficit" va a suponer que en el próximo Informe de 2017 Canarias estará situada de todas todas en última posición, ya que lo que se avecina en los últimos 4 meses de 2016 se añadirá a lo puesto de manifiesto en los datos publicados en agosto con el incremento de las listas de espera quirúrgica, de cita con un especialista y para una prueba complementaria. Para una intervención quirúrgica, 2.377 pacientes más. La cifra de espera de más de seis meses para ser operados (9.547) con un aumento de 381 pacientes. Habían además 25.437 personas con cita para un especialista y para las pruebas complementarias aguardaban 33.418 personas.

No podemos permitir bajo ningún concepto los recortes anunciados, ni los de Clavijo ni los dictados por la UE, ya que son una amenaza muy real a la salud y a la supervivencia de la mayoría de la población canaria. Si la salud y la vida son lo primero que valoramos también deben ser lo primero que defendamos con todos los medios a nuestro alcance. Por eso, señores Clavijo y Morera, lo mejor es que se vayan, pero nos tememos que no lo conseguiremos sin la más amplia y contundente movilización de la ciudadanía canaria en general y del personal sanitario y pacientes en particular.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias, 12 de septiembre de 2016

Nota AGDSP apertura chapucera centro salud Ourense

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La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública quiere denunciar la situación creada por la administración sanitaria, concretamente por la Gerencia de Integrada de Ourense, por la forma en la que se esta procediendo a la apertura del nuevo centro de salud de O Couto en la calle Velazquez.

1.- La proximidad de las elecciones gallegas y la premura por abrir dicho centro en los plazos establecidos para garantizar la financiación de la Unión Europea, parece que están detrás de las prisas por abrirlo sin estar preparado para ello. La Gerencia Integrada de Ourense ha sido incapaz de gestionar la licencia municipal correspondiente y de acabar en el plazo establecido la entrega y apertura del Nuevo Centro.

2.- Esta situación, además de poner en riesgo la financiación europea está generando desconcierto y graves problemas de acceso a la atención sanitaria a los pacientes asignados al nuevo centro. A esta población se le ofreció la posibilidad de cambiar de medico/a y enfermero/a, llegándose a cerrar las agendas asistenciales (algo sin precedentes) dejando si atención ordenada a las personas enfermas, mientras a los trabajadores se les conminó a empaquetar sus pertenencias y cambiar de sala para el traslado delmaterial informático. La sorpresa fue que esta orden fue suspendida generando grandes molestias a pacientes y personal sanitario, por la negativa del Ayuntamiento de Ourense (gobernado también por Partido Popular) a la apertura de un Centro de Salud sin la preceptiva licencia de apertura. Si no había permisos en tiempo y forma, por qué se ha alertado a tanta población?

3.- Todo este embrollo, propio de una película de los Hermanos Marx, viene a demostrar, una vez más la incapacidad del Gobierno de Núñez Feijoo para gestionar los servicios públicos, especialmente los sanitarios, que periódicamente se ven involucrados en situación escandalosas como en los casos de los Hospitales de Vigo, Pontevedra, Salnés etc., pero sobre todo en la Atención Primaria cada vez más deteriorada una administración centrada en la privatización y las externalizaciones de servicios. La Conselleria y el SERGAS se muestran insensibles a los sufrimientos y necesidades asistenciales de la población.

4.- Los problemas y situaciones escandalosas que afectan periódicamente a la atención sanitaria del Área de Ourense, deberían haber determinado hace tiempo el cese fulminante de la responsable de la Gerencia Única. No sabemos si la explicación estará en las relaciones de parentesco de la misma con el Sr. Feijoo, algo bastante común entre los responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma y más concretamente en Ourense.

5.- Por todo ello exigimos una explicación de aclare semejante embrollo, la realización de los tramites necesarios para la apertura del centro y el cese fulminante de la Gerente del Área de salud Integrada por su probada incapacidad para desempeñar semejante responsabilidad.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

15 de septiembre de 2016

LA ADSP de Madrid ante el Anteproyecto de Ley de reglamento de los centros sanitarios

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Nota AGDSP recorte gasto sanitario

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           El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente que desde el inició de la crisis se ha reducido el gasto sanitario público en un 11%, al tiempo que se incrementó el gasto privado en un 16%. Aunque estos datos se refieren únicamente al dinero que los ciudadanos ponen de su bolsillo para pagar prestaciones sanitarias eliminadas de la sanidad púbica por el actual gobierno (copagos, medicamentos, etc), y no tienen en cuenta los fondos que la sanidad pública destina a proyectos de Colaboración Público Privada como el Nuevo Hospital de Vigo, conciertos como el de POVISA, compras de medicamentos y de material sanitario, etc., que también van a bolsillos privados.

           El avance de la privatización es aún más preocupante en Galicia donde el presupuesto sanitario público se recortó en un 18.3% (la CCAA con mayor reducción de gasto). Esta reducción presupuestaria ha tenido como consecuencias, además de obligar a personas y familias a pagar cosas que antes eran gratuitas (copagos), a reducir personal sanitario (1.795 plazas en la sanidad pública de las que 513 fueron plazas de médicos y 184 de enfermería), lo que supuso un 30.6% de recorte frente a una media del 7.9% en el resto del Estado. También se han eliminado camas hospitalarias (447 camas), mientras se han incrementado las listas de espera.

            Al mismo tiempo prosigue la política de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario del gobierno popular que esta regalando a empresas multinacionales y fondos de inversión los recursos estratégicos del SERGAS (laboratorio central, historia clínica y receta electrónicas, central de información y llamadas, logística, compra de equipamientos, investigación, docencia, etc.), por lo que podemos decir sanitario público gallego esta mayoritariamente en manos privadas extranjeras).

            La utilización de  la Colaboración Público-Privada para construir el Nuevo Hospital de Vigo ha incrementado su  coste de 450 a 1.400 millones de euros (pese a reducir camas, servicios, quirófanos,  etc) poniendo en riesgo a calidad de la atención e incluso la seguridad de los pacientes. En esta misma  área se ha renovado el Concierto Singular con el hospital privado POVISA, ignorando las advertencias del Consello de Cuentas, lo que supondrá pagar un canon anual de 75 millones de euros a  pesar de que este centro tienen menos recursos humanos y materiales que los hospitales del SERGAS

            También prosigue la privatización del equipamiento de los centros públicos mediante la figura del “socio tecnológico”(que permite a las empresas que fabrican los aparatos decidir los equipos que compran los  hospitales),  y de la investigación sanitaria (a través de los Institutos Biomédicos de Investigación de los hospitales públicos del Sergas, de gestión empresarial  en los que participan las multinacionales farmacéuticas).

            En resumen la Xunta de Galicia de Núñez Feijoo sigue desmantelando y privatizando la Sanidad Pública,  lo que dejará una grande hipoteca para el país y los gobiernos futuros, que deberán asumir los enormes compromisos económicos contraídos con las empresas adjudicatarias y  obligara la población gallega a pagar  buena parte de la atención. Esta política  además de incrementar la desigualdad, está dejara fuera a los colectivos de menos recursos económicos, que empiezan a ser mayoritarios.

            Desde nuestra Asociación hacemos un llamamiento a todos los partidos progresistas a realizar los esfuerzos que sean necesarios para desalojar al PP del gobierno de la Xunta. Nuestra sanidad no resistirá cuatro años más de Núñez Feijoo.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

9 de agosto del 2016

La desprotección de los datos sanitarios de la población de Pontevedra (y de Galicia)

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    Los datos sanitarios representan información especialmente protegida por ley, con la salvedad de la protección de la vida y la salud de las personas. En este sentido, los profesionales sanitarios distintos a los de referencia del paciente podrían acceder a su Historia Clínica (HC), con el único objetivo de solventar problemas de salud.

    El gobierno popular de Galicia ha generalizado esta excepcionalidad jurídica y ha abierto el acceso a la historia clínica a las empresas sanitarias privadas, tengan o no concierto con el Sergas, lo que pone en grave riesgo la confidencialidad de los datos genéticos y sanitarios de la población gallega, ya que centros privados de Galicia están vinculados a aseguradoras, institutos privados de cáncer, empresas farmacéuticas y fondos de inversión extranjeros.

    En el caso concreto del Área de Pontevedra se da la circunstancia de que los estudio radiológicos realizados a pacientes concertados en el Hospital Domínguez-Quirón son registrados en la HC electrónica como si fuesen realizados en el Hospital público (CHOP), lo que impide su identificación, confunde los estudios estadísticos y dificulta la evaluación comparativa.

    En contraposición, los profesionales sanitarios públicos no pueden acceder a estudios de imagen, realizados en el Hospital Quirón, a pacientes que acuden por accidente de tráfico o por otros medios distintos al concierto, aunque posteriormente sean ingresados en el CHOP durante el mismo proceso asistencial, lo que parece un incumplimiento de la ley de Protección de Datos, al anteponer el centro privado su “propiedad intelectual y empresarial” al derecho a la salud de los pacientes.

    Llama la atención la dejación de la Consellería de Sanidade con respecto a la defensa de los hospitales del Sergas y del derecho a la información de sus profesionales, mientras protege el negocio privado, algo a lo que ya nos tiene muy acostumbrados el presidente Feijóo.

    Existen sospechas fundadas, aunque de difícil confirmación dada la falta de transparencia al respecto, de la realización de demasiados estudios de imagen a pacientes que acuden a hospitales privados de Galicia por accidentes de tráfico leves lo que, además de suponer un gasto innecesario, incrementa la dosis de radiación a la población gallega, ya de por sí más alta que la media estatal (según informes de la propia Administración).

    La población debería conocer estos hechos y exigir un consentimiento informado y firmado tanto sobre la necesidad de determinadas exploraciones de imagen como sobre el acceso a los datos sanitarios que conlleva la asistencia en los centros sanitarios y sociosanitarios privados de Galicia.

Asociación Galega para a Defensa de Sanidade Publica

5 de agosto de 2016

Apoyo AGDSP movilizaciones suicidio Galicia

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   Ante el grave problema del crecimiento del suicidio en Galicia, como consecuencia de la crisis y la ausencia de planes de actuación específicos y de un Plan Gallego de Salud Mental, desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública exigimos la Conselleria de Sanidade :

   1. La elaboración con carácter prioritario un Plan Gallego sobre o Suicidio de carácter multisectorial, dotado de los recursos necesarios para afrontar la   gravedad del problema y articulado dentro de un Plan de Salud Mental de Galicia con la implicación de la comunidad.

   2. La constitución de un Comité Técnico para elaborar dicho Plan

   3. La creación de Comisiones Clínico-Asistenciales en cada Gerencia de Área de carácter multiprofesional y multisectorial destinadas a conocer y estudiar la realidad del suicido en cada área, realizar informes, identificar grupos y situaciones de riesgo y elaborar contrarias y protocolos de intervención

        Desde la AGDSP apoyamos las movilizaciones convocadas por el Movemento Galego de Saude Mental y la Plataforma SOS Sanidade Pública, en todas las localidades con concentraciones y campanadas en lugares públicos el dia 30 de junio a las 8 de la tarde

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

20 de junio del 2016

Es necesario integrar el Consorcio del Hospital Provincial de Castellón en la Red de Hospitales Públicos

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Manifiesto de ACDESA CS sobre la supuesta financiación irregular del PP a través de la contratación del Hospital Provincial de Castellón

   En relación a la información publicada en distintos medios sobre la denuncia presentada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusa de la existencia de una probable trama irregular que utilizaba al Hospital Provincial de Castellón como tapadera para la financiación del Partido Popular llegando a facturar más de 25 millones de euros, ACDESA Castellón  expone que:

      1. Estos supuestos casos de corrupción son inaceptables en cualquier administración y menos en la sanitaria donde los recursos son  limitados y las necesidades amplias y afectan a la salud.

      2. Estas acusaciones demuestran una vez mas el inadecuado e ineficaz modelo de gestión del consorcio sanitario entre la Diputación y Generalitat. De demostrarse las acusaciones, el consorcio habría participado en actividades delictivas clientelares en gobiernos anteriores.

   Por ello ACDESA CS vuelve a reivindicar  la necesidad urgente de disolver el consorcio e integrar al  Hospital Provincial de Castellon en la Red de Hospitales Públicos. Exigimos que este cambio de gestión se demuestre con rapidez, y sobre todo con hechos, además de con intenciones.

En Castellon, a 16 de junio de 2016

Sobre listas de espera sanitaria y fraude fiscal

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Volvemos una vez más al inevitable tema de las listas de espera en sanidad. Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses. Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes.

Los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo, revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000).

La información aportada nos crea la duda de si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables.

La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que “hacerlos dimitir”. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados.

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Reclamamos la exclusividad de los Centros Sanitarios Públicos para las Universidades Públicas

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