Los planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privado
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”.
Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.
Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español.
La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente.
Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado?
Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.
La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.
También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.
Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda
Nota AGDSP sobre la Comisión de expertos Galicia
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Ante el desconcierto y alarma generado por los continuos cambios de criterio sobre confinamientos, toques de queda, vacunaciones, cierre de centros o servicios, con la justificación de que son decisiones del “Grupos de Técnicxs Independientes”, desde la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública, queremos comunicar el siguiente:
1. Es una “Comisión de Expertxs” en la que casi la mitad dxs miembros (47%) son cargos institucionales, cuya designación se realiza por criterios de afinidad política en lugar de por su experiencia o conocimientos contrastados.
2. Falta personal experto en pandemias, dado que las especialidades directamente relacionadas que actual, como: cuidados intensivos, laboratorio, geriatría, neumología, suponen cada una el 2,7%, del total, en la misma proporción de especialidades que poco tienen que ver con la misma y sus consecuencias clínicas (urología, digestivo, cirugía, oncología,..).
3. Excluyendo a los cargos gubernamentales, 20 de un total de 26 miembros de la “Comisión de Expertos” para la pandemia Covid (77%) defienden intereses privados o presentan graves conflictos de interés, por su vinculación a las empresas farmacéuticas, incluyendo las que comercializan las vacunas para la Covid-19.
4. De esta manera, no es posible asegurar “para quien trabajan en la comisión y que intereses defienden”, o bien las empresas farmacéuticas o la población gallega.
5. Algunos de los integrantes, tienen importantes conflictos de interés con laboratorios farmacéuticos directamente relacionados con tratamientos y vacunas.
6. La Atención Primaria aportación únicamente el 11,1% del total, a pesar de su importancia para prevenir, informar, tratar o rehabilitar la contagiadxs por COVID y otras patologías de la población en los Centros de Salud y domicilios.
7. La enfermería, clave para las actividades de información, tratamientos, cuidados domiciliarios y vacunación, representa el 5,5% de la Comisión.
En resumen, parece una Comisión con una fuerte carga política e institucional y en la que las principales especialidades relacionadas con la lucha contra la pandemia tienen una escasa presencia, algo muy alejado del instrumento necesario para asesorar y adoptar decisiones en base a criterios científicos. Esta pandemia debería servir para incrementar la transparencia en la gestión del público.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
Convocatoria Manifestación por la “Sanidad pública digna” en Bilbao
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La manifestación del día 6 será a las 12:15 en Gran vía 85.
FORMULARIO PARA ASISTIR A LA MANIFESTACIÓN EN PERIODO DE CONFINAMIENTO
TRANSITO CON MOTIVO DE ASISTENCIA A MOVILIZACIO?N formularioekin
Por unos Presupuestos Sanitarios suficientes para Madrid
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Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid reclamamos una financiación suficiente para la Sanidad Pública madrileña, que permita la recuperación del sistema sanitario público de la región de los recortes continuados a los que les está sometiendo el gobierno del PP y Ciudadanos.
Consideramos que sería necesario como mínimo destinar 10.878 millones € para la Sanidad Pública de la región, para homologarnos al promedio por habitante y año que destinaran en 2021 las CCAA.
Reclamamos que este incremento se dedique de manera exclusiva a los centros sanitarios de gestión pública. Un total de 1.632 millones € deberían destinarse a la Atención Primaria (700 millones más que el presupuesto de 2020), y 218 para Salud Pública. Todo ello para poder afrontar de una manera razonable no solo la previsible tercera ola de la pandemia, sino también la recuperación de la asistencia sanitaria y las tareas de salud comunitaria.
Además, este aumento presupuestario debería de dedicarse a ampliar el número de camas hospitalarias públicas de la región, a dotar de personal suficiente los centros sanitarios de gestión pública para asegurar su aprovechamiento intensivo, y a la provisión de personal suficiente de nueva contratación al nuevo hospital Isabel Zendal, y a su remodelación para que deje de ser básicamente un pelotazo del ladrillo y se pueda convertir en un hospital general para ser utilizado por toda la población.
Entendemos que estas exigencias deben de trasladarse a los nuevos presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuya aprobación es urgente, porque no podemos continuar con unos presupuestos prorrogados de 2019, y porque son imprescindibles para garantizar una atención sanitaria de calidad para toda la población.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
13 de Diciembre de 2021
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