La necesidad de la dedicación exclusiva en la Sanidad Pública

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La dedicación exclusiva de los profesionales a la Sanidad Pública es una premisa indispensable para una mejora fundamental de su funcionamiento, por lo que los cambios legislativos que necesita el SNS y el Servicio Canario de Salud deben recogerla.

De los médicos censados en España 2/3 trabajan en la publica y 1/3 en la privada pero de estos últimos mas del 50% trabajan en la Sanidad Pública a nivel hospitalario, lo que produce un conflicto de intereses por el pluriempleo favorecedor de los denominados "comportamientos oportunistas potenciales en la práctica médica" descritos en la literatura científica.

• Absentismo y elusión de tarea.
• El desvío de pacientes al sector privado.
• La demanda inducida y la selección de pacientes.
• La apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

En nuestra Comunidad, la quinta más privatizada ( ver informe de la FADSP de abril de 2015), a pesar de los continuos desmentidos por parte del Gobierno Canario, se ha llegado a facilitar la reducción de jornada de sus profesionales, fundamentalmente médicos, para que puedan trabajar en el sector privado, además de no aplicar rigurosamente las incompatibilidades, lo que no es de extrañar cuando alguno de sus altos dirigentes proviene del sector privado.

Un colectivo tan vital, como son los médicos, la compatibilización de su trabajo con el desarrollo de esa misma actividad en hospitales privados y otras entidades resulta habitual, lo cual contribuye a que su menor dedicación pública rebaje la calidad general del sistema y hace que se produzca una competencia desleal con su puesto de trabajo público (de hecho las grandes empresas suelen exigir la exclusividad a sus trabajadores con un cierto nivel de cualificación).

La no existencia de la dedicación exclusiva supone un beneficio para el sector privado porque le permite contar con profesionales mas cualificados y motivados y que difícilmente trabajarían solo en centros privados con bajas retribuciones (puesto que se trata de un complemento de los salarios del sector público), y tiene además un efecto negativo sobre el empleo favoreciendo el paro profesional.

Los nuevos contratos deben ser con dedicación exclusiva, incentivada adecuadamente , con lo que se lograría una mayor dedicación junto con una mayor calidad asistencial, consiguiendo otros grandes beneficios como serían las jornadas continuadas a la tarde, sistemas de trabajo habituales en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Por ello desde la ADSPC proponemos:

Recuperar la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario público como un concepto central en la política de personal, incentivándola adecuadamente.

Establecer un sistema transitorio en el que todas las nuevas contrataciones llevarían aparejada la dedicación exclusiva y las personas con plaza en propiedad podrían optar a acceder a la misma o quedarse en la situación actual.

Las plazas con capacidad organizativa y/o de gestión deben de tener dedicación exclusiva sin excepción.

Debe de exigirse el cumplimiento de la ley de incompatibilidades en cuanto al personal que trabaja en los centros sanitarios que reciben financiación pública (conciertos, etc.).

Hay que garantizar mecanismos de formación continuada desde el sistema sanitario público, independientes de la industria farmacéutica y tecnológica.

Debe establecerse la obligación de declarar todas las ayudas económicas, cualquiera que sea su forma concreta, que pudieran recibirse de la industria o de entidades privadas, incluyendo fundaciones y oenegés.

Hay que reservar los centros públicos para las prácticas y la formación de los estudiantes de las universidades públicas.

Hay que crear un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea gestionada por una agencia pública de investigación.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias a 5 de mayo de 2015

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Presentado recurso para paralizar la adjudicación del Hospital de Alcañiz

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Doce organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han presentado dos recursos contencioso- administrativos para paralizar la adjudicación del hospital de Alcañiz a una empresa privada por el modelo PFI (iniciativa de financiación privada).

            Los colectivos explicaron ayer que la licitación de las obras --Sanidad ya ha abierto algunos de los sobres de las constructoras candidatas a la construcción-- generaría "perjuicios de difícil o imposible reparación" si hay un cambio de Gobierno en las próximas elecciones y se produce una anulación posterior a la adjudicación. "Puede acarrear consecuencias económicas importantes, mientras que posponer tal decisión, hasta que se resuelvan los recursos, no creemos que va a generar ningún perjuicio para los ciudadanos", explicaron las organizaciones.

            Además, los recurrentes consideran que los actos administrativos por los que se ha aprobado este sistema de adjudicación pueden contener motivos de "nulidad o vulneración" de derechos esenciales que justifican la medida cautelar solicitada.

           Las organizaciones que secundan el recurso contencioso administrativo argumentan que el modelo de adjudicación le cuesta a las arcas públicas 451 millones en lugar de 180, ya que "279 son para la empresa privada" y "lo que queremos es que revierta en sanidad", explicó José María Andreu, quien cuestionó que se cedan, además, 12 hectáreas compradas por el Ayuntamiento para la instalación de las oficinas, funerarias o floristerías que "van a hacer daño a Alcañiz".

            Los representantes de las diferentes organizaciones recordaron que ya han presentaron 17.000 firmas y 11.000 alegaciones contra la "privatización" del hospital de Alcañiz. "Y no nos han hecho ni caso hasta el momento, así que tenemos razones suficientes para ir al juzgado", señalaron.

Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Aragón

1 de Mayo de 2015

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Sobre la ausencia crónica del Plan de Salud de Canarias

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      El pasado 13 de abril se decidió en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que el III Plan de Salud, elaborado y registrado en el Parlamento de Canarias por la actual Consejería de Sanidad que preside Brígida Mendoza, no se va a poder aprobar por el parlamento actual. Por ello dicho plan de salud decae y será el próximo gobierno que se forme después de las elecciones del 24 de mayo el que decida si retomarlo tal y como está, y proceder a su trámite y aprobación parlamentaria, o si modificarlo o rehacerlo de nuevo.

      Consideramos que este hecho viene a confirmar lo que ha venido siendo una característica propia de la gestión de la Consejería de Sanidad sea cual sea el partido a su cargo. La Consejería de Sanidad, anunció a los medios de comunicación social a principios del mes de agosto de 2013 el "borrador de anteproyecto del III Plan de Salud de Canarias". Tal hecho sorprendió a personal sanitario, colegios profesionales y colectivos de pacientes, familiares y usuarios. El mencionado "borrador" ni siquiera era conocido por los propios gestores de los centros sanitarios donde lo empezaron a "presentar" durante el mes de septiembre de ese año.

      Tras las múltiples denuncias de ese proceso nada participativo de elaboración del Borrador del III Plan de Salud, tarde y sin la debida profundidad y de modo apresurado en abril de 2014 se puso en marcha un proceso participativo que no tuvo las características que nosotros reclamamos, limitado tanto en la forma como en el fondo. Como partidarios que somos de la planificación participativa, que está en la raíz de una sociedad que se define como democrática, requeríamos que se habilitaran los mecanismos para identificar los problemas y necesidades de ciudadanía y profesionales, así como para recoger las propuestas de estos. Se precisaba pues de la actividad comunitaria, ya sea a través de organizaciones de pacientes, vecinales, sindicales, de sociedades científicas, así como de los escasos Consejos de Salud realmente existentes y a la vista de ello, por tanto, también de la promoción de reuniones, charlas-debates y asambleas ciudadanas con el fin de favorecer el proceso de planificación participativa y una vez obtenidas conclusiones y resultados, con su conversión en objetivos, serían la base para la formulación final del plan que habría de ser sancionado por el parlamento. Demasiado para hacerlo en apenas un año.

      El proceso implementado, aún limitado, no llegó a tiempo para poder ser aprobado por el Parlamento de Canarias y, en cuanto a su contenido, dista mucho de ser el instrumento que precisa la atención a la salud de la población canaria. Para ello hay propuestas alternativas a las que se vierten en el referido Borrador y estamos pagando las consecuencias de decisiones y hechos consumados que no saben de procesos realmente participativos y democráticos, atendiendo únicamente a la estrechez de la agenda política, de la que, por cierto, ha desaparecido por completo la respuesta a la toma en consideración, por unanimidad plena del Parlamento de Canarias, de la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias. Otro proceso, este realmente participativo, menospreciado por el Gobierno de Canarias.

      Como conclusión final, a tener en cuenta ante la próxima convocatoria electoral, cabe señalar que son irreconciliables una planificación participativa y una política de salud acorde con las necesidades de las personas con un posible Plan de Salud sin ficha financiera y en el que se parte de la base de la disminución del Gasto Público para el pago de la deuda, el ajuste estructural y los recortes. Y tal cosa no se compensa con la aplicación de "metodologías organizativas y de gestión" que es la esencia del borrador ahora bloqueado en el Parlamento de Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 23 de abril de 2015

Comunicado de ADSPA sobre el Área Única – Unidades de Gestión Clínica

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Los convocantes de esta manifestación queremos denunciar que, impulsado por los gestores de la sanidad, estamos asistiendo a un proceso de privatización y deterioro del sistema público aragonés de salud, a veces poco perceptible por la ciudadanía pero cuyas repercusiones son evidentes:  

          - Escandaloso incremento de las listas de espera.

          - Masificación de servicios sobre todo las urgencias hospitalarias.

          - Copagos.

          - Abandono de sectores importantes como sanidad mental.

          - Y en general retroceso de la sanidad pública en beneficio de la privada (Aragón es la Comunidad Autónoma en que más se ha incrementado el número de seguros privados).

     Vemos como se juega con la vida de los enfermos de hepatitis C escatimándoles el tratamiento, mientras se licita la gestión del nuevo hospital de Alcañiz dando protagonismo al beneficio privado, lo que incrementara su costo escandalosamente.
     Pero en su permanente acoso al sistema público dos nuevas medidas están viendo la luz: la implantación del AREA UNICA y las UNIDADES DE GESTION CLINICA.
     AREA UNICA (AU): El 16 de marzo de 2015 se publico el Decreto por el que se intenta implantar el AU  (un área por provincia). Como ya es habitual las justificaciones suelen ser las de racionalización, eficacia, libre elección, etc. Dejando aparte el hecho de que la libre elección ya está reconocida, la realidad es que esta medida contradice los criterios de buen funcionamiento sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de la Ley General de Sanidad española.
     La realidad es muy diferente y supondrá  una pérdida de servicios de las áreas actuales así como de los barrios y pueblos con la consiguiente necesidad de desplazamientos y pérdida de calidad asistencial. Para los profesionales sanitarios la movilidad geográfica indiscriminada y peores condiciones de trabajo. A esto hay que añadir el debilitamiento de los cauces de participación ciudadana ya de por si insuficiente.
     Entonces ¿Cuál es su verdadero objetivo? Detrás de las bonitas palabras lo que quieren es dar un paso importante en su proyecto de privatización, creando grandes espacios sanitarios para que las empresas privadas con afán de lucro se puedan introducir en el sistema público y transitar por él sin trabas administrativas, facilitando así sus posibilidades de negocio. No olvidemos que el paso previo para la aceleración del salvaje proceso privatizador en Madrid fue la implantación del AU. Hay que destacar que esta medida también supone un paso adelante en el intento de implantación de las UNIDADES de GESTIÓN CLINICA previsto para los próximos meses.
     UNIDADES DE GESTION CLINICA (UGC): una vez más las buenas palabras ocultan la verdad, la realidad es que las UGC, tal y como se nos presenta, se ha implantado en sistemas altamente privatizados o en trance de privatización y por lo tanto de deterioro. Suponen la fragmentación del sistema público en microempresas autónomas, con sistemas de gestión privada que puedan competir entre ellas, de manera que las retribuciones  vayan condicionadas al ahorro conseguido. 
     Esto supondrá en primer lugar hacer cómplices a los profesionales sanitarios de las políticas de recorte. Estos trabajadores perderán las garantías que les brinda el ser estatutarios ya que necesariamente pasaran a ser personal laboral. Se generará una fuerte tendencia a la disminución del gasto y con ello a una selección de pacientes rechazando aquellos menos “rentables”, con lo que está garantizada la pérdida de calidad asistencial sobre todo en aquellas personas con patologías complicadas.
     Unido a esto la Atención Primaria perderá protagonismo y su misión fundamental será el “cribado” de estos pacientes. Por otra parte se incrementaran los gastos de gestión ya que será necesario un amplio aparato burocrático en detrimento de otros servicios. Todo un salto hacia la privatización del sistema desde effexor online espana.
     El AU  y las UGC están a las puertas y hay que pararlas ya, pero en el horizonte se divisan nuevos nubarrones como el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) que se está negociando con gran secreto y que supondrá la demolición definitiva de los servicios públicos, entre ellos los sanitarios.
     Por todo ello debemos de tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos y articular respuestas a la altura de los problemas que se nos plantean. El sistema público de salud es nuestro, de todos, y nuestra es la responsabilidad de defenderlo de manera decidida desde la calle y desde las urnas. Si somos indiferentes y pusilánimes y no lo hacemos  lo peor aún está por llegar

¡DEFIENDE TU SALUD, DEFIENDE LA SANIDAD PÚBLICA! ¡POR UNA SANIDAD PÚBLICA 100%!

¡NO A LOS RECORTES Y PRIVATIZACIONES! ¡NO AL AREA UNICA Y A LAS UNIDADES DE GESTION CLINICA!

Asociación Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

Comisión Salud de la Federación de Barrios de Zaragoza

El aumento de la lista de espera quirúrgica evidencia el desastre de la Gestión Sanitaria del PP en Madrid

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     La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante la situación de la lista de espera quirúrgica (LEQ) de la Comunidad de Madrid, tiene que señalar lo siguiente:

          1) Se evidencia una desastrosa gestión del PP en la Sanidad madrileña, cuyo resultado es el crecimiento continuado de la lista de espera quirúrgica (se ha pasado de 27.672 personas en LEQ en mayo de 2005 a 77.689 en diciembre de 2014), un crecimiento del 180% en 9 años.

          2) Todo ello a pesar de la sistemática manipulación de los datos que lleva a cabo la Consejería de Sanidad, empeñada en intentar engañar a la ciudadanía, así e increíblemente, en la fecha de hoy el denominado “Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud” sitúa en 15,50 días la espera media para una intervención quirúrgica cuando las encuestas recogen una espera promedio de 7,3 meses.

          3) Llama la atención que el 49,33% de los pacientes en LEQ habían rechazado intervenirse en un centro privado lo que evidencia la preferencia de la ciudadanía por los centros públicos, a pesar de que ello supone en muchos casos un aumento de la espera.

    En resumen estamos ante la evidencia del absoluto fracaso de la gestión sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid que, a pesar de la derivación sistemática de enfermos al sector privado, y del maquillaje de los datos, no mejora la atención sanitaria de la población, una demostración más de que solo se preocupa por favorecer los negocios privados y no por mejorar la salud de la ciudadanía.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

8 de Abril de 2015