Llevamos más de setenta días en estado de alarma, y parece que estamos empezando a creernos que lo que está pasando es natural, sabemos que la vida puede estar llena de situaciones imprevisibles, pero no podemos olvidar que las consecuencias de esta imprevisibilidad serán devastadoras para muchos de nuestros conciudadanos.

Tenemos derecho a conocer cuanto menos la magnitud de nuestros déficits, a manifestar la solidaridad con las víctimas y a reclamar más inteligencia para planificar un futuro que minimice estos riesgos. Deberíamos reconocer que se actuó con ingenuidad ante las primeras alarmas. Había indicios por las epidemias de los últimos doce años de los riesgos y aun así, los mensajes de calma inicial impidieron entender cuál era la dimensión real de la situación y emprender las acciones adecuadas.

La voz olvidada de la Salud Pública

Cuando se habla de "Sanidad Pública", la gente se refiere habitualmente a la asistencia sanitaria pública en hospitales o en los centros de atención primaria. Pero la "Salud Pública" es prácticamente una desconocida para la mayoría de la sociedad. Es crucial que la población sepa identificarla, conozca su cometido y entienda la importancia de tener unos buenos servicios y recursos de Salud Pública. La Salud Pública reúne un conjunto de actividades de prevención de la enfermedad (campañas de vacunación o de detección precoz de enfermedades), protección de la salud a nivel colectivo (ambiental, alimentaria, etc.), promoción de la salud (barrios saludables, salud comunitaria), que forma parte de la base del bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Y por supuesto, los recursos de Salud Pública cobran más importancia que nunca en una situación de epidemia como la que nos está tocando vivir y sufrir. Los profesionales expertos en epidemiología de los Departamentos de Salud Pública de las Consejerías de Salud y del Ministerio son los que deben y tienen capacidad de desarrollar las medidas y estrategias más adecuadas para su prevención, control y contención. Pero somos un país donde cada uno se siente tener el mejor 11 y ahora hemos descubierto que casi todos somos especialistas en pandemias, olvidando que existen magníficos profesionales con competencia demostrada, dedicados a proteger la salud pública, aplicando para esto la mejor evidencia científica disponible y contrastada.

Al mismo tiempo, hemos visto cómo la sociedad civil se veía obligada a autoorganizarse para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de los barrios y pueblos, al igual que las múltiples iniciativas tomadas desde los ayuntamientos para ayudar a paliar las consecuencias de la Covid-19. Porque hemos aprendido que una epidemia no son sólo unas personas a los que hay que tratar de una enfermedad, sino que es un fenómeno colectivo que debe ser abordado desde una perspectiva comunitaria, para ser efectivos. Y que precisa una coordinación y apoyo de la administración pública que hemos notado a faltar. Esto es también Salud Pública.

La fragilidad de la Salud Pública

Es bien conocido por todos los profesionales del sector salud que las estructuras y los recursos en Salud Pública son la hermanita pobre del sistema, sin embargo, desde estas estructuras tan poco reconocidas y menospreciadas en los presupuestos a lo largo de décadas (apenas el 1,1% del gasto público sanitario de Balears, incluyendo el gasto en vacunas) deberían emanar todos los indicadores que han de influir en todas las políticas. La Salud Pública afecta y debe ser tenida en cuenta en todas aquellas decisiones de gobierno importantes a nivel de cada comunidad autónoma y a nivel estatal. Y cuando no pasa esto, nos llevamos sorpresas como esta. No tuvimos previsión, y nos encontramos con insuficiente estructura y medios para afrontar una situación tan compleja.

Esa fragilidad ha dificultado de manera decisiva la respuesta a la pandemia. ¿Cómo es posible que nadie haya valorado la importancia de lo que se nos venía encima? Las autoridades en Salud Publica han carecido de medios y del peso político para hacer oír su voz. Y mucho más grave, nos encontramos una situación, producto del desarrollo de políticas que durante años han debilitado las estructuras necesarias para luchar contra este tipo de emergencias.

Asimismo, la urgencia y la toma de decisiones centralizada de los gabinetes de crisis de composición opaca han descuidado el contar con todo el talento salubrista y epidemiológico presente en las diferentes administraciones, desaprovechando décadas de formación en planes de preparación de respuesta ante alertas epidémicas, comunicación de riesgos y atención a vulnerabilidades. Cabe recordar que la ley de Salud Pública de 2011 tenía previsiones sobre vigilancia en salud pública, sobre planes de preparación y respuesta, sobre un Centro Estatal de Salud Pública, etc. Pero no se realizaron los desarrollos reglamentarios que podrían haber configurado una salud pública coordinada y con potencial para haber preparado una respuesta más efectiva.

A pesar de la precariedad actual de la Salud Pública, y gracias sobre todo a la capacidad de reacción, a los esfuerzos y dedicación de sus profesionales, se ha conseguido una respuesta y coordinación del sistema de salud y la ciudadanía, que ha conseguido una contención muy significativa de la extensión de los contagios. Pero la pandemia también ha puesto de manifiesto la progresiva complejidad de los riesgos a los que se enfrenta nuestra sociedad y de los cuales, la crisis actual es solo el primer aviso. Debe hacernos pensar en una nueva Salud Pública, decididamente reforzada e imbricada en las decisiones políticas, pero lo suficientemente despolitizada como para que al frente de estos departamentos se cuente con profesionales de contrastada capacidad y reconocimiento para que puedan dirigir sin ningún género de dudas crisis como la provocada por la Covid-19.

¿Y ahora qué?

Pues resulta evidente que esta pandemia y el parón social en paralelo a la misma, va a generar innumerables sufrimientos y problemas que atender, escolarización, empleo, problemas emocionales? Pero quizás debamos ocuparnos de lo elemental, por si eso que llaman nueva normalidad no trae consigo las lógicas soluciones que todos esperamos de su mano. Por si acaso, sería mejor ir pensando en un plan sencillo pero que garantice la seguridad de los ciudadanos:

1. Refuercen la estructura de Salud Pública con profesionales con formación y experiencia en esta amplia disciplina llamada Salud Pública, porque llegarán otras crisis y estas deberían encontrarnos con unas estructuras mejoradas, con capacidad real de vigilancia sobre los asuntos que ponen en peligro la salud de la población. Otórguenles autoridad y capacidad de coordinación para generar alertas reales y condicionar las decisiones políticas, cuando estas se toman en contra de la seguridad y bienestar de la población.

2. Promuevan estructuras participativas donde todas las voces sean escuchadas. La base de la participación es la información y la transparencia, y la gestión de esta crisis y del desconfinamiento se ha caracterizado por su opacidad. Incluyendo la participación de las asociaciones ciudadanas y comunitarias.

3. Doten al sistema sanitario público de recursos tanto humanos como materiales, para que no vuelva a morir ni uno solo de nosotros (seamos profesionales o ciudadanos), por deficiencias subsanables conocidas con antelación.

4. Convierta a la Atención Primaria en el eje vertebral del sistema sanitario y hagan de ella un espacio de encuentro con la Salud Pública y la Atención Sociosanitaria. Es el momento de que Salud Pública, Atención Primaria y Servicios Sociales se pongan a trabajar conjuntamente.

5. Desarrollen la Ley general de Salud Pública de 2011 que contiene previsiones sobre vigilancia en salud pública, planes de preparación y respuesta, un Centro Estatal de Salud Pública y coordinación de los recursos en los diferentes niveles.

6. Olvídense de experimentos en la gestión y fortalezcan todas las estructuras sanitarias públicas para garantizar una correcta atención a la población. Recuerden que la primera responsabilidad de la administración pública debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas por métodos probados, eficaces y eficientes.

La actual pandemia pasará pero en todo caso habrá que prepararse para nuevas situaciones más o menos parecidas, porque los cambios que nuestro sistema económico y social ha producido en el ecosistema y la globalización neoliberal tienen unos costes que aunque con frecuencia los olvidamos, la realidad nos los recuerda, a veces como ahora de manera trágica.

Las deficiencias previas

La pandemia ha puesto en evidencia algunos problemas que nuestro sistema sanitario arrastraba hacía tiempo. El primero una baja financiación que viene de antiguo y que ha disminuido por los recortes, el gasto sanitario público se situaba en torno a 0,5-1 punto por debajo del promedio sobre el PIB de la UE y ha disminuido desde 2009 entre 0,7 y 1 punto en nuestro país. Luego un número muy bajo de camas hospitalarias por 1.000 habitantes que disminuyeron en más de 12.000 entre 2010 y 2018, poco personal del sistema sanitario, especialmente de enfermería, una Atención Primaria debilitada, escasez de material de reserva y una importante privatización, a lo que hay que sumar unas residencias con poco personal y de baja cualificación y en manos mayoritariamente del sector privado, de fondos de capital riesgo, con un mínimo control, lo que ha sido propiciado por los gobiernos del PP.

Nuestro sistema ha estado orientado esencialmente al tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas que tienen su origen en determinantes medioambientales (contaminación, alimentación, estilos de vida), económicos (pobreza, paro, marginación, viviendas inadecuas) y sociales. Pero los cambios introducidos por el neoliberalismo (cambio climático, contaminación, recortes de los servicios de salud pública y una globalización incontrolada con un incremento exponencial de desplazamientos de personas y mercancías) ha reintroducido las epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres, para las que nuestro sistema no está adaptado para enfrentarlas.

Pese a la evidencia de grandes problemas de equidad en salud en todo el mundo (y no sólo en los países de rentas bajas), los avances y descubrimientos científicos de la medicina en las últimas décadas hicieron suponer que el desarrollo tecnológico y científico, eran por sí mismos capaces de resolver los problemas de enfermedad a los que se enfrentaba la humanidad. La pandemia de la COVID-19 nos ha venido a sacar del error, a mostrar que no vivimos en la “edad de oro”, sino que hemos construido un modelo biomédico, en estrecha relación con la globalización neoliberal, que promueve la investigación y las tecnologías sanitarias como fuentes de negocio y que entiende la atención sanitaria como “medicina comercializada”, incluso en el marco de equidad que representan los sistemas sanitarios públicos. Pero existe otro enfoque que debe tenerse en cuenta, desde “la determinación social de la salud”: los microorganismos son sólo agentes y la verdadera razón del rebrote de las infecciones reside en el subdesarrollo, en el cambio climático, las prácticas de la industria agroalimentaria, el comercio y el turismo globalizados, los insecticidas, los plaguicidas… Si no solucionamos estos problemas, lo más probable es que se repitan situaciones parecidas en un futuro no lejano.

El apoyo a la Sanidad Pública

La pandemia ha demostrado la importancia de tener un sistema sanitario público de calidad con acceso universal. ¿Qué habría sucedido si se mantuviera la exclusión de cientos de miles de personas implantada por Rajoy & Mato en el RDL 16/2012? ¿Cómo hubieran evolucionado las cosas con un importante sector de la población sin acceso a la atención sanitaria? ¿Cómo, si las previsiones de los gobiernos del PP de una financiación para la Sanidad Pública del 5,13% del PIB se hubieran cumplido? ¿Cómo si las privatizaciones previstas por el PP en Madrid, Valencia, etc, se hubieran convertido en realidad? Por supuesto no puede saberse con exactitud, pero es evidente que todo habría ido mucho peor. No es casualidad que las dos CCAA con mayores problemas por la CPVID-19 sean las 2 mas privatizadas y las que menos presupuesto per capita tienen, las que han recortado y deteriorado más salvajemente sus sistemas sanitarios públicos.

La población se ha dado cuenta de la importancia crucial de una buena Sanidad Pública que es la garantía de acceso para todos/as a una atención sanitaria de calidad, y también del importante compromiso de los trabajadores de la misma en los momentos críticos.

El apoyo ciudadano a la Sanidad Pública es muy importante, porque los privatizadores a ultranza ahora procuran pasar desapercibidos, ya que se comprobó lo que ya se conocía, y algunos repetíamos hace tiempo, el sector privado se preocupa por obtener beneficios empresariales, no por asegurar los derechos de las personas y la calidad de los servicios públicos.

Ahora bien, hay que conseguir que esta hegemonía de lo público cristalice después de la pandemia, y lo haga en avances sustanciales en el reforzamiento de los servicios públicos esenciales como la Sanidad y los servicios sociales (el papel de las residencias privatizadas en la extensión y elevada mortalidad en España de la COVID-19 ha sido un ejemplo paradigmático de los riesgos de las privatizaciones). Conviene entonces estar especialmente vigilantes porque los “lobbies” del neoliberalismo siguen estando presentes y continuarán su erosión de los servicios públicos, en parte aprovechando los errores del gobierno, y por supuesto los que todos cometemos.

Lo que necesitamos hacer

Por eso tenemos que plantearnos las medidas a adoptar y hacerlo con urgencia antes de que la experiencia se diluya en la conciencia colectiva. Estas medidas deberían de pasar por:

1.Financiación suficiente de la Sanidad Pública. Hay que incrementar de manera importante la financiación sanitaria, pero hay que asegurarse de un aumento significativo en € por habitante y año para situarnos en el promedio de la UE (en 2018 en España fueron 1.617€ frente a por ej 3.879 de Alemania, 3.278 de Francia o 2.275 del promedio de la UE), porque relacionarlo al PIB, como hace el compromiso entre PSOE y UP de superar el 7% sobre el PIB, puede suponer incluso una disminución de las cantidades totales, con la prevista disminución del PIB, debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Lo lógico seria en el medio plazo elaborar el Plan Integrado de Salud que establezca las necesidades de salud de la población y cuantifique las exigencias presupuestarias para hacerlas frente. Por otro lado es importante avalar una financiación finalista, podría ser un fondo específico para rescatar la Sanidad Pública gestionado por el Consejo Interterritorial, que complemente los presupuestos autonómicos y disminuya de forma significativa las diferencias en los presupuestos por habitante que existen actualmente entre las CCAA (y que en 2020 superaban los 500€). En este orden de cosas convendría garantizar la inclusión de los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud, integrando las prestaciones sanitarias de las Mutualidades de Funcionarios en la Sanidad Pública. También es importante evitar que los posibles incrementos presupuestarios acaben en manos de laboratorios farmacéuticos (como vienen siendo habitual gracias a su poder de influencia sobre las administraciones y sobre los prescriptores). En todo caso conviene recordar que según el Observatorio Social de la Caixa (abril 2020): El gasto sanitario en España tiene un alto efecto redistributivo,siendo el mayor de las prestaciones sociales en especie.

2. Mejorar la coordinación interautonómica. La pandemia ha puesto de relieve las debilidades de la coordinación entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes. Hay que establecer un nuevo marco de cooperación interautonómico para avanzar de manera coordinada en el futuro reforzando el Consejo Interterritorial como integrador de las estrategias de salud de los 17 Servicios de Salud promueva un Plan de Salud consensuado por las diferentes CCAA sin que suponga un nuevo centralismo. El Consejo debería permitir afrontar las nuevas pandemias desde el acuerdo, la colaboración y la coordinación intercomunitaria.

3.Potenciar la Salud Pública. Nuestros sistemas de salud pública han estado poco desarrollados desde siempre pero fueron más penalizados con los recortes. Hay que reforzar el dispositivo de la Salud Pública y desarrollar la Ley de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP. Estos servicios deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de la enfermedades crónico degenerativas (alimentación, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ebola, SARS, Coronavirus…) asociados a el cambio climático y la globalización. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación. El sistema de información de las diferentes CCAA debería estar controlado y gestionado por la Sanidad Pública.

4.Impulsar y desmedicalizar la Atención Primaria. Durante la epidemia la Atención Primaria, allí donde ha seguido funcionando, ha jugado en papel fundamental a la hora de atender la demanda de enfermedad, diagnosticar nuevos casos, controlarlos en los domicilios o informar a las familias sobre medidas para evitar contagios. Desde los Centros de Salud se ha atendido a pacientes en residencias de mayores, y mantenido las consultas telefónicas y presenciales para diagnosticar, informar y tranquilizar a la población. Este nivel asistencial ha demostrado su capacidad para acercar los servicios asistenciales a la población y gracias al conocimiento de los antecedentes personales, familiares y de su historial clínico, garantizando una atención cercana y segura las personas y familias que forman la comunidad. Pero para que pueda funcionar adecuadamente se precisa reforzar su papel en el sistema sanitario, aumentado su presupuesto (hasta el 25% del total sanitario) , el personal, sobre todo el de enfermería (potenciando la enfermería comunitaria) y otras categorías profesionales como la de psicología, fisioterapia, trabajo social para desmedicalizar las consultas y satisfacer las demandas de la población, que el actual modelo transforma en enfermedades y tratamientos medicamentosos , estableciendo criterios mínimos por TSI, mejorando sus medios y potenciando la atención domiciliaria, la prevención y la promoción. La gestión de los procesos asistenciales deberían estar coordinados desde la Atención Primaria. Una renovada AP debería recuperar su carácter comunitario mejorando su coordinación con los hospitales, servicios de salud pública, alerta epidemiológica, recursos sociales, atención a la dependencia e instituciones municipales, con la participación e implicación de la población en el marco de las Áreas Sanitarias. La Atención Primaria debería hacerse responsable de la asistencia a las personas mayores en las residencias, lo que exige que los Centros de Salud donde haya residencias deberían incrementar sus equipos especialmente en enfermeria, psicología, fisioterapia y trabajo social

5.Incrementar las camas hospitalarias de la red de gestión pública. Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias que se ha convertido en crítico durante la pandemia. Son necesarias entre 50 y 70.000 camas hospitalarias más en todo el país, la mayoría de ellas de larga y media estancia. La saturación de las camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el virus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red Camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. Convendría también a medio plazo realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a los nuevos retos de salud.

6.Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado. La respuesta a la pandemia ha venido desde la Sanidad Publica porque el sector privado esta interesado en la búsqueda de beneficios y no en garantizar la salud de la población. Las privatizaciones han sido una pesada losa sobre el sistema sanitario y han mermado de manera significativa su capacidad de respuesta. Es ahora el momento de detener la deriva privatizadora. Hay que abolir la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y aprobar una legislación que acabe radicalmente con este goteo privatizador, blindado la Sanidad de gestión pública, y además comenzar a recuperar lo privatizado en este tiempo, especialmente los hospitales de Colaboración Público Privada, los laboratorios centrales, servicios de diagnostico por imagen, reducir la concertación con centros privados limitándola a su carácter subsidiario respecto de la publica, suprimir las desgravaciones de los seguros privados complementarios y exigir el cumplimiento de las incompatibilidades y la dedicación exclusiva a los trabajadores del sistema publico.

7.Aumentar los trabajadores del sistema público de salud. Los recortes propiciaron una disminución importante de los trabajadores del sistema sanitario que ya eran comparativamente bajos respecto a otros países de la UE y la OCDE. Hay que comprometerse con unas dotaciones suficientes de personal en nuestro sistema sanitario en todas las CCAA y también con la formación de los profesionales, aumentando las plazas de formación postgrado (MIR, EIR, etc), proporcionando formación continuada a los mismos independiente de los intereses comerciales, fomentar la dedicación exclusiva, etc.

8. Realizar un plan de abordaje de las listas de espera. Las listas de espera, ya muy elevadas en el sistema sanitario, se han incrementado notablemente debido a la focalización de todo el sistema en la atención al covid19. Debemos poner en funcionamiento un plan especifico, a medio y largo plazo para reducirlas a lo técnicamente imprescindible, este plan tiene que articular los recursos del conjunto de la Sanidad Pública (primaria y especializada) y sumar una garantía de derechos + recursos públicos + sistemas organizativos + sistemas de información y rendición de cuentas, y que tiene que tener un carácter estable.

9.Crear un fondo de reserva de material sanitario. Las carencias de material sanitario que han agravado la pandemia han sido provocadas por la ausencia de reservas estratégicas del mismo (agravadas por el adelgazamiento economicista de las existentes en algunas CCAA como Madrid) y por la ausencia de fabricantes en el país. Necesitamos poner en marcha una reserva estratégica de material sanitario que podría estar gestionado por el Ministerio de Sanidad, y una Industria Sanitaria Pública que acabe con la dependencia de otros países.

10.Control del gasto farmacéutico y potenciar la fabricación pública de medicamentos. El aumento del presupuesto sanitario será inútil, si como ha sucedido durante los gobiernos del PP, se traslada directamente a la industria farmacéutica (más del 18% de aumento en 5 años; 5,4% de aumento en 2019, 9,3% en farmacia hospitalaria). Hay que garantizar que el gasto farmacéutico crece por debajo de los presupuestos sanitarios públicos (entre el 0,5-1% menos) y hacerlo mediante la fijación de precios acorde con los costes reales, promocionando la utilización de medicamentos genéricos, la utilización de las centrales de compras para todo el Sistema Nacional de Salud y promocionando una industria farmacéutica pública que acabe con los desabastecimientos y la especulación (el papel durante la pandemia del centro de farmacia militar ha sido importante y podría ser un germen de la misma). Por otro lado deberían anularse los copagos establecidos por el RDL 16/2012 que son un obstáculo para el acceso a los medicamentos que necesitan para las personas mas enfermas y con menores ingresos. Es necesario crear un organismo de gestión pública que evalúe y controle las nuevas tecnologías antes de su difusión por el sistema que podría depender del Consejo Interterritorial para dar participación a las CCAA.

11.Favorecer la investigación sanitaria pública. La investigación ha sido abandonada en nuestro país de una manera irresponsable. Aunque no se puede hacer una relación directa entre la investigación y los resultados inmediatos, es obvio que sin investigación, sin ciencia, no hay avances en el futuro, y además se esta a expensas de la utilización de las patentes de otros. Hay que asegurar al menos el 1,5% del presupuesto sanitario público destinado a la investigación, y favorecer medidas que consoliden los equipos de investigadores en nuestro sistema público. La investigación debería estar dirigida a mejorar la salud de la población y es necesario acabar con las plataformas público privadas controladas por los laboratorios, industria tecnológica y fondos de inversión, que están utilizando fondos, recursos y pacientes del sistema público para investigar nuevos medicamentos y aparatos tecnológicos que patentan en su propio beneficio.

12.Fomentar una red pública de residencias de mayores. El desastre de las residencias ha sido uno de los amplificadores de la pandemia, que están asociados a su privatización en manos de fondos de inversión, entidades religiosas que recortan personal, reducen la calidad de las instalaciones, hacinan pacientes e incumplen los protocolos que garantizan la seguridad de los residentes. Debería realizarse con carácter urgente una auditoria de todas ellas e intervenir las que supongan un riesgo para la salud. Es necesario crear una red de residencias de titularidad y gestión pública de tamaño adecuado que eviten grandes concentraciones, con unos recursos suficientes, en infraestructuras y en personal, y cuidados acordes con las necesidades de las personas que viven en ellas y potenciar los recursos previstos por la Ley de la Dependencia para que las personas mayores puedan mantenerse en sus domicilios con el apoyo de cuidadores y recursos públicos

Se trata de propuestas a desarrollar de manera urgente para potenciar la Sanidad Pública y garantizar su recuperación. La población y los trabajadores de la Sanidad han realizado un esfuerzo importante de solidaridad y de contención en este tiempo que ha logrado contener el avance de la pandemia en nuestro país. Ahora es necesario que las administraciones públicas respondan de una manera eficaz y eficiente para asegurar que no vuelve a repetirse la misma, y que si lo hace o se presentan nuevas epidemias, tenemos los recursos suficientes para dar una respuesta que garantice la salud de todos/as. Desde la sociedad, los trabajadores de la Sanidad y las organizaciones sociales tenemos que exigirlo.

En estos momentos, los profesionales de la salud estamos también preocupados por las consecuencias del COVID 19 sobre la salud mental.

En muchos casos se han interrumpido tratamientos y supervisiones de los pacientes más graves pero, sobre todo, hay un aumento de trastornos de ansiedad y depresiones, marcados por una “ansiedad anticipatoria”: el miedo y las preocupaciones sobre lo que pueda pasar en un futuro inmediato. Miedo al contagio, que a veces lleva a adoptar las medidas hasta extremos patológicos (los rituales de los trastornos obsesivo compulsivos) o miedo a enfermar y a sus consecuencias (“quién me va a atender”, “no voy a poder atender”, “me puedo morir”). Pero también miedo a perder el trabajo, el negocio, o simplemente a no tener para comer. Otro factor es el confinamiento que se ha adoptado para combatir la transmisión y que origina la suspensión de mecanismos que nos ayudaban a mantener nuestro bienestar, nuestras actividades rutinarias, las relaciones sociales, el poder compartir espacios y preocupaciones. El confinamiento ha provocado en nosotros un distanciamiento, una disminución de las expresiones físicas de aprecio y en muchos casos la soledad total.

Todos los expertos coinciden en aconsejar, para sobrellevar este período, que se haga ejercicio físico en casa, que se mantenga un horario de actividades fijando un espacio de tiempo para la información (no sobrecargar), mantener contactos telefónicos y telemáticos y compartir las preocupaciones. En relación con esto los solidarios y justos aplausos de las ocho tenían una clara utilidad: compartíamos con nuestros vecinos un tiempo con un objetivo común, nos saludábamos en la distancia, se establecían relaciones, e incluso a veces actividades comunitarias.

Sin embargo, en estos momentos hay una reacción destinada a acabar con esta actividad de la que todos pueden participar y que, por eso mismo, es justa y saludable. Algunos medios de comunicación y redes sociales alientan actitudes que potencian los miedos (crespones, declaraciones catastrofistas o que generan inseguridad) que originan protestas hacia los trabajadores esenciales, discusiones, o boicot de las expresiones de solidaridad.

Nadie niega que puede haber, y hay, dudas y críticas hacia las estrategias adoptadas, pero creemos que por el bien de nuestro bienestar psíquico, no nos debemos dejar arrastrar por intereses espurios ni abandonar aquellas actividades que nos permiten expresar, y sentir, una solidaridad necesaria y justa.