Ahora que se está produciendo una oleada de rebrotes del coronavirus vuelve la vieja polémica de la responsabilidad de la mala situación que tiene España en el contexto europeo, y de nuevo todo el mundo parece querer eludir su responsabilidad cargándosela a los demás. En mi opinión la responsabilidad esta bastante compartida:

1. La población, aunque la maoría cumple las normas hay un sector minoritario pero significativo, sobre el 10-15 % (entre 6 y 7 millones de personas) que no lo hace: reuniones sin control, no uso de mascarillas, ignoran las distancias, e incluso personas que debían estar confinadas que no lo están, etcétera.

2. Las autoridades de las comunidades autónomas que no han utilizado los 1.000 millones que recibieron del Gobierno para reforzar la atención primaria y/o contratar rastreadores, que tampoco han intervenido en las residencias, ni reforzado las plantillas en los centros sanitarios donde sigue habiendo muchas camas cerradas, etcétera.

3. El Gobierno central que parece haber dejado el control en manos de unas autonomías más entretenidas en falsear los datos o en enfrentarse con el Gobierno central (véase el caso escandaloso de Madrid), que en tomar el mando y la coordinación efectiva, y que no ha verificado que los fondos recibidos por las comunidades se destinan al necesario refuerzo de la sanidad pública.

4. Y por fin los partidos políticos, especialmente los de la oposición que han hecho del enfrentamiento y la descalificación su forma de trabajo, fomentando así la incredulidad ciudadana y dando alas a los negacionistas de turno.

Los que no somos responsables somos los trabajadores de la Sanidad que nos hemos esforzado en contener los daños de la pandemia y en atajar su expansión, como los demás trabajadores de los servicios públicos esenciales, que han mantenido el tipo para proteger el funcionamiento de la sociedad y que no nos merecemos lo que esta pasando.

¿Que podemos hacer? Rectificar: asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad, aumentando las restricciones y utilizando medidas policiales contra los incorregibles, aumentar los medios humanos y materiales de la sanidad pública -especialmente en la atención primaria y en los rastreadores-, dotar al Ministerio de Sanidad de una política eficaz de coordinación y control de la pandemia (el virus no respeta fronteras autonómicas), y los políticos deben abandonar los enfrentamientos sectarios, porque la unidad y la coordinación son fundamentales para combatir la pandemia.

La muerte nos llega a todos antes o después, pero como diría Orwell unos son mas iguales que otros ante el fin de la vida. Así se deduce de 2 recientes publicaciones, el Atlas Nacional de Mortalidad en España realizado por la Generalitat Valenciana y la Fundación Fisabio y el Informe Evolución de la Esperanza de Vida y la Mortalidad en las CCAA, desde la crisis hasta la actualidad elaborado por la FADSP.

En el conjunto del país la esperanza de vida aumentó en 1,17 años, sin embargo no aumentó igual en hombres que en mujeres, en los primeros se incrementó en 1,41 mientras que en las mujeres lo hizo en 0,82 años, con lo que la diferencia en esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres se redujo entre 2010 y 2018 en 0,5 años, pero continuó existiendo una mayor esperanza de vida a favor de las mujeres (5,39 años en 2018).

Las CCAA con mayor esperanza de vida fueron Madrid y Navarra (84,23 y 84,18 años respectivamente en 2018) y las que la tuvieron menor eran en ese mismo año Andalucía (81,86) y Canarias (82,26), es decir una persona que viva en la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida en principio vivirá 2,37 años más que si viviera en la que la tiene menor.

La tasa de mortalidad general (por 1000 habitantes) también tiene una gran dispersión según CCAA, Madrid y Baleares son las que tienen una menor tasa de mortalidad (7.04 y 7,06 respectivamente) mientras que las mayores tasas están en Asturias (12,92) y Castilla y León (12,13). En este caso se debe probablemente al mayor envejecimiento de la población en estas 2 CCAA respecto a las que tienen las menores tasas de mortalidad. Como era de esperar la mortalidad es mayor entre los hombres (0,52 puntos en 2018), y ha aumentado en ambos sexos durante estos años.

La tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos decreció en el periodo en 0,57 puntos y de forma muy parecida entre hombres y mujeres. La mayor mortalidad infantil en 2018 se encuentra en Andalucía (3,77) y la menor en Navarra (1,77).

Entre las tasas de mortalidad por enfermedades especificas (calculadas por 100.000 habitantes), la mortalidad por enfermedad de Alzheimer aumentó ligeramente en este periodo (0,25 puntos), la mortalidad por cáncer presentó una disminución de 12,12 puntos en el periodo, sobre todo entre los hombres, probablemente por la disminución del tabaquismo entre estos mientras se incrementa entre las mujeres. La mortalidad por diabetes también disminuyó (1,78 puntos) y por enfermedad cerebrovascular también lo hizo (7,36 puntos), en ambos casos es probable que en relación con el mejor control de la diabetes y la hipertensión arterial, lo que depende fundamentalmente del funcionamiento del sistema sanitario.

La mortalidad por neumonía e influenza aumentó en cambio (1,63 puntos) probablemente debido al aumento de la edad media de la población, ya que estas enfermedades presentan mucha mayor mortalidad en las personas mayores y con pluripatologías.

Merece la pena destacar que tanto una menor esperanza de vida como unas mayores tasas de mortalidad, tanto general como por las causas analizadas, se concentran en las CCAA con menor PIB per capita (Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura), lo que ya ha sido señalado por numerosos estudios como los de determinantes de salud de la OMS en Europa (The solid facts 2003) o como el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español que en su Informe sobre las Desigualdades en Salud de 2019 señalaba que “el estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza, tanto en lo que se refiere a la salud percibida, como a la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones básicas de la vida diaria. Cuatro de cada diez personas pobres (37,4%) consideran que su salud es regular, mala o muy mala. Esta cifra es once puntos superiores al de las personas no pobres (26 2%)”.

Asimismo la pandemia de covid19 ha tenido un mayor impacto en los grupos de población con menores recursos, tal como lo demuestran los estudios en barrios de Madrid y Barcelona donde se ha visto que el número de casos por 100.000 habitantes tenía una 8,37% más de casos positivos en los barrios más pobres en la primera ciudad y un 66% más en la segunda. Asimismo las localidades del sur y el corredor del Henares en Madrid, con menor renta per capita, presentan una incidencia mayor de casos que las del norte y oeste de mayor renta per capita. Otro caso relevante es el de los temporeros donde se han evidenciado un importante brote probablemente causado por unas muy deficientes condiciones de trabajo y de vivienda. Desgraciadamente los datos de mortalidad no están desagregados por nivel socioeconómico, pero probablemente cuando se analice esta variable se encontrara una mayor mortalidad entre los sectores de población con mayor pobreza.

La relación entre pobreza y peores indicadores de salud está vinculada tanto con unos menores ingresos lo que produce peores viviendas, problemas de acceso a una dieta saludable, desempleo y subempleo, peores condiciones de trabajo con mayores riesgos para la salud, mayor consumo de sustancias toxicas (alcohol, tabaco, etc), peor nivel educativo que favorece hábitos menos saludables (mayor obesidad por ejemplo), así como problemas de acceso a muchas prestaciones sanitarias (por ejemplo odontología, imposibilidad de retirar medicamentos prescritos por no poder asumir los copagos, etc).

Desgraciadamente hay pocos estudios que nos permitan evaluar las desigualdades dentro de las propias CCAA y dentro de los propios municipios, es decir que hagan un análisis según el nivel socioeconómico y la clase social, porque incluso analizar según el código postal es insuficiente porque con frecuencia agrupa situaciones económicas y sociales muy diferentes.

Una última reflexión tiene que ver con la necesidad de reducir las desigualdades tanto en esperanza de vida como en mortalidad, que se ha evidenciado son muy importantes, desarrollando instrumentos como el Plan Integrado de Salud, y tenerlo en cuenta en la prevención y el abordaje y de los rebrotes más que previsibles de la Covid19. Asimismo señalar que dentro de las propias CCAA existe en algunos casos una desigualdad notable que también debería abordarse, así como la influencia en estas desigualdades del nivel socioeconómico, que como se ha señalado puede ser determinante.

Hace pocos días el Congreso aprobó finalmente las conclusiones sobre Sanidad y Salud Pública para la Reconstrucción Económica y Social, y lo primero que al leerlas se produce es una profunda decepción, ante unas conclusiones que parecen desatender la exigencia social y profesional de reforzamiento de la Sanidad Pública, para afrontar los problemas de nuestro sistema sanitario puestos de relieve con la pandemia y poder responder con mayor eficacia ante los rebrotes que se están produciendo y una previsible segunda oleada de la Covid19.

El documento, muy largo y de estilo especialmente rebuscado y ambiguo, aborda muchos temas pero es especialmente insuficiente en lo que respecta a la política farmacéutica y la investigación donde propone reforzar el papel del sector privado y la colaboración público-privada. Por otro lado los aspectos de Atención Primaria y Salud Pública son los mejor desarrollados y llama poderosamente la atención que lo que respecta al modelo sanitario sea un cajón de sastre de cuestiones, que siendo importantes, poco o nada tienen que ver con este y que no se diga una sola palabra sobre las privatizaciones que ha sufrido nuestro sistema sanitario y por lo tanto tampoco se plantee ninguna medida para superarlas.

Por supuesto las 87 recomendaciones contienen propuestas positivas, entre las que hay que destacar la de dedicar el fondo de reconstrucción solo a los centros de gestión y titularidad públicas, la desvinculación de la industria farmacéutica de la esponsorización de asociaciones de profesionales y usuarios, y la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, etc. Pero su lenguaje, en general confuso y alambicado, y la ambigüedad del texto hace que haya pocos compromisos concretos y que todas las cuestiones que se plantean estén pendientes de desarrollos legislativos posteriores para poder ser efectivas.

Desde la 'Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica' entienden que las soluciones a los problemas de la Sanidad Pública tienen que venir fundamentalmente por el desarrollo de cinco aspectos que no están o están insuficientemente contemplados en las Recomendaciones:

• Un compromiso con una financiación suficiente con la Sanidad Pública que se relacione con un aumento de los presupuestos del sistema sanitario público per capita para alcanzar el promedio de los países de la UE, así como garantizar un 25% del gasto sanitario público en Atención Primaria, un 2,5% en Salud Pública y el 2% en investigación. Ello podría hacerse mediante el posicionamiento en el Fondo de Reconstrucción Sanitaria de 46.000 millones de euros, siguiendo en su reparto los criterios que se señalan en la recomendación 73.

• Cambiar de manera sustancial la política farmacéutica para garantizar el acceso de toda la población a medicamentos de calidad a un precio razonable lo que exige aparate de criterios más estrictos en la fijación de precios, la puesta en funcionamiento de una producción pública de medicamentos y promover la investigación pública y los retornos de las subvenciones y ayudas a las farmacéuticas.

• Delimitar claramente la Sanidad Pública de los intereses privados, fomentando el sector sanitario público en recursos, aprovechamiento de los mismos, investigación, regulando estrictamente los conflictos de interés, etc. Además de garantizar la paralización de nuevas privatizaciones y la recuperación de lo privatizado

• Poner en marcha una política eficaz sobre Salud Pública, reforzando sus efectivos, creando una agencia/instituto de Salud Pública para coordinar las actuaciones a nivel de todo el país y elaborando el Plan Integrado de Salud.

• Incrementar de manera sustancial los recursos humanos de la Sanidad Pública especialmente en enfermería en Atención Primaria y reforzar el compromiso de los mismos con la Sanidad Pública, potenciando la dedicación exclusiva.

Resulta decepcionante que hayan sido precisamente los partidos que sustentan este gobierno los que hayan impulsado estas conclusiones, que poco o nada avanzan en solucionar los graves problemas que tienen nuestro sistema sanitario. Desde la 'Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica' afirman que "seguirán trabajando por reforzar la Sanidad Pública y protegerla de los intereses comerciales que la ponen en peligro y movilizando a profesionales y población para consolidarla y defenderla de quienes quieren destruirla".

Este plan es tardío porque impone el uso obligatorio de mascarillas y otras restricciones (reuniones, etc.) cuando ya existe transmisión comunitaria en la región. Una medida que debiera haberse adoptado hace tiempo dado el notorio incumplimiento de las medidas de seguridad por una parte significativa de la población, en parte alentados por los Trump y Bolsonaro locales.

Pero lo más grave es que es insuficiente, porque no asegura a la región los medios sanitarios precisos para afrontar los rebrotes. Solo señalar los hechos mas relevantes: el número de camas cerradas es muy elevado, y como alternativa se plantea la reapertura de camas en el IFEMA que conviene recordar es un hospital de campaña abierto a toda prisa de manera improvisada y luego cerrado incomprensiblemente (eso sí pagamos a empresas privadas para hacerlo y mantenerlo y se supone volveremos a pagar para esta nueva reapertura y su posterior cierre), en lugar de cómo sería lo lógico reabrir las camas cerradas en los hospitales (en este caso de gestión pública), pero es más, abrir un hospital no es poner camas y equipamiento, sino y sobre todo, dotarlo de personal de todas las categorías, ¿de donde va a salir este?. Desde luego el plan no contiene ninguna previsión al respecto (a menos que se entienda por tal el interés de la Comunidad por dotar de sacerdotes católicos a los centros sanitarios), y los antecedentes de rápidos despidos tras el primer cierre del IFEMA no van a poner fácil el encontrar profesionales, porque aunque la Comunidad de Madrid parezca ignorarlo el personal sanitario no es material desechable, “de usar y tirar” y ahí tiene las movilizaciones de los MIR para demostrárselo.   

La Atención Primaria está más debilitada que al inicio de la pandemia (hay numerosos centros de salud con apertura limitada, los efectivos son muy reducidos, no se han cubierto las vacantes por vacaciones, etc.), con lo que su capacidad de respuesta, ya mermada tras años de recortes es aún menor en este momento. Y como guinda el número de rastreadores es notoriamente insuficiente, se habla de 360 para una población de 6,5 millones de personas cuando deberían situarse como mínimo en torno a los 40 por 100.000 habitantes (2.600) para garantizar una respuesta eficaz, en una Comunidad donde por sus circunstancias de densidad de población de movilidad el rastreo de contactos es una tarea muy complicada. Por otro lado, el tema de las residencias de mayores, verdadero foco de la mortalidad en la región, se circunscribe a restringir las visitas, no a garantizar mejores condiciones de las mismas como seria imprescindible.

Por fin la propuesta mediática, la llamada cartilla Covid19 parece una idea extravagante en la línea de las ocurrencias de IDA y su consejero (aunque quizás se trata de otra fuente de sustanciosos contratos a alguno de sus amigos) porque se desconoce la inmunidad y la duración de la misma que pueda provocar la enfermedad por lo que ninguna entidad sanitaria nacional o internacional recomienda su uso. En todo caso esos datos (haber padecido la enfermedad, los resultados de las PCR  y la presencia o no de anticuerpos) ya constan en las historias clínicas de la población y son accesibles con las TSI, y hay que considerar la estigmatización de los enfermos y/o los sanos que se puede provocar, en esto como en la manía por hospitales monográficos se pone de relieve la notoria antigüedad de los planteamientos de IDA (¿volveremos a los lazaretos y a los enfermos con campanilla como se hacía con los leprosos en la Edad Media?)

En resumen, de nuevo hacer como que se hace, mucho aparato escénico, recuérdese que con notoria falta a la verdad, a la proporción, y a la inteligencia, su consejero señaló que el IFEMA era  “un hito en la historia mundial”, pero pocas soluciones y/o insuficientes que ponen en riesgo la salud de la población que sufre unos gobernantes incompetentes, y solo preocupados por garantizar buenos negocios a sus amigos y desviar la atención sobre propuestas “espectáculo” para encubrir su mala gestión de las competencias que tienen atribuidas.