Como cuando el hundimiento del Titánic y tal afirmación puede referirse a varias políticas decisivas para la población canaria, no obstante, como es nuestra obligación y vocación, nos centraremos en el terreno de la salud y la sanidad en el que se vienen manifestando profundas contradicciones políticas que son evidencias del más absoluto naufragio del modelo de atención a la salud imperante en nuestro archipiélago desde hace 23 años, los que lleva Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias.

    Los datos del mencionado naufragio son de sobra conocidos, las listas de espera cuya tendencia incesante al empeoramiento no tiene visos de solución reflejando una gestión marcadamente inoperante y una planificación muy deficiente, determinada por un modelo neoliberal que huye de potenciar la priorización de los recursos públicos como instrumento más eficiente y eficaz para la prestación asistencial a la población. Su apuesta es abandonarla a merced de la privatización, de la "ley de la selva" que supone la "selección de riesgos" que discrimina entre pacientes con recursos y sin ellos para suscribir seguros privados, Canarias es la región con mayor porcentaje de centros hospitalarios privados de todo el Estado español. El 57,9% de los hospitales canarios son privados con ánimo de lucro, mientras que solo el 36,8% son públicos. Así se recoge en el catálogo anual de hospitales 2016 elaborado por el Ministerio de Sanidad, con datos recopilados a 31 de diciembre de 2015.

    Otro aspecto decisivo del actual "modelo" es la ausencia de una política seria de prevención de la enfermedad que es por donde pasa la "sostenibilidad" del sistema sanitario tanto desde el punto de vista del bienestar de la población como desde la racionalidad del control del gasto farmacéutico así como de la sobreutilización tecnológica. En Canarias, en este terreno, aún no tenemos la organización acorde tanto con los principios de la Salud Pública como con lo previsto en la Ley estatal 33/2011, de 4 de octubre, de Salud Pública. Así mismo están por desarrollar mecanismos reales de participación social y profesional, claves para el funcionamiento adecuado tanto de la estructura asistencial como de las intervenciones preventivas.

    Todo ello fue objeto, por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y de otros colectivos sanitarios y sociales, de una propuesta para cambiar el modelo, mediante una Ley de Salud y Sanidad, planteada a través de una ILP que aún espera en el Parlamento de Canarias para ser tramitada de modo que sirva para propiciar un mínimo acuerdo en torno a las cuestiones básicas para la asistencia sanitaria y la salud pública.

    A pesar de la situación que pone continuamente de manifiesto que la atención a la salud es un tema extremadamente sensible desde todos los puntos de vista, la pasividad es la nota dominante. Pasividad de los grupos parlamentarios, de los sindicatos, de las sociedades profesionales y de la ciudadanía. Salvo momentos puntuales y circunstancias particulares pareciera que todo conduce al callejón sin salida del deterioro paulatino y del "sálvese quien pueda" sin expectativa de solución. Sin embargo, no nos resignamos, sabemos que continuamente repuntarán las manifestaciones del problema que próximamente tendrá una reagudización muy seria y por mucho que Clavijo y su gobierno, el que fuera (con PSOE o sin él), maniobren no podrán evitar que llegue la hora de salir de la impotencia. Es evidente que la UE y los gobiernos seguidistas de Madrid y Canarias querrán imponer nuevos recortes en el gasto público, que de producirse, repercutirán muy negativamente sobre la Sanidad Pública. En este contexto carecen de credibilidad las medidas "correctoras" que desde la Consejería de Sanidad se vienen anunciando, son sobre todo de carácter cosmético.

    Debemos prepararnos para dar la respuesta correspondiente que tendrá que ser lo suficientemente contundente no solo para evitar nuevos retrocesos, sino además para hacer volver sobre sus pasos al neoliberalismo en su conjunto. Es hora de agrupar las luchas que están candentes, como la planteada frente a la especulación con el territorio rechazando la pretendida Ley del Suelo, un territorio libre de especulación y sostenible es esencial para garantizar unas condiciones de vida sostenibles también desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención de la enfermedad y por tanto de la sostenibilidad del sistema sanitario. También la lucha que desarrollan las familias demandantes de la necesaria atención temprana digna y de calidad, pública y gratuita, además se avecinan las luchas que traerán los contenidos de los distintos proyectos de presupuestos gubernamentales debiendo continuar con la necesaria defensa de los servicios públicos, del sistema público de pensiones, etc.

    Hay que pasar a la ofensiva frente al enemigo común, frente a la misma raíz sobre la que hay que actuar. La ADSPC quiere animar a que vayamos todos y todas a una, a los distintos colectivos sociosanitarios, de profesionales, de pacientes y sus familias con los que estamos en contacto, participando en la necesaria movilización ya que sabemos que solo con la unidad más amplia de nuestro pueblo y la mayor determinación para la lucha conseguiremos parar a los poderes económicos y políticos que nos arruinan la vida. Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias En Canarias a 13 de octubre de 2016

     La salud es un derecho y no debe convertirse en un negocio. Las medidas aplicadas por los gobiernos del PP, a nivel central y autonómico, fueron en sentido contrario. Son decisiones políticas basadas en una ideología clasista (excluyente) que entiende la actividad asistencial como un nicho de negocio. Hace falta garantizar la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía. Esperamos que de las elecciones del próximo 25 de septiembre surja un gobierno progresista que ponga fin a las políticas de desmantelamiento del sistema público que está aplicando el PP. Para eso proponemos que desde el gobierno de Galicia se apliquen las siguientes medidas:

     1.- Suspender en Galicia la aplicación del RDL 16/2102, volviendo a una sanidad universal, eliminando los copagos y garantizando una cartera de servicios única y equitativa para toda la ciudadanía.

     2.- Recuperación de la financiación sanitaria pública a los niveles del inicio de la crisis. Esta medida tendrá que ir acompañada de la renegociación con el Estado del modelo de financiación sanitaria y de medidas de racionalización del gasto en farmacia, alta tecnología, privatizaciones y conciertos.

     3.- Recuperación para el sistema público gallego de los centros y servicios asistenciales privatizados (nuevo hospital de Vigo, Laboratorio Central de Galicia, etc.) mediante un plan a corto, medio y largo plazo, que incluya auditorías de los contratos y concesiones con el sector privado, denuncias de las irregularidades detectadas y establecer estrategias de negociación.

     4.- Recuperar la titularidad pública del sistema de información sanitaria del Sergas (historia clínica, receta electrónica, central de llamadas, ...). Facilitar que los profesionales del sistema sanitario público accedan a la información que generan con la prohibición de acceso a los mismos por los centros privados, salvo en el caso de actividades concertadas (con carácter complementario). Obligatoriedad de que todos los centros y servicios realicen anualmente memorias sobre sus recursos y actividades.

     5.- Acabar con la figura del “socio tecnológico” utilizado para la adquisición de equipación tecnológica, y con los Institutos de Investigación Biomédica que se han acogido al modelo de colaboración público-privada y están controlados por la industria farmacéutica. Creación de un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea de gestión pública, sin participación privada.

     6.- Recuperar el nivel de empleo en la sanidad pública, mediante un plan que incluya un diagnóstico de necesidades del sistema, establezca prioridades y acabe con la precariedad laboral. Acabar con la amortización de plazas por jubilación y con los contratos basura; desarrollar incentivos basados en la calidad asistencial, transparentes y con control democrático y recuperar los derechos laborales suprimidos por el PP.

     7.- Elaborar un plan integral para afrontar la situación de las listas de espera desde la sanidad pública mediante la ampliación de las camas hospitalarias, utilización plena de los centros hospitalarios, políticas de personal incentivadoras, mejora de la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, dotación de recursos adecuados a los Servicios de Urgencias extrahospitalarios y exigencia de la dedicación exclusiva de los trabajadores sanitarios.

     8.- Recuperar el Plan de Mejora de la Atención Primaria, que la sitúe en el centro del sistema y potencie su capacidad resolutiva dotándola del personal, equipación y acceso a los recursos diagnósticos necesarios para garantizar las políticas de promoción y prevención de salud y una asistencia de calidad.

     9.- Suprimir las Unidades de Gestión Integrada y recuperar las Gerencias de Atención Primaria.

    10.- Potenciar las Áreas Sanitarias como espacios para la coordinación de niveles y servicios asistenciales. Reintegrar a los hospitales comarcales los recursos y servicios que les sustrajeron en los últimos años.

     11.- Obligatoriedad de elaborar un Plan Gallego de Salud cuatrienal que oriente la política de la Consellería de Sanidad y del Sergas, complementado por planes de salud en cada Área Sanitaria que definan los recursos necesarios, los programas y actividades a desarrollar por centros y servicios, en función de sus necesidades y problemas de salud detectados con la participación de la población y de los trabajadores sanitarios.

     12.- Acabar con la libre designación de los cargos de gestión de los centros sanitarios mediante la cobertura de las plazas por concursos públicos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, con evaluaciones del desempeño.

     13.- Garantizar la formación continuada de todos los trabajadores sanitarios de manera independiente y con contenidos fundados en la medicina basada en la evidencia, sin presencia de la industria farmacéutica.

     14.- Desarrollar en todos los niveles y centros del sistema instrumentos y mecanismos para favorecer la participación social y profesional.

Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP)

Galicia, septiembre de 2016.

Un auténtico atraco a los ya escasos recursos materiales y humanos de la Sanidad Pública Canaria se está planteando por el Gobierno de Clavijo. Eso es la instrucción que la Consejería de Sanidad de Morera ha dado a sus gerencias para reducir 11 millones de euros en personal, tratando de suavizarlo de forma ladina con un recorte del 30% en incentivos para directivos, pero además supone no sustituir las bajas laborales (hasta el día 21 de baja), ni cubrir jubilaciones, ni vacaciones, ni días de libre disposición, ni renovar los contratos que terminen antes de fin de año, incluso se está cesando a personal que estaba contratado hasta diciembre. La gerencia del HUC, por ejemplo, ha calculado que dejarán de hacerse cinco mil ecografías, mil operaciones y doscientas resonancias, lo cual incrementara las listas de espera de una manera disparatada si sumamos los pacientes que en estos últimos meses pasaran a engrosarlas. Además de la interrupción de programas y proyectos como el plan de choque contra las listas de espera. Ni que decirse tiene que esto se va a traducir en empeoramiento de las patologías y en aumento de la mortalidad de la población canaria, en pocas palabras CREARÁ UN AUN MAS GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

Un día el Presidente Clavijo dice que tomará medidas contra las listas de espera y al día siguiente recorta para incrementarlas y atentar contra la salud de los ciudadanos, nos recuerda a aquel otro presidente cuando hablaba de camas y otras lindezas, que solo demostraba su ignorancia y su falta de respeto a la ciudadanía con mas promesas y mentiras. ¿DONDE ESTAN ESOS POLITICOS GOBERNANTES QUE AÑO TRAS AÑOS SE PROCLAMAN DEFENSORES DE LA SANIDAD CANARIA ?

Acabamos de hacer público el "Informe 2016 sobre la Situación Sanitaria en las Comunidades Autónomas" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que Canarias y la Comunidad Valenciana son las que presentan una peor situación. El Informe se realiza con datos de 2014 y 2015 y solo alguno de 2016,  de manera que reflejan mayoritariamente los resultados de las políticas sanitarias de los gobiernos anteriores a las últimas elecciones autonómicas, por lo  que los efectos de los cambios que se han producido en las CCAA tienen un reflejo moderado en los resultados del mismo y solo podrán ser evaluados de una manera generalizada en el próximo Informe en 2017, además existe una amenaza de la UE de imponer nuevos recortes en el gasto público, que de producirse, repercutirán muy negativamente sobre la Sanidad Pública.

Evidentemente, la repercusión del planteado ajuste al "objetivo del déficit" va a suponer que en el próximo Informe de 2017 Canarias estará situada de todas todas en última posición, ya que lo que se avecina en los últimos 4 meses de 2016 se añadirá a lo puesto de manifiesto en los datos publicados en agosto con el incremento de las listas de espera quirúrgica, de cita con un especialista y para una prueba complementaria. Para una intervención quirúrgica, 2.377 pacientes más. La cifra de espera de más de seis meses para ser operados (9.547) con un aumento de 381 pacientes. Habían además 25.437 personas con cita para un especialista y para las pruebas complementarias aguardaban 33.418 personas.

No podemos permitir bajo ningún concepto los recortes anunciados, ni los de Clavijo ni los dictados por la UE, ya que son una amenaza muy real a la salud y a la supervivencia de la mayoría de la población canaria. Si la salud y la vida son lo primero que valoramos también deben ser lo primero que defendamos con todos los medios a nuestro alcance. Por eso, señores Clavijo y Morera, lo mejor es que se vayan, pero nos tememos que no lo conseguiremos sin la más amplia y contundente movilización de la ciudadanía canaria en general y del personal sanitario y pacientes en particular.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Canarias, 12 de septiembre de 2016

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública quiere denunciar la situación creada por la administración sanitaria, concretamente por la Gerencia de Integrada de Ourense, por la forma en la que se esta procediendo a la apertura del nuevo centro de salud de O Couto en la calle Velazquez.

1.- La proximidad de las elecciones gallegas y la premura por abrir dicho centro en los plazos establecidos para garantizar la financiación de la Unión Europea, parece que están detrás de las prisas por abrirlo sin estar preparado para ello. La Gerencia Integrada de Ourense ha sido incapaz de gestionar la licencia municipal correspondiente y de acabar en el plazo establecido la entrega y apertura del Nuevo Centro.

2.- Esta situación, además de poner en riesgo la financiación europea está generando desconcierto y graves problemas de acceso a la atención sanitaria a los pacientes asignados al nuevo centro. A esta población se le ofreció la posibilidad de cambiar de medico/a y enfermero/a, llegándose a cerrar las agendas asistenciales (algo sin precedentes) dejando si atención ordenada a las personas enfermas, mientras a los trabajadores se les conminó a empaquetar sus pertenencias y cambiar de sala para el traslado delmaterial informático. La sorpresa fue que esta orden fue suspendida generando grandes molestias a pacientes y personal sanitario, por la negativa del Ayuntamiento de Ourense (gobernado también por Partido Popular) a la apertura de un Centro de Salud sin la preceptiva licencia de apertura. Si no había permisos en tiempo y forma, por qué se ha alertado a tanta población?

3.- Todo este embrollo, propio de una película de los Hermanos Marx, viene a demostrar, una vez más la incapacidad del Gobierno de Núñez Feijoo para gestionar los servicios públicos, especialmente los sanitarios, que periódicamente se ven involucrados en situación escandalosas como en los casos de los Hospitales de Vigo, Pontevedra, Salnés etc., pero sobre todo en la Atención Primaria cada vez más deteriorada una administración centrada en la privatización y las externalizaciones de servicios. La Conselleria y el SERGAS se muestran insensibles a los sufrimientos y necesidades asistenciales de la población.

4.- Los problemas y situaciones escandalosas que afectan periódicamente a la atención sanitaria del Área de Ourense, deberían haber determinado hace tiempo el cese fulminante de la responsable de la Gerencia Única. No sabemos si la explicación estará en las relaciones de parentesco de la misma con el Sr. Feijoo, algo bastante común entre los responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma y más concretamente en Ourense.

5.- Por todo ello exigimos una explicación de aclare semejante embrollo, la realización de los tramites necesarios para la apertura del centro y el cese fulminante de la Gerente del Área de salud Integrada por su probada incapacidad para desempeñar semejante responsabilidad.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

15 de septiembre de 2016