Manifiesto de ACDESA CS sobre la supuesta financiación irregular del PP a través de la contratación del Hospital Provincial de Castellón

   En relación a la información publicada en distintos medios sobre la denuncia presentada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusa de la existencia de una probable trama irregular que utilizaba al Hospital Provincial de Castellón como tapadera para la financiación del Partido Popular llegando a facturar más de 25 millones de euros, ACDESA Castellón  expone que:

      1. Estos supuestos casos de corrupción son inaceptables en cualquier administración y menos en la sanitaria donde los recursos son  limitados y las necesidades amplias y afectan a la salud.

      2. Estas acusaciones demuestran una vez mas el inadecuado e ineficaz modelo de gestión del consorcio sanitario entre la Diputación y Generalitat. De demostrarse las acusaciones, el consorcio habría participado en actividades delictivas clientelares en gobiernos anteriores.

   Por ello ACDESA CS vuelve a reivindicar  la necesidad urgente de disolver el consorcio e integrar al  Hospital Provincial de Castellon en la Red de Hospitales Públicos. Exigimos que este cambio de gestión se demuestre con rapidez, y sobre todo con hechos, además de con intenciones.

En Castellon, a 16 de junio de 2016

La reciente publicación en algunos medios de comunicación de los denominados “Papeles de la Castellana” ha puesto en evidencia más irregularidades de los procesos de privatización del sistema sanitario público por parte del gobierno del PP, ya que se confirma que empresas beneficiarias de estos procesos, que han tejido alianzas con laboratorios farmacéuticos, entidades bancarias, empresas de autopistas o  multinacionales para beneficiarse de fondos públicos, defraudaron al fisco.

El grupo Vithas Salud nació en 2012 con la compra de hospitales a Adeslas. Pertenece al fondo de capital riesgo Goodgrower de los hermanos Gallardo y de La Caixa.  El grupo integró en el momento de su constitución a 10 hospitales y 3.100 profesionales y  1,5 millones de pacientes, en gran parte derivados del sistema público.   La creación fue apoyada y bendecida por la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.

La creación de Vithas se produjo de manera simultánea a la regularización por el Ministerio de Hacienda de los 113 millones de euros que los compradores mantenían ocultos en Suiza y Panamá. Es decir la creación del grupo se realizó gracias a la legalización de 113 millones de euros ocultos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España.  Los dueños del grupo,   pagaron gracias a la amnistía fiscal apenas  2,7 millones (2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas de Panamá y de los bancos JPMorgan, Lloyd´s, y Rothschild).

Los dueños del grupo son también los máximos accionistas del laboratorio farmacéutico Almirall (66%)  una de los mayores de España, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 M y que factura millones de euros a la sanidad pública (el gasto farmacéutico en España es muy superior a la media de los países europeos).

Cuando la Xunta decidió  privatizar el Laboratorio Central de Galicia frenando el desarrollo de los laboratorios de los hospitales públicos y poniendo en peligro los datos más sensibles de la población gallega, realizó un concurso al que se presentaron siete laboratorios, aunque el contrato  fue  adjudicado a una Unión Temporal de Empresas integrada por Cerba (Unilabs) y Lema y Bandín, que presentaron  la oferta económicamente más baja, con una baja temeraria de 40% con respecto a las otras empresas concurrentes. Posteriormente Lema y Bandin y Vithas se han unido ubicando el Laboratorio Central de Galicia, Privado, en el hospital de Fátima de Vigo.

      ACDESA - PV, ante la grabación que a en estos momentos está difundiéndose por la red y en un artículo de hoy de El País Comunidad Valenciana (06.07.16), sobre una médica que opta por bolsa a una plaza de Anestesiología en el Hospital Clínico de Valencia, quiere dejar patente que estas prácticas, tan habituales en otros tiempos no lejanos, es necesario cortarlas de raíz para preservar, por un lado , la dignidad de los profesionales y por otro , el buen nombre de una administración sensible a los problemas de los ciudadanos.

      Por lo tanto exigimos a esta administración las medidas oportunas para que hechos como estos no se vuelvan a producir, para lo que habrá que poner límites a algunos Jefes de Servicio para acabar con estas prácticas.

ACDESA , 08 Junio de 2016

En los últimos meses se están desarrollando diversas iniciativas a favor de la regulación de los llamados vientres de alquiler en España. Sirvan de ejemplo  la feria Surrofair en Madrid en Mayo, la presentación por Ciudadanos de una ILP en la Comunidad de Madrid en marzo (con el apoyo de una parte del PP), o su reserva para presentar iniciativas en esta materia,  al pacto con el PSOE tras las elecciones del 20D. Sin duda el debate está abierto.

Desde la FADSP opinamos que este asunto no debe abordarse exclusivamente desde los deseos individuales de paternidad/maternidad.; deben contemplarse sus aspectos bioéticos y su incidencia sobre la desigualdad económica y de género. Ambos factores determinantes de las desigualdades sociales en salud. Desde el concepto de salud integral que acuñó la OMS, no puede entenderse la maternidad como una mera técnica de reproducción, ni desligarse de sus aspectos biopsicosociales.

Cuando el embarazo no responde a los propios deseos de maternidad, sino que está  forzado para satisfacer el deseo de otr@s, y/o condicionado por su situación socioeconómica, se está reforzando la desigualdad de género al situar su cuerpo a disposición de los demás.

Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos por la Conferencia de El Cairo de Naciones Unidas como pare integrante de los derechos humanos, lo que incluye el derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de ningún tipo. Poner el cuerpo de las mujeres como cualquier otro producto a disposición del mercado capitalista, afecta a los DDHH de las mujeres y lesiona gravemente su autonomía y la capacidad de control sobe el propio cuerpo, cuando su salud se pone al servicio de otros. Los derechos humanos no pueden ser materia de compraventa, sino que su desarrollo se basa en la exigencia de condiciones dignas para su ejercicio.

Sabemos que existe un mercado internacional que presiona por su regulación, que se alimenta de la pobreza de las  mujeres de  países pobres como Tailandia o la India, donde se gestiona el grueso del mercado de los vientres de alquiler. Por ello, de regularse afectaría gravemente a las mujeres en situación más vulnerable.

Sin duda son muy respetables  los deseos de ser padres o madres, pero también lo son los derechos de las mujeres gestantes y los derechos de los menores. Las garantías que se establecen sobre estos en los procesos de adopción, (a conocer sus orígenes, o a la idoneidad de los futuros padres o madres), no están presentes en la práctica de los vientres de alquiler. Lo que prevalece es el contrato, donde se establece la renuncia expresa (y la indemnización por incumplimiento) de las madres  a todo derecho sobre sus hijos.

Cabe recordar que existen otras opciones como la adopción de niños y niñas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Los menores son personas con sus derechos, no son propiedad de los padres/madres, y por eso es éticamente cuestionable el modelo de hijos a la carta que plantea la práctica de los vientres de alquiler.

Conviene señalar que la responsabilidad de legislar en materia de salud debe responder a las necesidades de salud de la población y no a deseos individuales, ni mucho menos responder a las presiones de un sector que ve un nicho de negocio en la capacidad reproductiva de las mujeres. Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales, sobre todo si estos no respetan los derechos de las personas social y económicamente más vulnerables.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Junio de 2016

    La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las “26 medidas para el 26 J” propuestas por el PP, tiene que señalar:

1.   Los 6 primeros puntos solo plantean rebajas fiscales que son incompatibles con el mantenimiento de los servicios públicos, solo podrá haber buenos servicios públicos si existe una recaudación fiscal suficiente. Las pruebas que tenemos en España es que se bajaron los impuestos en la pasada legislatura y ello fue paralelo a unos brutales recortes en los presupuestos sanitarios que deterioraron el funcionamiento de la Sanidad Pública.

2.   El apartado que se refiere específicamente a la Sanidad (medida 16) señala algunos aspectos que conviene resaltar:

        - El asegurar que nos e produzcan diferencias en la atención sanitaria según la comunidad autónoma depende los recursos que tengan estas, es decir de una financiación suficiente y finalista que, como se ha señalado las propuestas que hace el PP, no solo lo garantizan sino todo lo contrario.        

        - Prometer la reducción de las listas de espera está bien, pero en la pasada legislatura sucedió todo lo contrario, es decir estas aumentaron.        

        - La libre elección de médico y centro, en las CCAA donde se ha puesto en práctica, por ejemplo Madrid, solo favoreció las derivaciones hacia el sector privado y el mayor deterioro de los centros públicos        

        - En cuanto a la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales quizás se refiera a los cierres  de puntos de atención continuada que realizaron los gobiernos del PP en Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura.

   En conclusión las propuestas de realiza el PP de cara a las próximas elecciones son algunas de ellas seriamente lesivas para los servicios públicos como la Sanidad y las otras contradicen la práctica de este partido, a nivel central y autonómico en los últimos años.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

6 de junio de 2016

Volvemos una vez más al inevitable tema de las listas de espera en sanidad. Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses. Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes.

Los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo, revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000).

La información aportada nos crea la duda de si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables.

La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que “hacerlos dimitir”. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados.

        Ayer miércoles 1 de junio, a las 12h, tuvo lugar una rueda de prensa, en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, a cargo de diversos colectivos en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, para denunciar la opacidad en la gestión público-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución).

Más de una veintena de colectivos, asociaciones vecinales y grupos políticos, se han adherido a esta denuncia y han firmado un escrito dirigido al Gobierno de Aragón, que fue entregado en el registro del Pignatelli, ayer a las 17h de la tarde.

La rueda de prensa, estuvo a cargo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de las Unidades de Salud Mental y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad. Dichos colectivos, se refirieron al último informe publicado por la Cámara de Cuentas de Áragón, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 del consorcio privado del CASAR. Dicho informe, pone de manifiesto graves irregularidades en la gestión del consorcio privado, cuyo resultado es una deuda aproximada de unos veinte millones de euros, que ahora, tras la integración del consorcio en el SALUD, tendrá que ser sufragados con fondos públicos.

La imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a toda la información , para poder realizar un informe riguroso, demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este experimento público -privado, en el que  todavía quedan por aclarar: los sobresueldos recibidos por altos cargos del consorcio fuera de convenio, el balance de cuentas de liquidación, el sistema de contratación del personal sanitario, los servicios prestados por el SALUD, los servicios externalizados y su rendimiento, los beneficios obtenidos por la mutua, etc. Un sinfín de irregularidades y de falta de información que hace sospechar que ninguno de los sucesivos gobiernos autonómicos (desde la fundación del consorcio en 2006) ni las alcaldías implicadas, parecen querer asumir las responsabilidades de una gestión en la que sabemos quienes pierden (una deuda millonaria que tendrá que ser asumida por todos los aragoneses) pero que, a día de hoy, no sabemos quienes ni cuanto han ganado.

Por ese motivo, los colectivos denunciantes exigieron públicamente la realización de una auditoría externa que aclare las gestión llevada a cabo, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso.

Del mismo modo, los colectivos resaltaron que el CASAR no es un caso aislado y enumeraron las diversas experiencias privatizadoras que se  han llevado a cabo en el resto del estado y que se han saldado con similares consecuencias (se ha demostrado que el SALUD es un 25% más barato que el modelo de gestión del CASAR). Así pues, declararon que la proliferación de asociaciones público-privadas responde a un proceso de privatización encubierta de los servicios públicos y que además, este modelo de gestión, genera el entorno idóneo para la corrupción. Denunciaron, que este tipo de asociaciones están acostumbradas a ocultar endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Y recordaron que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Hecho que es incompatible con el acceso universal a servicios públicos de calidad.

En ese sentido, reivindicaron también la derogación de la Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión”,  marco legal que permite la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública y que, pese a las continuas promesa electorales, aún sigue vigente.

Los colectivos denunciantes, advirtieron que las acciones de protesta seguirán hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones.