La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera positivo el nombramiento de Silvia Calzón como Secretaria de Estado de Sanidad, porque entendemos que es necesario un refuerzo del control del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia, debido a que nos encontramos en un momento de aumento importante de los nuevos casos (en alguna comunidad autónoma como Madrid probablemente infravalorados por la deficiencia de los mecanismos de rastreo y la situación de extrema debilidad de la Atención Primaria), y de los ingresos hospitalarios, que aunque todavía no alcanza niveles críticos debería de atajarse de manera urgente.

   Por otro lado, se trata de una persona con cualificación y experiencia en Salud Pública y Epidemiología lo que entendemos puede favorecer el desarrollo de sus funciones.

   En todo caso habrá que esperar un tiempo para evaluar su desempeño, y si aborda el reforzamiento imprescindible de los sistemas de control e información sobre la pandemia, así como la coordinación de las actuaciones y los dispositivos de apoyo, que parecen cada vez más indispensables.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

5 de agosto de 2020

A PROPOSITO DEL INFORME SOBRE SANIDAD Y SALUD PUBLICA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL APROBADO POR EL CONGRESO

Acaba de hacerse público el Informe sobre Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social aprobado por el Congreso de los Diputados que incorpora pocos cambios, y en todo caso poco relevantes, al documento previamente aprobado por la Comisión y que ya había sido analizado por la FADSP (ver Análisis de la FADSP del dictamen sobre Sanidad y Salud Pública de la comisión de reconstrucción económica y social).

Sin lugar a dudas se trata de una oportunidad perdida para la Sanidad Pública de este país, como muchos otros acuerdos ya producidos sobre el sistema sanitario en el Congreso de los Diputados. En este momento tiene una especial relevancia porque tras la pandemia existía y todavía existe una gran mayoría social y profesional que exigía un reforzamiento de la Sanidad Pública y la solución de los problemas que se detectaron en la misma durante la crisis sanitaria. Desgraciadamente estas expectativas se han visto frustradas tanto en el contenido de las recomendaciones que se han aprobado, como en el hecho de que haya sido precisamente la coalición de gobierno quien las haya sustentado.

Por supuesto las 87 recomendaciones contienen propuestas positivas, pero su lenguaje, en general confuso y alambicado, y la ambigüedad del texto hace que haya pocos compromisos concretos y que todas las cuestiones que se plantean estén pendientes de desarrollos legislativos posteriores para poder ser efectivas.

Desde la FADSP entendemos que las soluciones a los problemas de la Sanidad Pública tienen que venir fundamentalmente por el desarrollo de cinco aspectos que no están o están insuficientemente contemplados en las Recomendaciones:

• Un compromiso con una financiación suficiente con la Sanidad Pública que se relacione con un aumento de los presupuestos del sistema sanitario público per capita para alcanzar el promedio de los países de la UE, así como garantizar un 25% del gasto sanitario público en Atención Primaria, un 2,5% en Salud Pública y el 2% en investigación. Ello podría hacerse mediante el posicionamiento en el Fondo de Reconstrucción Sanitaria de 46.000 millones €, siguiendo en su reparto los criterios que se señalan en la recomendación 73.

• Incrementar de manera sustancial los recursos humanos de la Sanidad Pública especialmente en enfermería en Atención Primaria

Hay que ser conscientes de que las Recomendaciones son eso, recomendaciones, y que carecen de fuerza legal, por lo que lo que realmente importa será la legislación que se produzca, especialmente los próximos presupuestos que son los que pondrán de relieve el compromiso real con la Sanidad Pública de este gobierno.

Desde la FADSP seguiremos trabajando por reforzar la Sanidad Pública y protegerla de los intereses comerciales que la ponen en peligro y movilizando a profesionales y población para consolidarla y defenderla de quienes quieren destruirla.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Agosto de 2020

   El Plan para afrontar los rebrotes de coronavirus en la Comunidad de Madrid hecho público por IDA y el Consejero de Sanidad es insuficiente y tardío por los siguientes motivos:

       1. Es tardío porque impone el uso obligatorio de mascarillas cuando ya existe transmisión comunitaria en la región, una medida que debiera haberse adoptado hace tiempo dado el notorio incumplimiento de las medidas de seguridad por una parte significativa de la población.

       2. Es insuficiente porque no asegura a la región los medios sanitarios precisos para afrontar los rebrotes: el número de camas cerradas es muy elevado, la atención primaria está  más debilitada que al inicio de la pandemia (hay numerosos centros de salud con apertura limitada, los efectivos son muy reducidos, no se han cubierto las vacantes por vacaciones, etc..), además el número de rastreadores es notoriamente insuficiente, se habla de 360 para una población de 6,5 millones de personas cuando deberían situarse en torno a los 2000 para garantizar una respuesta eficaz, etc.

       3. Por otro lado la llamada cartilla covid19 parece una idea extravagante en la línea de las ocurrencias de IDA y su consejero porque se desconoce la inmunidad y la duración de la misma que pueda provocar la enfermedad y en todo caso esos datos (haber padecido la enfermedad y la nolvadex-tamoxifen.net o no de anticuerpos ya constan en las historias clínicas de la población y son accesibles con las TSI

    En resumen, de nuevo hacer como que se hace, mucho aparato escénico pero pocas soluciones y/o insuficientes que ponen en riesgo la salud de la población que sufre unos gobernantes incompetentes,

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID

28 de julio de 2020

Tras haber presentado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) una solicitud ante la Consejería de Sanidad/ Gobierno de Canarias el 20 de mayo de 2019 y un recurso de alzada el 25 de noviembre de 2019, la ADSPC ha interpuesto ahora recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud.

Tal acción judicial se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

Así mismoun día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Don Conrado Jesús Domínguez Trujillo, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

Con la presentación de este contencioso se continúan así las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 27 de julio de 2020

    Desde la FADSP, ante el uso de mascarilla obligatoria en la mayoría del territorio, a excepción de la Comunidad de Madrid, Canarias y parte de Ceuta, queremos señalar:

        1. La mascarilla, de acuerdo con la evidencia científica, tiene una función preventiva y, como tal, debe considerarse como producto de primera necesidad, al igual que lo es un medicamento o una vacuna.

        2. Además, en el momento actual donde el 26% de la población de España está en riesgo de pobreza y / o exclusión social, el gasto en este producto generará más desigualdades.

    Por ello, debería ser suministrada desde las instituciones públicas mediante la prescripción o la distribución que sea necesaria, sin que suponga detrimento en la economía personal o familiar para la población más vulnerable económicamente.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

20 de julio de 2020

 La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que el nuevo triunfo electoral del Partido Popular de Núñez Feijoo supone un grave riesgo para la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Galicia.

1.- Desde hace años conocemos la política sanitaria de Núñez Feijoo centrada en recortar, desmantelar y privatizar la sanidad pública gallega para favorecer a los grupos de presión como POVISA y los nuevos centros privados de las empresas multinacionales y fondos de inversión (Quiron, HM hospitales, la farmacéutica UNILABS, Indra, Philips, Varian Medical, etc., etc.).

2.- Consideramos más que probable que aprovechando la renovación de su mayoría absoluta por cuarta vez y aprovechando del shock social tras la pandemia de COVID 19, Feijoo pretenda dar un nuevo impulso al proceso de privatización dada la ausencia de sanción social al mismo.

3.- Es muy preocupante que se mantenga la paralización de buena parte de las consultas de Atención Primaria , sustituidas por consultas telefónicas o telemáticas no presenciales, pese al descenso de la pandemia, lo que además de una discriminación a la población mayor con dificultades para manejar estos medios, puede suponer un riesgo para la salud de la población. En medicina es muy difícil diagnosticar y tratar adecuadamente sin la presencia de la persona enferma y de las exploraciones correspondientes.

4.- Otro motivo de alarma es que a pesar de la enorme bolsa de pacientes en listas de espera por el aplazamiento y suspensión de consultas y pruebas diagnósticas (en algunos casos con patologías graves) no solo no se esté incrementando la actividad hospitalaria sino que se cierren camas y plantas hospitalarias con el argumento de la llegada del verano.

5.- Llamamos a la población y profesionales de la salud a mantener la movilización en defensa de la sanidad pública y evitar caer en el desánimo tras el triunfo electoral de una política privatizadora.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

17 de Julio de 2020