El comentario inicial es que no debemos, no queremos y no podemos ser ingenuos y dudar de las políticas sanitarias que va a desarrollar el nuevo gobierno andaluz, compuesto por un pacto del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo imprescindible de Vox. La historia nos avala. En las Comunidades Autónomas en las que el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta (Madrid, Valencia o Galicia), las privatizaciones y el desmantelamiento de los Sistemas Sanitarios Públicos ha sido demoledor. Para ello han seguido la clásica estrategia de previamente deteriorar la organización y la asistencia pública para después proponer a la privada como la única alternativa. La mayoría de la ciudadanía no es consciente de estos procesos, y lo que quiere es ser atendida de forma rápida y aparentemente correcta.

Lo siguiente que podemos destacar, tras los primeros seis meses del nuevo gobierno, es la tremenda tendencia a la publicidad engañosa y la utilización de aspectos parciales sobre datos oficiales para llegar a conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. Son campañas publicitarias masivas que parten del Consejero de Salud y se transmiten a tod@s l@s Delegad@s Territoriales. Ejemplos de los mismos:

1.- A los pocos días de tomar posesión el Consejero de Salud, transmite a la población unas cifras distorsionadas de las listas de espera, en la que entra todo tipo de “espera”, incluyendo tanto las correctas como las revisiones programadas. El motivo está claro, estas fake news, en castellano “noticias falsas”, o mejor, “mentira organizada que pretende confundir a la población menos informada”, justificará la masiva concertación con clínicas privadas. De hecho, tenemos constancia que las reuniones en ese sentido han sido masivas.

2.- A las pocas semanas se anuncia a bombo y platillo un Plan de Choque contra las listas de espera. Ni en los hospitales ni en Atención Primaria saben nada de ese plan. Lo que han puesto en marcha son nuevas “peonadas”, es decir, que los mismos que trabajan por las mañanas, prolonguen sus horarios laborales por las tardes. Esta decisión, que ya la tomaron gobiernos socialistas, no consigue mejorar nada las listas de espera, además de que provoca tendencias perversas: la actividad por las mañanas disminuye y aumenta por las tardes, lo que conlleva una productividad económica sobreañadida. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha mostrado su rechazo a esta estrategia.

3.- Otra decisión inmediata ha sido derogar la subasta de medicamentos que existía en Andalucía. La subasta anual de principios activos había conseguido que las ganara quién ofertara el menor precio y no como era la regla, que las multinacionales imponían precios abusivos y progresivos. De hecho, empresas auditoras independientes a nivel nacional proponen sin dudas que estas subastas se implanten en todo el territorio nacional.

4.- En Andalucía existía el complemento mensual de exclusividad: es decir, aquellos profesionales que trabajaban exclusivamente en el sistema público recibían un incentivo económico. El nuevo gobierno ha derogado esta norma y la ha extendido a todos los profesionales. Es decir, los que no tienen un desarrollo laboral exclusivo en la pública por trabajar de forma paralela con la privada, también cobran el complemento de exclusividad. Obviamente se han visto obligados a modificar el concepto.

5.- Han decidido incluir en los Distritos Sanitarios a Hospitales y Centros de Atención Primaria. Es decir, no existirán equipos directivos en los recursos no hospitalarios. Ya sabemos que el pez grande se come al pequeño. La Atención Primaria recibe otro ataque que conseguirá perseverar en su deterioro actual.

6.- La previsión inmediata del gobierno andaluz es derogar la norma de incompatibilidad que existe actualmente para cargos intermedios de trabajar en el sector sanitario público y privado. La perversión perfecta.

7.- Los presupuestos aprobados por el nuevo gobierno para este año reinciden en los recortes en la sanidad pública (contienen menos de 500 millones de € con respecto al presupuesto de 2009). Además consagra un aumento de la inversión en las partidas destinadas a las grandes empresas privadas (farmacéuticas, material sanitario y conciertos con clínicas privadas).

Es necesario recordar que con el gobierno socialista previo, el deterioro del Servicio Andaluz de Salud era una realidad dramática: habían recortado más de 8000 millones de euros en los presupuestos sanitarios actuales desde el año 2008 hasta la actualidad, más de 7000 profesionales sanitarios perdidos en estos últimos diez años, la cobertura de jubilaciones, de bajas prolongadas por enfermedades, etc , ha sido del 10%. De cada 100 profesionales que suspendían su actividad asistencial se cubrían sólo diez. La Atención Primaria está al límite soportable, con una ambulatorización progresiva. Las Unidades de Gestión Clínica se han degradado de forma escandalosa: los objetivos por los que se cobran las productividades se basan exclusivamente en el ahorro económico sin medir las repercusiones clínicas. El hastío y la desmotivación de la mayoría de los profesionales sanitarios han llegado a niveles preocupantes. Nuestra organización se ha posicionado a favor de la derogación de las Unidades de Gestión Clínica.

El mayor déficit que soporta la ciudadanía son las terribles listas de espera para todo tipo de conceptos. Esperas para ser atendido por primera vez, esperas para exploraciones complementarias diagnósticas, esperas para confirmar los hallazgos clínicos, esperas para recibir los tratamientos necesarios, etc. Con esta dinámica, que dura hace muchos años y que además crece progresivamente, la atención clínica que recibe finalmente la persona afectada es inadmisible porque en muchos casos se incluye el riesgo para su salud.

La consecuencia directa e inmediata es que la mayoría de la población que tiene los recursos económicos suficientes contrata una empresa privada para compartir la atención clínica. Si aparece un problema grave de salud, entonces no hay dudas, acudir de inmediato al Servicio Sanitario Público. Los sectores sociales que no pueden costear ese sobregasto quedan marginados de una asistencia digna y eficaz. Es un retroceso histórico, reaparece la situación de personas pudientes bien atendidas y beneficencia con marginalidad. Increíble pero cierto.

A pesar de estas razones, no podemos opinar que la situación actual sea mucho peor a la previa. En el Plan del Verano de 2019 han vuelto a decidir aberraciones de gestión como el cierre de camas hospitalarias con la excusa de obras de mantenimiento que no se corresponden con la realidad, enlentecimiento de la actividad de recursos tanto en quirófanos, como en Servicios Centrales, lo que va a conllevar un obvio aumento de las listas de esperas, ya insoportables, que sufre la población desde hace años. El objetivo real es claro, la no sustitución de todos l@s trabajador@s que toman sus vacaciones reglamentarias veraniegas.

El hecho de que este verano no sea peor que los años anteriores, es una circunstancia que debería hacer recapacitar al gobierno socialista previo y al partido político que lo sostuvo.

A modo de conclusiones, el deterioro de la Sanidad Pública continúa y no se prevén políticas que la haga mejorar sino la apuesta será derivar fondos públicos a empresas privadas para paliar o parchear estas deficiencias, especialmente mediante la desviación progresiva de las personas que esperan a clínicas privadas para ser atendidas. La finalidad es el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público y su sustitución por fórmulas de gestión privada de los recursos públicos. Es la misma historia que ocurrió en el Reino Unido en la década de los ochenta del siglo pasado, que, teniendo un National Health Service que era una referencia para el mundo, las políticas neoliberales de Margaret Thatcher lo desintegró y todavía hoy no ha recuperado su nivel previo, por desgracia para la ciudadanía, claro está sobre todo a los sectores más desfavorecidos.

El gobierno andaluz actual no cree en el sector público y defiende el eufemismo de la colaboración público-privada que, en la práctica, siempre ha consistido en el parasitismo y la fagocitación de lo privado frente a lo público. Por supuesto, si el negocio no marcha bien y hay una debacle económica, se rescata con dinero público. Son hechos y no opiniones. Por ello, no hay circunstancias que supongan prever un futuro esperanzador.

La movilización social y ojalá la profesional es hoy más necesaria que nunca. Las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía trabajarán, como llevan haciendo muchos años, defendiendo el Sistema Sanitario Público, que hoy está más en peligro que nunca.

La muerte nos acecha desde el nacimiento, ya lo dijo el poeta “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir” (Jorge Manrique, siglo XV). Sabemos que vamos a morir y ese hecho es una parte natural e inevitable de la experiencia humana. También sabemos que la muerte puede producirse en circunstancias muy distintas y en muchos casos en medio de tremendos sufrimientos y/o de un proceso de degradación incompatible con la propia dignidad de la vida humana. La eutanasia pretende que, ya que no tomamos ninguna decisión sobre nuestro nacimiento, al menos podamos tenerlo sobre el final de nuestra vida.

Con frecuencia se mezcla el debate con el de la denominada “muerte digna”, los cuidados paliativos que tienen como objetivo minimizar o anular el sufrimiento en los moribundos y favorecer la agonía “dulce”, y aunque es obvio que se trata de un tema con semejanzas, en ambos casos se quiere favorecer una muerte sin dolor, la eutanasia pretende ir mas allá y evitar el proceso de degradación, sufrimiento y deterioro que lleva a los enfermos desahuciados hasta una situación terminal.

En el debate sobre la eutanasia se pueden plantear tres cuestiones. La primera es la cuestión moral, que debería ser de ámbito privado y personal, porque no parece razonable imponer a los demás las propias creencias en el marco de las decisiones individuales que solo le afectan a uno mismo, una vez mas conviene recordar que reconocer un derecho no obliga a ejercerlo, sino que facilita su uso por quien libremente lo desee, por otro lado incluso en la tradición cristiana se refiere la actuación compasiva en momentos críticos, actitud que por cierto nos parece normal en el caso de los animales.

La segunda es la detallada regulación que precisa, para evitar que se produzcan abusos, porque estamos ante decisiones que son irreversibles y por lo tanto deben tener muchas garantías que respeten los derechos de las personas implicadas. Este asunto esta resuelto de manera bastante detallada en otros países, porque como es bien conocido la eutanasia esta regulada desde hace años en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza y en algunos estados de EEUU. En Holanda por ejemplo se exige:

1.- Que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea residente en Holanda.
2.- Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, que es plenamente capaz y se ha reiterado en su voluntad. Ésta puede haber sido manifestada en un documento de voluntades anticipadas.
3.- Que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora.
4.- Que se haya informado al paciente de su situación y de las perspectivas de futuro.
5.- Que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya corroborado el cumplimiento de los requisitos. En caso de sufrimiento psicológico se tienen que consultar dos médicos. Los médicos consultores tienen que ver al enfermo y elaborar un informe por escrito sobre la situación.
6.- Que la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se haga con el máximo cuidado y profesionalidad.

También ha sido regulada en el caso de las personas incapacitadas y en los niños, casos en los que los controles se hacen más exhaustivos, y se exige el dictamen de una comisión profesional. Hay que decir que aunque la normativa esta en vigor desde 2002 no se conocen casos de abuso en esta práctica, lo que indica que un uso prudente, que es exigible, no debería de plantear problemas.

La tercera cuestión tiene que ver con el apoyo sanitario y profesional que se necesita para el ejercicio efectivo de la eutanasia. El tema es bastante peliagudo porque la práctica demuestra que con frecuencia existen grupos profesionales que sigue entendiendo que tiene derecho a tomar decisiones en nombre de los pacientes y contra sus preferencias expresadas, como se ha comprobado en el caso de la niña gallega a la que los médicos se empeñaban en mantener viva contra la decisión de los padres e incluso del comité de ética asistencial, basadas en la legislación vigente (a nivel estatal y de Galicia) y que solo cedieron ante la perspectiva de una condena judicial. Por eso es preciso articular mecanismos para garantizar la práctica de la eutanasia en condiciones de igualdad y accesibilidad para todas las personas y favorecer un apoyo sanitario que lo permita en el sistema sanitario público. Obviamente hay que respetar las cautelas profesionales pues aunque la mayoría de los sanitarios están a favor de su regulación, por cierto lo mismo que sucede con la población (un 85% la apoyarían según una encuesta de 2018), son pocos los profesionales dispuestos a participar en la misma. Habría por lo tanto que regular la objeción de conciencia y paralelamente garantizar su acceso en la Sanidad Pública, la creación de servicios específicos podría ser una solución.

Como señala JA Salcedo “una muerte es adecuada o buena cuando esta asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ocurre en su domicilio (o en hospital si así se desea) en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía para no ser una carga para sus cuidadores (demanda de muchos de ellos). Será digna si la persona explicita como quiere que sea el proceso de morir y cuando y su decisión es respetada. Es necesaria una nueva Ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables”.

En la pasada legislatura se produjo una iniciativa parlamentaria para aprobar una ley sobre eutanasia, pero fue bloqueada por la mesa del Congreso (PP y Ciudadanos a pesar de que esta formación dice estar a favor de su regulación), en esta ya se ha registrado una iniciativa al respecto que decaerá si no se consigue formar gobierno y se convocan nuevas elecciones.

La regulación de la eutanasia esta rodeada de muchos tabúes que es preciso desmontar. En una sociedad como la nuestra parece razonable y es cada vez mas urgente avanzar hacia una regulación de la misma porque si no se hace se seguirán produciendo muertes en malas condiciones, eutanasias clandestinas, y hechos como la muerte de Mª Jose Carrasco que acaban injustamente en manos de los tribunales.

El informe de la IPCC, El cambio climático y la tierra, publicado en agosto ha hecho notar la influencia de nuestros hábitos alimenticios en el cambio climático y la necesidad de cambiarlos para detener el calentamiento global.

Desde la Antigüedad se conoce la importancia de una alimentación saludable y equilibrada, pero en un entorno en el que la mayoría de la población pasaba hambre, o estaba en riesgo de desnutrición, y en la que los alimentos disponibles eran bastante limitados, sujetos a las inclemencias locales del tiempo (sequías, inundaciones, guerras, etc) y difíciles de conservar, la búsqueda de alimentos, cualesquiera alimentos, y su consumo inmediato, eran el objetivo principal de la mayoría de las personas independientemente de que fuera mas o menos saludables porque lo importante era evitar el hambre.

Solo a partir de mediados del siglo XX, debido al desarrollo económico y social, una gran parte de la Humanidad empezó a considerar  el como se alimentaba y a buscar una dieta saludable, aunque conviene no olvidar que sigue habiendo una parte significativa de la misma que pasa hambre y esta desnutrida (un 10,8% en 2016 según la ONU), y por lo tanto tiene como objetivo prioritario el comer lo que pueda.

La Organización Mundial de la Salud (última revisión en agosto de 2018) establece como principios de una dieta saludable:

“Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los

principales factores de riesgo para la salud.

Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida; la lactancia

materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede

proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida.

La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total).

La ingesta de grasas saturadas debería representar menos del 10% de la ingesta calórica total, y la ingesta de grasas trans, menos del 1%; para ello, el consumo de grasas se debería modificar a fin de reducir las grasas saturadas y trans, en favor de grasas no saturadas, con el objetivo final de suprimir las grasas trans producidas industrialmente..

Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se recomienda reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total.

Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta.

Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para 2025; también acordaron detener el aumento de la

diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso infantil de aquí a 2025”.

En la pirámide de la dieta sana la OMS señala la conveniencia de tomar “ocasionalmente”, es decir no a diario, productos como las carnes rojas y embutidos, y solo de manera infrecuente los dulces y grasas (por ejemplo la mantequilla) y los productos que los contienen (en general la bollería industrial), y como esta dieta sana debe basarse en el consumo de verduras, hortalizas, legumbres y cereales (mejor si son integrales) y un consumo moderado de lácteos (leche, queso, yogur), pescado y carnes blancas (pollo, conejo, pavo). Esta dieta garantiza el aporte necesario de calorías, principios inmediatos y fibra que son imprescindibles para la salud, y que han demostrado efectos preventivos sobre enfermedades muy frecuentes como la obesidad, las cardiopatías, la hipertensión, la diabetes y muchos tipos de cáncer.

Pero además ahora conocemos que también es saludable para el planeta, porque el consumo excesivo de carne, que favorece la ganadería y agricultura intensiva es la responsable de una parte importante de las emisiones de C02 (el 23% si se tiene en cuenta solo la agricultura y ganadería y el 37% si se incluye la industria alimentaría).

El consumo de carne en los países desarrollados es claramente excesivo, cuatro países (EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) superan el consumo de 100 kg/ habitante y año y el promedio de la UE supera los 80 kg, cuando lo recomendable se sitúa en los 21 Kg (en España se consumieron 46,19 Kg en 2018), si bien es cierto que el últimos años se ha producido una disminución especialmente en Europa aunque es posible que se deba solo a la crisis económica (los datos internacionales son de 2013).

Otros dos problemas relacionados con el consumo alimentario y el cambio climático son las emisiones derivadas del transporte de alimentos, que pueden ser muy elevados si el consumo es de productos que provienen desde muy lejos (América, China, Australia, etc), y el derivado de los alimentos que desperdiciamos que suponen en torno al 10% del impacto de la alimentación sobre los gases de efecto invernadero.

Las cosas pues están claras y los expertos nos están avisando, hacemos globalmente un consumo irresponsable, que genera un aumento de las emisiones de C02 y de otros gases de efecto invernadero, lo que acelera el cambio climático, a la vez que es peligroso a corto plazo para nuestra salud. Nuestra dieta es insalubre para nosotros mismos y para el planeta. Por eso tenemos que plantearnos seriamente un cambio en profundidad.

De todas maneras hay que tener cuidado con los mensajes que se centran en las conductas individuales porque encubren los potentes intereses económicos que favorecen esta situación y que hacen que la denominada “comida basura” se generalice y sea mas barata con lo que a veces acaba siendo la única opción de alimentación para las personas con bajos ingresos.

Un ejemplo de esta política de encubrimiento esta por ejemplo en los datos que se ofrecen sobre comida desperdiciada en España según clase social, así se dice que la clase alta y media alta desperdicia 242 millones de kg en 2018, la media 400, la media baja 305 y la baja 180, ahora bien si tenemos en cuenta el porcentaje de población de cada una veremos que cada 1% de población que pertenece la clase alta y media alta desperdicia un 2,14% del total, 1,18% la clase media, 0,33% la media baja y 0,2% la baja, lo que evidencia, como era de esperar, que quienes desperdician comida son sobre todo los ricos y que existe un gradiente en relación a la renta (cuanto mas pobre menos se desperdicia).

Actuar es necesario y hay que hacerlo a nivel individual, concienciándonos del problema, siguiendo las recomendaciones de la OMS, minimizando el desperdicio de alimentos y consumiendo productos locales, pero sobre todo a través de políticas públicas porque la industrialización agroalimentaria está fomentando el consumo de alimentos peligrosos para la salud, y las políticas de precios favorecen el consumo de estos alimentos, que (el estudio no lo analiza) que son las que tienen mayor impacto sobre los grupos social, económica y culturalmente más desfavorecidos.

Debemos reclamar con más fuerza unas políticas que fomenten una alimentación saludable y favorezcan el consumo de frutas y vegetales, y eso se hace desde la información, educación para la salud, la promoción, la regulación de la cantidad de sal o grasas trans que llevan los alimentos, y las políticas fiscales (bajando o quitando el IVA a los alimentos sanos y aumentándoselo a los que no lo son).  Para eso también necesitamos un gobierno que se preocupe de los intereses de la mayoría de la población y no de los beneficios de las multinacionales.

La Listeria es un contaminante que debería de haberse eliminado en la cadena de producción. y su presencia en los productos comercializados evidencia fallos importantes en el proceso, bien en el calentamiento (por encima de 75º desaparece la Listeria y se supone que la empresa Margulis sometía a la carne a un calentamiento de 83,9º), bien en el empaquetado y/o conservación, que son responsabilidad de la empresa y de las autoridades sanitarias andaluzas que tienen el deber de controlar e inspeccionar la salubridad de los productos comercializados, lo que evidentemente no se ha producido. Recuérdese una empresa con un propietario pantalla para eludir deudas (algo parecido al “levantamiento de bienes”, Isabel seguro que podría explicarlo mejor), libre emprendimiento en estado puro.

Pero, además, la actuación de la Junta de Andalucía y en especial de la Consejería de Salud ha sido claramente irresponsable y ha favorecido la extensión del problema. En concreto se ha tardado en dar la alarma sobre listeriosis, en inmovilizar el producto, en investigar si la contaminación estaba presente en otros productos de la marca y en investigar las CCAA donde había sido distribuido, y por fin en descubrir la “marca blanca” con que también se distribuía el producto y que además estaba mal etiquetada. Todo un record de irregularidades-

Es evidente que de todo ello pueden haberse derivado una mayor extensión de la infección al no haberse evitado el consumo humano. Desde luego los datos concretos solo se conocerán dentro de un tiempo porque como es sabido el periodo de incubación de la enfermedad puede prolongarse hasta 70 días, aunque la mayoría de los casos probablemente ya se habrán producido, para lo que es preciso hacer un riguroso registro de la fecha del consumo del producto contaminado. Ya veremos sin este asunto se produce la transparencia que ha faltado hasta ahora, o si también se pretende volver a ocultarnos los hechos.

Parece que la Consejería de Salud en un primer momento intento ocultar/minimizar el tema, protegiendo a la empresa, y luego la incompetencia y los movimientos incordiándoos han sido la tónica. Todo se ha hecho tarde, y lo que se podía hacer mal se ha hecho mal, en una cadena de despropósitos. Lo que esta claro es que su forma de actuar ha supuesto riesgos innecesarios, y probablemente graves consecuencias, para la salud de las personas, fuera y dentro de Andalucía. A la vez se ha desprestigiado la administración sanitaria, cuyas declaraciones en Andalucía carecen cada vez más de credibilidad y favorecen el pánico de la población, con algunas repercusiones negativas como la saturación de las urgencias.

Hasta ahora en España, y a partir de la intoxicación de la colza en 1981, los brotes de intoxicaciones alimentarias habían tenido una respuesta adecuada de las autoridades sanitarias. Ahora el Ministerio de Sanidad parece que esta tomando cartas en el asunto, que ya sobrepasa la comunidad andaluza, y esperemos que se imponga la cordura y los criterios técnicos, pero es probable que todavía sigamos sufriendo consecuencias del desastre inicial, que obviamente es irreparable.

Dos reflexiones habría que hacer como conclusión de lo sucedido, la primera es que la política neoliberal de rebajar los controles sobre las empresas, es muy peligrosa, especialmente en todas aquellas que tienen un impacto directo sobre la salud, como es la industria agroalimentaria. Aquí el control de la Junta de Andalucía ha fallado estrepitosamente, y la cosa ha podido ser más grave porque la empresa de referencia era una bomba de relojería. Existe una amplia y concreta normativa por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición como de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que no ha sido seguida en este caso.

La segunda es que poner al mando de una Consejería como la de Salud a un bocazas con pocos conocimientos técnicos es una gran irresponsabilidad, porque parece claro que ha pensado mas en su carrera política, esperemos que finalizada, que en la necesidad de poner en práctica los elementales principios de precaución ante la primera noticia de la contaminación por listerioris. Hay una responsabilidad de la Consejería de Salud, los andaluces no se merecen a este individuo como responsable de su salud, debería de asumir sus fallos y dimitir.