Un nuevo 8 de marzo en plena pandemia
Las profesiones sanitarias, sociosanitarias y cuidados en general son sectores altamente feminizados, por eso durante esta pandemia generada por el SARS-CoV-2 les ha puesto en primera línea para combatirla, poniendo de manifiesto algo que ya veníamos diciendo desde la crisis del 2008 los recortes en sanidad y servicios sociales, precariedad en el empleo y la escasez tanto de recursos materiales y técnicos, como de personal.
En sanidad aproximadamente el 75% del personal sanitario son mujeres, aumentando en enfermería, técnicas, TCAE , lavandería, cocina o limpieza en general pero también en los profesionales de medicina que va aumentando del 50% a al 68% en las promociones jóvenes que se van incorporando.
Esto mismo pasa con otras profesiones sanitarias como farmacia aproximadamente un 75-80% o las trabajadoras dedicadas a los cuidados en residencias y de grandes dependientes alcanzan el 84%.
Pero feminización no es lo mismo que igualdad, hay también en este sector un techo de cristal, los puestos directivos siguen siendo mayoritariamente ocupados por hombres (un 80% frente al 20% las mujeres).
Los periodos dedicados por la mayoría de las mujeres a la maternidad o cuidados de hijos y mayores suelen coincidir justo cuando se podrían plantear una promoción en este sentido, al finalizar los largos años dedicados a la formación (MIR, EIR, doctorado…)
La maternidad y el tiempo dedicado a los cuidados no deberían ser un obstáculo, ni un problema para las administraciones. Estas deberían tenerlo en cuenta para la provisión de plazas, unido a políticas de corresponsabilidad de hombres y mujeres, para que no sean las mujeres siempre las que tengan que conciliar. Profesionalidad y cuidados solo será compatible cuando haya un reparto equitativo de las cargas familiares y domesticas entre mujeres y hombres.
Paralelamente hay una brecha salarial aproximadamente de unos 10.000€/año en palabras del exministro Illa para las médicas, también para el resto de profesionales. No porque los salarios sean diferentes entre hombres y mujeres, sino por la dificultad de acceso a otros puestos mejor remunerados y a complementos.
Son las profesionales sanitarias quienes atienden en primera instancia a mujeres que han sufrido violencia de género y en algunos casos con déficit de formación o protocolos no actualizados
Algunas consecuencias de la pandemia y que ha afectado también a las mujeres de estos sectores por estar en primera fila (al ser mayoría) y tener más exposición al contagio por este trato directo. Se han visto obligadas a doblar turnos de trabajo y a realizar horas extras, creando graves problemas emocionales y psicológicos.
Durante la pandemia debido a confinamientos, abandonos y sensación de abandono tanto de familiares como de los servicios de salud al suspender o realizar las mínimas visitas presenciales, todo ello unido a duelos patológicos y la ansiedad generada por el estrés, ha impactado especialmente y de una forma preocupante en la salud mental de la población en general pero también de las sanitarias y los sanitarios.
La desatención de las enfermedades no covid que han pasado a un segundo plano, aumentando así mismo su morbilidad y en alguna medida la mortalidad. El abandono de los programas de prevención y control de determinadas patologías en Atención Primaria, suspensión de talleres de preparación al parto o de ayuda a la lactancia y otros han contribuido al incremento de esta morbilidad.
La vacunación necesaria para frenar la pandemia, debe ser equitativa y llegar a todos los países, independientemente de su riqueza y accesibilidad. Pero para ello se deben liberalizar las patentes, para que puedan ser fabricadas en más sitios, de manera que permita rebajar costes y facilitar el acceso a ellas a todos los países.
Por ello:
1.- Debe evitarse la brecha salarial, con programas de promoción y equidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades para acceder a determinados puestos.
2.- Eliminar la precariedad laboral y las contrataciones precarias, reponiendo las plantillas y convocando las plazas no solo de reposición, sino las de incremento anual pactadas y no cubiertas.
3.-Potenciar y facilitar el acceso a los servicios de salud mental no solo a personas enfermas, también a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
4.- Material de prevención para todas las trabajadoras y trabajadores sanitarios y sociosanitarios independientemente de su categoría profesional y en contacto con personas de riesgo.
5.- Actualización continuada de los protocolos en violencia de género, así como la formación de las y los profesionales para detectar y atender adecuadamente la violencia de género.
6.- Eliminación de las patentes farmacológicas y creación de un sistema farmacéutico público.
Por una Sanidad Pública, Universal y de Calidad, donde no quede ninguna mujer y ningún hombre fuera del Sistema Sanitario Público. Se debe revertir la lógica del beneficio sobre los cuidados, poniendo los cuidados y las personas en el centro de su actividad.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
6 de Marzo de 2021
Marea Blanca. Madrid 14 de Marzo de 2021
Concentración Zaragoza
Nota AGDSP debate cambio Ley Gallega de Salud por la COVID
Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública reiteramos nuestro apoyo a la Plataforma SOS Sanidade Pública y a las fuerzas políticas que se oponen la la reforma de la Lei Galega de Saude que se debate mañana en el Parlamento:
1.- Antes que nada queremos rechazar las criticas de que nuestra oposición responda a posiciones negacionistas del COVID. Consideramos que la epidemia tiene una gran repercusión sobre la salud de la población y apoyamos las medidas destinadas a evitar contagios como confinamientos, uso de mascarillas o vacunaciones.
2.- Sin embargo, entendemos el cambio de la Lei como una medida de marketing político, innecesaria por existir instrumentos suficientes para combatir la pandemia y que tendrá repercusión sobre los derechos y libertades cívicas de la población (que no serian aceptados por la misma si no existiera la actual situación de alarma).
3.- Consideramos, al igual que la Organización Mundial de la salud y diferentes Comisiones deontológicas, que no se puede imponer con carácter obligatorio y bajo amenaza de fuertes sanciones, la realización de pruebas, tratamientos o vacunaciones, porque invaden el derecho a la libertad de decisión individual sobre salud y el Consentimiento Informado.
4.- También estimamos incensario y peligroso el poder que se otorga a un Comité Clínico cuya composición responde a criterios políticos y que es al menos cuestionable. La multiplicación de organismos con autoridad sanitaria, el poder discrecional que se otorga a las mismas y la multiplicación de los controles tecnológicos, derivan a un modelo de sociedad autoritaria.
En base a todo ello exigimos la atarax online espana del proyecto de cambio de la Lei y abrir un proceso colaborativo y trasparente de la administración con todas la fuerzas políticas, sindicales y ciudadanas para hacer frente eficazmente a la epidemia.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
Los planes de Trujillo, Conrado y el sector sanitario privado
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”.
Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.
Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español.
La concertación con el sector privado ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente.
Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado?
Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.
La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.
También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.
Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
Portavoz y Presidente de la ADSPC: Guillermo de la Barreda
La Atención Especializada en las CCAA 2021
ACDESA: Encuentro virtual vacunas y patentes. 5 de Marzo de 2021
Queremos poner de relieve la necesidad de eliminar las patentes de las vacunas contra el virus SARS-CoV2. Ya son varias las iniciativas a nivel nacional e internacional para combatir su eliminación, como la de Médicos Sin Fronteras y Right to Cure.
Así mismo, os esperamos virtualmente el próximo día 5 de marzo a las 17.30h en la plataforma ZOOM (enlace: https://zoom.us/j/93181426826)
Nota AGDSP sobre la Comisión de expertos Galicia
Ante el desconcierto y alarma generado por los continuos cambios de criterio sobre confinamientos, toques de queda, vacunaciones, cierre de centros o servicios, con la justificación de que son decisiones del “Grupos de Técnicxs Independientes”, desde la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública, queremos comunicar el siguiente:
1. Es una “Comisión de Expertxs” en la que casi la mitad dxs miembros (47%) son cargos institucionales, cuya designación se realiza por criterios de afinidad política en lugar de por su experiencia o conocimientos contrastados.
2. Falta personal experto en pandemias, dado que las especialidades directamente relacionadas que actual, como: cuidados intensivos, laboratorio, geriatría, neumología, suponen cada una el 2,7%, del total, en la misma proporción de especialidades que poco tienen que ver con la misma y sus consecuencias clínicas (urología, digestivo, cirugía, oncología,..).
3. Excluyendo a los cargos gubernamentales, 20 de un total de 26 miembros de la “Comisión de Expertos” para la pandemia Covid (77%) defienden intereses privados o presentan graves conflictos de interés, por su vinculación a las empresas farmacéuticas, incluyendo las que comercializan las vacunas para la Covid-19.
4. De esta manera, no es posible asegurar “para quien trabajan en la comisión y que intereses defienden”, o bien las empresas farmacéuticas o la población gallega.
5. Algunos de los integrantes, tienen importantes conflictos de interés con laboratorios farmacéuticos directamente relacionados con tratamientos y vacunas.
6. La Atención Primaria aportación únicamente el 11,1% del total, a pesar de su importancia para prevenir, informar, tratar o rehabilitar la contagiadxs por COVID y otras patologías de la población en los Centros de Salud y domicilios.
7. La enfermería, clave para las actividades de información, tratamientos, cuidados domiciliarios y vacunación, representa el 5,5% de la Comisión.
En resumen, parece una Comisión con una fuerte carga política e institucional y en la que las principales especialidades relacionadas con la lucha contra la pandemia tienen una escasa presencia, algo muy alejado del instrumento necesario para asesorar y adoptar decisiones en base a criterios científicos. Esta pandemia debería servir para incrementar la transparencia en la gestión del público.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
Convocatoria Manifestación por la “Sanidad pública digna” en Bilbao
La manifestación del día 6 será a las 12:15 en Gran vía 85.
FORMULARIO PARA ASISTIR A LA MANIFESTACIÓN EN PERIODO DE CONFINAMIENTO
TRANSITO CON MOTIVO DE ASISTENCIA A MOVILIZACIO?N formularioekin
ADSP NAVARRA: ¿Para cuándo la urgente transformacion de la Atencion Prmaria en Navarra?
Consideramos que es el momento de actuar y tomar decisiones. Los análisis y diagnóstico están hechos, y hay una estrategia aprobada que inexplicablemente no se ha puesto en marcha por el Gobierno. Se necesitan unos cambios urgentes y otros a medio plazo, que den credibilidad a los discursos, que motiven a los y las profesionales.
Es necesario revitalizar el papel de la AP como agente de salud ante pacientes y ciudadanía. Estas propuestas fueron trasladadas por escrito y oralmente a la Dirección General de Salud el 28 de noviembre y el 21 de diciembre para que sean tenidas en cuenta en el Análisis de situación y Plan de acción de la AP pendiente de realizar y cuya finalización consideramos necesaria y urgente.
Nuestra propuesta incluye tres bloques de medidas:
El primer paquete de medidas, inmediatas, a desarrollar entre enero y marzo y que estarían orientadas fundamentalmente a mejorar la accesibilidad a la AP y garantizar la continuidad en la atención y cuidados.
Buscan favorecer la equidad, en el acceso y atención a pacientes, COVID y no COVID, conforme a sus necesidades; asegurar una Cartera de Servicios homogénea en todas las Zonas Básicas; garantizar la atención presencial en todos los Centros de Salud con suficiente seguridad; redimensionar las plantillas actuales así como asegurar las sustituciones; reforzar el personal administrativo, redimensionar las tecnologías de comunicación, tanto las líneas telefónicas, como la posibilidad de video-llamadas; generar espacios en AP para comunicación con profesionales del nivel hospitalario; facilitar la consulta conjunta profesional de AP, de Hospital y paciente; y desarrollar Equipos multidisciplinares integrados con los Equipos de Atención Primaria de refuerzo para seguimiento de casos COVID en Zonas Básicas con mayor incidencia.
También sería fundamental elaborar un Plan de intervención social que permita asegurar medidas de protección y aislamiento frente al COVID en grupos desfavorecidos y vulnerables; desarrollar una estrategia de comunicación orientada tanto a poner en valor el trabajo de AP, como a trabajar entre la población las diferentes situaciones que se dan durante la pandemia, el miedo, la impaciencia, la inseguridad, o la dificultad en la asunción de riesgo; y trabajar con los medios de comunicación para promover una información crítica y veraz, que no estigmatice a grupos de población y genere confianza y autorresponsabilidad.
Proponemos un segundo paquete de medidas, a implantar a corto plazo, a desarrollar entre enero y junio.
Entre ellas, incorporar transitoriamente un complemento retributivo a la totalidad de profesionales de AP; reforzar las plantillas; impulsar la atención domiciliaria dentro de los Programas de atención a personas con patología crónica, frágiles y con cuidados paliativos; realizar un Plan proactivo de atención a Residencias de mayores que garantice la universalización de la atención desde AP; potenciar la Coordinación Socio-sanitaria; fomentar la creación de Equipos territoriales en atención Primaria incorporando nuevos perfiles profesionales y nuevas funciones para fortalecer el desarrollo del trabajo intersectorial y la intervención comunitaria, en especial en la lucha contra las desigualdades en salud; crear el perfil de personal administrativo de salud (FP sanitaria); Plan de reposición urgente de profesionales, cubrir vacantes; y Plan para asegurar la continuidad en los profesionales en formación de Medicina de Familia que finalizan su residencia en mayo.
Consideramos imprescindible articular mecanismos de participación, tanto de profesionales como de la población; reactivar el Consejo Interdepartamental de Salud, para impulsar la salud en todas las políticas, atendiendo a poblaciones vulnerables que están siendo afectadas de forma notable por la pandemia, políticas de vivienda, desarrollo rural y emigrantes; favorecer la implicación de los profesionales de AP en la investigación y formación.
En cuanto a infraestructuras, creemos urgente elaborar en 6 meses un plan de inversiones en Centros de Salud, que permita dar cabida a nuevas funciones, como rehabilitación, atención psicológica, terapia ocupacional, acción social, espacios tecnológicos para videoconferencia o consultas telemáticas.
En tercer lugar, se plantean una serie de medidas estructurales, presupuestarias y normativas.
Entre las presupuestarias, incrementar progresivamente el presupuesto destinado a AP hasta el 25% en 3 años; ampliar la financiación destinada a los servicios de Salud Pública hasta el 3% en 2 años; controlar el gasto farmacéutico; redimensionar el gasto y estructura hospitalaria; realizar Proyectos de mejora de eficiencia y humanización; y controlar y reducir los Conciertos.
Entre las medidas normativas, se plantea elaborar en esta legislatura, un Estatuto del Personal del Departamento de Salud, que incorpore nuevos perfiles profesionales, y presentar inmediatamente al Parlamento un Anteproyecto de Ley Foral de Salud que fortalezca el Sistema Público de Salud.
Como decíamos al principio, la crisis del COVID no ha hecho sino poner de manifiesto y agravar los problemas tanto organizativos como estructurales ya detectados del Sistema Público de Salud. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación que estamos viviendo. Exigimos a quienes ocupan puestos de responsabilidad en Salud, que den los necesarios pasos en la dirección adecuada. Pasos que se merecen tanto todos los sectores profesionales como la ciudadanía.
Pamplona, a 27 de enero de 2021/ Iruñea 2021ko urtarrilaren 27a